Document - Iraq: A decade of abuses

IRAK DIEZ AÑOS DE ABUSOS

Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2013 por Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW Reino Unido www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2013

Índice: MDE 14/001/2013 Idioma original: inglés.

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Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 3 millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.

ÍNDICE (EXTRACTO)

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4

7. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................. 9

Poner fin a la tortura y otros malos tratos .................................................................... 9

GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO tanto en la legislación como EN LA PRÁCTICA ........................................................................ 11

detener las ejecuciones y dejar de utilizar la pena de muerte ...................................... 12

NOTAS FINALES ........................................................................................................... 13

Irak: Diez años de abusos

1. INTRODUCCIÓN Diez años después de la invasión dirigida por Estados Unidos que derrocó la brutal dictadura de Sadam Husein, Irak continúa atrapado en una maraña de abusos contra los derechos humanos. Miles de iraquíes están detenidos sin juicio o cumplen penas de cárcel impuestas tras juicios injustos, la tortura sigue siendo una práctica extendida que se realiza con impunidad e Irak es ahora uno de los países del mundo en los que más ejecuciones se llevan a cabo. El gobierno ahorcó a 129 presos en 2012, y cientos más aguardan a ser ejecutados. Sin embargo, cuando en marzo de 2003 lanzó la estrategia de “conmoción y pavor”, que barrió al régimen de Sadam Husein en sólo cuatro semanas, el entonces presidente George W. Bush justificó la intervención militar en parte por razones humanitarias, señalando los muchos graves delitos perpetrados bajo el régimen del dirigente iraquí.1 Sin embargo, como muestra este informe, en los diez años transcurridos desde entonces ha habido pocos cambios y decenas de miles de iraquíes han perdido la vida, la mayoría durante la violencia política y sectaria que sucedió al conflicto armado y aún continúa. Ya se ha visto que durante los años en que el país estuvo bajo su ocupación la coalición de fuerzas dirigida por Estados Unidos dejó su propia herencia de abusos contra los derechos humanos, de la que aún no ha respondido plenamente, y no aplicó nuevas normas que rompieran realmente con el patrón de represión existente bajo el régimen de Sadam Husein. No cabe duda de que en la actualidad muchos iraquíes gozan de mayores derechos y libertades que durante el régimen del dictador derrocado, pero la situación ha mejorado mucho menos de lo que debería, y el país sigue lastrado por divisiones políticas, religiosas y de otro tipo y por graves abusos contra los derechos humanos.

La violencia de los últimos diez años ha devastado Irak y a sus habitantes. A comienzos de 2013, la organización Iraq Body Count había registrado más de 110.000 muertes violentas de civiles, de las cuales, según la organización, al menos 14.800 habían sido causadas por las fuerzas de la Coalición dirigida por Estados Unidos,2 rebautizada como Fuerza Multinacional cuando terminó oficialmente la ocupación (30 de junio de 2004), y, posteriormente, cuando salieron del país todas las fuerzas no estadounidenses (1 de enero de 2010), Fuerza de Estados Unidos en Irak.3 Muchos civiles también han perdido la vida o resultado heridos por la actuación en solitario de las fuerzas iraquíes, o en operaciones conjuntas de las fuerzas iraquíes y de la Coalición, o a manos de miembros de las empresas privadas militares y de seguridad contratados para escoltar y proteger a funcionarios y ciudadanos extranjeros en Irak.

El mayor número de muertos y heridos, sin embargo, ha sido consecuencia de las acciones de grupos armados opuestos a la presencia de tropas extranjeras y a los gobiernos iraquíes que se han sucedido desde que la Autoridad Provisional de la Coalición devolviera el poder a manos iraquíes, a finales de junio de 2004. Las milicias armadas vinculadas a partidos políticos también han sido responsables de muchos homicidios. Actualmente, los grupos armados contrarios al gobierno siguen llevando a cabo atentados suicidas y otros ataques con explosivos, que a menudo van dirigidos contra lugares concurridos en los que hay civiles, como mercados, o tienen como objetivo peregrinos religiosos, así como miembros de la policía y las fuerzas de seguridad. La violencia ejercida por los grupos armados y las milicias políticas también se ha manifestado en secuestros y tomas de rehenes, asesinatos políticos y

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desplazamientos forzados de personas de sus hogares o zonas de residencia. El conflicto armado interno se intensificó y su carácter sectario aumentó tras el atentado con explosivos que destruyó prácticamente la mezquita chií de Al-Askari, en Samarra, en febrero de 2006. Este atentado desencadenó una violencia sectaria que causó el desplazamiento interno de cientos de miles de iraquíes y la huida de cientos de miles más como refugiados a países vecinos, especialmente Siria y Jordania.

