EGIPTO

Mujeres perseguidas por asociación

INFORMACIÓN GENERAL

Egipto se encuentra en Estado de Excepción desde el asesinato del presidente Anwar al-Sadat en 1981(1), y de modo general se culpa del cuadro desolador que presenta su historial de derechos humanos a las disposiciones legales de emergencia que han permitido la detención arbitraria, han facilitado la tortura sistemática y han estipulado la aprobación ejecutiva de las decisiones de los tribunales. Miles de miembros y presuntos miembros de grupos islamistas ilegales han sido detenidos sin ser juzgados y sin que se hayan formulado cargos formales en su contra. Algunos llevan en esa situación más de siete años. Asimismo, se ha empleado la tortura de forma sistemática contra los detenidos. Además, desde finales de 1992, cuando el presidente Hosni Mubarak empezó a promulgar decretos especiales por los que se remitía a civiles a juicio ante tribunales militares, cuyos procedimientos son extremadamente injustos, estos tribunales han condenado a muerte a 74 personas, habiéndose llevado a cabo 54 ejecuciones. Los grupos islamistas armados, cuyo enfrentamiento con las fuerzas de seguridad desde 1992 se ha saldado con más de un millar de vidas de ambos bandos, han sido también responsables de graves abusos de los derechos humanos. Decenas de civiles, entre ellos cristianos coptos, turistas y un conocido escritor(2), han sido víctimas de homicidio deliberado por estos grupos, especialmente el Grupo Islámico (al-Gama'a al-Islamiya) y la Guerra Santa (al-Gihad)(3).

A lo largo de los años, Amnistía Internacional, grupos egipcios de derechos humanos y otras organizaciones internacionales de derechos humanos han publicado numerosos informes que documentan las violaciones de derechos humanos en Egipto y han realizado recomendaciones detalladas al gobierno egipcio para que tome medidas concretas que remedien la situación, pero se ha hecho caso omiso de ellas(4). Por el contrario, el ministro egipcio de Interior ha acusado a los grupos de derechos humanos locales e internacionales de «mentir y organizar una guerra psicológica contra la policía del país»(5) añadiendo que «Egipto es uno de los países que respeta los derechos humanos y no aprueba la tortura»(6).

En este contexto, decenas de mujeres han sido objeto de violaciones de derechos humanos, aunque su situación apenas se ha hecho pública. Han sido víctimas de detención arbitraria y tortura, normalmente sólo a causa de su relación matrimonial o de parentesco. Efectivos de las fuerzas de seguridad, especialmente del Departamento de Información y Seguridad del Estado, han tomado a menudo como rehenes de hecho a esposas y mujeres familiares de activistas islamistas, especialmente en el Alto Egipto, al no encontrar a los hombres que querían arrestar. Normalmente, liberan a estas rehenes después de que la persona buscada se entrega a la policía. Algunas esposas de dirigentes islamistas encarcelados son hostigadas reiteradamente por las fuerzas de seguridad. Las visitan agentes del Departamento de forma rutinaria y registran sus casas sin orden de registro. En algunos casos se las arresta de forma arbitraria, se las lleva a una dependencia del Departamento y se las maltrata. También se las presiona para que se divorcien de sus esposos arbitrariamente detenidos o encarcelados cumpliendo condenas, y para que informen sobre otras mujeres islamistas. Las están castigando por las actividades de sus esposos.

Este breve informe centra su atención en algunos casos de mujeres a las que se ha sometido a violaciones de los derechos humanos, entre ellas una mujer que, según informes, fue torturada en dos ocasiones, otra que lleva más de dos años detenida de forma administrativa y una mujer que, según informes, «desapareció» después de haber sido arrestada por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha planteado estos casos a las autoridades egipcias pero no ha recibido ninguna respuesta substantiva.

Al poner de relieve estos casos, Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno egipcio para que tome las medidas necesarias para evitar estas violaciones, que corren el riesgo de convertirse en una práctica generalizada, y dirige la atención del gobierno hacia sus obligaciones conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificados por Egipto en 1982 y 1986, respectivamente. Egipto participó asimismo en la redacción de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, en la que los gobiernos reafirmaron su compromiso con los instrumentos internacionales de derechos humanos que salvaguardan los derechos de la mujer, incluidas la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer(7).

