[No publicar antes del 8 de septiembre de 2003]

Público

Amnistía Internacional

Israel y los Territorios Ocupados

Sobrevivir asediados:

Los efectos de las restricciones
a la libertad de circulación
sobre el derecho a trabajar

Septiembre de 2003

Resumen

Índice AI: MDE 15/001/2003/s

Las severas restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados han tenido efectos devastadores en la vida de la mayoría de los palestinos. Clausuras, bloqueos de carreteras, puestos de control militares, toques de queda y un aluvión de restricciones más impiden a menudo a la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza salir de sus casas o de las zonas inmediatamente adyacentes y han provocado o contribuido al hundimiento casi total de la economía palestina.

El desempleo ha aumentado hasta aproximarse al 50 por ciento, y dos terceras partes de la población vive actualmente por debajo del umbral de la pobreza, con lo que aumenta el número de personas que sufren desnutrición y problemas de salud. La libertad de circulación de personas y mercancías es un requisito esencial para que funcione cualquier economía. Pero las restricciones impuestas en diversos grados por Israel a la circulación de los palestinos desde que ocupó Cisjordania y Gaza en 1967 han seguido aumentando en el último decenio y han alcanzado un nivel sin precedentes en los últimos tres años.

Los palestinos no pueden circular en vehículos en las principales carreteras que unen una parte de Cisjordania con otra. Para realizar desplazamientos de unos kilómetros hay que invertir horas en largos desvíos para evitar las zonas que rodean los asentamientos israelíes y las carreteras que utilizan los colonos israelíes, prohibidas para los palestinos. Con la expansión en los últimos años de los asentamientos israelíes y de las carreteras de los colonos en todos los Territorios Ocupados, las zonas prohibidas a los palestinos se han multiplicado.

Además de exigir un tiempo, un esfuerzo y un costo adicionales, los viajes tampoco carecen de riesgos. Para implantar las clausuras y los toques de queda, los soldados israelíes suelen disparar con munición real, lanzar gases lacrimógenos o bombas de sonido, propinar palizas y practicar detenciones, y confiscar vehículos y documentos. Actividades ordinarias y cotidianas, como ir al trabajo o a la escuela, llevar a vacunar a un bebé, asistir a un funeral o a una boda, exponen a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a estos riesgos. De ahí que muchas personas limiten sus actividades fuera del hogar a lo absolutamente esencial.

Las clausuras y los toques de queda impiden que los palestinos lleguen a sus centros de trabajo o distribuyan sus productos y productos agrícolas en sus mercados interiores y exteriores, y provocan crisis de escasez. Muchas fábricas y explotaciones agrícolas se han visto obligadas a cerrar debido a las pérdidas sufridas, al espectacular aumento de los gastos de transporte y a la pérdida de mercados de exportación. Como consecuencia, el desempleo ha aumentado vertiginosamente, provocando a su vez una drástica reducción del nivel de vida en los Territorios Ocupados.

Amnistía Internacional ha documentado en numerosos informes el deterioro de las situación de los derechos humanos y la violencia en Israel y en los Territorios Ocupados. En los últimos tres años, el ejército israelí ha matado a más de 2.100 palestinos, unos 380 de ellos niños; los grupos armados palestinos, por su parte, han dado muerte a más de 750 israelíes, la mayoría de ellos civiles, entre ellos más de 90 niños. Decenas de miles de personas han resultado heridas, y muchas de ellas han quedado mutiladas.

El ejército israelí ha demolido más de 3.000 viviendas palestinas y cientos de talleres, fábricas y edificios públicos en Cisjordania y la Franja de Gaza; ha arrasado amplias zonas agrícolas, ha arrancado olivos y árboles frutales y ha destruido invernaderos. Aunque estos abusos han contribuido a dañar la economía palestina, la causa principal de la grave crisis económica y del aumento del desempleo son las draconianas restricciones impuestas a la libertad de circulación de los palestinos en los últimos tres años.

Israel tiene el derecho de adoptar medidas razonables, necesarias y proporcionales para proteger la seguridad de sus ciudadanos y sus fronteras de ataques de grupos armados palestinos, lo que incluye restringir el acceso a su territorio. Sin embargo, las restricciones impuestas de forma indiscriminada por Israel a todos los palestinos no cumplen estos criterios, constituyen un castigo colectivo y vulneran la obligación contraída por Israel con arreglo al derecho internacional de garantizar la libertad de circulación, un nivel de vida adecuado y una vida lo más normal posible a la población de los territorios que ocupa. El derecho internacional prohíbe asimismo que una potencia ocupante imponga castigos colectivos a la población ocupada.

Este informe analiza los efectos de las restricciones a la libertad de circulación en el derecho al trabajo de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. En él se sostiene que las clausuras, los toques de queda y otras restricciones a la libertad de circulación, generalizados y prolongados, no pueden justificarse con motivos de seguridad; discriminan a los palestinos y se utilizan a menudo como forma de castigo colectivo, en represalia por ataques cometidos por grupos armados palestinos.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al gobierno israelí a que levante las restricciones a la libertad de circulación que constituyen un castigo colectivo y a que haga todo lo posible para permitir que los habitantes de los Territorios Ocupados tengan una vida lo más normal posible. La organización pide asimismo la evacuación de los colonos israelíes de Cisjordania y la Franja de Gaza, por considerar que su residencia en los Territorios Ocupados vulnera el derecho internacional y que las medidas presuntamente adoptadas para proteger la seguridad y la libertad de circulación de los colonos israelíes constituyen abusos graves contra los derechos humanos de los palestinos. Las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos y de las mercancías sólo deben imponerse en relación con una amenaza concreta para la seguridad y siempre que no sean discriminatorios y sí proporcionales en cuanto a efectos y duración. No deben obstruir la libertad de circulación necesaria para mantener un nivel de vida adecuado ni tener efectos negativos para los derechos fundamentales de los palestinos, incluido el derecho al trabajo.

Este informe resume un documento titulado Israel y los Territorios Ocupados – Sobrevivir asediados: Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación sobre el derecho a trabajar (Índice AI: MDE 15/001/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos traducidos al español consulten: <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[No publicar antes del 8 de septiembre de 2003]

Público

Amnistía Internacional

Israel y los Territorios Ocupados

Sobrevivir asediados:

Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación sobre el derecho a trabajar

La FDI bloquea la carretera a Naplusa, octubre de 2002. © Amnistía Internacional

Índice

Israel y los Territorios Ocupados

Sobrevivir asediados:

Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación sobre el derecho a trabajar

«El período comprendido entre junio de 2002 y mayo de 2003 se caracterizó por un agravamiento de la crisis económica y social en los territorios ocupados y su posible estabilización a un nivel muy bajo. Las importantes restricciones a la circulación de personas y mercancías dentro de los territorios árabes ocupados y entre éstos e Israel han dado lugar a un descenso espectacular del consumo, los ingresos y los niveles de empleo, y a una contracción sin precedentes de la actividad económica [...]».

Informe del director general de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), mayo de 2003¹

«A finales de 2002, la Renta Nacional Bruta (RNB) real había disminuido un 38 por ciento en relación con su nivel de 1999 [...] Las pérdidas generales de la RNB fueron de 5.200 millones de dólares después de 27 meses de Intifada [...] La causa inmediata de la crisis económica palestina es la clausura.»

Twenty-seven Months - Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis:

An assessment, Banco Mundial, mayo de 2003 [traducción no oficial]

«La gente no puede trabajar como es debido en Yenín porque abren sus negocios, llega un tanque y tienen que cerrar. ¿Cómo se puede trabajar así? El toque de queda ha empeorado las cosas. El ejército israelí anuncia: "Mañana Yenín estará abierto". Pero al día siguiente, llega el ejército y anuncia un toque de queda y los tanques clausuran la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Nada.»

Faisal ‘Abd al-Wahhab, de 34 años, soldador de Yenín a quien le fue retirado el permiso para trabajar en Israel al comienzo de la Intifada. Antes ganaba 300 shekels nuevos israelíes (alrededor de 60 dólares) al día, pero en el 2001 sólo encontró trabajo 10 días, a 50 shekels (unos 10 dólares) al día, en un programa de creación de empleo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA).

Introducción

El alto el fuego acordado en el contexto del plan de paz conocido como «hoja de ruta» ha logrado una notable reducción de la violencia y de los homicidios, y ha llevado un bienvenido alivio a las poblaciones civiles israelí y palestina. Aunque la inmensa mayoría de los detenidos palestinos siguen encarcelados en prisiones y centros de detención militares israelíes, la excarcelación de algunos de los que estaban recluidos sin cargos ni juicio ha hecho concebir esperanzas de que se produzcan más excarcelaciones.

Sin embargo, no se ha cumplido la esperanza de que, como parte de la implantación de la «hoja de ruta», Israel levante las clausuras y las restricciones a la libertad de circulación que paralizan la vida y la economía en los Territorios Ocupados. A principios de agosto de 2003, el ejército israelí había levantado únicamente unos cuatro puestos de control de un total de más de 300 puestos de control y bloqueos de carreteras.

Aun en el caso de que se levantaran de inmediato todos los bloqueos de carreteras y se permitiera la libertad de circulación en los Territorios Ocupados, la población palestina necesitaría años para recuperar una vida normal y reconstruir una economía que los años de asedio han dejado prácticamente destruida. Cambiar radicalmente el dramático aumento de la pobreza y el desempleo de los últimos años exigirá inversiones y esfuerzos a largo plazo. Y estos esfuerzos sólo serán posibles si Israel restaura la libertad de circulación en los Territorios Ocupados.

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Palestinos pasando por el puesto de control de Qalandia, 2002. © Amnistía Internacional

as restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados han alcanzado un nivel sin precedentes en los últimos años. El resultado es que se priva a los palestinos no sólo de su libertad de circulación, sino de otros derechos humanos fundamentales, y en especial, de su derecho al trabajo y a tener un medio de subsistencia para sí mismos y sus familias.

La libertad de circulación de los palestinos viene restringiéndose en mayor o menor grado desde que Israel ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967. Estas restricciones han ido aumentando en la última década y han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos tres años, desde que en septiembre de 2000 los palestinos se rebelaron de nuevo contra la ocupación israelí, en lo que se conoce como Intifada o Intifada de Al Aqsa.²Desde entonces, las restricciones crecientes y las nuevas medidas adoptadas para endurecer e implantar las clausuras (la prohibición de circular en el interior de una zona, entre dos zonas o ambas cosas a la vez) y los toques de queda han destruido casi por completo la economía palestina.

La libertad de circulación de personas y mercancías, al menos dentro de las fronteras de un territorio, es un requisito esencial para que funcione cualquier economía, especialmente para una nueva economía que intenta desarrollarse y consolidarse en un contexto de dependencia creada por 36 años de ocupación. Pese a ello, los aproximadamente 3,5 millones de palestinos que viven en los Territorios Ocupados se ven a menudo confinados de hecho en sus ciudades y pueblos por las clausuras impuestas por los puestos de control y los bloqueos de carreteras del ejército israelí. Algunos pueblos están totalmente sitiados y es frecuente que las zonas urbanas sean sometidas a toques de queda de 24 horas, durante los cuales nadie puede salir de su casa, muchas veces durante periodos prolongados. Los palestinos tienen prohibido viajar en vehículos por las principales carreteras que conectan una parte de Cisjordania con otra.