Unos transeúntes miran los restos del automóvil empleado en un atentado en el que murieron varias personas en el barrio chií bagdadí de Ciudad Sadr a mediados de agosto de 2012, al final del Ramadán. El incidente se produjo en el contexto de una oleada de atentados con bombas y ataques armados que mataron a más de un centenar de personas en todo el país. ©AP Photo/Karim Kadim

En este marco de conflicto armado, intensa rivalidad política y sectaria y violencia letal generalizada, decenas de miles de iraquíes han sido detenidos por las autoridades, muchos de ellos durante meses o años sin cargos ni juicio en condiciones que facilitan la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (otros malos tratos), o incluso los provocan. En los casos en que los detenidos han sido puestos a disposición judicial, con frecuencia las normas internacionales sobre garantías procesales también se han violado sistemáticamente. Muchos acusados han denunciado haber sido torturados y coaccionados por policías u otros interrogadores para que efectuaran declaraciones autoinculpatorias durante su reclusión preventiva en régimen de incomunicación, y han rechazado estas “confesiones” en el juicio. Sin embargo, los tribunales han admitido a menudo tales “confesiones” como pruebas, a pesar de haber sido rechazadas por los acusados, y se han basado en ellas para declararlos culpables. La justicia en Irak aún funciona en gran medida sobre el principio de que “la confesión es la clave de la prueba”, lo cual pone de manifiesto la omnipresencia de la “cultura de la confesión” que domina el enfoque de la policía y las

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fuerzas de seguridad de conseguir información como base para procesar a los sospechosos en los tribunales. En muchos casos, como se detalla en este informe, los jueces han declarado culpables de terrorismo u otros graves delitos a los acusados basándose en confesiones que éstos afirman haber hecho coaccionados bajo tortura mientras estaban detenidos, sin acceso a un abogado ni contacto alguno con el mundo exterior al lugar donde estaban recluidos. También se ha condenado a muerte a muchos acusados sobre la misma base. Desde la reanudación de la pena de muerte en agosto de 2004, han sido ejecutados al menos 447 presos4, muchos de ellos tras ser declarados culpables por los tribunales en aplicación de a la Ley Antiterrorista de 2005.

Los grupos vinculados con Al Qaeda y otros grupos armados siguen llevando a cabo y atribuyéndose la responsabilidad de ataques con numerosas víctimas civiles.5 En otros muchos casos de ataques contra civiles no reivindicados por ningún grupo, ha sido difícil o imposible identificar a los autores. A menudo estos ataques se han atribuido a determinados grupos armados porque parecen seguir un patrón concreto, pero sin que haya pruebas claras al respecto. Entre los más devastadores se encuentran los atentados suicidas y otros ataques con explosivos que pretenden causar muchas víctimas, tanto civiles como no civiles. Se cree que muchos han sido perpetrados por grupos armados que se oponen al actual gobierno y a sus fuerzas de seguridad y tratan de minar la confianza de los ciudadanos en ellos creando situaciones para que parezcan incapaces de gobernar el país y proteger a sus habitantes. Los grupos armados también siguen atacando a las instituciones públicas y a quienes las mantienen, especialmente la policía y las fuerzas de seguridad y los miembros de la judicatura y otros funcionarios.