El informe no pretende abordar otras violaciones graves de los derechos humanos a las que se somete a las mujeres en Egipto, como las desigualdades ante la ley, la violencia en el hogar, la mutilación genital femenina, el hostigamiento por parte de grupos islamistas a mujeres no islamistas, y así sucesivamente. Por ejemplo, la Ley 26/1975 sobre la Nacionalidad Egipcia impide a los esposos e hijos extranjeros de mujeres egipcias adquirir la nacionalidad egipcia. También se exige a las mujeres egipcias que tengan permiso de sus esposos o padres para viajar al extranjero. Recientemente, el muftí al-Shaikh Nasr Farid Wassel, la más alta autoridad religiosa del país, declaró que la mujer no debería optar a altos cargos de gobierno porque ello «iría contra el orden natural de las cosas»; y añadió: «Si una mujer pretendiera ocupar un alto cargo de gobierno, estaría actuando contra natura, porque tales trabajos exigen firmeza y la naturaleza de una mujer se caracteriza por la clemencia y la ternura»(8). Sus comentarios enfurecieron a muchas mujeres y hombres por igual. Decenas de muchachas han muerto en Egipto después de ser sometidas a mutilación genital o mientras la sufrían. La condena por parte de grupos de derechos humanos locales e internacionales llevó al ministro de Sanidad a promulgar en julio de 1996 un decreto que prohibía esta práctica en todos los hospitales, clínicas y centros médicos del ministerio.(9) Cada vez más mujeres, especialmente en el Alto Egipto, se han visto presionadas por hombres islamistas para que vistan el hijab(el velo).

Los grupos de mujeres en Egipto han realizado campañas en favor del respeto de los derechos de la mujer y de la igualdad ante la ley. En los últimos años se han establecido varios grupos de derechos humanos de mujeres dedicados principalmente a temas de la mujer. Por ejemplo, la doctora Susan Fayad dirige el Centro de El Nadim para el Tratamiento y la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia, fundado en El Cairo en 1993, que ayuda a mujeres, hombres y niños que son víctimas de tortura, incluida la violación, violencia en el hogar y palizas a niños. La doctora Aida Saif al-Dawla dirige el Nuevo Centro de Investigación de Mujeres, que se ocupa de la violencia contra la mujer, la violación y otros temas relacionados con la mujer. Azza Sulayman, abogada que trabajaba anteriormente en la Organización Egipcia de Derechos Humanos, ha fundado ahora un centro que proporciona asistencia jurídica y educación general sobre derechos humanos a mujeres de distritos populares de El Cairo.

Amnistía Internacional reconoce el alcance y la gravedad de una extensa variedad de abusos contra la mujer tales como la violencia en el hogar, la mutilación genital y otros actos violentos cometidos por personas y organizaciones que no son representantes directos del Estado.

Amnistía Internacional reconoce también el importante trabajo realizado por personas individuales y otras organizaciones en contra de tales abusos. Sin embargo, el Mandato para la acción de Amnistía Internacional está enfocado principalmente hacia los abusos perpetrados directamente por gobiernos y grupos políticos armados. Este informe resalta algunos casos en los que se han violado los derechos humanos fundamentales de la mujer mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado.

AMAL FAROUQ MOHAMMAD AL-MAAS

Amal Farouq Mohammad al-Maas, ama de casa de 28 años, casada, con tres hijos, fue arrestada y detenida dos veces en 1993 y 1996 y, según informes, torturada en ambas ocasiones.

En las primeras horas del 26 de abril de 1993, tres agentes del Departamento de Información y Seguridad del Estado fueron a su domicilio en el distrito de Oussim, cerca de Imbaba, en El Cairo, y, según informes, derribaron la puerta y entraron al asalto en su casa. La registraron y al parecer se llevaron dinero. Según informes, a Amal Farouq Mohammad al-Maas y a su esposo, Ahmad Mohammad Ahmad al-Sayyid, les propinaron una paliza antes de arrestarlo y llevárselo. Uno de los tres agentes le dio su nombre y dijo a Amal Farouq que fuera a la división del Departamento en la calle Gaber bin Hayyan a las 8 de la tarde del mismo día. Posteriormente contó a Amnistía Internacional lo que pasó a continuación:

«... cuando llegué y dije en la recepción que tenía una cita con dicho agente los encargados de seguridad me dijeron al principio que no había nadie con ese nombre. Entonces alguien me llevó arriba a una pequeña habitación donde reconocí al hombre que había venido a casa. Me presentó a otro agente mencionando su nombre. Los dos empezaron a interrogarme sobre mi esposo, sus amigos y sus actividades... Me preguntaron si mi esposo escondía armas y explosivos en casa y contesté negativamente. Entonces, el agente que había venido a casa empezó a amenazarme y me dijo que me quitara la ropa y que si me negaba me desnudaría a la fuerza. Tuve que quitarme la ropa y me quedé solamente en ropa interior y sentada en una banqueta. Me ataron las manos a una barra que estaba colocada en lo alto entre dos paredes, y me dejaron suspendida. También me ataron los pies. Entonces, los dos agentes empezaron a pegarme repetidamente, uno con una manguera de goma y el otro con un palo, en distintas partes del cuerpo, incluida la espalda, los brazos y los muslos. Trajeron un bolígrafo y un trozo de papel y me dijeron que declarara que cuando fueron a mi casa encontraron armas y explosivos que escondía mi esposo y que había estado comportándose de forma anormal en los últimos dos meses. Cuando me negué, me taparon los ojos y me llevaron a otra habitación y, mientras caminaba, pude oír a mi esposo gritando desde otra habitación. Una vez dentro, un hombre que estaba allí, que tenía una voz distinta a la de los anteriores, empezó a amenazarme con violarme a menos que dijera lo que querían que dijera. Me tiró del pelo y me empujo violentamente hacia una silla. Entonces empezó a pegarme furiosamente con los puños. Dije que escribiría y que firmaría lo que quisieran que dijera... Firmé los papeles... Después me llevaron fuera del edificio y me dejaron ir...».

