Document - Egypt: Brutality unpunished and unchecked: Egypt’s military kill and torture protesters with impunity

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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Muchas personas en Egipto confiaban en que la elección de un presidente civil y la redacción de una nueva Constitución supusieran el principio del fin del largo y sombrío legado de violaciones de derechos humanos del país, y brindaran a las víctimas de violaciones de derechos humanos un remedio efectivo. En su primera semana en el cargo, Amnistía Internacional presentó al presidente Morsi un memorando en el que se exponían las medidas que debían adoptarse para introducir reformas sobre los derechos humanos y hacer frente a la impunidad.

Está claro que, durante los 16 meses de gobierno del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares cometieron impunemente graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes, y que las víctimas no recibieron un remedio efectivo. Los numerosos incidentes en los que las fuerzas armadas utilizaron fuerza letal y de otro tipo contra manifestantes en circunstancias y contra personas en las que esa fuerza no estaba justificada se saldaron con homicidios ilegítimos y personas heridas. Incluso en los casos en los que los manifestantes, individualmente o en grupo, recurrieron a la violencia, la fuerza utilizada como respuesta por las tropas fue, en muchos casos, totalmente desproporcionada al grado de amenaza que suponían los manifestantes. Por el contrario, cuando las fuerzas de seguridad deberían haber actuado para proteger a los manifestantes frente a los ataques de hombres armados o “matones”, optaron por mantenerse al margen o desaparecer. Los manifestantes coptos de Maspero, los manifestantes musulmanes conservadores y con barba de la sentada de Abbaseya y las manifestantes de las protestas ante las oficinas del gabinete fueron víctimas específicas de violencia a manos del ejército o de hombres armados vestidos de civil.

El uso generalizado de la tortura –incluida la violencia sexual y de género contra personas detenidas– y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ha puesto de manifiesto la impunidad de la que gozan las fuerzas militares. Su confianza a la hora de actuar fuera de la ley quedó clara cuando detuvieron y torturaron a personas en lugares tales como el Parlamento o las oficinas del gabinete, así como en áreas y ubicaciones militares.

A muchos manifestantes los obligaron a “confesar” mediante coacción, los juzgaron en procedimientos injustos ante tribunales militares y los condenaron sobre la base de información obtenida mediante tortura. Al mismo tiempo, el sistema de justicia penal parece haber eludido por completo su deber de investigar adecuadamente, no digamos procesar, a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que fueron responsables de violaciones criminales de derechos humanos. Las investigaciones teóricamente llevadas a cabo por las fuerzas armadas sobre su propio comportamiento han sido totalmente opacas y, en la práctica, han encubierto los abusos.

Durante la “Revolución del 25 de enero”, los manifestantes pedían pan, libertad y justicia social. En lugar de satisfacer esas demandas, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas traicionó las esperanzas del levantamiento y reprimió la disidencia con puño de hierro. Donde más patente ha quedado esto ha sido en las letales represiones de las protestas y en el amplio uso de los tribunales militares contra civiles.

En la actualidad, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas está ansioso por dar la impresión de que sus fuerzas han vuelto a sus cuarteles tras servir a su país en los momentos de necesidad. La realidad es que el Consejo deja un legado de graves abusos contra los derechos humanos que no puede quedar sin respuesta ni sanción. Corresponde al presidente Morsi hacer frente a la arraigada impunidad de que goza el Consejo Supremo. Un paso simbólico sería reconocer el alcance de las violaciones de derechos humanos y ofrecer una disculpa en nombre del Estado.

A la vista de todo ello, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones a las autoridades egipcias:

Reparación por las violaciones de derechos humanos

Garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales e independientes sobre todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas militares, especialmente el uso de fuerza excesiva (letal o de otro tipo), las violaciones de la libertad de reunión, la tortura y otros malos tratos, y la detención arbitraria. A los comités de investigación establecidos en julio de 2012 se les debe dotar de los recursos y el tiempo necesarios, el poder para citar testigos y pleno acceso a la información.