Amnistía Internacional reconoce la grave amenaza que siguen suponiendo los grupos armados antigubernamentales para la seguridad y el orden públicos y para el Estado de derecho en Irak. La organización condena sin reservas, como tantas veces ha hecho, los graves abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que los grupos armados siguen cometiendo, y les insta a deponer de inmediato su actitud.6 Amnistía Internacional también reconoce plenamente la obligación y la responsabilidad de las autoridades iraquíes de arrestar y poner a disposición judicial a los miembros de grupos armados y otros autores de graves abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, al hacerlo, las autoridades iraquíes –incluido tanto el poder ejecutivo como el judicial– deben cumplir en todo momento con las obligaciones de Irak con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos y respetar y proteger los derechos humanos de las personas sospechosas o acusadas de algún delito. Irak es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros instrumentos de derechos humanos, como la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que ratificó en 2011. Todos estos tratados imponen obligaciones que el gobierno iraquí está obligado a cumplir incluso al hacer frente a la grave violencia que actualmente persiste y al actuar contra las personas sospechosas o acusadas de cometer incluso los crímenes más atroces.

Desde finales de 2012, decenas de miles de personas, en su mayoría suníes, se han echado a la calle para expresar su descontento con el gobierno del primer ministro Nuri al-Maliki, musulmán chií al que acusan de liderar un gobierno que discrimina a los suníes. En las provincias de Anbar, Mosul y Salah al Din, el núcleo suní de Irak, han seguido celebrándose manifestaciones casi a diario, que por lo general alcanzan su punto culminante los viernes. Los manifestantes piden principalmente más respeto por el proceso debido, promulgación de una ley de amnistía y revisión de la ley antiterrorista del país así como el fin de las

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violaciones de los derechos de los presos y detenidos, tanto hombres como mujeres, y cuentan con el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil de otras provincias, incluida Bagdad.7 Sin embargo, las autoridades han bloqueado sus intentos de extender las manifestaciones a Bagdad.

Pero las violaciones de los derechos de los detenidos, especialmente el uso de la tortura y otros malos tratos para conseguir confesiones, no son una mera consecuencia de las tensiones y el conflicto sectario. Tienen un origen más profundo y amplio. En muchos de los casos denunciados a Amnistía Internacional, tanto los perpetradores como las víctimas de los abusos pertenecían al mismo grupo confesional, como en el caso de varios presos chiíes condenados a muerte en la cárcel de Fort Suse, cerca de Suleimaniya, que dijeron a Amnistía Internacional en febrero de 2013 que habían sido torturados y obligados a confesar por otros chiítas en el seno de las fuerzas de seguridad en el sur de Irak. Igualmente, musulmanes suníes detenidos han contado a Amnistía Internacional que han sido torturados o maltratados por miembros suníes de las fuerzas de seguridad.

En las tres provincias del nordeste de Irak que componen la región del Kurdistán también siguen cometiéndose graves abusos contra los derechos de los detenidos. Esta región ha disfrutado de semiautonomía desde comienzos de la década de 1990 y sigue gobernada por una coalición de dos partidos políticos kurdos que forman el Gobierno Regional del Kurdistán. En los últimos años, la violencia en la región del Kurdistán ha sido mucho menor que en el resto de Irak, y aunque continúan cometiéndose graves violaciones de derechos humanos, son de una magnitud e intensidad mucho menor que en otras zonas de Irak.

Este informe se centra en las violaciones de derechos humanos, incluidas tortura y otros malos tratos, que las fuerzas de seguridad iraquíes y de las fuerzas de la Coalición liderada por Estados Unidos han infligido a detenidos y presos en los 10 años transcurridos desde el derrocamiento de Sadam Husein. En él figuran muchos casos, algunos de ellos muy recientes, en los que al parecer los detenidos fueron torturados o sometidos a otros malos tratos, coaccionados para que hicieran confesiones de las que después se retractaron, declarados culpables de graves delitos en juicios que no se ajustaban a las normas internacionales sobre garantías procesales, a menudo basándose en las confesiones de las que se habían retractado, y condenados a muerte.