Amal Farouq Mohammad al-Maas fue liberada la noche del 27 de abril de 1993. Según informes, su confesión forzada se utilizó en contra de su esposo, que fue juzgado por un tribunal militar en mayo de 1993 en relación con el intento de asesinato del ministro de Información y condenado a 25 años de cárcel(10). Se encuentra detenido en la Prisión de Alta Seguridad de Tora, en la que están prohibidas por el ministerio del Interior las visitas de abogados y familiares desde diciembre de 1993(11).

Después de su liberación, Amal Farouq Mohammad al-Maas presentó, a través de su abogado, una denuncia ante el fiscal del distrito de al-Doqqi de El Cairo. El director de la fiscalía la entrevistó extensamente el 4 de mayo de 1993 y la envió a un médico forense. El informe del médico forense publicado el 8 de mayo de 1993 declaraba que las contusiones que se veían en el brazo izquierdo y en la espalda estaban «producidas por golpes con un objeto sólido». El informe llegaba a la conclusión de que las heridas eran consecuentes con el período de tiempo en el que afirmaba haber sido torturada.

El 2 de septiembre de 1993, el director de la fiscalía de al-Doqqi envió una citación judicial a los dos agentes del Departamento a quienes Amal Farouq Mohammad al-Maas había identificado como responsables de su tortura, para que se presentaran en las dependencias del fiscal para realizar una investigación el 10 de septiembre de 1993. En aquella fecha, no obstante, los dos agentes no aparecieron. El 10 de septiembre de 1993 se envió una segunda citación a los dos agentes para que se presentaran el 20 de septiembre de 1993, pero de nuevo no se presentaron. Entre septiembre de 1993 y finales de diciembre de 1995 se enviaron al menos 56 citaciones a los dos agentes, pero nunca se presentaron. El 13 de enero de 1996, uno de los agentes fue a la oficina del fiscal y fue interrogado en relación con su relación en la presunta tortura de Amal Farouq Mohammad al-Maas. Cuando le preguntaron por su identidad dio un nombre que Amal había mencionado y dijo que era un comandante del Departamento de Información de la división de la calle Gaber bin Hayyan. Amal Farouq Mohammad al-Maas no fue invitada a asistir a esta entrevista. Cuando le hicieron al agente preguntas específicas sobre la denuncia que había presentado Amal con respecto a su tortura y si era él uno de los agentes responsables, negó todas las acusaciones. Cuando le preguntaron dónde estuvo desde el 24 hasta el 27 de abril de 1993 declaró que estaba en una misión secreta fuera de El Cairo. El 14 de enero de 1996, el director de la fiscalía recibió un comunicado de la sede del Departamento de Información y Seguridad del Estado que señalaba que X [el agente que fue entrevistado] estuvo en una misión secreta fuera de El Cairo desde el 10 de abril de 1993 hasta el 20 de mayo de 1993. Un día después, el 15 de enero, recibió otro comunicado del Departamento que decía que habían comprobado la lista de visitantes al Departamento en la calle Gaber bin Hayyan y que no había ninguna persona con el nombre de Amal Farouq Mohammad al-Maas que hubiera sido recibida en el edificio en el período del 26 al 28 de abril de 1993.

El sufrimiento de Amal Farouq Mohammad al-Maas no acabó aquí. El 1 de julio de 1996, a última hora de la tarde, fue arrestada en el domicilio de su madre por agentes del Departamento, que la llevaron a la división del Departamento del distrito de al-Marsa, cerca de Shubra, en El Cairo. Posteriormente dijo a Amnistía Internacional:

«... me llevaron a al-Marsa, donde estuve detenida durante 10 días... en cuanto llegué al edificio me vendaron los ojos. Me lo quitaron cuando me metieron en una habitación. La habitación era muy pequeña, muy oscura y muy sucia... entonces, hacia las 2 de la tarde, me llevaron arriba y empezaron a interrogarme. Dijeron que querían las armas que decían que escondía mi esposo. Yo dije que no sabía nada de esas armas... me torturaron gravemente durante aquellos 10 días. Me hicieron cortes en los brazos, la espalda, los muslos y las piernas con un cuchillo afilado mientras estaba en ropa interior. También utilizaron descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. En una ocasión me dejaron colgada de un solo brazo durante unas dos horas... Me preguntaron cómo sabía los nombres de los agentes a quienes había identificado en mi denuncia al fiscal... después de 10 días me desmayé a causa de la tortura. Trajeron a un médico que después de examinarme les dijo que deberían dejarme en libertad o si no moriría allí. Me sacaron a la calle y me dejaron allí. Algunos transeúntes me ayudaron parando un taxi y pidiéndole al taxista que me llevara a casa de mi madre... Mi madre me dijo que mientras estuve detenida fueron a su casa algunos agentes del Departamento y le dijeron que querían llevarse a mi hijo Mohammad, de 6 años, porque su madre quería verle. Nunca me preguntaron si quería ver a mi hijo o no. Pero mi madre, que ya había dejado a mis hijos con parientes, les dijo que mis hijos no estaban allí y que no tenía idea de dónde estaban...».

