AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 12/029/2007 (Público)

Servicio de Noticias 176/07

12 de septiembre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE120292007

Egipto: Disolver el centro de derechos humanos contribuye a erosionar el derecho a la libertad de asociación

Amnistía Internacional ha condenado hoy la decisión del gobierno egipcio de disolver la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada por tratarse de un nuevo golpe a la libertad de asociación, y ha pedido a las autoridades que pongan fin a estas prácticas. La organización afirma que semejantes medidas no auguran nada bueno en relación con la próxima introducción de enmiendas a la Ley de Asociaciones.

El ataque contra la Asociación de Derechos Humanos está relacionado, al parecer, con su activa labor de apoyo a las víctimas de tortura y de exposición de violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto. La Asociación prestaba asesoramiento jurídico a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en concreto a las personas que habían sido torturadas bajo custodia en comisarías de policía u otros centros de detención, y sus servicios incluían representarlas ante los tribunales egipcios. Una de esas víctimas fue Mohamed Abdelkader al Sayyed, detenido por motivos políticos y muerto bajo custodia policial en 2003 en circunstancias que parecían indicar que las torturas y otros malos tratos que le había infligido un oficial del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado le habían causado la muerte o habían contribuido a causarla. Se ha permitido que agentes del citado departamento cometan graves violaciones de derechos humanos con impunidad. A pesar de un informe pericial en el que se afirmaba que las lesiones que presentaba el cadáver de Mohamed Abdelkader al Sayyed en el momento de la muerte eran compatibles con lesiones causadas mediante golpes con objetos sólidos y exposición a altas temperaturas o descargas eléctricas, el 5 de septiembre de 2007 un tribunal penal de El Cairo absolvió al agente del Departamento que presuntamente había causado su muerte.

Aunque la Asociación de Derechos Humanos y Asistencia Letrada no ha recibido aún una decisión por escrito, ha tenido conocimiento de que se va a proceder a su disolución por quebrantar el artículo 17.2 de la Ley 84/2002, conocida como Ley de Organizaciones No Gubernamentales, que prohíbe recibir fondos sin permiso del Ministerio de Solidaridad Social. Está previsto que un comité de la gobernación de El Cairo se presente en la sede de la Asociación la mañana del 16 de septiembre de 2007 para disolver la Asociación.

En el pasado se han presentado cargos contra otros defensores de los derechos humanos por recibir fondos extranjeros sin autorización, en un intento de intimidarlos. Hafez Abu Seada, secretario de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, y Saad Eddin Ibrahim, director del Centro de Estudios Ben Jaldun para el Desarrollo, fueron acusados de recibir fondos sin permiso de las autoridades en 1998 y 2000, respectivamente. Los tribunales absolvieron a ambos posteriormente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha criticado las estrictas disposiciones sobre financiación extranjera en Egipto en relación con la Ley de Asociaciones (Ley 153/1999), que ya no es aplicable. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los mismos motivos e instó a Egipto a "reexaminar su legislación y su práctica para permitir a las organizaciones no gubernamentales el ejercicio de sus atribuciones sin sujeción a trabas incompatibles con lo dispuesto en el artículo 22 del Pacto, como son la autorización previa, el control de la financiación y la disolución administrativa".

Este alarmante ataque contra la Asociación de Derechos Humanos se produce varias semanas después de que el Ministerio de Solidaridad Social, esgrimiendo "motivos de seguridad", se negase a registrar oficialmente al Centro de Sindicatos y Asuntos Humanos (que antes era el Centro de Servicios de los Trabajadores y los Sindicatos, cuya sede fue clausurada en abril de 2007) el 14 de agosto de 2007. Esta preocupante evolución de los acontecimientos tiene lugar cuando las organizaciones egipcias de derechos humanos están a la espera de que se anuncien las enmiendas a la Ley 84/2002 sobre Organizaciones No Gubernamentales, bastante restrictiva en su forma anterior, en medio del temor a que las autoridades intenten coartar y controlar todavía más sus actividades incrementando las medidas administrativas, pretendidamente por razones de seguridad.

Con el cierre de las oficinas de la Asociación de Derechos Humanos, las autoridades egipcias no sólo incumplen sus obligaciones respecto al derecho a la libertad de asociación, sino que además impiden que las víctimas de tortura puedan recibir valiosos servicios de asesoramiento independiente y asistencia legal para defender sus derechos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que suspendan de inmediato la decisión de disolver la Asociación de Derechos Humanos y que levanten cualquier otra restricción que impida a la Asociación prestar una asistencia tan necesitada en defensa de los derechos humanos. La organización ha manifestado que las enmiendas previstas a la ley deben conceder más libertad –y no menos– a las ONG para que puedan desempeñar su labor de defensa de los derechos humanos sin miedo a sufrir intimidación o prisión. Como miembro recién elegido del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Egipto debe acatar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y no seguir contribuyendo a su menoscabo.

Más información en

Egipto: Desprotección de los derechos de los trabajadores a causa del cierre de un centro de asesoramiento (Índice AI: MDE 12/015/2007),

http://web.amnesty.org/library/index/eslMDE120152007

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