Antes de redactar este informe, Amnistía Internacional presentó muchos de estos casos al gobierno de Irak en un memorándum de mediados de diciembre de 2012, en el cual la organización pedía que las autoridades iraquíes respondieran ante las denuncias de torturas y otros malos tratos y preguntaba qué medidas habían tomado para investigar minuciosamente estas y otras denuncias similares, tal y como dispone el derecho internacional, y garantizar que los responsables de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos sean puestos a disposición judicial. Además, Amnistía Internacional cuestionaba y pedía el fin de prácticas como la aparición de los detenidos en conferencias de prensa y la emisión por televisión de sus “confesiones” antes del juicio o antes de la sentencia. Estas prácticas, que se examinarán con detalle infra, socavan de forma fundamental la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo de los detenidos. El hecho de que después algunos de ellos fueran declarados culpables de delitos punibles con la muerte, condenados a muerte y ejecutados, añade una dimensión atroz y repugnante a su uso. Amnistía Internacional pidió al gobierno que respondiera con tiempo suficiente para que sus comentarios quedaran recogidos en este informe. Sin embargo, a finales de febrero de 2013, la organización no había recibido ni acuse de recibo ni ninguna respuesta sustantiva de las autoridades de Bagdad.

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La información contenida en este informe se basa en la investigación realizada por Amnistía Internacional a lo largo de la última década a partir de una amplia variedad de fuentes oficiales, públicas y confidenciales dentro y fuera de Irak, con entrevistas personales y telefónicas a víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias, así como análisis de documentos judiciales y de otro tipo. También se recogió información durante las visitas periódicas de investigación sobre el terreno que Amnistía Internacional efectuó a la región del Kurdistán. En septiembre de 2012, representantes de Amnistía Internacional visitaron Bagdad y se entrevistaron con funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos y del Consejo Supremo del Poder Judicial, y también con fuentes no gubernamentales, incluidas víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias, abogados, activistas de derechos humanos, periodistas y otros. En febrero de 2013, Amnistía Internacional visitó dos cárceles en Erbil y una tercera, la prisión de Fort Suse, situada cerca de Suleimaniya, en la región del Kurdistán iraquí, y pudo hablar con los reclusos sin que estuvieran presentes los funcionarios. Casi todos los presos de Fort Suse habían sido declarados culpables por tribunales penales del centro y el sur de Irak.

Muchas de las personas que han hablado con Amnistía Internacional sobre sus experiencias o los episodios de los que han sido testigos en Irak han accedido a hacerlo a condición de que se respetara su anonimato, pues temían por su seguridad o la de sus allegados. Algunas dijeron que habían decidido no denunciar formalmente sus casos ante las autoridades iraquíes tras ser sometidas a tortura u otros malos tratos, pues temían que, de hacerlo, ellas o sus familias volverían a estar en peligro y se exponían a volver a ser detenidas, torturadas o maltratadas. Amnistía Internacional reconoce y aprecia su deuda con estas personas, así como con la tenaz comunidad de activistas de derechos humanos iraquí, y desde aquí desea rendirles homenaje, así como a todas las personas que continúan trabajando para que se ponga fin a los abusos contra los derechos humanos en Irak.

En el último apartado de este informe figuran las recomendaciones al gobierno de Irak sobre las medidas que debe tomar urgentemente para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos que se detallan infra: detención sin juicio, tortura y otros malos tratos, juicios injustos y pena de muerte, y las reformas que debe aplicar para evitar que se repitan.

Asimismo hay recomendaciones a los gobiernos cuyas fuerzas militares participaron en la invasión de Irak de 2003 y posteriormente formaron parte de las fuerzas de ocupación, principalmente Estados Unidos y Reino Unido, sobre las medidas necesarias para garantizar la plena rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario presuntamente cometidas en Irak por miembros de sus fuerzas armadas.

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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de los derechos humanos en Irak sigue siendo sumamente grave. Amnistía Internacional reconoce que el gobierno se enfrenta a ataques mortales perpetrados por grupos armados que a menudo parecen tratar de causar el mayor número de víctimas civiles. También reconoce que el gobierno tiene la obligación de proteger a la población iraquí. Sin embargo, al hacerlo debe cumplir en todo momento sus obligaciones con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos si quiere defender y respetar el Estado de derecho.

