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7 DE MAYO DE 1998

DECLARACIÓN PÚBLICA

EGIPTO

El gobierno no pone fin a la tortura

Ya han transcurrido dos años desde que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicara su informe sobre la tortura en Egipto y presentara sus recomendaciones al gobierno para combatirla; sin embargo, el gobierno egipcio no ha puesto fin al uso sistemático de la tortura contra los detenidos.

En mayo de 1996, este Comité, que supervisa el cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicó un informe que resumía el proceso de una investigación confidencial realizada desde noviembre de 1991 y concluía que las fuerzas de seguridad de Egipto, en especial la Dirección General de la Policía de Información y Seguridad del Estado, utilizaban la tortura como práctica sistemática.

El Comité instaba al gobierno egipcio a hacer esfuerzos especiales para impedir que sus fuerzas de seguridad actuaran como un Estado dentro del Estado, ya que parecían escapar al control de las autoridades superiores. También recomendaba que el gobierno creara una maquinaria de investigación independiente encargada de examinar eficazmente todas las denuncias de tortura, para que éstas lleguen cuanto antes a los tribunales, y recomendaba que se llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de las fuerzas policiales.

A pesar de estas recomendaciones, el gobierno egipcio no ha tomado ninguna medida concreta para poner fin a la tortura. Los detenidos siguen siendo torturados en la jefatura del Departamento de Información y Seguridad del Estado en la plaza Lazoghly, así como en otras instalaciones de ese Departamento, en las comisarías de policía y en las Firaq al-Amn (Brigadas de Seguridad), en donde los detenidos permanecen recluidos en régimen de incomunicación.

Los métodos de tortura más comunes de los que se ha tenido noticia son las descargas eléctricas, las palizas, los colgamientos por los tobillos o las muñecas, las quemaduras de cigarrillos que apagan contra el cuerpo del torturado y diversas formas de tortura y malos tratos psicológicos, como las amenazas de violar o agredir sexualmente al detenido o de obligarle a contemplar cómo son violadas o agredidas sexualmente las mujeres de su familia.

Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de torturas contra detenidos. El caso más reciente es el de Wahid Ahmad Abdallah, de 24 años, que murió en abril, presuntamente a consecuencia de torturas. A última hora de la tarde del 8 de abril, varios agentes de los servicios de seguridad, encabezados, según los informes, por el jefe del Departamento de Información y Seguridad del Estado en Bilqas, cerca de al Mansoura, al norte de El Cairo, irrumpieron en el domicilio de Wahid Ahmad Abdallah y le detuvieron, sin mostrar ninguna orden judicial y sin informar a él ni a su familia de los motivos de la detención. Lo llevaron al edificio del Departamento de Información y Seguridad del Estado en Bilqas y, unas horas después, su cadáver fue devuelto a su familia. Según la familia, mostraba señales claras de tortura en diferentes partes del cuerpo.

El 4 de enero, Mohammad Hussein Mohammad Ibrahim Sallam, un egipcio convertido al cristianismo, fue detenido en el aeropuerto de El Cairo. Él y su esposa británica habían estado viviendo en el Líbano durante doce meses. Según los informes, fue torturado durante sus dos primeros días de reclusión en la sede de Gaber Ibn Hayyan del Departamento de Información y Seguridad del Estado, en Gizeh. Los informes indican que los agentes del Departamento propinaron a Mohammad Sallam puñetazos y patadas durante varias horas, mientras permanecía con los ojos vendados, y también le amenazaron con violarle. Mohammad Sallam declaró que los agentes le amenazaron también con divorciarle de su esposa y con impedirle abandonar el país. Fue liberado el 9 de enero.

El gobierno egipcio no ha nombrado ningún órgano independiente encargado de investigar las denuncias de tortura. En noviembre de 1993 se creó en la Fiscalía una Unidad de Derechos Humanos dirigida por el fiscal adjunto y encargada de investigar los informes de tortura y de otras violaciones de derechos humanos. A pesar de los centenares de denuncias presentadas ante la Unidad por abogados en nombre de sus clientes y por grupos locales de derechos humanos, especialmente la Organización Egipcia de Derechos Humanos, no se tiene noticia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación inmediata e imparcial.

Ni Amnistía Internacional ni los grupos egipcios de derechos humanos han tenido conocimiento de ninguna investigación sobre la conducta de los agentes del Departamento de Información y Seguridad del Estado que han sido citados por las víctimas como responsables de su tortura. El gobierno sigue negando que el Departamento esté implicado en violaciones de derechos humanos.

Han transcurrido ya cuatro años desde la muerte, presuntamente a consecuencia de torturas, del abogado Abd al Harith Mohammad Madani. Aún no se ha hecho público el resultado de la investigación, que el gobierno afirmó que se estaba llevando a cabo, sobre las circunstancias que rodearon esta muerte.