/çåàFinoùéÉÉÉÉÉÉÉÉdxd

Su madre presentó una denuncia, a través del mismo abogado, a la Fiscalía (denuncia núm. 10549) el 11 de julio de 1996 en relación con la detención y tortura de Amal. A primera hora del 22 de julio de 1996 Amal Farouq Mohammad al-Maas fue arrestada de nuevo. Agentes del Departamento irrumpieron en el domicilio de su madre, golpearon a la madre, de 67 años, y posteriormente llevaron a Amal a la sede del Departamento en al-Marsa. Según informes, fue torturada de nuevo y entre los métodos de tortura que se le aplicaron figuró el uso de descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo. Al parecer, la presionaron para que trabajara como informante para la división del Departamento y también para que retirara la denuncia que había presentado después de su tortura en 1993. La amenazaron diciéndole que si volvía a presentar denuncia ante la Fiscalía la arrestarían y estaría detenida durante mucho tiempo. La pusieron en libertad a primeras horas de la mañana siguiente. Después de su liberación, Amal intentó presentar una denuncia ante el director de la Fiscalía de al-Sahel pero, según informes, éste se negó a aceptarla. El 25 de julio, su abogado interpuso una denuncia (núm. 11205) ante la Fiscalía instando a que su cliente fuera enviada a un reconocimiento por un médico forense, pero se hizo caso omiso de la denuncia. El 31 de julio de 1996, Amal y su abogado fueron a la Fiscalía Norte de El Cairo, en al-Abbassia, y trataron de presentar allí una denuncia. Sin embargo, fue rechazada y les dijeron que debían presentarla ante la Fiscalía de al-Sahel, donde ya se habían negado a aceptar la denuncia inicial de Amal.

El 31 de julio de 1996, Amal Farouq Mohammad al-Maas fue al Centro al-Nadim para el Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Violencia, en El Cairo. El informe emitido por el Centro señalaba que las heridas visibles en los muslos, la espalda y la rodilla, alrededor de la axila derecha, justo encima del ombligo y alrededor de los tobillos, eran consecuentes con los métodos de tortura que la víctima había descrito. El informe señalaba también que la víctima «padecía síndrome de estrés postraumático, ansiedad aguda y depresión reactiva». Estos síntomas, según el informe, eran resultado de los diversos métodos de tortura, incluida la amenaza de violación, a los que había sido sometida. Después el Centro la envió al Hospital de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, también en El Cairo, donde recibió tratamiento desde el 31 de julio hasta el 5 de agosto de 1996.

El caso de Amal Farouq al-Maas es representativo de varios casos más de mujeres en Egipto. Amnistía Internacional ha recibido informes ocasionales sobre otras mujeres sometidas a tortura en los últimos años, pero, según los informes, la mayoría de las víctimas no presentan denuncia oficial o ni siquiera se lo cuentan a los abogados ni a los grupos locales de derechos humanos por temor a represalias. Sin embargo, algunas mujeres, como Amal al-Maas, sí denunciaron su situación y hablaron con los abogados y activistas de derechos humanos. Una estudiante de 17 años de edad, Hana Ali Farrag, que fue arrestada en su domicilio en Minya en julio de 1990 e interrogada sobre el paradero de su hermano, Sayyid, que estaba buscado por las autoridades, declaró a Amnistía Internacional:

«Me llevaron a la comisaría de policía y me metieron en una habitación. Tres de ellos me preguntaron dónde se escondía mi hermano. Debía ser alrededor de medianoche y yo seguía diciéndoles que no sabía dónde estaba. El jefe de Información y Seguridad del Estado les dijo a los otros que me colgaran y ellos obedecieron. Estaba colgada cabeza abajo de una barra por las corvas y me golpeaban en las plantas de los pies con un palo de madera grueso, y repetían constantemente las mismas preguntas "¿le llevaste comida? ¿Fuiste a verle? ¿Dónde se esconde?". Después presentamos una denuncia formal por mi detención y trato, pero nunca se ha investigado. A mi hermano Sayyid no le buscaban en relación con ningún delito, era simplemente la detención habitual».