Incluso en el marco de la constante violencia política, no hay justificación para los graves y numerosos abusos contra los detenidos que se han convertido en norma en Irak. Muchos detenidos han sido sometidos a tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes; otros siguen en grave peligro de sufrir tales abusos. Muchos han sido torturados y coaccionados para que confesaran graves delitos, incluso delitos punibles con la muerte, por lo general mientras estaban en régimen de incomunicación y se les negaba el acceso a sus abogados y al mundo exterior. Posteriormente, muchas de estas confesiones han sido admitidas como pruebas por tribunales penales y se han utilizado para dictar sentencias condenatorias, a menudo sin tomar medidas para garantizar que se realizaron libremente, a pesar de que los acusados hubieran denunciado haber sido coaccionados bajo tortura y otros malos tratos. Algunos presos han sido ejecutados en la horca tras tales juicios injustos; muchos otros aguardan encarcelados ese mismo destino. Debido a la complicidad del gobierno, a la tolerancia o a la inacción en relación con tales abusos, prevalece la cultura de la impunidad.

Durante su presencia en Irak, las fuerzas de la Coalición sometieron a los detenidos a tortura y otros malos tratos y también fueron cómplices de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad iraquíes. Las fuerzas de la Coalición transfirieron a muchos detenidos bajo su custodia a la de las autoridades iraquíes, sabiendo que esto los pondría en grave peligro de sufrir torturas u otros abusos. Amnistía Internacional teme que esta terrible situación siga prevaleciendo e incluso empeore, salvo que las autoridades iraquíes, en concreto, tomen medidas claras y específicas para erradicar la tortura y otros malos tratos y poner fin a las demás injusticias que surgen de estos graves abusos. La organización formula las siguientes recomendaciones:

A las autoridades iraquíes, incluido el Gobierno Regional del Kurdistán: PONER FIN A LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS  Informar a todos los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad de que someter a cualquier persona a desaparición forzada o tortura, o infligir otros malos tratos a una persona detenida o bajo custodia constituye delito, y que cualquier funcionario de policía, de seguridad o de otro tipo que ordene, cometa, consienta o tolere tales delitos deberá rendir cuentas y podrá ser procesado y tal vez encarcelado, además de destituido de su cargo.

 Establecer mecanismos para garantizar que las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos se investiguen sin demora, con transparencia y de forma

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exhaustiva e independiente, y facultar a quienes llevan a cabo tales investigaciones para que interroguen bajo juramento a los funcionarios y tengan acceso a todos los lugares, incluidos los lugares de detención, y la documentación oficial que consideren pertinentes para su investigación.

 Garantizar que, inmediatamente después de su arresto, todos los detenidos sean trasladados exclusivamente a lugares de detención oficialmente reconocidos y que sean inscritos en el registro a su llegada y con ocasión de cualquier traslado. Además, establecer la obligatoriedad de que las autoridades responsables de su detención y de sus condiciones de reclusión sean distintas de las responsables de su interrogatorio y de la presentación de cargos penales contra ellos.

 Prohibir el uso de la detención en régimen de incomunicación y garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, el derecho de los detenidos a acceder de inmediato a asistencia letrada de su elección y a mantener sin demora contacto regular con sus familiares, incluidas visitas.

 Instituir salvaguardias específicas para las mujeres detenidas, tales como garantizar que siempre haya presentes agentes mujeres durante la detención, el traslado y el interrogatorio de mujeres y que todos los centros de detención en los que haya mujeres recluidas sean supervisados por personal femenino debidamente formado.

 Garantizar que un órgano independiente cuyos integrantes estén adecuadamente cualificados efectúe visitas de inspección periódicas, sin previo aviso y sin restricciones a todos los lugares de detención o encarcelamiento para formular recomendaciones e informar de sus conclusiones al Parlamento y a la opinión pública, anualmente o con mayor frecuencia.

 Exigir que las autoridades directamente responsables de la custodia y la atención de los detenidos o presos se aseguren de que cualquier detenido o persona bajo su custodia que denuncie tortura y otros malos tratos pueda acceder sin demora a un examen realizado por un perito médico independiente.

 Garantizar que las condiciones de detención se ajustan a las normas internacionales para el tratamiento de detenidos y presos. Las autoridades encargadas de la detención deben ser distintas de las encargadas del interrogatorio.