Garantizar que las víctimas, los familiares de los fallecidos y sus representantes legales tienen acceso a toda la información relativa a las investigaciones y la reciben, y están al tanto de los mecanismos que les permiten presentar pruebas, inscribir su caso y prestar testimonio. Debe prestarse especial atención al acceso a la justicia para las mujeres víctimas.

Garantizar que todas las personas penalmente responsables de homicidios ilegítimos y lesiones ocurridos durante la actuación policial relacionada con las manifestaciones o en prisiones, o responsables de actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las que hayan cometido las violaciones y las que hayan ordenado a otras personas cometerlas, comparecen ante la justicia en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y en los que no quepa la posibilidad de la pena de muerte.

Garantizar que sólo el poder judicial civil ordinario tiene competencia para procesar y juzgar a miembros de fuerzas militares por delitos cometidos contra civiles.

Garantizar que no se altera fraudulentamente ninguna prueba de abuso contra los derechos humanos, incluidas las de homicidios ilegítimos, y que las investigaciones realizadas sobre todos los homicidios siguen los métodos establecidos en los Principios de la ONU Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Garantizar que toda persona que facilite información para las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos está debidamente protegida contra posibles represalias o cualquier otra forma de intimidación.

Garantizar que se facilitan a las familias de los fallecidos informes de su autopsia, certificados médicos y cualquier otra prueba o información necesaria para aclarar las circunstancias y las causas de la muerte de sus familiares.

Proporcionar a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos indemnización y otras formas de reparación que sean adecuadas y proporcionales a la gravedad de la violación, al daño sufrido y a las circunstancias de su caso. Esto incluye cubrir todos los gastos médicos de las personas heridas durante las manifestaciones a consecuencia del uso excesivo de la fuerza o de otros abusos cometidos por el ejército, y proporcionar atención adecuada, tanto médica como de otro tipo, a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual y de género.

Garantizar que todas las personas heridas a consecuencia de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas obtienen la máxima rehabilitación posible, incluido tratamiento médico gratuito, especialmente aquellas que han sufrido una discapacidad permanente.

Garantizar que se proporciona información y asistencia, sin discriminación, a los posibles beneficiarios que pidan una indemnización o traten de acceder a la justicia en relación con presuntas violaciones de derechos humanos.

Establezcan un sistema de examen de antecedentes para garantizar que, mientras se llevan a cabo las investigaciones, los miembros de las fuerzas de seguridad contra quienes existan pruebas de que han cometido violaciones graves de derechos humanos no continúan en puestos donde puedan repetir esas violaciones ni son asignados a ellos.

Tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual y de género

Investigar todas las alegaciones de tortura u otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género, ya sea a manos de fuerzas militares o de agentes del Ministerio del Interior, de acuerdo con los Principios de la ONU Relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aunque no se haya presentado una denuncia formal. Llevar a todos los responsables ante la justicia y brindar plena reparación a las víctimas.

Condenar públicamente la tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género, garantizar que se les pone fin y explicar claramente a todos los agentes encargados de las detenciones e interrogatorios que estas prácticas no se tolerarán en ninguna circunstancia.

Establecer un mecanismo que disponga la realización obligatoria de visitas independientes, sin restricciones y sin previo aviso a todos los lugares donde pueda mantenerse a personas privadas de libertad (incluye el derecho a mantener entrevistas confidenciales con todos los detenidos que el órgano visitante decida sin la presencia ni ningún tipo de escucha de agentes de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley), incluidos los centros militares y de seguridad nacional o los lugares ilegales de detención.

Garantizar que sólo se recluye a personas en los lugares de detención públicamente reconocidos y bajo la supervisión de las autoridades judiciales. A este respecto, reformar el artículo 1.bis de la Ley 396 de 1956 (Ley Reguladora de Prisiones), que establece que también puede recluirse a personas en lugares de detención definidos por decreto por el ministro del Interior. En la práctica, esto ha permitido recluir a personas en centros de detención del departamento de seguridad del Estado y en campamentos militares, instalaciones que no están abiertas a inspección por la Fiscalía ni por ninguna otra autoridad judicial, tal como exigen el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 85 de la Ley Reguladora de Prisiones.