La presunta tortura de Amal Farouq Mohammad al-Maas en julio de 1996 tuvo lugar en medio de la firme negativa del gobierno egipcio de que se estuviera recurriendo sistemáticamente a esas prácticas contra los presos políticos. El Comite contra la Tortura de la ONU había publicado en mayo de 1996 un informe en el que se resumían las conclusiones de una investigación confidencial realizada desde noviembre de 1991. En el informe se concluía que las fuerzas de seguridad de Egipto practican la tortura de forma sistemática, en concreto la Dirección de Información y Seguridad del Estado, y que no se ha emprendido ninguna acción judicial contra los miembros de esa Institución desde la entrada en vigor para Egipto, en junio de 1987, de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité instó al gobierno egipcio a que se esforzara de forma especial por evitar que sus fuerzas de seguridad actúen como un Estado dentro de un Estado, ya que parecen escapar al control de las autoridades superiores.

Amnistía Internacional no había recibido anteriormente informes sobre mujeres amenazadas de violación mientras estaban detenidas. Teniendo en cuenta las denuncias de Amal Farouq Mohammad al-Maas, la organización insta ahora al gobierno egipcio a subrayar públicamente que la violación y el abuso sexual (incluidas las amenazas de dichos tratos) por agentes del gobierno son violaciones graves e intolerables de los derechos humanos. Debe informarse de forma explícita a los agentes del Departamento, policías y personal de prisiones de que cualquiera que cometa dichas violaciones de los derechos humanos será llevado inmediatamente ante la justicia. La violación y el abuso sexual son formas de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, y por tanto están prohibidos por la legislación internacional. El abuso sexual no se limita a la agresión física, sino que incluye las amenazas de violación, caricias y el uso deliberado de cacheos o lenguaje explícitamente sexual para degradar o humillar al detenido o preso.

GIHAN IBRAHIM ABD AL-HAMID

Gihan Ibrahim Abd al-Hamid, de 27 años, casada, sin hijos, está detenida sin que se hayan presentado cargos en su contra y sin haber sido juzgada desde el 7 de noviembre de 1994. La interrogaron en relación con sus contactos con otra mujer, Sabah Abd al-Rahman, esposa de un activista islamista a quien según parece las fuerzas de seguridad dieron muerte durante un tiroteo en noviembre de 1994. Gihan Ibrahim Abd al-Hamid, cuyo esposo está actualmente cumpliendo una condena de 15 años de cárcel en relación con el asesinato del conocido escritor Farag Foda en junio de 1992, se encuentra recluida en la Prisión de al-Qanater al-Khairiya (sección de mujeres). Se han cursado en su favor al menos seis órdenes de puesta en libertad por parte de Tribunales de Seguridad del Estado, pero en vez de ser liberada la han trasladado a la sede del Departamento de Información y Seguridad del Estado en Lazoghly Square, a veces por periodos de hasta seis semanas, se han dictado allí contra ella nuevas órdenes de detención y después la han devuelto nuevamente a la cárcel(12). Por ejemplo, el 4 de agosto de 1996 un Tribunal de Seguridad del Estado ordenó su puesta en libertad, pero la llevaron a la sede de Lazoghly Square y la tuvieron allí hasta el 22 de septiembre de 1996, fecha en que la devolvieron a la Prisión de al-Qanater al-Khairiya con una nueva orden de detención. Entretanto, mientras estaba en Lazoghly, su padre fue a visitarla a la cárcel y le dijeron que no estaba allí y no le dieron ninguna indicación sobre su paradero.

El 21 de octubre de 1996, Amnistía Internacional escribió al ministro egipcio del Interior solicitando información sobre la situación legal de Gihan Ibrahim Abd al-Hamid e instando a que fuera liberada inmediatamente y de forma incondicional si no se la iba a acusar de ningún delito tipificado. A finales de febrero de 1997 no se había recibido ninguna respuesta directamente de las autoridades. Sin embargo, en sus respuestas a los llamamientos enviados por miembros de Amnistía Internacional, las embajadas egipcias de Berna (Suiza) y Oslo (Noruega) declararon el 30 de diciembre de 1996 y el 13 de enero de 1997, respectivamente, que Gihan Ibrahim Abd al-Hamid «es miembro de una organización terrorista y también es esposa de uno de los dirigentes de esta organización. Su esposo se encuentra actualmente encarcelado por cargos de terrorismo». Las respuestas señalaban también que «la Sra. Abd al-Hamid está acusada de ocultar a un terrorista en su casa mientras estaba fugado, y de esconder las armas utilizadas para los delitos de asesinato que cometió. Además, transmitió mensajes de terroristas encarcelados a otros terroristas, ordenándoles que cometieran actos de terrorismo. En consecuencia, la Sra. Abd al-Hamid ha sido detenida y encarcelada como delincuente peligrosa». Entre otras mujeres arrestadas en relación con el mismo caso se encuentran Sabah Abd al-Rahman, Amal Sayyid Abd al-Aziz, Hoda Bashir, Mona Sayyid Abd al-Aziz, Inshirah al-Gindi, y una sexta persona de la que sólo se conoce su nombre de pila Halima. Según informes, fueron arrestadas en El Cairo a finales de 1994 y acusadas de pertenencia a una organización islamista ilegal. Estuvieron detenidas en al-Qanater al-Khairiya durante aproximadamente seis meses y luego quedaron en libertad.