Desplazamientos de tan sólo unos kilómetros, cuando son posibles, exigen horas de largos desvíos para evitar las zonas que rodean los asentamientos israelíes y las carreteras de los colonos (conocidas como «carreteras de circunvalación») que conectan los asentamientos entre sí y con Israel, y cuyo uso está prohibido para los palestinos. La proliferación de los asentamientos y de las carreteras de circunvalación en todos los Territorios Ocupados ha multiplicado el número de zonas prohibidas. En los lugares donde los asentamientos están más próximos a pueblos palestinos, la circulación dentro y fuera de estos pueblos está aún más restringida. En algunas partes de la Franja de Gaza, las zonas donde los palestinos viven rodeados de asentamientos israelíes han sido declaradas zonas militares clausuradas y sólo pueden acceder a ellas, y únicamente a determinadas horas, los residentes, que muchas veces no pueden salir de sus casas o regresar a ellas durante días e incluso semanas.

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Niño palestino y soldado, en el puesto de control de Qalandia, 2002.

© Amnistía Internacional

demás de exigir un tiempo, un esfuerzo y un costo adicionales, los viajes tampoco carecen de riesgos. Para implantar las clausuras y los toques de queda, los soldados israelíes suelen disparar munición real, lanzar gases lacrimógenos o bombas de sonido, propinar palizas y detener a personas, y confiscar vehículos y documentos de identidad. Actividades normales, como ir al trabajo o a la escuela, llevar a vacunar a un bebé, asistir a un funeral o a una boda, exponen a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, a estos riesgos. De ahí que muchas personas limiten sus actividades fuera del hogar a lo absolutamente esencial.

Las clausuras y los toques de queda impiden que los palestinos lleguen a sus centros de trabajo y distribuyan sus productos en mercados interiores y exteriores, y provocan crisis de escasez. Muchas fábricas y explotaciones agrícolas se han visto obligadas a cerrar debido a las pérdidas sufridas, al espectacular aumento de los gastos de transporte y a la pérdida de mercados de exportación. Como consecuencia, el desempleo se ha incrementado más de un 50 por ciento y más de la mitad de la población palestina vive ahora por debajo del umbral de la pobreza. La drástica reducción del nivel de vida en los Territorios Ocupados ha hecho aumentar la desnutrición y otras enfermedades. Las clausuras y los toques de queda impiden a los niños y jóvenes palestinos asistir a clase durante periodos prolongados, lo que conculca su derecho a la educación y perjudica su futuro profesional.

Amnistía Internacional ha documentado en numerosos informes el deterioro de las situación de los derechos humanos y la violencia que ha alcanzado niveles sin precedentes en los 36 años de ocupación israelí de Cisjordania y Gaza. En los últimos tres años, el ejército israelí ha matado a más de 2.100 palestinos, unos 380 de ellos niños; los grupos armados palestinos, por su parte, han dado muerte a más de 750 israelíes, la mayoría de ellos civiles, entre ellos más de 90 niños. Decenas de miles de personas han resultado heridas, y muchas de ellas han quedado mutiladas. El ejército israelí ha demolido más de 3.000 viviendas palestinas y cientos de talleres, fábricas y edificios públicos en Cisjordania y la Franja de Gaza; ha arrasado amplias zonas agrícolas, ha arrancado olivos y árboles frutales y ha destruido invernaderos y campos cultivados.

Aunque estos abusos, y en particular la destrucción de tierras y propiedades, han contribuido a dañar la economía en los Territorios Ocupados, la causa principal de la grave crisis económica y del aumento del desempleo son las draconianas restricciones impuestas a la libertad de circulación de los palestinos en los últimos tres años.

Israel tiene el derecho y el deber de proteger a la población de los reiterados atentados con explosivos y de otro tipo que cometen grupos armados palestinos de los Territorios Ocupados, lo que incluye restringir el acceso a su territorio. No obstante, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, está obligado a garantizar la libertad de circulación, un nivel de vida adecuado y una vida lo más normal posible a la población de los territorios que ocupa. El derecho internacional prohíbe asimismo que una potencia ocupante imponga castigos colectivos a la población ocupada.

Este informe analiza los efectos de las restricciones a la libertad de circulación en el derecho al trabajo de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.³En él se detallan las conclusiones de la investigación realizada por Amnistía Internacional y se describen casos representativos de diferentes zonas de Cisjordania y Gaza. El informe sostiene que las clausuras, los toques de queda y otras restricciones a la libertad de circulación, generalizados y prolongados, no pueden justificarse alegando «motivos de seguridad»; discriminan a los palestinos y se utilizan a menudo como forma de castigo colectivo, en represalia por ataques cometidos por grupos armados palestinos.

Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al gobierno israelí a que levante las restricciones a la libertad de circulación que constituyen un castigo colectivo y a que haga todo lo posible para permitir que la población de los Territorios Ocupados tenga una vida lo más normal posible. La organización pide asimismo la evacuación de los colonos israelíes de Cisjordania y la Franja de Gaza, por considerar que su residencia en los Territorios Ocupados vulnera el derecho internacional y que las medidas presuntamente adoptadas para proteger la seguridad y la libertad de circulación de los colonos israelíes constituyen abusos graves contra los derechos humanos de los palestinos. Las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos y de las mercancías sólo deben imponerse en relación con una amenaza concreta para la seguridad y siempre que no sean discriminatorios y sí proporcionales en cuanto a efectos y duración. No deben obstruir la libertad de circulación necesaria para mantener un nivel de vida adecuado ni tener efectos negativos para los derechos fundamentales de los palestinos, incluido el derecho al trabajo.

Las investigaciones de Amnistía Internacional

Los delegados de Amnistía Internacional han visitado con frecuencia Israel y los Territorios Ocupados para realizar investigaciones y debatir las preocupaciones de la organización con las autoridades israelíes y palestinas. La organización ha publicado numerosos informes y declaraciones sobre diferentes aspectos de la situación de los derechos humanos y sobre los abusos que cometen las fuerzas de seguridad israelíes, los grupos armados palestinos y la Autoridad Palestina.⁴

En octubre y noviembre de 2002, ni las autoridades del gobierno israelí ni los representantes de la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) respondieron a las reiteradas peticiones de los delegados de Amnistía Internacional para mantener conversaciones y recibir información sobre políticas y prácticas relativas a las restricciones a la libertad de circulación en los Territorios Ocupados.

Los delegados pudieron entrevistarse con palestinos, israelíes y otras personas que vivían o trabajaban en los Territorios Ocupados y cuyas vidas se ven afectadas por las clausuras, los toques de queda y otras restricciones a la libertad de circulación, o que han sido testigos o víctimas de abusos. Entre ellos había profesionales de la medicina, trabajadores de derechos humanos y humanitarios, periodistas, sindicalistas, líderes comunitarios, empresarios, empleados y trabajadores autónomos de varias ciudades y pueblos, así como diplomáticos, funcionarios del gobierno y soldados israelíes.

A lo largo de los años, los delegados de Amnistía Internacional han presenciado a menudo cómo soldados israelíes hostigaban a los palestinos, los amenazaban e impedían su paso por los puestos de control de Cisjordania y Gaza. También han experimentado por sí mismos un trato similar, así como las prolongadas demoras que sufren los trayectos entre ciudades y pueblos debido a la súbita imposición de clausuras y toques de queda. En algunas ocasiones recibieron amenazas y disparos de los soldados.

En la redacción de este informe, Amnistía Internacional se ha basado en información de organizaciones y agencias internacionales como las Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea (UE), así como de organizaciones gubernamentes y no gubernamentales e instituciones israelíes y palestinas.

Antecedentes

Entre las dos guerras mundiales, el Reino Unido gobernó Palestina bajo mandato de la Liga de las Naciones. El conflicto armado por el control de Palestina se intensificó a partir de noviembre de 1947, fecha en que la ONU votó a favor de su partición en dos Estados distintos, uno árabe y otro judío. El mandato británico finalizó el 14 de mayo de 1948, fecha en que se proclamó el Estado de Israel.

Las protestas contra la partición fueron seguidas por una guerra entre los ejércitos árabe e israelí. Israel venció y amplió sus fronteras por la vía de hecho más allá de las propuestas en el plan de partición. Dos partes de la Palestina del antiguo mandato quedaron fuera de Israel: la Franja de Gaza, bajo administración egipcia, y la parte oriental del río Jordán, que se anexionó Jordania en 1950 y empezó a conocerse con el nombre de Cisjordania.⁵

Las hostilidades de junio de 1967 entre Israel y Egipto, Siria y Jordania finalizaron con la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Israel se anexionó unilateralmente parte de Cisjordania, incluido el casco antiguo de Jerusalén, que incorporó al municipio de Jerusalén; este sector es lo que se conoce como Jerusalén Oriental. Los Altos del Golán, de Siria, fueron anexionados por Israel en 1980. La península del Sinaí, que también fue anexionada, fue devuelta posteriormente a Egipto.

En 1991 comenzaron las conversaciones de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La Declaración de Principios firmada en 1993 estipulaba un periodo provisional de cinco años en el que el gobierno militar israelí de los Territorios Ocupados transferiría algunas funciones en algunas partes de Cisjordania y Gaza a una Autoridad Palestina elegida por sufragio. Las negociaciones para un acuerdo permanente y el final de la ocupación israelí habrían de finalizarse antes de finales de 1999. El debate sobre Jerusalén, los asentamientos (las colonias israelíes establecidas en los Territorios Ocupados), las fronteras y los refugiados (los palestinos expulsados de sus tierras desde 1948) se aplazó expresamente, pendiente de las negociaciones para un acuerdo permanente.

El Acuerdo Provisional sobre Cisjordania y la Franja de Gaza de 1995 (el Acuerdo II de Oslo) definió la red de zonas en los Territorios Ocupados sobre la que tendría jurisdicción la Autoridad Palestina en el periodo provisional, así como las funciones que asumiría dicha Autoridad. Las negociaciones se rompieron tras el comienzo de la actual Intifada, en septiembre de 2000.

Jerusalén Oriental quedó excluida del Acuerdo II de Oslo y sigue estando sometida a las leyes internas de Israel. Sus habitantes palestinos son considerados «residentes permanentes» y tienen tarjetas de identificación israelíes, de color azul. Los palestinos que residen en el resto de Cisjordania y en la Franja de Gaza tienen tarjetas de identidad palestinas, de color verde, y no pueden entrar en la ciudad sin autorización.

Las obligaciones de una potencia ocupante

Según el derecho internacional, una potencia ocupante está obligada a administrar el territorio que controla sin realizar en la medida de lo posible cambios sustanciales del orden existente y garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales de los habitantes.⁶La idea central de la norma internacional que rige una ocupación beligerante es que dicha ocupación es de transición, por un periodo limitado, y uno de sus fines principales es permitir a los habitantes del territorio ocupado llevar una vida tan «normal» como sea posible.

Las obligaciones de la potencia ocupante incluyen:

• tratar a la población ocupada con humanidad en todo momento (artículo 27 del Convenio IV de Ginebra);

• garantizar el suministro de víveres y productos médicos a la población ocupada (artículo 55 del Convenio IV de Ginebra);

• asegurar y mantener los servicios médicos, la sanidad e higiene públicas en el territorio ocupado, y garantizar que el personal médico de todas las categorías puede cumplir sus funciones (artículo 56 del Convenio IV de Ginebra);

• permitir y facilitar el socorro a la población ocupada (artículo 59 del Convenio IV de Ginebra).

Los envíos de socorros de terceros no eximen en modo alguno a la potencia ocupante de ninguna de las responsabilidades que contrae en virtud de los artículos 55, 56 y 59 (artículo 61 del Convenio IV de Ginebra).

