Declaración sobre Irak realizada por Amnistía Internacional ante el Consejo de Seguridad

MDE 14/79/2003/s

9 de abril de 2003

Muchas gracias por esta oportunidad para intercambiar puntos de vista con los miembros del Consejo sobre la situación en Irak. Voy a hablar de los motivos de preocupación derivados del desarrollo de la guerra y a formular recomendaciones para la protección inmediata y a largo plazo de los derechos humanos.

El pueblo de Irak lleva décadas sufriendo graves y persistentes violaciones de derechos humanos, incluidos muchos miles de «desapariciones» y torturas y ejecuciones extrajudiciales generalizadas. El Consejo reconoció su situación concretamente en la resolución 688 de 1991, cuando pidió el fin de la represión de la población civil iraquí e insistió en que se respetaran los derechos humanos de todos los ciudadanos iraquíes. Pero desde entonces la dimensión de los derechos humanos ha estado, lamentablemente, ausente de las deliberaciones del Consejo. El gobierno iraquí se ha limitado a ignorar el llamamiento del Consejo, así como las numerosas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asamblea General en las que se insta a Irak a que adopte una serie de medidas para abordar la grave situación de los derechos humanos. Las violaciones de estos derechos que han sufrido numerosos iraquíes se ven agravadas ahora por las violaciones graves del derecho internacional humanitario que, según los informes, cometen todas las partes beligerantes.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la preocupación cada vez mayor que viene mostrando el Consejo en los últimos años por la protección de los civiles en los conflictos armados. Es verdad que el Consejo ha subrayado en reiteradas ocasiones que todas las partes de un conflicto armado deben cumplir las normas y principios del derecho internacional, y concretamente del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos y sobre los refugiados, y deben abstenerse de atacar a poblaciones civiles u otras personas protegidas.

Desde que comenzó la guerra, nuestra organización ha expresado su honda preocupación porque, según los informes, centenares de civiles iraquíes han perdido la vida y muchos más han resultado heridos en circunstancias que indican que las fuerzas de la coalición no respetan plenamente los principios del derecho internacional humanitario de proporcionalidad y distinción. Nos preocupa especialmente el uso de bombas de racimo en zonas densamente pobladas. He traído copias de un documento informativo publicado ayer, titulado Irak: Los civiles, víctimas de los ataques, en el que se enumera una serie de incidentes concretos que exigen más investigaciones, incidentes entre cuyas víctimas hay también mujeres y niños. El ataque producido en Al Hilla el 1 de abril en el que, según los informes, las fuerzas estadounidenses emplearon bombas de racimo que causaron la muerte de más de 30 personas, es sólo uno de estos ejemplos. El ataque contra la emisora de televisión de Bagdad y los ataques ayer contra el hotel Palestina y las oficinas de Al Jazira son otros dos.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido reconocen que utilizan varios tipos de bombas de racimo en Irak. Como armas que, debido a su propia naturaleza, tienen efectos indiscriminados, no distinguen entre civiles y combatientes. Ante la preocupación expresada en reiteradas ocasiones por el Consejo de que no se deben atacar deliberadamente a la población civil en los conflictos armados, instamos al Consejo a que pida la suspensión del uso de las bombas de racimo.

En cuanto al bando iraquí, Amnistía Internacional ha condenado las tácticas iraquíes respaldadas oficialmente en las que soldados iraquíes y otros se han vestido con ropas de civil para realizar ataques sorpresa contra soldados enemigos. Estos ataques constituyen actos de perfidia que están claramente prohibidos por el derecho internacional humanitario. Además, hacen correr un riesgo aún mayor a los civiles. También nos preocupan los informes sobre la práctica iraquí, igualmente ilegítima, de situar fuerzas militares y armas en lugares muy próximos a civiles para que éstos les sirvan de escudo ante los ataques.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción ante la reafirmación por el Consejo, en la resolución 1472 de 2003, de que todas las partes deben cumplir estrictamente sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, en concreto los Convenios de Ginebra y el Reglamento de La Haya. Ahora pedimos al Consejo que adopte medidas inmediatas y concretas para garantizar que se respetan plenamente sobre el terreno el derecho humanitario y las normas fundamentales de derechos humanos y que se protegen efectivamente los derechos de los civiles, no sólo ahora, sino también en el futuro, en el Irak de la posguerra.