Gihan Ibrahim Abd al-Hamid sigue siendo la mujer que más tiempo lleva en detención administrativa en Egipto. Normalmente, cuando arrestan a las mujeres a causa de sus relaciones familiares, las detienen durante períodos de tiempo cortos y luego las ponen en libertad. Las interrogan sobre el paradero de sus esposos, si éstos están buscados por las fuerzas de seguridad y han escapado al arresto, sobre sus posibles contactos con otras mujeres islamistas, sobre la posibilidad de que sean miembros o presuntos miembros de grupos islamistas ilegales, o sobre las actividades de sus esposos encarcelados con anterioridad a su arresto, incluso aunque el esposo lleve detenido varios años. Por ejemplo, una mujer de 30 años casada, con tres hijos, y que no desea que se revele su nombre por temor a represalias, declaró a Amnistía Internacional que fue arrestada en su domicilio a primera hora del 21 de agosto de 1995 y que estuvo detenida durante cinco días. Un gran número de agentes de seguridad fueron a su casa en un distrito de El Cairo y la llevaron a ella y a su hijo de cuatro años a la sede de Lazoghly Square. Cuando llegaron allí la metieron en una habitación grande en el sótano de la sede del Departamento. Declaró que oyó a hombres gritar. Padecía problemas respiratorios y empezó a pedir ayuda a gritos. Trajeron a un médico para que la examinara. Éste recomendó que la dejaran en libertad. Llevaron al niño con su familia después de tres días de detención pero a ella la mantuvieron allí durante cinco días.

La interrogaron en relación con los viajes al extranjero de su esposo. Su esposo había sido arrestado en 1981 y encarcelado durante tres años, después en 1986 y en 1987 en que, según informes, fue torturado. En 1989, los dos fueron a Arabia Saudí y después a Afganistán(13) antes de volver a Egipto en 1991. En abril de 1991 fue arrestado mientras preparaba su viaje a Arabia Saudí. Su esposa no supo su paradero durante seis meses y lleva sin verle ahora más de dos años. Lleva encarcelado sin cargos ni juicio en la Prisión de Istiqbal Tora, donde están prohibidas las visitas de familiares así como el acceso a abogados, desde septiembre de 1994. La mayoría de las preguntas que le hicieron en la sede del Departamento giraban alrededor de su viaje a Afganistán, como por qué fue allí, con quién se encontró y si se encontró con algún egipcio allí. Fue puesta en libertad el 26 de agosto de 1995. Una noche de febrero de 1996, más de una docena de agentes de seguridad volvieron a su casa y registraron la vivienda durante aproximadamente una hora antes de marcharse.

Ha habido casos de mujeres que han sido detenidas sin cargos ni juicio por protestas pacíficas. El 24 de marzo de 1995, Warda Mahmoud y Nawwara Nagm, estudiantes de la Universidad de El Cairo y de la Universidad de Ain Shams, respectivamente, estaban entre las decenas de personas arrestadas después de haber protestado pacíficamente contra la participación de Israel en la Feria de Muestras Internacional celebrada en El Cairo. Las dos mujeres estuvieron detenidas en la Prisión de al-Qanater al-Khairiya hasta el 3 de abril de 1995, cuando quedaron en libertad sin cargos.

MARWA AL-SAYYID METWALLI HAFEZ

Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez, de 18 años, «desapareció» el 18 de agosto de 1996. Según los informes, había salido de la casa de su familia en el distrito de al-Marg, en El Cairo, la mañana del 18 de agosto de 1996 para ir a comprar y nunca regresó. Parece ser que había ido a una panadería, compró pan pero no tenía el cambio exacto. El dueño de la panadería, que la conocía, le dijo que podía pagarle más tarde. Ni él ni los padres volvieron a verla. Sus padres se pusieron en contacto con familiares, amigos y vecinos en busca de información sobre su paradero, pero en vano. Algunos vecinos dijeron a su padre que habían visto a agentes del Departamento agrupando a personas en la zona aquella mañana. Entonces fue a la división del Departamento en Abu Za'abal y preguntó si la tenían detenida. Le dijeron que no estaba allí, pero a su vez le hicieron preguntas sobre ella, entre ellas en qué mezquita oraba y por qué vestía el al-Niqab(un tipo de velo que cubre completamente la cara y la cabeza). Le dijeron que «quizá se había casado con un islamista o que quizá había sido secuestrada por islamistas».