La potencia ocupante NO podrá:

• imponer castigos colectivos, ni hacer uso de la intimidación contra la población ocupada (artículo 33 del Convenio IV de Ginebra);

• realizar traslados de índole forzoso de habitantes del territorio ocupado a su territorio o a otros lugares, ni trasladar a parte de su población civil al territorio que ocupa (artículo 49 del Convenio IV de Ginebra);

• adoptar medidas encaminadas a crear desempleo o a restringir las oportunidades de empleo en el territorio ocupado, a fin de inducir a la población ocupada a trabajar para la potencia ocupante (artículo 52 del Convenio IV de Ginebra);

• destruir propiedades privadas o públicas, salvo cuando sea absolutamente necesario para operaciones militares (artículo 53 del Convenio IV de Ginebra);

• apropiarse de propiedades privadas o públicas o de recursos naturales, de los que la potencia ocupante será considerada mero administrador (artículo 55 del Reglamento de La Haya).

Restricciones a la libertad de circulación

Desde hace más de tres décadas, y especialmente en los últimos 15 años, Israel ha impuesto diversos grados de restricciones a la libertad de circulación de los palestinos, y en los últimos tres años ha aumentado estas restricciones hasta niveles sin precedentes. Estas restricciones impuestas en los últimos años son contrarias a las obligaciones contraídas por Israel con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de proteger la libertad de circulación y de no discriminar o infligir castigos colectivos a la población de un territorio ocupado.

El derecho a la libertad de circulación

«Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.» (artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP]).

Las medidas de seguridad adoptadas por Israel en los Territorios Ocupados violan sistemáticamente el derecho a la libertad de circulación de los palestinos que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp), instrumento del que Israel es Estado Parte. Ya en 1998, antes del estallido de la actual rebelión, el Comité de Derechos Humanos, el órgano de expertos de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto por los Estados Partes, expresó su preocupación por las graves consecuencias de las restricciones a la libertad de circulación en los Territorios Ocupados:

«22. Aun reconociendo las consideraciones de seguridad que han llevado a la restricción de la circulación, el Comité toma nota con pesar de que sigan los obstáculos a la circulación, que afectan principalmente a los palestinos que viajan dentro de Jerusalén oriental, la Faja de Gaza y la Ribera Occidental, así como entre esos lugares, lo cual tiene graves consecuencias que afectan prácticamente todos los ámbitos de la vida palestina. El Comité considera que esto plantea serios problemas en relación con el artículo 12. En cuanto a las personas que viven en esas zonas, el Comité insta a Israel a que respete el derecho a la libertad de circulación estipulado en el artículo 12, incluido el derecho a regresar al propio país.» (CCPR/C/79/Add. 93, párrafo 22)

Sólo podrán imponerse restricciones al derecho a la libertad de circulación y al derecho al trabajo si se basan en la ley, persiguen un objetivo legítimo, como la protección del orden público, y son estrictamente necesarias. La legislación militar y de emergencia israelí confiere a los mandos militares la máxima discreción para declarar zonas militares clausuradas, restringir el uso de las carreteras e imponer toques de queda.

Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU: «La aplicación de las restricciones permisibles en virtud del párrafo 3 del artículo 12 debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, el restringir los derechos consagrados en los párrafos 1 y 2 del artículo 12 haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto.»⁷

Las severas restricciones a la libertad de circulación de los palestinos son desproporcionadas y discriminatorias, pues se imponen a todos los palestinos por el hecho de que son palestinos, pero no a los colonos israelíes que viven ilegalmente en los Territorios Ocupados. Aunque las autoridades de Israel afirman que estas medidas tienen siempre como finalidad proteger la seguridad de los israelíes, las restricciones impuestas no van dirigidas a personas concretas que se cree representan una amenaza, sino que son generales e indiscriminadas en su aplicación, lo que las hace ilegales. Sus consecuencias son graves y negativas para millones de palestinos que no han cometido delito alguno.

El derecho a no ser sometido a castigos colectivos

«Están prohibidos los castigos colectivos [...] Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes» (artículo 33, Convenio iv de Ginebra).

En los Territorios Ocupados los toques de queda se imponen y las clausuras se endurecen de forma rutinaria, muchas veces después de atentados suicidas con explosivos u otros ataques cometidos por grupos armados palestinos en Israel o en otras zonas de los Territorios Ocupados. Estas medidas constituyen una forma de castigo colectivo y parecen una represalia destinada a intimidar y castigar al conjunto de la comunidad palestina, así como a mostrar a la opinión pública israelí que el ejército reacciona ante los ataques. En junio de 2003, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU afirmó que la situación llevaba ya casi tres años enteros de lo que sólo podía calificarse como «castigo colectivo».⁸

Esta conducta infringe la prohibición de los castigos colectivos contenida en el Convenio IV de Ginebra y el Reglamento de La Haya. Ya en febrero de 2001, el CICR expresó su preocupación porque las clausuras eran contrarias a lo dispuesto en el Convenio IV de Ginebra, al imponer un castigo colectivo y obstaculizar el suministro de alimentos, la atención médica y la educación. Estas restricciones a la libertad de circulación han aumentado de forma espectacular desde esa fecha.

«El CICR considera que la política de aislar a pueblos enteros durante un periodo prolongado es contraria al derecho internacional humanitario, especialmente a los aspectos de este derecho que protegen a los civiles en tiempo de ocupación. En efecto, las severas clausuras propician con frecuencia infracciones del artículo 55 (libre paso de asistencia médica y víveres), el artículo 33 (prohibición de los castigos colectivos), el artículo 50 (niños y educación), el artículo 56 (circulación de transportes médicos y servicios de salud pública) y el artículo 72 (acceso a abogados de las personas procesadas) del Convenio IV de Ginebra. Aunque acepta que el Estado de Israel tiene legítimas preocupaciones de seguridad, el CICR subraya que las medidas adoptadas para abordar estas preocupaciones deben estar en consonancia con el derecho internacional humanitario. Por otra parte, estas medidas de seguridad deben permitir un retorno rápido a la vida civil normal. Éste es, en esencia, el significado del Convenio IV de Ginebra, que es aplicable a los Territorios Ocupados.» CICR, “Israel and Occupied/Autonomous Territories: The ICRC Starts its ‘Closure Relief Programme”, 26 de febrero de 2001. [Traducción no oficial.]

El derecho a no sufrir discriminación

«[...] todas las personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas.» (artículo 27 del Convenio IV de Ginebra).

Las restricciones impuestas por Israel discriminan a los palestinos y son contrarias a los principios fundamentales de derechos humanos, especialmente al principio de igualdad. Las restricciones a la libertad de circulación, como la prohibición del uso de carreteras y la imposición de toques de queda en los Territorios Ocupados, se aplican exclusivamente a los palestinos, y no a los colonos israelíes. Las medidas que las autoridades de Israel han adoptado para proteger la seguridad y la libertad de circulación de los cerca de 380.000 colonos israelíes,⁹cuya presencia en los Territorios Ocupados viola el artículo 49 del Convenio IV de Ginebra,¹⁰restringen la libertad de circulación de unos tres millones y medio de palestinos. Incluso en los casos en que colonos israelíes han atacado a palestinos o sus propiedades, son los palestinos los que han sido sometidos a toques de queda o a quienes se ha negado el acceso a las zonas, mientras que no se ha impuesto ninguna de estas restricciones a los colonos israelíes.

En virtud del derecho internacional humanitario, sólo es aceptable que un Estado trate a las personas de forma diferente por motivos razonables, objetivos y que sirvan a un fin legítimo, como la protección del orden público. Las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos impuestas en los Territorios Ocupados no son razonables, son desproporcionadas y constituyen una discriminación prohibida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

La evolución de las restricciones a la libertad de circulación

1967–1993: fomento de la dependencia

Durante muchos años, las autoridades israelíes fomentaron la dependencia de la economía palestina de la economía israelí. La mayoría de los palestinos de Cisjordania podía viajar libremente a Jerusalén Oriental y a Israel y a la Franja de Gaza en virtud de un permiso general de salida emitido en 1972 por el Comandante Militar de Cisjordania. La mayor parte de los palestinos que vivían en la Franja de Gaza podía también circular libremente en Israel y en Jerusalén Oriental. Al carecer de posibilidades para desarrollar una economía independiente bajo la ocupación israelí, muchos palestinos tuvieron que elegir entre ir a trabajar al extranjero –y correr el riesgo de perder su estatuto de residentes de los Territorios Ocupados– y depender del mercado laboral israelí. En Israel, aunque su salario era inferior al de los trabajadores israelíes, ganaban más que en los Territorios Ocupados.

La primera Intifada, de 1987 a 1993, trajo nuevas restricciones. En 1989, se impuso a los residentes de la Franja de Gaza la obligación de obtener una tarjeta magnética, renovable anualmente, para entrar en Israel. En 1991, antes de la Guerra del Golfo, Israel canceló el permiso general de salida y exigió a los palestinos la obtención de permisos individuales para entrar en Israel y en Jerusalén. En marzo de 1993, las fuerzas de seguridad israelíes establecieron puestos de control a lo largo de la Línea Verde que separaba Cisjordania de Israel y empezaron a controlar la entrada en Jerusalén Oriental. Esto causó graves trastornos a la actividad económica palestina, pues la carretera principal que une el norte con el sur de Cisjordania atraviesa Jerusalén Oriental.

Los toques de queda impuestos por el ejército israelí confinaban rutinariamente a los palestinos en sus viviendas. Durante siete años, la Franja de Gaza estuvo sometida a un toque de queda nocturno, hasta que se retiró el ejército israelí, en 1995. Durante la Guerra del Golfo se impusieron toques de queda de 24 horas durante periodos prolongados. La Fuerza de Defensa Israelí solía imponer también toques de queda cuando practicaba registros y detenciones.

1993–2000: los años del proceso de paz

En 1994 el gobierno militar israelí comenzó a transferir diversas funciones civiles a la recién creada Autoridad Palestina. El Acuerdo II de Oslo de 1995 especificaba las funciones de la Autoridad Palestina y definía la intrincada «zonificación» de Cisjordania y de la Franja de Gaza que establecía su jurisdicción provisional. Sin embargo, Israel conservó el control efectivo y último de todos los aspectos de la circulación de los palestinos, tanto interna como por las fronteras internacionales. Su control de los puestos fronterizos también le permitió controlar la importación y la exportación de productos desde los Territorios Ocupados y hacia éstos.

Cisjordania

El Acuerdo ii de Oslo (1995) creó tres zonas en Cisjordania. En la Zona A, la Autoridad Palestina sería responsable de la seguridad interna y de los asuntos civiles –como la salud y la educación– e Israel, de la seguridad externa. En la Zona B, la Autoridad Palestina sería responsable de los asuntos civiles y del orden público, mientras Israel tenía la responsabilidad suprema de la seguridad. En la Zona C, Israel era responsable tanto de los asuntos civiles como de la seguridad.

Los límites de la Zona A se trazaron para incluir la mayor parte de las ciudades, campos de refugiados y pueblos palestinos. La mayoría de los pueblos palestinos de menor tamaño quedaron en la Zona B. La Zona C incluía los asentamientos israelíes, algunos pueblos palestinos, zonas deshabitadas y tierras agrícolas y, de forma significativa, casi todas las carreteras principales. En el 2000, el 97,6 por ciento de los palestinos de Cisjordania vivía en las Zonas A y B, que representaban el 18,2 por ciento y el 21,8 por ciento, respectivamente, del territorio. La Zona C, bajo control total israelí, abarcaba el 60 por ciento de la tierra y sólo el 2,4 por ciento de la población palestina. Por tanto, aunque Israel conservaba el control directo de la mayoría de la tierra, dejaba de prestar los servicios que las potencias ocupantes deben facilitar a la población ocupada.