 Garantizar que el Estado proporcione sin demora a todas las personas sometidas a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y a sus familiares una reparación plena adecuada, que incluya restitución, indemnización económica justa y adecuada y la atención médica y la rehabilitación necesarias.

 Modificar las leyes iraquíes para que se ajusten plenamente a la Convención contra la Tortura, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y otras leyes y normas internacionales de derechos humanos pertinentes, y se apliquen en la práctica.

 Fijar una fecha límite próxima para que Irak ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, e

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incluso antes de que esta ratificación se lleve a cabo, tomar medidas para que las políticas, los procedimientos y las prácticas oficiales se ajusten a las obligaciones establecidas en el Protocolo.

GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO TANTO EN LA LEGISLACIÓN COMO EN LA PRÁCTICA  Poner en libertad a todos los detenidos, salvo que se presenten cargos contra ellos por algún delito común reconocible y sean puestos a disposición judicial dentro de un plazo razonable, en total cumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte.

 Informar a la policía y a las fuerzas de seguridad de que todas las detenciones deben efectuarse en estricta conformidad con la ley y en virtud de órdenes judiciales de arresto cuando la ley así lo exija, y que el incumplimiento de estos requisitos dará lugar a responsabilidades penales y a un posible encarcelamiento o destitución.

 Aplicar en todos los casos el requisito de que el detenido sea llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para realizar funciones judiciales, a fin de determinar la legalidad de su detención y la duración de ésta u ordenar su puesta en libertad si la detención es ilegal.

 Respetar en la práctica el derecho del detenido a que el abogado que lo representa esté presente en todas las ocasiones en las que se le interrogue y durante todo el interrogatorio.

 Tomar medidas para garantizar que a todos los detenidos se les informe en el momento de su arresto de los motivos de su detención y custodia, se les notifiquen sin demora los cargos presentados contra ellos y se les informe de su derecho a acceder a asistencia letrada de su elección.

 Informar de inmediato a todos los detenidos de sus derechos, incluido el derecho a presentar denuncias, el derecho a recibir asistencia letrada y el derecho a ponerse en contacto con sus familiares.

 Informar a la policía y a otras fuerzas de seguridad de que el empleo de métodos de coacción, incluidas amenazas, para inducir a los detenidos a efectuar declaraciones que los incriminen o incriminen a terceros en la comisión de delitos es ilegal y dará lugar a responsabilidades penales y al posible enjuiciamiento, encarcelamiento y destitución del infractor.

 Prohibir la difusión por televisión o cualquier otra forma de publicación de las confesiones o presuntas confesiones de los detenidos antes de ser juzgados o durante el juicio, así como la publicación de información que socave la presunción de inocencia y el derecho de todas las personas acusadas a tener un juicio justo dentro de un plazo razonable.

 Invitar al jefe del Tribunal Supremo de Irak a que recuerde formalmente a todos los miembros de la judicatura que los tribunales no deben admitir como prueba ninguna presunta confesión u otra información o declaración incriminatoria efectuada en detención preventiva sin asegurarse previamente de que tal información fue facilitada libremente y sin

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coacción. Toda declaración o información que no supere esta comprobación deberá ser rechazada por el tribunal.

 Crear un órgano independiente compuesto por juristas y expertos en otras materias debidamente cualificados para revisar todos los casos en los que la sentencia de culpabilidad se basó única o parcialmente en confesiones efectuadas bajo custodia que el acusado retiró en el juicio afirmando que habían sido obtenidas bajo coacción o tortura y otros malos tratos, y formular recomendaciones acerca de la necesidad de poner en libertad o volver a juzgar al acusado en todos los casos en que se establezca que los tribunales objetivamente no se aseguraron de que tales confesiones se hicieron libremente y sin coacción.

DETENER LAS EJECUCIONES Y DEJAR DE UTILIZAR LA PENA DE MUERTE  Establecer inmediatamente la suspensión de todas las ejecuciones, atendiendo a los reiterados llamamientos de la Asamblea General de la ONU.