La familia recibió varios informes que sugerían que Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez había sido arrestada y detenida. Algunos de estos informes eran especialmente detallados en la descripción de la joven, lo cual llevó a la familia a creer que efectivamente se encontraba bajo custodia. Una persona que había estado detenida en la división del Departamento en al-Madha, al norte de El Cairo, afirmó haberla visto allí. Sin embargo, cuando uno de sus parientes fue al edificio del Departamento en al-Madha para preguntar por ella le dijeron que no estaba allí. Según informes un agente local de seguridad había declarado que la muchacha estaba detenida y que la pondrían en libertad una vez que la persona que estaban buscando hubiera sido arrestada. La familia había recibido también informes de que su hija había sido arrestada y estaba detenida porque había estado repartiendo folletos en la mezquita local. A principios de enero de 1997, la familia recibió informes de que habían visto a su hija en la Prisión de al-Qanater al-Khairiya. Su padre y su tío fueron a la cárcel el 15 de enero de 1997. En cuanto llegaron allí, les preguntaron en recepción a quién querían visitar. Escribieron el nombre de su hija y se lo entregaron a la mujer de guardia. Después de cotejar el nombre con los de las presas de la lista de la prisión, la guardia dijo al padre y al tío que podían entrar a ver a su hija. Sin embargo, la mujer que vieron no era su hija. Tenía casi el mismo nombre. Cuando dijeron que esa no era su hija les pidieron que se marcharan inmediatamente. El 22 de enero de 1997, según informes, seis miembros de la familia fueron citados en el edificio del Departamento en Abu Za'abal y fueron interrogados por separado sobre Marwa. Un miembro de la familia fue al parecer maltratado durante el interrogatorio. Según informes, el padre había sido citado en el edificio de la Dirección de Prisiones en El Cairo en dos ocasiones y había sido interrogado en relación con su hija. También le preguntaron si conocía a alguien fuera del país, porque los agentes de la Dirección de Prisiones habían estado recibiendo llamamientos de miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo sobre la anunciada «desaparición» de Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez. A finales de febrero de 1997, todos los intentos realizados por la familia para localizar a su hija habían fracasado y aún continuaba la intimidación y hostigamiento de la familia.

El 11 de diciembre de 1996, Amnistía Internacional escribió al ministro egipcio del Interior solicitando información relativa a su actual paradero y su situación legal si había sido detenida. Sin embargo, a finales de febrero de 1997 no se había recibido ninguna respuesta de las autoridades egipcias. El gobierno egipcio tiene la responsabilidad de aclarar el paradero de Marwa al-Sayyid Metwalli Hafez.

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ningún otro caso de mujeres víctimas de «desapariciones» en Egipto, aunque ha habido algunos casos de hombres que han «desaparecido» después de su arresto o detención(14).

RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional ha formulado detalladas recomendaciones a lo largo de los años a las autoridades egipcias, pero no se ha puesto en práctica ninguna de ellas. No se ha adoptado ninguna medida ni práctica legislativa para hacer que la ley o la práctica relativas a los derechos humanos en el país se ajusten a los tratados internacionales sobre esos derechos. La organización insta a las autoridades egipcias a que se aseguren de que las violaciones de los derechos humanos contra la mujer mencionadas en este informe no evolucionan hacia una pauta generalizada de actuación. Por tanto, Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno para:

- liberar inmediatamente a todas las personas que se encuentran actualmente detenidas en aplicación de la Ley del Estado de Excepción para quienes los tribunales han dictado orden de liberación;

- adoptar medidas inmediatas y efectivas para asegurar que las detenidas estén protegidas de toda forma de tortura y malos tratos, incluidos el abuso y hostigamiento sexual;

- Poner de relieve públicamente que la tortura y los malos tratos, incluidas las amenazas de violación y abuso sexual, por agentes del gobierno son violaciones graves e intolerables de los derechos humanos, y que cualquiera que cometa tales violaciones será llevado inmediatamente ante la justicia;

- asegurar que las declaraciones o confesiones obtenidas de los detenidos como resultado de tortura o malos tratos —incluidos la violación y los abusos sexuales o amenazas de tales tratos— no deben admitirse nunca en procesos judiciales contra ellos;

- abrir investigaciones inmediatas, minuciosas e imparciales en todos los informes de tortura y hacer públicos los métodos y resultados de estas investigaciones en un tiempo razonable;

- proporcionar compensación y rehabilitación justas y adecuadas a todas las víctimas de tortura;

- asegurar que se lleve ante la justicia a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad u otras fuerzas implicado en la tortura y malos tratos a detenidos, incluidas las mujeres;

- asegurar que haya personal femenino presente en todo momento durante el interrogatorio de detenidas y presas, y que sean las únicas responsables de cualquier cacheo, que no deberá llevarse a cabo de ninguna manera que constituya trato cruel, inhumano o degradante.

- asegurar que las personas puedan interponer denuncias por la violación de sus derechos humanos y ponerse en contacto con grupos nacionales o internacionales de derechos humanos sin temor a represalias, hostigamiento o intimidación.

****

(1) El 22 de febrero de 1997, la Asamblea Popular (Parlamento) aprobó un decreto presidencial para ampliar el Estado de Excepción otros tres años.