Las Zonas A y B se fragmentaron en enclaves aislados rodeados por los asentamientos y las carreteras israelíes de la Zona C. Las carreteras principales que unen las ciudades y pueblos de las Zonas A y B permanecieron en la Zona C. El control de Israel de la Zona C, por tanto, le permitía controlar muchos aspectos de las vidas de los palestinos que residían en las Zonas A y B. En los años siguientes a la firma de la Declaración de Principios de 1993, Israel se apropió de grandes extensiones de tierras palestinas para construir una red de carreteras de circunvalación que conectaban los asentamientos israelíes de todos los Territorios Ocupados entre sí y con Israel. Se confiscaron miles de dunums de tierra (un dunum equivale a la décima parte de una hectárea) alegando necesidades militares, y aunque normalmente la confiscación era temporal y por periodos concretos, se usaron a menudo para construir instalaciones permanentes, como carreteras «de circunvalación» y asentamientos. En mayo de 2002, el Instituto de Investigación Aplicada de Jerusaléncalculaba que se habían construido alrededor de 350 kilómetros de carreteras de circunvalación en tierras confiscadas por la Fuerza de Defensa Israelí en virtud de estas órdenes de confiscación «temporal». En el mismo periodo, Israel aceleró el ritmo de construcción de asentamientos en los Territorios Ocupados hasta niveles sin precedentes. El número de colonos israelíes aumentó de 240.000 en 1993 a 380.000 a finales de 2000.

Hebrón

La ciudad de Hebrón estaba administrada con arreglo a un acuerdo independiente, firmado por Israel y la Autoridad Palestina en 1997, que dividía la ciudad en dos sectores, H-1 y H-2. Al contrario que en otras ciudades de Cisjordania, Israel permitió que los israelíes establecieran cuatro asentamientos-enclave en el corazón de la ciudad, cerca de la gruta de Haram al-Ibrahimi o Machpelah, un lugar santo tanto para los musulmanes como para los judíos. En el sector H-1, habitado por alrededor de 100.000 palestinos, la Autoridad Palestina sería responsable de la seguridad interna y de los asuntos civiles, igual que en otras ciudades de Cisjordania. En el sector H-2, que incluía la gruta de Haram al-Ibrahimi o Machpelah y los cuatro asentamientos-enclave, viven cerca de 30.000 palestinos y 500 colonos israelíes y permaneció bajo el control del ejército israelí.

La Franja de Gaza

El Acuerdo II de Oslo dividió la Franja de Gaza en zonas donde la Autoridad Palestina era responsable de la seguridad interna y de los asuntos civiles, y zonas bajo el control de Israel: los asentamientos, las carreteras de circunvalación (de los colonos) y una zona de instalaciones militares colindante con la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto.

Alrededor del 60 por ciento de la Franja de Gaza estaba bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Estas zonas, densamente pobladas, quedaron separadas por 17 asentamientos israelíes y por carreteras de circunvalación en sentido este-oeste que unían los asentamientos entre sí y con Israel. A lo largo del lado oriental de la Franja de Gaza, colindante con Israel, una valla electrificada imposibilita en la práctica cualquier salida no autorizada. Por tanto, mientras los palestinos de Cisjordania aún podían entrar clandestinamente en Israel para trabajar aunque no dispusieran de un permiso, los de Gaza no podían hacerlo. La circulación de palestinos y el tráfico comercial de mercancías a través de varios pasos fronterizos –Karni/Muntar, Erez/Beit Hanoun y Sofa/Qarara– sufrían frecuentes y prolongadas demoras debido a los controles de seguridad o a las clausuras israelíes.

La entrada en Israel y en Jordania y Egipto

El sistema de permisos individuales para entrar en Israel o para viajar entre Cisjordania y la Franja de Gaza por carreteras distintas a la ruta de paso seguro siguió en vigor durante todo este periodo. Entre 1994 y 1997, Israel congeló a menudo los permisos e impuso una clausura total durante periodos prolongados, impidiendo la entrada en Israel y en Jerusalén Oriental de palestinos procedentes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Al igual que las clausuras internas, las clausuras totales se imponían tras atentados suicidas con explosivos palestinos o un aumento de la tensión en los Territorios Ocupados. En febrero y marzo de 1996, simpatizantes de Hamas (Movimiento Islámico de Resistencia) y de Yihad Islámica (Guerra Santa Islámica) cometieron una serie de atentados suicidas con explosivos en Israel y en Jerusalén en los que murieron 59 civiles israelíes. En septiembre y octubre de 1996, 65 palestinos, entre ellos 27 miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, y 16 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes murieron durante las manifestaciones celebradas en todos los Territorios Ocupados para protestar por la apertura de un túnel cerca de la Cúpula de la Roca en Jerusalén. Según la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados (UNSCO), en 1996 se perdieron 82 de los 277 días de trabajo potenciales –es decir, el 31,9 por ciento–, debido a la clausura total.¹¹Las clausuras estrictas se tradujeron inmediatamente en un aumento del desempleo y de la pobreza.

Desde el comienzo de 1998 hasta el otoño de 2000, la situación mejoró con la disminución de las clausuras totales (hasta 24,5 días). La mayor libertad de circulación fue un factor importante para la recuperación de la economía palestina. En el 2000, el desempleo había disminuido hasta el 10 por ciento. Aunque los palestinos seguían dependiendo hasta cierto punto del trabajo asalariado en Israel y en los asentamientos, el grado de dependencia se redujo a medida que pudo desarrollarse la economía palestina.¹²Sin embargo, Israel también conservaba el control sobre la circulación de personas y mercancías por el paso fronterizo de Rafah y el puente de Allenby, así como por los pasos de la Franja de Gaza a Egipto y de Cisjordania a Jordania. Los productos palestinos sufrían frecuentes demoras en las fronteras y puertos israelíes, lo que incrementó su coste y redujo su competitividad en los mercados externos.

Clausuras internas

En la sociedad israelí y entre la opinión pública internacional se tenía la impresión general de que, durante los años del proceso de paz, tras los acuerdos que desembocaron en el repliegue del ejército israelí de la mayoría de las zonas habitadas por palestinos en los Territorios Ocupados y el establecimiento de la Autoridad Palestina, los palestinos tenían el control de su vida en la nueva situación de «autonomía» o «autogobierno». Sin embargo, no era así.

«La realización del principio de integridad territorial, tal como se enuncia en los acuerdos de Oslo, se ha visto frustrada durante el período que se examina a causa de las restricciones impuestas por Israel al movimiento de personas y mercancías entre las denominadas zonas A, B y C de la Ribera Occidental [Cisjordania], entre Jerusalén y el resto de la Ribera Occidental, entre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, y entre los territorios ocupados y el mundo exterior. No se han establecido disposiciones para garantizar el paso seguro, y no se han ultimado los arreglos para establecer un puerto y un aeropuerto en Gaza. La política israelí de cierre general, que se ha mantenido en vigor desde el 30 de marzo de 1993, impone restricciones explícitas a la movilidad de bienes y personas. Hay puestos de control israelíes fijos en los territorios palestinos, incluidas las rutas principales de transporte, y un sistema de permisos obligatorios diferenciados para trabajadores, hombres de negocios, personal médico y pacientes, estudiantes, religiosos y todas las demás categorías de palestinos. Las restricciones a la entrada de Jerusalén bloquean el acceso a la principal ruta de transporte norte-sur en la Ribera Occidental, lo que hace necesario desvíos largos y costosos. Este cierre general se ha visto agravado por cierres amplios periódicos que incluyeron entre el 30 de marzo de 1993 y mediados de junio de 1997, la prohibición completa de dichos movimientos durante 353 días. Desde el 21 de marzo de 1997, cuando un ataque con bomba en Tel Aviv, aparentemente perpetrado por Hamas, mató a tres mujeres israelíes, dichos cierres amplios se han impuesto por un total de 24 días. Los días de cierre interno, en que el movimiento no se permite ni tan siquiera dentro de la Ribera Occidental (entre las zonas A y B) ascendieron a 27 días en 1996. Las restricciones israelíes al movimiento de bienes y personas se aplican también a los oficiales y al material de proyectos de las Naciones Unidas, lo que produce demoras y costos

adicionales a los proyectos de desarrollo en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, y causa una perturbación grave de la labor de los organismos humanitarios.»

Secretario general de la ONU, junio de 1997¹³

El ejército israelí impuso en varias ocasiones lo que se denominó «clausuras internas» en Cisjordania, que impedían toda circulación entre las Zonas A, B y C durante días, a veces semanas. Estas clausuras internas se solían decretar en respuesta a atentados palestinos contra israelíes en Israel o durante los periodos de tensión provocada por el uso excesivo de la fuerza por el ejército israelí. La vida normal se paralizaba, especialmente para el 60 por ciento de palestinos que vivían en la Zona B, predominantemente rural. La primera clausura interna total, impuesta en marzo de 1995, duró 21 días.¹⁴En 1997 se impuso un total de 27 días de clausura interna en toda Cisjordania o en parte de ella; en 1998, el total fue de 40 días.

Las clausuras internas demostraban cómo Israel, pese a su retirada de alrededor del 40 por ciento de Cisjordania, podía paralizar la vida palestina y doblegar la economía palestina ejerciendo el control sobre las zonas y carreteras principales que rodeaban los enclaves palestinos, presuntamente autónomos. En cambio, el uso de los toques de queda se redujo tras la creación de la Autoridad Palestina, al retirar gradualmente Israel a su ejército de las zonas más pobladas de los Territorios Ocupados. No obstante, la Fuerza de Defensa Israelí imponía regularmente toques de queda a los palestinos que vivían en el sector H-2 de Hebrón.

Según la Declaración de Principios palestino-israelí, «las dos partes consideran Cisjordania y Gaza una única unidad territorial, cuya integridad se preservará durante el periodo provisional.»¹⁵Sin embargo, la esperanza de que la nueva situación alcanzada tras el acuerdo facilitaría al menos los desplazamientos de los palestinos entre Gaza y Cisjordania no se hizo realidad. Israel no permitió hasta octubre de 1999 la apertura de la carretera de «paso seguro» entre la Franja de Gaza y Cisjordania, prevista en el Acuerdo Israelí-Palestino sobre la Franja de Gaza y Jericó de 5 de mayo de 1994.¹⁶El uso del «paso seguro» por los palestinos siguió estando supeditado a la autorización de seguridad de las autoridades israelíes, que la denegaban a menudo y que cerraban ocasionalmente el «paso seguro». El 6 de octubre de 2000 se clausuró el «paso seguro», que no ha sido reabierto. En el año 2000, la mayoría de los 1,3 millones de palestinos que viven en Gaza no había salido nunca de la Franja de Gaza, una zona que tiene en total apenas 348 kilómetros cuadrados.