 Eliminar de inmediato la pena de muerte de la legislación excepto para los más graves delitos, como dispone el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entendidos como tales los que implican homicidio intencional y, hasta su abolición, respetar todas las normas internacionales aplicables al uso de la pena de muerte.

 Hasta su total abolición, respetar todas las normas internacionales aplicables al uso de la pena de muerte, incluida la obligación de garantizar que los juicios por delitos punibles con la muerte se ajusten a las más estrictas normas sobre juicios justos reconocidas internacionalmente.

 Tomar medidas para eliminar la pena de muerte de la legislación iraquí.

 Conmutar todas las penas de muerte actuales por penas de prisión.

A los gobiernos que contribuyeron a las fuerzas de la Coalición en Irak  Tomar medidas concretas para garantizar que todas las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos u otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas nacionales que integraron las fuerzas de la Coalición en Irak se investigan sin demora de forma minuciosa, transparente e independiente, y que el personal responsable de tales abusos rinde cuentas plenamente, incluso por medio de su procesamiento penal cuando corresponda. Todas las víctimas de tales violaciones de derechos humanos deben recibir una reparación adecuada.

 Hacer ver claramente al gobierno de Irak que delitos como la desaparición forzada y la tortura no son aceptables y no se tolerarán, e instarle a tomar medidas urgentes y concretas como las indicadas supra para garantizar la erradicación de dichos delitos y la plena rendición de cuentas de quienes los cometieron, incluso por medio de su procesamiento penal.

 Instar al gobierno de Irak a que establezca una suspensión inmediata e indefinida de las ejecuciones y tome medidas rápidas y progresivas con vistas a la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.

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 El gobierno de Reino Unido debe abrir una investigación pública e independiente para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos y homicidios ilegítimos durante el periodo en el que las fuerzas armadas británicas estuvieron presentes en Irak. Dicha investigación debe, entre otras cosas, evaluar de forma independiente hasta qué punto estas violaciones fueron sistémicas, determinar responsabilidades a todos los niveles y recomendar medidas para impedir que estas violaciones vuelvan a repetirse.

NOTAS FINALES

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1 Véanse, por ejemplo, las páginas 11 a 17 de ‘A decade of defiance and deception: Saddam Hussein’s defiance of the United Nations’, 12 de septiembre de 2002, disponible en http://australianpolitics.com/downloads/usa/02-09-12_iraq-decade.pdf 2 See www.iraqbodycount.org 3 En este informe el término “fuerzas de la Coalición” se utiliza en referencia a todas las tropas extranjeras destacadas en Irak desde marzo de 2003 hasta el fin de diciembre de 2011. 4 Para los años 2004-2011, véase (en iraquí) Ministerio de Derechos Humanos, al-Taqrir al-sanawi li-awda’ al-sujun wa marakiz al-ihtijaz li-‘am 2011, publicado en 2012, página 40; para el año 2012: página web del Ministerio de Justicia, www.moj.gov.iq 5 Por ejemplo, según los informes, a comienzos de enero de 2013 el grupo Estado Islámico de Irak se atribuyó la responsabilidad de varios ataques contra peregrinos que regresaban de Kerbala tras participar en la festividad chií de Al Arbain a finales de diciembre de 2012. En los ataques murieron más de 20 personas. Véase AFP, “Al-Qaeda claims Iraq New Year’s Eve attacks”, 7 de enero de 2013. Véase también, sobre los atentados mortales contra barrios chiíes de mediados de febrero de 2013, Reuters, “Iraq’s al Qaeda wing claims Baghdad blasts”, 18 de febrero de 2013. 6 Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los homicidios de civiles y otros graves abusos cometidos por los grupos armados en Irak. En un informe publicado en 2005, Amnistía Internacional concluyó: “Gran parte de estos homicidios cometidos por grupos armados [...] constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.” Irak. A sangre fría: Abusos cometidos por grupos armados, Amnistía Internacional, julio de 2005. 7 Véase, por ejemplo, Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, Baghdadi Organizations Visit the Sit-in in Ramadi and Support Their Demands, 12 de febrero de 2013, http://www.iraqicivilsociety.org/archives/1136.

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