(2) Farag Foda fue asesinado en junio de 1992 y el Grupo Islmámico reivindicó la responsabilidad del homicidio.

(3) Varios altos cargos del gobierno, incluido el propio presidente de la República, han sido objeto de intentos de asesinato por parte de estos grupos durante los últimos años.

(4) Para más información sobre las violaciones de derechos humanos en el país véanse por ejemplo los informes de Amnistía Internacional titulados Egipto: Detención indefinida y uso sistemático de la tortura: las víctimas olvidadas (Índice AI: MDE 12/13/96/s, publicado en 1996); Egypt: Military trials of civilians: a catalogue of human rights violations(Índice AI: MDE 12/16/93, publicado en 1993) y Egipto: Diez años de tortura(Índice AI: MDE 12/18/91/s, publicado en 1991).

(5) AFP, 15 de diciembre de 1996.

(6) Ibíd.

(7) La delegación egipcia en la conferencia expresó su reserva con respecto a los párrafos sobre derechos de sucesión en la Plataforma de Acción, especialmente el párrafo 274 (d) que pide igualdad de derechos hereditarios. La delegación declaró que esto estaría «en contra de los antecedentes de completo respeto por las leyes de sucesión en la Sharia Islámica». También insistió en que todas las disposiciones sobre derechos sexuales y de reproducción se interpreten dentro del contexto del «lazo matrimonial» o de la familia como «unidad fundamental de la sociedad».

(8) AFP, 22 de enero de 1997

(9) Esto, no obstante, no ha impedido que los médicos sigan realizando esa práctica con carácter privado. Por ejemplo, a mediados de octubre de 1996, dos niñas, Amira Mahmoud Mohammad, de cuatro años, y Warda Hussain al-Sayyid, de tres, murieron desangradas en Armant, pequeña localidad del Alto Egipto, después de haber intentado infructuosamente un médico adscrito al servicio público de salud «circuncidarlas» en sus domicilios.

(10) El intento de asesinato del ministro de Información Safwat al-Sharif tuvo lugar el 20 de abril de 1993. Catorce personas fueron juzgadas por el Tribunal Militar Supremo en relación con el intento de asesinato. El 27 de mayo de 1993, el Tribunal condenó a muerte a seis personas, incluida una in absentia. A otras tres se les impusieron condenas de hasta cadena perpetua con trabajos forzosos, dos fueron absueltas y se retiraron los cargos contra otras tres.

(11) Según informes, Amal Farouq Mohammad al-Maas y los abogados pidieron al Tribunal Militar Supremo que retirara los cargos contra su esposo, dado que las pruebas contra él estaban basadas en una confesión obtenida mediante tortura, pero, según informes, el tribunal rechazó la solicitud.

(12) Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Estado de Excepción, el ministro del Interior puede «arrestar y detener a toda persona sospechosa de un delito o que suponga un peligro para la seguridad y el orden públicos». Toda persona detenida en aplicación de este artículo puede recurrir su detención transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la orden de detención. Estos recursos se remiten al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado (de Excepción), que debe emitir una decisión razonada en un plazo de 15 días tras la presentación del recurso y tras oír la declaración del detenido. Si el tribunal decide la puesta en libertad, el ministro del Interior puede recurrir la decisión en un plazo de 15 días. Si el ministro se opone a la decisión, se remite el asunto a otro tribunal equivalente en un plazo de 15 días tras la formulación de la oposición. Este nuevo tribunal debe emitir su resolución en un plazo de 15 días tras habérsele remitido el asunto y, si resuelve en favor de la puesta en libertad, la decisión ha de llevarse a efecto. Por el contrario, si su decisión es que continúe la situación de detención, el afectado puede interponer un nuevo recurso en un plazo de 30 días. Todo este procedimiento, en la realidad, se incumple. Cuando el segundo tribunal dicta orden de liberación, la orden no se ejecuta. Sencillamente, se traslada durante unos días al detenido a una comisaría local, a la sede del Departamento de Información y Seguridad del Estado o a otras dependencias de esta institución existentes en el resto del país, y allí se dicta una nueva orden de detención en aplicación de la cual se ingresa al afectado nuevamente en la cárcel.

(13) Cientos de hombres islamistas de Oriente Medio fueron voluntariamente a Afganistán en los años ochenta y lucharon junto a grupos islamistas armados afganos contra las fuerzas del gobierno afgano y las tropas soviéticas. Cuando finalizó la guerra afgana algunos islamistas árabes volvieron a sus países y, según informes, han participado en actividades armadas contra sus gobiernos. Otros han permanecido en Afganistán o, hasta hace poco, en Paquistán.

(14) Por ejemplo, Mostafa Mohammad Abd al-Hamid Othman, estudiante de 28 años de Qina en el Alto Egipto, «desapareció» después de su arresto en Zagazig el 17 de diciembre de 1989 y hasta la fecha sigue sin conocerse su suerte.