En una conferencia celebrada en septiembre de 1994, el abogado israelí Tamar Pelleg Sryck observó:

«Los palestinos han recibido múltiples responsabilidades [...] pero carecen de las facultades necesarias para cumplir dichas responsabilidades. Se observa que Israel, pese al repliegue, controla las vidas de los habitantes de Gaza y el funcionamiento de su sociedad [...] La Autoridad Palestina asumió la responsabilidad de la educación, pero más de 1.000 estudiantes que desean realizar sus estudios en universidades de Cisjordania dependen de que la Fuerza de Defensa Israelí les conceda permisos de salida [...] La economía en Gaza es competencia de la Autoridad Palestina, pero los trabajadores de Gaza no pueden conservar sus empleos en Israel, los productos agrícolas que se producen en Gaza no se pueden exportar y los expertos no pueden visitar la Franja de Gaza, etc., a menos que las autoridades israelíes concedan los permisos pertinentes [...]»¹⁷

En la misma conferencia, Aaron Back, director de Desarrollo de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem, señaló:

«Venimos presenciando un proceso en curso de hostigamiento, demoras burocráticas y denegación de estos permisos, en las que se suelen alegar motivos de seguridad, y creemos que las autoridades de seguridad israelíes utilizan estas medidas de hostigamiento como instrumentos de intimidación, chantaje y coacción.»¹⁸

Restricciones vigentes en la actualidad

Aunque las restricciones cada vez más duras que se imponen a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados son en gran medida una respuesta a la actual Intifada, ésta fue una reacción contra las restricciones impuestas a los palestinos en los años anteriores. Antes de estallar la Intifada, las restricciones a la libertad de circulación ya afectaban de forma significativa a la calidad de vida de los palestinos y al desarrollo de su economía y contribuyeron a frustrar las esperanzas de lograr las mejoras en la vida cotidiana y las perspectivas de futuro que suscitó el proceso de paz. Los palestinos descubrieron que su recién adquirida libertad no iba más allá de los confines de los superpoblados campos de refugiados y enclaves inconexos, mientras aumentaba el número de colonos israelíes y éstos reforzaban su control de las tierras y recursos circundantes.

Palestinos esperando en el paso fronterizo de Huwara, en la entrada de Naplusa, octubre de 2002.

© Amnistía Internacional

El endurecimiento de las clausuras en Cisjordania

El 3 de octubre de 2002, el entonces ministro de Defensa israelí, Binyamin Ben Eliezer, explicó ante el Knesset (parlamento israelí) la política de la Fuerza de Defensa Israelí sobre las clausuras internas: «Las directrices del mando militar son detener todo el tráfico en las carreteras de Cisjordania, incluidos taxis, autobuses, vehículos particulares y otros en función de las necesidades de la seguridad.»

Según el ejército israelí, las principales carreteras de Cisjordania son para uso de los automóviles israelíes, claramente identificables por las placas de matrícula de color amarillo, y de los vehículos militares. El paso de vehículos palestinos, distinguibles por sus placas de matrícula de color verde, está prohibido. En los últimos años, los delegados de Amnistía Internacional rara vez han visto un automóvil con placas verdes en las carreteras principales, salvo algunos taxis colectivos. Los palestinos suelen desplazarse en carros tirados por burros o mulos, algo excepcional hace tres años.

PERMISOS: Los palestinos pueden solicitar permisos para desplazarse en vehículos particulares entre dos ciudades de Cisjordania. No están claros ni los fundamentos jurídicos de este nuevo sistema, ni las categorías de personas que tienen derecho a obtener el permiso, ni los procedimientos para solicitarlo. Meses después de que se exigiera a los palestinos la obtención de estos permisos, y pese a varias peticiones realizadas por la UNSCO y por diplomáticos, las autoridades israelíes no habían proporcionado copia de ninguna norma o procedimiento escrito. Amit Zuchman, asesor jurídico adjunto del Comandante Militar de Cisjordania, informó verbalmente a la Asociación por los Derechos Civiles en Israel de que podían obtener el permiso los médicos y los empleados de las organizaciones internacionales. Otro funcionario de la Fuerza de Defensa Israelí comunicó a la misma Asociación que tenían acceso al permiso los comerciantes, los médicos, los enseñantes, los empleados de la administración civil y los empleados de organizaciones internacionales.

Algunos palestinos de estos grupos han obtenido permisos tras prolongadas demoras, y a otros se les ha denegado sin explicaciones o por «motivos de seguridad» no especificados. Normalmente sólo se conceden permisos para un periodo limitado, por lo general de un mes, y sólo son válidos para viajar ciertos días y en determinadas horas (suelen ser los días entre semana, de 5 de la mañana a 7 de la tarde). Cuando se imponen toques de queda o clausuras totales, los permisos no pueden utilizarse y en algunas ocasiones, los soldados israelíes han negado arbitrariamente el paso a personas que llevan el permiso. Las organizaciones israelíes de derechos humanos han intervenido con frecuencia cuando los que soldados israelíes se han negado a permitir el paso a conductores con permisos válidos que llevaban suministros esenciales, como alimentos y agua. Muchos palestinos se niegan a solicitar el permiso por temor a legitimar un sistema arbitrario que consideran totalmente ilegítimo. Además, son reacios a solicitarlo porque el ejército y los servicios de información israelíes han utilizado en ocasiones anteriores el sistema de permisos para reclutar a «colaboradores». Algunos titulares de permisos temen viajar porque, dado que los automóviles palestinos (identificables a distancia por sus placas de matrícula de color verde) no pueden circular en las carreteras principales, los soldados podrían disparar contra sus vehículos desde lejos, sin aproximarse a comprobar si tienen permiso o no.

«Cada vez que circulo por estas carreteras y veo un tanque a lo lejos me pregunto si lograré llegar a casa y volveré a ver a mis hijos. Tengo permiso por un mes, pero si los soldados me disparan y me matan, ni a mí ni a mi familia nos va a servir de nada el permiso. Siempre pueden decir que yo era un terrorista, o que hice algo sospechoso que les hizo pensar que yo representaba algún tipo de peligro. Y aunque admitieran haber cometido un error y se disculparan, ¿de qué serviría eso si ya estoy muerto? Por eso evito viajar siempre que puedo».»

(Declaraciones de un abogado de derechos humanos a los delegados de Amnistía Internacional, noviembre de 2002).

Las solicitudes de permisos suelen denegarse sin explicaciones, incluso los necesarios para viajar a pie e incluso en casos de emergencia. En julio de 2003, la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos se puso en contacto con el coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios Ocupados para pedir que se permitiera viajar a Sa'ad Kharuf desde su pueblo natal de Udala a la vecina ciudad de Naplusa –situada a una distancia de siete kilómetros– para visitar a su hijo de cinco años, que estaba hospitalizado. El permiso sólo fue concedido después de que la organización alertó a los medios de comunicación y amenazó con recurrir al Tribunal Supremo.¹⁹

Durante una visita realizada en mayo de 2003, los delegados de Amnistía Internacional vieron a los soldados israelíes del puesto de control de Huwara, en la entrada de Naplusa, y a los que vigilaban el puesto de control de la entrada de Kalkilia, negar el paso a palestinos procedentes de los pueblos cercanos.

El 2 de noviembre de 2002, dos delegados de Amnistía Internacional se desplazaron desde Hebrón a Jerusalén por la ruta que emplean los vehículos palestinos. El trayecto, que debería durar entre 20 y 30 minutos por la carretera principal, duró tres horas y cuarto y exigió cinco cambios de vehículo. En cada punto en el que la carretera estaba bloqueada para los vehículos, los pasajeros debían salir de éstos, caminar por un montículo de tierra o rodear unos bloques de cemento y subir a otro autobús o taxi al otro lado. La duración del viaje se debió únicamente a los desvíos forzosos realizados para evitar carreteras clausuradas y zonas prohibidas, ya que ese día no tuvieron que detenerse en ninguno de los puestos de control del ejército que había en el camino. Cuando los viajeros son obligados a detenerse y tienen que esperar para pasar por los puestos de control, el viaje es aún más largo.

Cruzando la carretera 60 en el puesto de control de Beit ‘Anun, julio de 2002 © Peter Trainor

BARRERAS FÍSICAS: El ejército israelí controla los movimientos de entrada y salida de las principales ciudades y de muchos pueblos de Cisjordania mediante puestos de control situados en las carreteras principales y secundarias, y el bloqueo de otras carreteras con barricadas de tierra y bloques de cemento. Con cada vez mayor frecuencia, y especialmente el año pasado, el ejército ha excavado zanjas profundas para impedir que los palestinos abran las carreteras clausuradas. Durante el invierno, la lluvia y el barro llenan las zanjas y hacen resbaladizos sus bordes; en ocasiones, el ejército israelí desvía las aguas residuales hasta las zanjas para obstruir el paso incluso de los peatones más ágiles. La mayoría de los pueblos situados en las proximidades de asentamientos israelíes o de carreteras utilizadas por los colonos están aislados. Algunos están totalmente sitiados por terraplenes de tierra, bloques de cemento y zanjas que imposibilitan el acceso en vehículo, incluso para las ambulancias y camiones cisterna que llevan suministros de agua esenciales. El paso a pie tampoco es fácil. Subir y bajar por montículos de tierra con bolsas de la compra y niños de corta edad es difícil aun para los más jóvenes y aptos. Para quienes llevan objetos pesados o voluminosos, y para los ancianos o discapacitados, la tarea es prácticamente imposible.

En el 2000 Physicians for Human Rights–Israel (PHR–Israel) y la Sociedad de la Media Luna Roja palestina pidieron una orden judicial que prohibiera el establecimiento de estos bloqueos de carreteras. El gobierno israelí negó que hubiera pueblos totalmente bloqueados por obstáculos físicos, y el Tribunal Superior desestimó la petición de los demandantes, declarando: «Además, si, como afirma el demandante, existe una célula geográfica auténtica y absolutamente aislada por bloqueos físicos, contrariamente a la política, los demandados están interesados en saberlo, e incluso han pedido al demandante que les informase de ello en el curso de las actuaciones, y se han comprometido a aclarar y abordar el caso en la medida en que sea necesario [...] El Tribunal considera que ésta es en efecto la vía apropiada que debe emprender el demandante: formular quejas concretas sobre casos determinados en los que no se siguen los procedimientos, y permitir que los demandantes aclaren y tramiten dichas quejas.»²⁰

En otro caso, PHR–Israel formuló una queja porque los pueblos de Burqin y al-Dik, de la zona de Naplusa, estaban bloqueados, lo que vulneraba el compromiso realizado por el gobierno israelí ante el Tribunal Superior. El ayudante del ministro de Defensa respondió: «Hemos comprobado que la carretera de acceso a los pueblos de Burqin y al-Dik está en efecto bloqueada, al igual que el camino empedrado que une estos dos pueblos [...] Sin embargo, hay que subrayar que estas restricciones a la libertad de circulación no se han impuesto de forma arbitraria, sino por claras razones de seguridad» y aconsejó a los residentes que utilizaran el camino de tierra que une Burqin y Salfit. Tras una investigación, PHR-Israel descubrió que la mayoría de los residentes de la zona no tenía acceso a vehículos de tracción a las cuatro ruedas, el único medio de usar el camino.

En algunos pueblos los palestinos han abierto senderos improvisados, pero el ejército israelí suele bloquearlos de nuevo. En las estaciones lluviosas, hasta los senderos que no han sido bloqueados por el ejército son en su mayoría inutilizables, salvo quizá para vehículos de tracción a las cuatro ruedas, de los que carece la mayoría de los palestinos.

Comunidades remotas aisladas

Al-Jaba’a, una comunidad remota de 800 habitantes ubicada en la gobernación de Belén, tiene una escuela primaria y una clínica que abre, por término medio, sólo una vez al mes porque las clausuras impiden que el médico llegue al pueblo.