Es sumamente difícil establecer qué está ocurriendo exactamente sobre el terreno, dados los informes a menudo contradictorios que llegan de un país en guerra. Ha habido mucha información en los medios de comunicación, pero sólo ha ofrecido un panorama muy parcial. Por tanto, todas las partes tienen el interés inmediato de crear las condiciones para que existan informes autorizados y ecuánimes de los que ahora se carece, pues no hay observadores totalmente independientes de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, con la excepción del Comité Internacional de la Cruz Roja, que no suele informar públicamente de sus conclusiones. En este contexto, queremos recordar al Consejo que, en su resolución 1265 (OP 6), reafirmó la posibilidad de que los Estados recurran a los servicios de la Comisión Internacional de Encuesta creada en virtud del artículo 90 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, para que investigue las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

La ausencia de información fidedigna sobre la situación de los derechos humanos sobre el terreno ilustra la necesidad perentoria de que el Consejo adopte las medidas necesarias para respaldar una presencia de observadores de derechos humanos eficaz y dotada de medios económicos en todo el país. La inexistencia de esta presencia, que el entonces relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la onusobre Irak, Max van der Stoel, ya debatió con el Consejo en dos ocasiones en 1992, y que fue apoyada posteriormente por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, debe ser responsable en parte de la grave situación de estos derechos en Irak. Como parte de un programa de reforma de los derechos humanos, el despliegue de un número suficiente de observadores de derechos humanos hará una contribución crucial a la necesidad inmediata de evaluar y abordar de forma autorizada la situación de estos derechos. Además, proporcionará al Consejo y a la onula información de primera mano necesaria para definir acciones futuras bien informadas sobre Irak. Una presencia sustancial de los derechos humanos en Irak garantizará, como ha afirmado recientemente el actual relator especial de la onusobre Irak, que se establecen la legislación, las prácticas y las instituciones para la implantación de las normas de derechos humanos apropiadas.

Otra área en el que la onudebe desempeñar el papel principal es la compleja cuestión de la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y las violaciones pasadas y actuales del derecho internacional humanitario. El mejor avance es, en nuestra opinión, que el Consejo recomiende a una comisión de expertos de la onuque analice la situación, consulte debidamente con la sociedad iraquí y formule propuestas para poner fin a la impunidad y que imparta justicia para el pueblo de Irak. Amnistía Internacional desea subrayar el papel crucial que la sociedad civil de Irak debe poder desempeñar en la determinación del mejor proceso. Una comisión de expertos como la que recomendamos ya podría formular las recomendaciones pertinentes en un plazo de meses.

En realidad, tal como ha declarado esta semana el secretario general, es en la crucial e importantísima área de los derechos humanos y del imperio de la ley donde la onupuede hacer una contribución especialmente valiosa a la reconstrucción de Irak. Pero al debatir el futuro papel de la onuen Irak, que la onudebe poder imponer con toda la autoridad que le confiere la Carta, es importante que el Consejo siga siendo muy consciente de las claras responsabilidades que tienen las potencias ocupantes en Irak. Éstas tienen la obligación de dejar las estructuras del Estado, incluidas las judiciales, intactas en la medida de lo posible. Sin embargo, nosotros afirmamos que deben aplicar las leyes existentes de conformidad con los diversos tratados de derechos humanos de los que es parte Irak.

De importancia primordial es la obligación de las potencias ocupantes de garantizar que los procedimientos judiciales se tramitan de conformidad con el imperio de la ley, una disposición que ha de aplicarse sin ninguna discriminación y con independencia de las creencias religiosas o la filiación política, incluida, por ejemplo, la pertenencia al partido Baas. Donde ejerzan el control efectivo, las potencias ocupantes deberán cumplir asimismo su obligación de proteger a los civiles de cualquier acto de violencia y de restaurar y mantener el orden público y la seguridad. Este deber es especialmente pertinente dado el grave riesgo de que se produzcan represalias importantes, así como a la vista de los extendidos informes sobre desórdenes que están llegando de Bagdad y de la ciudad de Basora, que según las fuerzas británicas está ya bajo su control.

El desafío inmediato para el Consejo es garantizar el respeto del derecho de los conflictos armados, incluida la rendición de cuentas por las violaciones. La tarea general es salvaguardar el orden y garantizar que las potencias ocupantes y las autoridades provisionales cumplen sus obligaciones para con todo el pueblo de Irak. Sin embargo, el desafío más difícil está por venir: garantizar que en el periodo posterior al conflicto los derechos humanos están en el centro del esfuerzo de la reconstrucción. En este sentido, será de máxima importancia abordar la impunidad por las violaciones cometidas, construir un sistema de justicia imparcial y eficaz, garantizar el respeto a los derechos de las minorías y de la mujer, e insistir en que sea el propio pueblo iraquí el que impulse el proceso.

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