Adecuar el delito de tortura en la legislación egipcia a la definición que se hace en el artículo 1.1 de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Prohibir explícitamente todas las formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Dejar claro que la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es absoluta y se aplica en todas las circunstancias, incluso durante un estado de guerra u otra emergencia pública.

Garantizar que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos, incluida la violencia sexual y de género –como la “prueba de la virginidad" o las agresiones o acoso sexuales contra hombres y mujeres detenidos–, se investigan sin demora y de forma exhaustiva e imparcial, que los agentes responsables de esos abusos comparecen ante la justicia y que las víctimas reciben reparación completa. Las declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos nunca deben utilizarse en juicios penales ni en otro tipo de procedimientos (salvo como prueba contra una persona acusada de tortura y únicamente para demostrar que se hizo dicha declaración).

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Facilitar inmediatamente la visita a Egipto del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya solicitud de visitar el país lleva pendiente desde 1996 y se reiteró en 2007.

Detención arbitraria

Poner en libertad a todas las personas que estén encarceladas únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión, incluso en los casos en los que el encarcelamiento se deba a condenas impuestas por tribunales civiles o militares.

Garantizar que el recién establecido Departamento de Seguridad Nacional no tiene poderes para detener y recluir a personas en régimen de incomunicación y está sometido a una estricta supervisión judicial.

Facilitar inmediatamente la visita del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, cuya solicitud de visitar el país lleva pendiente desde 2008.

Juicios militares

Abolir todos los juicios de civiles ante tribunales militares. Detener de inmediato todos los juicios de civiles ante tribunales militares y poner a las personas encausadas en libertad o transferirlas a tribunales civiles para que sean juzgadas con las debidas garantías.

Garantizar que los tribunales civiles tienen competencia para juzgar a los miembros del ejército acusados de cometer violaciones de derechos humanos y que los casos de personal militar sospechoso de violaciones de derechos humanos se transfieren a los tribunales civiles.

Eliminar todos los artículos del Código de Justicia Militar que otorgan a los tribunales militares competencia para juzgar a civiles, incluido el artículo 48, que permite al sistema de justicia militar decidir si tiene competencia sobre un delito.

Salvaguardias de derechos humanos y supervisión de las fuerzas armadas

Asegurar que la nueva Constitución garantiza que las fuerzas militares están sometidas a la supervisión civil y pueden ser obligadas a rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos.

A menos que se establezcan mecanismos para garantizar la supervisión civil y la rendición de cuentas por los abusos, garantizar que las fuerzas militares no gozan de poderes de policía judicial respecto a los delitos tipificados en el Código Penal, y que no se restaura el decreto emitido en junio de 2012 por el ministro de Justicia que les otorgaba esos poderes.

Garantizar que toda nueva legislación que establezca la intervención de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interna, incluidos los casos de “disturbios internos”, no otorgan poderes ilimitados al ejército sin que exista una supervisión civil.

Publicar y difundir en forma fácilmente accesible para el público las normas y reglamentos relativos al uso de la fuerza por parte del ejército.

Garantizar que las fuerzas de seguridad y otras agencias estatales encargadas de hacer cumplir la ley actúan con arreglo al Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y a los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Para ello, deben dárseles instrucciones claras de que sólo deben emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y únicamente en la medida requerida para el desempeño de sus funciones, y que sólo deben utilizar fuerza letal cuando sea absolutamente imprescindible para proteger la propia vida o la de otras personas.

Amnistía Internacional formula asimismo la siguiente recomendación a los Estados suministradores de armas:

Suspender y detener todas las transferencias de gas lacrimógeno, armas pequeñas (incluidas pistolas) y armas ligeras y su correspondiente munición, y vehículos blindados hasta que las autoridades egipcias establezcan salvaguardias adecuadas para prevenir nuevas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las actuaciones policiales relacionadas con las manifestaciones.

{0>BRUTALITY UNPUNISHED AND UNCHECKED<}0{>BRUTALIDAD SIN CASTIGO Y SIN FRENO<0}

{0>Egypt’s military kill and torture protesters with impunity<}0{>El ejército egipcio mata y tortura impunemente a manifestantes<0}

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