Al-Jaba’a está cerca de la Línea Verde (la frontera entre Israel y Cisjordania) y es el único pueblo palestino de la carretera 367 situado entre el bloque de asentamientos de Gush Etzion e Israel. El pueblo está encerrado entre un puesto de control del ejército y tres asentamientos israelíes: Bat Ayin, Nahal Giva'ot y Beitar Illit. Desde abril de 2001, la Fuerza de Defensa Israelí ha prohibido a sus habitantes circular en vehículo por la carretera 367, que utilizan los colonos, aunque es la carretera principal para salir del pueblo. Esto les impide llegar en vehículo al este de Belén. La carretera situada al sur de Tsurif, que da acceso a Hebrón, está bloqueada. Los habitantes de Al-Jaba'a han abierto un sendero de tierra de dos kilómetros que va hacia el nororoeste, al pueblo de Nahaleen, desde el que acceden a Belén. De vez en cuando, los soldados impiden también que utilicen este sendero.

En los puestos de control, los soldados suelen registrar los automóviles o a los peatones con lentitud, y a veces paralizan la circulación y se niegan a examinar las tarjetas de identidad sin dar explicaciones. En algunas ocasiones se congrega una multitud de personas en los puestos de control y los soldados efectúan disparos al aire o lanzan bombas de sonido o gases lacrimógenos para dispersarla. Las clausuras internas suelen aplicarse de forma arbitraria. El hecho de que los soldados gocen de amplia discreción personal para permitir o impedir la circulación de los palestinos resta credibilidad a la afirmación de las autoridades israelíes de que las clausuras internas son un sistema de control racional, basado estrictamente en necesidades de seguridad.

Clausuras arbitrarias

El 2 de agosto de 2002, un delegado y una delegada de Amnistía Internacional que viajaban a Yenín encontraron cerrado el puesto de control de Yalameh. Un soldado amenazó con disparar a uno de ellos que le preguntó cuándo volvían a abrir el puesto. Durante la siguiente hora se formó una larga fila de vehículos. Entonces los soldados permitieron pasar a los dos delegados, pero no a su taxi, y les dijeron que debían dar las gracias porque se había permitido el paso a otro vehículo para que pudiera llevarles hasta la ciudad. No habían registrado o siquiera permitido aproximarse al puesto a ningún otro vehículo.

El 12 de octubre, el taxi colectivo en el que se desplazaba desde Yenín hasta Qalandia, al norte de Jerusalén, una delegada de Amnistía Internacional, tuvo que tomar una tortuosa ruta para acceder a la carretera 90, la carretera del Valle del Jordán. En un puesto de control situado al sur del asentamiento de Yafit, un soldado de la Fuerza de Defensa Israelí examinó las tarjetas de identidad de todos los pasajeros y, sin explicaciones, ordenó que el taxi diera la vuelta. El conductor intentó llegar a una ruta paralela, la carretera 508. En un puesto de control de la Fuerza de Defensa Israelí próximo al asentamiento de Ma'ale Efrayim, un soldado preguntó a cada pasajero dónde vivía, registró el vehículo y le permitió continuar.

El 25 de octubre, los delegados de la organización negociaron en un puesto de control militar móvil la entrada en Naplusa de un trabajador de derechos humanos palestino a quien no le permitían entrar en la ciudad desde hacía tiempo. El puesto de control estaba en la carretera que une el pueblo de Beit Furik con Naplusa, cerca de una carretera de circunvalación utilizada por los colonos de los asentamientos vecinos de Itamar y Elon Moreh. El soldado accedió a dejarle pasar, pero se negó a permitir el paso de nadie más. Había decenas de palestinos que llevaban esperando hasta tres horas bajo el sol. En un momento determinado, el soldado caló el fusil y amenazó con disparar contra algunas personas que habían avanzado unos pasos. Entre ellas había una anciana, que se apoyaba en dos personas, y dos mujeres que llevaban bebés en brazos. Unos cinco minutos después, sin ponerse en contacto con nadie por radio o por teléfono (lo que indicaba que no había recibido instrucciones para levantar el bloqueo), el soldado regresó al interior del transporte blindado de personal y el vehículo se marchó abruptamente, dejando la carretera libre para los palestinos que llevaban horas esperando para pasar.

El 2 de noviembre, dos delegados de Amnistía Internacional caminaban por Hebrón, en dirección al hospital, situado a unos 500 metros por la carretera, cuando un grupo de soldados israelíes clausuró de repente la carretera para los peatones. Cuando los delegados preguntaron cómo llegar al hospital, un soldado señaló un sendero de tierra que discurría paralelo a la carretera y por el que caminaban varias personas, agachándose para pasar bajo unos árboles muy bajos. El soldado dijo: «Hagan lo que ellos». Al parecer, no había ningún motivo de seguridad para clausurar la carretera cuando al mismo tiempo se permitía que la gente caminara, con incomodidad, por un sendero que estaba justo al lado de ella.

Cuando los puestos de control están cerrados para los peatones, los viajeros intentan a veces dar un rodeo. Con la intensificación de las restricciones a la libertad de circulación, algunos de estos rodeos alejan a los viajeros varios kilómetros de su destino, en ocasiones por senderos que suben o rodean empinadas colinas. Sin embargo, esta alternativa conlleva el riesgo de verse obligado a regresar, de sufrir hostigamiento o incluso de recibir un disparo. Y aun en el mejor de los casos, estos rodeos son difíciles o imposibles para los enfermos, los ancianos o las personas que llevan paquetes pesados o niños de corta edad.

El transporte de mercancías también se ha hecho cada vez más difícil. Desde abril de 2002, el ejército israelí impide a los camiones palestinos circular entre las ciudades de Cisjordania. Cisjordania está dividida en ocho zonas: Hebrón, Belén, Jericó, Ramallah, Naplusa, Kalkilia, Tulkarem y Yenín. Cada una de ellas tiene un cruce comercial designado donde, bajo la supervisión de los soldados israelíes, se transfieren las mercancías de un camión situado a un lado del puesto de control a otro colocado al otro lado. Este procedimiento se conoce como el sistema de «espalda con espalda». Cuando los puestos de control están abiertos, los conductores deben esperar durante horas. Como resultado de estas medidas, el tiempo y el costo del transporte han aumentado espectacularmente, pues hacen falta varios vehículos y conductores, así como otras personas adicionales para descargar y volver a cargar las mercancías en cada puesto de control. Además, la manipulación reiterada de las mercancías y el periodo de espera hace que muchos de los productos, especialmente los agrícolas, se estropeen o resulten dañados.

Los toques de queda

En los útimos tres años, el ejército israelí ha sometido a toques de queda de 24 horas a numerosos pueblos de las Zonas B y C, y a prolongados toques de queda al sector H-2 de Hebrón y a otras ciudades de Cisjordania. En Hebrón, la única ciudad de Cisjordania en cuyo interior viven colonos israelíes, estas restricciones sólo se aplican a los habitantes palestinos. Los 500 colonos israelíes del sector H-2 pueden salir de sus casas sin restricciones.²¹

El ejército israelí recuperó el control de Tulkarem, Kalkilia, Yenín, Naplusa, Ramallah y Belén, las seis principales ciudades de Cisjordania, en marzo y abril de 2002, tras lo cual se impusieron toques de queda de 24 horas durante varios días y, en algunos casos, varias semanas. Los civiles quedaron confinados en sus casas y se prohibió toda circulación en el exterior. El ejército paralizó casi por completo el suministro de servicios vitales y el funcionamiento de las ambulancias, ni siquiera cuando se había coordinado su circulación previamente con el ejército. De vez en cuando los toques de queda se levantaban unas horas para que los palestinos pudieran comprar artículos de primera necesidad. Belén estuvo sometida al toque de queda durante 40 días consecutivos.

La Fuerza de Defensa Israelí recuperó el control de estas ciudades y de Hebrón en junio de 2002 y desde entonces está presente de forma permanente en Tulkarem, Yenín, Naplusa y Ramallah, y de forma intermitente en Kalkilia, en el sector H-1 de Hebrón y en Belén. Cuando la FDI está presente en las principales ciudades, suele imponer toques de queda de 24 horas. Según la Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios, el 9 de julio de 2002, casi la mitad de la población de Cisjordania (es decir, unas 900.000 personas de un total de 2,2 millones de palestinos) vivía bajo el toque de queda en 71 localidades. A principios de junio de 2003, más de 350.000 palestinos vivían bajo el toque de queda, y a comienzos de aproximadamente 150.000.

La FDI suele fijar un horario para permitir la circulación de civiles unas horas durante el día. Sin embargo, muchas veces cancela este alivio sin previo aviso. Naplusa lleva bajo el toque de queda más tiempo que ninguna otra ciudad, y desde el 21 de junio de 2002, permaneció sometida a un toque de queda de 24 horas durante cinco meses consecutivos, a los que hay que añadir otro mes de toque de queda sólo nocturno.

Aumento de las clausuras en la Franja de Gaza

En las dos principales carreteras que recorren en dirección norte-sur la Franja de Gaza, la que discurre por la costa y la de Salah al-Din (la carretera número 4), la circulación de 1,3 millones de palestinos está subordinada a la de aproximadamente 5.000 colonos israelíes. Desde octubre de 2000, algunos tramos de estas dos carreteras próximos a asentamientos israelíes han estado total o parcialmente clausurados por el ejército israelí. La carretera de la costa, que discurre al sur de Deir al-Balah hasta la frontera con Egipto, está cerrada al tráfico pesado y sólo puede ser utilizada por los palestinos que viven dentro de la zona militar clausurada de al-Mawasi. En el norte, la carretera de la costa está cerrada al tráfico palestino junto a los asentamientos de Dugit y Eli Sinai, y entre estos dos puntos de clausura permanente, suele estar cerrada a la altura del asentamiento de Netzarim.

El tramo de la carretera de Salah al-Din que atraviesa el asentamiento de Kfar Darom está totalmente cerrado al tráfico palestino, que tiene que rodear Kfar Darom pasando por la ciudad de Deir al-Balah. Hay dos puestos de control militares permanentes en la carretera de Salah al-Din, situados respectivamente en el cruce de Abu Holi (Kissufim) y enn el de al-Matahin (Gush Katif), que permiten a los colonos israelíes el acceso sin restricciones al asentamiento de Kfar Darom al norte, al bloque de asentamientos de Gush Katif al oeste y a Israel al este. El tráfico palestino e israelí está separado por bloques de cemento en el tramo de carretera comprendido entre los dos cruces, pero en el lado palestino sólo puede pasar una hilera de vehículos, lo que provoca frecuentes demoras que a menudo duran varias horas, especialmente en las de más circulación. A veces la FDI abre los puestos de control durante sólo media hora por la mañana y otra media hora por la tarde; otras veces los han cerrado totalmente, en ocasiones durante varios días. Los vehículos y pasajeros palestinos permanecen horas atrapados entre los dos puestos, y los ocupantes no pueden siquiera salir de los automóviles por temor a recibir un disparo. A diferencia de lo que ocurre en los puestos de control de Cisjordania, está prohibido cruzarlos, e incluso aproximarse a ellos a pie. El ejército israelí exige que cada auto lleve un mínimo de dos (posteriormente tres) personas, y puede disparar contra cualquier vehículo que intente pasar con sólo un conductor (la lógica «de seguridad» es que quienes cometen atentados suicidas suelen actuar solos). Los conductores que viajan solos tienen que recoger a alguien que también tenga que cruzar el puesto de control o pagar uno o dos shekels a un niño para que vaya en el vehículo hasta el otro lado del puesto.

Atrapado entre dos puestos de control

«Para recorrer 30 km., la ida y vuelta al trabajo, tardo una media de seis horas al día debido a las demoras en los puestos de control de al-Matahin y Abu Holi. Antes de la construcción del puente, había una carretera que usaban los colonos y que se cruzaba aquí con la carretera de Salah al-Din. Ahora que se ha abierto el puente, no veo a ningún colono en esta carretera. No hay ninguna razón para retener el tráfico entre el norte y el sur de la Franja de Gaza. La única razón es hacer difícil la vida a los palestinos. Nos pasamos la mayor parte del día pensando en esta carretera, preguntándonos: "¿Está abierta? ¿Está cerrada?"

