>Amr Muhammad >Adel, de 17 años, ha contado a Amnistía Internacional que su hermano mayor, Walid Muhammad >Adel, y él fueron torturados el 25 de mayo de 2002, poco después de ser llevados a la comisaría de policía de Helwan. Explicó: *Los policías nos llevaron a una habitación que llaman Ael frigorífico@ [Al-Tallaga] y en la que torturan a la gente. Nos ataron las manos a ventana y nos azotaron en la espalda+. Más tarde, la policía trajo a un tío de los dos jóvenes, 'Atif Mahmud 'Agami, en un estado espantoso. Cuando lo dejaron en libertad contó que lo habían sometido a diversas formas de tortura, llegando incluso a colgarlo de una ventana. A su esposa, Lamya Muhammad 'Abbas, de 24 años, y a otras mujeres de la familia las insultaron y las golpearon en la cabeza. Ningún miembro de la familia fue acusado de ningún delito.

Amnistía Internacional continúa recibiendo numerosos informes de tortura de personas acusadas de estar afiliadas a organizaciones políticas tanto pacíficas como armadas. La inmensa mayoría de los individuos detenidos por motivos políticos que han sufrido torturas informan de que éstas tienen lugar durante la reclusión en régimen de incomunicación en dependencias del Servicio de Información y Seguridad del Estado.

En abril y mayo de 2002 se detuvo a decenas de personas por su presunta afiliación al Partido de Liberación Islámica (Hizb al Tahrir al Islami), que está prohibido en Egipto. Muchas de ellas estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante semanas, y Amnistía Internacional recibió información según la cual algunas fueron sometidas a descargas eléctricas y a otras formas de tortura o maltrato. El 1 de abril fueron detenidos por este motivo cuatro ciudadanos británicos, Maajid Nawaz, Ian Malcolm Nisbett, Reza Pankhurst y Hassan Rizfi. Estuvieron recluidos en régimen de incomunicación hasta el 11 de abril de 2002, cuando recibieron la visita de representantes de la embajada británica en la prisión de Mazra=at de Tora de El Cairo. Comunicaron que habían sido sometidos a torturas y malos tratos y que a uno de ellos le habían aplicado descargas eléctricas.

En su informe, Amnistía Internacional expresa preocupación por el hecho de que *las salvaguardias existentes sean insuficientes, se dejen a menudo de respetar, queden invalidadas por procedimientos de la legislación del estado de excepción y la Ley 97 de 1992 para Combatir el Terrorismo y no sirvan en la práctica para proteger a los detenidos de las violaciones graves de derechos humanos+.

Entre los métodos de tortura más comunes figuran prácticas como golpear al detenido, aplicarle descargas eléctricas, azotarlo y colgarlo de las muñecas o los tobillos o en posturas antinaturales de una barra colocada horizontalmente. En los testimonios de las víctimas se mencionan diversos instrumentos de tortura, como aparatos eléctricos, látigos y un mecanismo, denominado falaka, que sirve para atar a la víctima con los pies juntos y golpearla en las plantas.

En varios juicios de agentes de policía celebrados recientemente se han presentado pruebas forenses que mostraban la existencia en los cadáveres de personas muertas bajo custodia de la policía de marcas que coincidían con las que dejan las descargas eléctricas y otras formas de tortura. Por ejemplo, el 12 de octubre de 2002 comenzó ante el Tribunal Penal de Giza el juicio de un agente de policía en relación con la muerte de Ahmad Mahmud Muhammad Tamam. El informe de la autopsia reveló el 13 de diciembre de 1999 que el cadáver presentaba quemaduras que se correspondían con las marcas que dejan las descargas eléctricas.

A pesar de existir indicios abrumadores de que la tortura y los malos tratos son prácticas generalizadas y sistemáticas, las autoridades egipcias no lo admiten; explican que *[s]i bien, como en todos los países del mundo, a veces se violan los derechos humanos, no es algo sistemático+. Si se celebran juicios de presuntos torturadores es casi siempre en casos en que la víctima muere, y sólo si ésta ha sido detenida por delitos comunes, no por motivos políticos. En la mayoría de los casos no se lleva a nadie a los tribunales, porque las autoridades no realizan investigaciones con prontitud y de manera imparcial y exhaustiva. Claro ejemplo de ello es el caso de Umm Hashim Abu al-'Izz, joven actriz que fue detenida el 8 de febrero de 2002 al parar la policía el taxi en el que viajaba y no mostrar el conductor toda la documentación que le pedían. La llevaron, junto con el taxista y otro pasajero, a la comisaría de policía de Agouza, en El Cairo. Un agente de policía la insultó, y al protestar por ello, le dieron patadas y puñetazos y la golpearon brutalmente en la cara y en otras partes del cuerpo con un cinturón. Posteriormente, presentó una denuncia por tortura, pero cuando se entrevistó en relación con ella con un miembro de la Fiscalía General habían transcurrido ya tres semanas desde el incidente y las contusiones que presentaba habían empezado a desaparecer. Asimismo, nunca la mandaron a un médico forense para que la examinara. Ya en libertad, Umm Hashim Abu al-'Izz dijo a Amnistía Internacional: *Jamás me habría imaginado lo que me ha ocurrido+.

El caso de Umm Hashim Abu al->Izz no es una excepción. Durante los últimos diez años, han sido centenares o miles los casos de tortura notificados sobre los que las autoridades egipcias no han tomado las medidas necesarias. Tras presentar la denuncia, lo más probable es que las víctimas, sus familiares y sus abogados no tenga noticia de la marcha de su tramitación durante semanas, meses o, en muchos casos, años. Cuando se inician investigaciones sobre presuntas torturas, suelen durar años y raras veces permiten los resultados llevar a alguien a los tribunales.

Aunque el número de casos de muerte bajo custodia de que se tiene noticia sigue siendo alarmantemente alto, han sido muy pocos los agentes de policía encarcelados en relación con ellos.

En su informe, Amnistía Internacional pide al gobierno egipcio que actúe con decisión para poner fin a la tortura adoptando las medidas legales y prácticas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de todo lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos, en especial de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. En concreto, la organización insta a las autoridades egipcias a:

- llevar a cabo con prontitud investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todos los informes de tortura;

- garantizar que, en los casos de tortura o malos tratos, los autores son puestos a disposición judicial;

- suprimir la detención en régimen de incomunicación;

- mejorar la salvaguardias destinadas a proteger a los detenidos;

- indemnizar y rehabilitar a las víctimas de tortura;

- garantizar que se cumplen plenamente en la legislación y en la práctica las obligaciones internacionales de Egipto en materia de derechos humanos.

Documento público

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