»Un día de octubre de 2002, salí de mi casa a las 6 de la mañana para ir al trabajo. El primer puesto de control abría a las 7. Tras pasar por él, me di cuenta de que el segundo puesto estaba cerrado y de que estaba atrapado en medio. Al principio pensé que los soldados querían registrar los autos, pero durante tres horas ningún soldado se acercó a ningún auto. Había soldados dando vueltas por ahí, además de tanques y jeeps que iban y venían. Cuando veían a alguien salir de un auto, abrían fuego desde un vehículo blindado y le ordenaban que volviera a entrar. Hacía mucho calor. Dos vehículos delante de mi automóvil había un autobús lleno de niños de entre seis y ocho años.

»Hacia las 10 de la mañana muchos salimos de nuestros autos y fuimos a hablar con un soldado. Le pedimos que dejara salir a los niños del autobús. El soldado gritó: "¡Cállense!" Volvimos a nuestros autos. Hacia las 11 los soldados empezaron a registrar cada automóvil. Miraban dentro y pedían a todos los ocupantes que salieran y se quedaran junto a la carretera. A los hombres les ordenaban que se levantaran la camisa. Luego comprobaban las tarjetas de identidad de los pasajeros y les ordenaban que volvieran a sus autos. Los controles continuaron hasta casi el mediodía, cuando pedimos agua para los niños. Un vehículo blindado volvió con barriles de agua. Entonces llegaron unos agentes del Servicio General de Seguridad y registraron cada automóvil. Tuvimos que volver a salir y examinaron otra vez nuestras tarjetas de identidad. Se llevaron a algunas personas dentro de un jeep para interrogarlas. Detuvieron a dos hombres, a los que obligaron a sentarse en la arena, bajo el caluroso sol. Este proceso duró hasta alrededor de las 3 de la tarde. Muchas personas fueron hasta el puesto de control de Abu Holi y pidieron comida. Los soldados trajeron comida. Pero nos negamos a movernos y exigimos que se permitiera pasar a las mujeres y a los niños por el puesto de control. Vino un soldado y nos preguntó qué queríamos. Le dijimos que queríamos irnos a casa. Él dijo: "Les dejaré ir, pero sólo a Gaza, no a JanYunis". Abrieron la carretera hacia las 4 de la tarde para los automóviles que se dirigían a Gaza. Para entonces, mi oficina estaba cerrada y yo quería regresar a Jan Yunis. Abrieron la carretera a Jan Yunis hacia las 5:30 de la tarde y volví a casa.»

Hassan Abu Hatab, de 43 años, funcionario civil que vive en Jan Yunis y trabaja en el Departamento de Pesca del Ministerio de Agricultura de la Autoridad Palestina, en la ciudad de Gaza, seis días a la semana. Si los puestos de control están cerrados, no puede volver a su casa y tiene que dormir en un apartamento alquilado por el Departamento de Pesca para los empleados del sur de la Franja de Gaza.

Hasta el 2002, se solía retener el tráfico palestino para dar prioridad a los automóviles de los colonos israelíes o a los vehículos militares que cruzaban la carretera de Salah al-Din entre el bloque de asentamientos de Gush Katif e Israel por una carretera de circunvalación este-oeste prohibida para los palestinos. En la primavera de 2002, el ejército israelí abrió un puente (paso elevado) sobre la carretera de Salah al-Din para uso exclusivo de los colonos y los soldados que se desplazaban entre el asentamiento e Israel. En teoría, esto debería haber puesto fin al cierre del cruce (pues los colonos pasaban por el paso elevado y ya no usaban el cruce), pero el cruce sigue cerrado y continúan produciéndose demoras.

Durante gran parte de los últimos tres años, el ejército israelí ha tenido bloqueado el cruce de Shuhada y Netzarim, en la carretera de Salah al-Din, al sur de la ciudad de Gaza. Con frecuencia el ejército ha aislado entre sí las zonas septentrional, central y meridional de la Franja de Gaza clausurando tanto la carretera de la costa como la carretera de Salah al-Din a la altura de los asentamientos de Netzarim y Gush Katif. En el sur, se bloqueó también la carretera (conocida como Carretera Occidental) entre Rafah y Jan Yunis, en el punto situado entre los asentamientos de Gush Katif y Morag.

Dado el pequeño tamaño de la Franja de Gaza –50 kilómetros de longitud y entre 3 y 10 kilómetros de anchura–, muchas personas vivían en el sur y trabajaban en el norte o viceversa, pues normalmente se podía recorrer la Franja en toda su longitud en media hora. Con la imposición creciente de restricciones a la libertad de circulación en los últimos tres años, muchas personas se han visto obligadas a trasladarse para vivir cerca del trabajo, con el fin de evitar las largas demoras en los puestos de control y el riesgo de quedar atrapadas en el lado opuesto de una carretera o de un puesto de control cerrados. Sin embargo, esta solución no es factible cuando los miembros de una familia trabajan en diferentes partes de la Franja. Otras personas no pueden costearse el traslado.

En junio de 2003, tras un acuerdo entre el gobierno israelí y la Autoridad Palestina, el ejército israelí empezó a permitir el paso sin restricciones de palestinos en los tres cruces mencionados.

Zonas militares clausuradas en la Franja de Gaza

Además de los casos citados y de otras clausuras y restricciones a la libertad de circulación de los palestinos en la Franja de Gaza, el ejército israelí ha formalizado el asedio de tres comunidades palestinas que viven cerca de asentamientos israelíes. Estas tres zonas –al-Mawasi, al-Sayafa y la zona situada entre el asentamiento principal de Kfar Darom y sus invernaderos– han sido declaradas zonas militares clausuradas,²²y sólo pueden acceder a ellas los palestinos que viven en ellas, salvo raras excepciones. Los residentes únicamente pueden entrar y salir de las zonas a pie, y sólo en un horario determinado, pese a lo cual, a veces el ejército impide a todos los residentes salir de una zona o regresar a ella durante varios días seguidos. Las opresivas restricciones impuestas dentro de estas zonas mantienen a los residentes lejos de los vecinos asentamientos israelíes, y por lo general hay un toque de queda del atardecer al amanecer.

Los alimentos se pudren y el precio de los productos locales se hunde

Sa’id al-Agha tiene 46 años, está casado y tiene nueve hijos. Posee 50 dunums de tierra (un dunum equivale a la décima parte de una hectárea) en al-Mawasi, dentro de la jurisdicción del municipio de Jan Yunis, y cultiva principalmente guayabas, además de hortalizas, limones, naranjas y dátiles. La producción de sus tierras ha bajado desde que la FDI impidió la entrada de fertilizantes en al-Mawasi. Antes de la Intifada, podía prever unos beneficios de 15.000 dólares. En el 2002 ganó 1.000 dólares.

Las guayabas se exportaban desde Gaza a Israel, Cisjordania y Jordania. Ahora resulta casi imposible transportar la fruta ni siquiera a Cisjordania. El precio ha caído en picado porque el mercado de Gaza está saturado de guayabas y la demanda local es menor debido a que la gente ha perdido su empleo y tiene menos dinero. Antes de la Intifada, se vendía una caja de 15 kilos de guayavas por un precio de entre 50 y 60 shekels (entre 10 y 12 dólares). Después el precio cayó a 12-15 shekels (2,5-3 dólares). El producto sufre demoras a menudo, al tener que esperar entre dos y tres días en el puesto de control militar de al-Tuffah. Al ser menos fresco, se vende por sólo 1 shekel (20 centavos de dólar) la caja. Al mismo tiempo, Sa'id al-Agha tiene que pagar los gastos de explotación de su finca. Su principal desembolso son los 600 dólares al mes que paga por el gasóleo que necesita para que funcionen las bombas de agua de sus tierras.

Delante de la casa de Sa’id al-Agha había un enorme montón de dátiles podridos. Se habían cosechado para el mercado de Jan Yunis, pero Sa’id al-Agha no había podido cruzar el puesto de control de al-Tuffah.

Sa’id al-Agha, Mawasi, Franja de Gaza, octubre de 2002. © Amnistía Internacional

Al mismo tiempo que los precios de los productos locales han caído en picado debido a la falta de acceso a los mercados, el precio de las mercancías procedentes del exterior de las zonas sube vertiginosamente. Por ejemplo, en un pueblo que tenía todas sus carreteras de acceso bloqueadas por el ejército israelí y al que, por tanto, no podía accederse en vehículo, un saco de cincuenta kilos de harina cuesta 114 shekels, comparado con los 70 shekels que cuesta en la vecina ciudad de Naplusa.²³

Uso excesivo de la fuerza

Las clausuras y los toques de queda se controlan con fuerza militar. Los miembros de las fuerzas de seguridad israelíes recurren a menudo a la fuerza letal para imponer las restricciones, y matan o hieren a decenas de palestinos desarmados que no representan ninguna amenaza. Los soldados han abierto fuego contra palestinos que rodeaban puestos de control, cruzaban zanjas, retiraban barreras y violaban toques de queda. Incluso han disparado contra personal de ambulancias, empleados municipales y periodistas que habían coordinado sus movimientos por adelantado con la FDI. Algunos palestinos recibieron disparos porque no se detuvieron en un puesto de control. Además, los soldados suelen disparar munición real y balas de metal recubiertas de caucho, bombas de sonido y gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes que se congregan durante los toques de queda o en los puestos de control.

Matar para aplicar las clausuras y los toques de queda

Jihad ‘Abd al-Rahman al-Qurini, que trabajaba como conductor en el municipio de Naplusa, murió durante el toque de queda el 20 de agosto de 2002, abatido por los disparos de un soldado israelí. El ayuntamiento de Naplusa había acordado con la Fuerza de Defensa Israelí que el vehículo de Jihad al-Qurini pudiera circular durante el toque de queda para efectuar reparaciones eléctricas. El camión estaba señalizado para ser identificado como vehículo del ayuntamiento de Naplusa y contaba con una grúa distintiva y una luz intermitente. En la calle Faisal, uno de los cuatro soldados israelíes que estaban registrando una ambulancia palestina indicó a Jihad al-Qurini que diera marcha atrás y éste hizo retroceder el vehículo unos dos metros. El soldado le ordenó entonces que avanzara e hizo un disparo al aire. Jihad al-Qurini hizo avanzar el camión lentamente. Según los informes, a continuación, el soldado apuntó al camión con el arma, hizo una señal con la mano derecha para indicar al vehículo que siguiera adelante, y luego efectuó dos disparos. Una de las balas acertó a Jihad al-Qurini en la cabeza.

En una carta dirigida a B'Tselem, la fiscal general militar concluyó que los soldados «no traspasaron los límites de la conducta razonable que cabe esperar de la actuación de las fuerzas militares en la zona y circunstancias en cuestión» y no quiso abrir una investigación sobre el caso, alegando que el vehículo «estaba en el borde de una pendiente moderada» y que una bala disparada «en una trayectoria relativamente plana penetró en el parabrisas, y posiblemente causó la muerte del conductor.»

El 3 de diciembre de 2002, un soldado mató a tiros a Fatma Obeid, una mujer de 95 años de Ramallah. Fatma iba en un taxi, por una carretera de tierra entre los cruces de Surda y Ayosh, al norte de Ramallah. La carretera está prohibida para los palestinos y se congregan multitudes de ellos para atravesar la zona a pie para llegar a su destino. Cuando el taxi tomó la carretera, un soldado disparó contra él varias veces. Posteriormente fue condenado a 65 días de prisión en unas actuaciones disciplinarias, 30 días por mentir durante la investigación y 35 por violar las normas relativas a abrir fuego. La condena impuesta por violar estas normas fue suspendida para no vulnerar el principio de prohibición de procesar más de una vez a una persona por el mismo delito, y en abril de 2003 el fiscal militar acusó formalmente al soldado de muerte por negligencia.

Los soldados israelíes que matan o hieren a alguien al hacer cumplir las restricciones a la libertad de circulación suelen gozar de impunidad o, como máximo, reciben condenas muy leves. Por el contrario, los palestinos que desobedecen órdenes que restringen la libertad de circulación pueden ser juzgados por un tribunal militar en virtud de la Orden Militar 378 y ser condenados a un máximo de cinco años de prisión o al pago de una multa.²⁴

En muchos casos, los soldados israelíes y la policía de fronteras han impuesto castigos inmediatos en forma de palizas y agresiones. En otros casos, confiscan las llaves de los vehículos o la tarjeta de identidad del conductor, o disparan a las ruedas de los vehículos o les causan daños de otro tipo.

Brutalidad de las fuerzas de seguridad en la aplicación de las clausuras

Batir es un pueblo de la gobernación de Belén, sito al sur de Jerusalén, cerca de la Línea Verde. Antes de la Intifada, cerca del 70 por ciento de su población activa trabajaba en Israel o en los asentamientos vecinos. En los últimos tres años la mayoría de los palestinos no ha podido obtener permisos para entrar en Israel. Hay algunos pequeños negocios en el pueblo, pero no existen fuentes alternativas de empleo en las proximidades.

Khaled Fahd ‘Uwayneh vive en Batir, está casado y tiene un hijo, y además, mantiene a su madre. Trabajaba como electricista en el sector de la construcción en Israel y ganaba alrededor de 4.000 shekels (unos 800 dólares) al mes. Sus ingresos medios actuales, de entre 500 y 700 shekels (entre 90 y 140 dólares), dependen de que pueda entrar en Jerusalén o en Israel sin permiso para encontrar trabajo.

«A mediados de agosto de 2002, regresaba en un taxi Ford hacia las 4:30 de la tarde, con mi hermano y un amigo. Ese día había conseguido un día de trabajo en Jerusalén. Un jeep de la Guardia de Fronteras detuvo el taxi en la calle Okef, en el sector de Ein Yalo de Jerusalén. La policía nos pidió las tarjetas de identidad. Cuando vieron nuestras tarjetas de identidad palestinas, de color verde, nos sacaron del taxi, nos arrojaron al suelo, nos registraron y empezaron a pegarnos. Después nos obligaron a permanecer de pie con las manos en alto unos 45 minutos. En total, la Guardia de Fronteras tenía a nueve palestinos de pie a un lado de la carretera. También eran nueve los guardias de fronteras.

»Uno pidió que lo dejaran marchar porque llevaba mucho tiempo ahí de pie. Dos de los policías lo agarraron y lo arrojaron por una cuesta, junto a la carretera y después le ordenaron que caminara y volviera a su posición. Un policía gritó el nombre de Jabr, otro residente de Batir. El policía le preguntó: "¿Eres tú el que tiene dolor de cabeza?" Jabr dijo: "Sí". El policía preguntó: "¿Dónde te duele exactamente?", y Jabr señaló una oreja. El policía le pegó en esa oreja con su M16 y le dijo: "Esto hará que se cure enseguida". Después el policía nos llamó uno por uno y nos ordenó bajar por la cuesta que había junto a la carretera. Cuatro guardias de fronteras esperaban al final de ella. Mientras esperaba mi turno, oí cómo pegaban a los que iban delante. Los cuatro policías me pegaron con porras. Después de una hora y media aproximadamente, los policías nos llevaron a un lugar apartado, colina arriba. Nos hicieron formar en dos filas y nos rodearon. El oficial nos señalaba uno a uno y decía: "No me gusta su aspecto". Entonces los policías pegaban al indicado por todo el cuerpo, con las porras. El oficial nos dijo: "Esta es la última vez que entráis en Israel. Tenéis prohibido regresar. Ahora vamos a dejaros marchar. La próxima vez os mataremos." Cuando pasábamos junto a los policías, nos arrojaron al suelo y nos golpearon de nuevo. Finalmente sólo quedó Jabr en lo alto de la colina. Desde abajo vimos cómo le pegaban los nueve guardias de fronteras. Llamé a la policía israelí con mi teléfono móvil. Me dijeron que enviarían una patrulla. No acudió nadie. Los guardias de fronteras golpearon a Jabr durante una media hora. Después le costaba andar. Los guardias de fronteras nos dijeron que fuéramos a buscarlo, así que subimos y nos lo llevamos.»

Un castigo que suelen imponer los soldados en los puestos de control consiste en retener a los palestinos en el lugar durante horas, sin ninguna protección del sol o la lluvia, y en algunos casos, introducir a los hombres en jaulas de metal.

El lunes 14 de julio de 2003, a las 10 de la mañana, el grupo de mujeres israelíes Machsom Watch («Vigilancia de los Puestos de Control») recibió el aviso de que Nasser Abu Joudeh, del campo de refugiados de al-Arroub, estaba retenido dentro de una jaula de metal (con una superficie de 1,2 metros cuadrados) en el puesto de control de Gush Etzion (entre Hebrón y Belén) desde las 6 de la mañana, y que había alrededor de 30 personas más retenidas en el puesto desde las 5:30 de la mañana. Cuando Machsom Watch se puso en contacto con la Administración Civil de Israel, el detenido fue sacado de la jaula hacia las 12 del mediodía, y los soldados permitieron marcharse a los demás a la 1:30 del mediodía, es decir, después de siete horas bajo el sol y el calor. La semana anterior, otros dos palestinos habían estado encerrados en la jaula juntos, en el mismo puesto de control, uno durante cuatro horas y el otro (de 17 años) durante siete horas.

El «muro de separación»

El «muro de separación» en las proximidades de Kalkilia, octubre de 2002.

© Amnistía Internacional

El 14 de junio de 2002, el gobierno israelí anunció el comienzo inmediato de las obras de construcción de un muro o barrera (conocido normalmente como el «muro de separación») alrededor del perímetro de Cisjordania y al norte y el sur de Jerusalén (conocido como «la envoltura de Jerusalén» [“Jerusalem envelope”]). El objetivo declarado del proyecto es impedir que los palestinos entren clandestinamente a Israel desde Cisjordania, así como impedir los atentados suicidas con explosivos y otros ataques. Sin embargo, el muro no se está construyendo en la Línea Verde que separa Israel de Cisjordania sino que se está levantando, en su mayor parte, en tierras palestinas, dentro de Cisjordania –en algunas zonas, incluso a seis o siete kilómetros al este de la Línea Verde– para incluir los asentamientos israelíes más próximos a la Línea Verde, que son alrededor de 10. La construcción de la primera fase del muro (cerca de 150 kilómetros), en las gobernaciones septentrionales cisjordanas de Yenín, Tulkarem y Kalkilia y alrededor de algunos sectores de Jerusalén, comenzó el verano de 2002 y estaba previsto que finalizara en julio de 2003, aunque sigue en construcción. El recorrido del muro ha sido alterado en algunos lugares aún más hacia el este para incluir más asentamientos israelíes.

Con una longitud de casi 400 kilómetros y una anchura de entre 30 y 100 metros, la barrera comprende –además de la valla o muro (dependiendo de la zona)– un conjunto de obstáculos que incluye zanjas profundas para impedir el paso de vehículos, vallas electrificadas, senderos «detecta-huellas», carreteras de patrulla y carreteras para vehículos blindados.

Para construir el muro se han destruido grandes extensiones de tierras palestinas, alrededor de 11.500 dunums (unos 11,4 kilómetros cuadrados), en su mayor parte cultivadas.²⁵Además, el muro aísla varios pueblos palestinos y grandes zonas de tierras agrícolas palestinas del resto de Cisjordania, y separa a otros pueblos y ciudades palestinas de las tierras agrícolas de sus habitantes.

Una excavadora israelí destruye tierras agrícolas palestinas para construir el «muro de separación», Mas’ha, agosto de 2003 © Eyal Dor-Ofer

Confiscaciones de tierras

En el 2002, la Fuerza de Defensa Israelí comunicó a los propietarios de tierras de Qafin, un pueblo de la gobernación de Yenín que tiene una población de unos 9.500 habitantes, que se iban a confiscar 600 dunums de tierra por un periodo de cinco años por necesidades militares, para construir la barrera de seguridad. En septiembre de 2002, las excavadoras comenzaron a despejar el terreno, arrancando la mayoría de los olivos antes de que sus propietarios pudieran siquiera recoger la cosecha. Un mes después, de los terrenos agrícolas antes productivos sólo quedaba la tierra desnuda. El alcalde, Taysir Harasheh, dijo a los delegados de Amnistía Internacional que, en la zona de Qafin, la barrera se introduciría tres kilómetros en el interior de Cisjordania y rodearía el pueblo por tres lados. Así, 6.000 dunums, el 60 por ciento de las tierras agrícolas del pueblo, quedarían al otro lado de la barrera. Hay miles de olivos en esas tierras.

Casi el 90 por ciento de la población activa de Qafin que trabajaba en Israel ha perdido su empleo. Los ingresos de la cosecha del olivo son ahora cruciales para muchos residentes.

La barrera tiene muchas consecuencias graves, económicas y sociales, para más de 200.000 palestinos de las ciudades y pueblos de las proximidades. Alrededor de 15 pueblos palestinos, donde viven unos 12.000 palestinos, de las regiones de Yenín, Tulkarem y Kalkilia, y decenas de casas del sector norte de Belén están encajonados entre la barrera y la Línea Verde. Aproximadamente 19 comunidades palestinas más, la mayoría de ellas en las regiones de Yenín, Tulkarem y Kalkilia, están separadas de sus tierras por la barrera.²⁶

Las tierras de estas zonas son de las más fértiles de Cisjordania, pues cuentan con mejores recursos hídricos que otros lugares, y la agricultura constituye la principal fuente de ingresos de los palestinos de la región, especialmente desde que quienes trabajaban en Israel ya no pueden hacerlo. El porcentaje de tierras utilizadas para labores agrícolas es el doble de la media de otras partes de Cisjordania, y la productividad de la tierra es sustancialmente superior que en otros lugares.

Los residentes palestinos atrapados en estas zonas tienen que cruzar la barrera en los puestos de control designados para llegar al resto de Cisjordania para trabajar, cuidar de sus campos, vender sus productos agrícolas y acceder a los centros educativos y de salud de las ciudades vecinas. Los no residentes necesitarán permisos especiales para entrar en estas zonas.

La ciudad de Kalkilia, donde viven más de 40.000 palestinos, está completamente rodeada y sólo tiene un puesto de control para salir y entrar. Esto es así para que la barrera abarque los asentamientos israelíes que están al noreste y al sureste de Kalkilia.

El 8 de mayo de 2003, los delegados de Amnistía Internacional visitaron Kalkilia. En el puesto de control de la entrada presenciaron cómo se negaba la entrada a palestinos no residentes en la ciudad. Como es habitual en los puestos de control, parecía que no había ningún horario establecido de apertura y cierre. Los soldados israelíes a cargo del puesto dijeron a los delegados que éste estaba abierto normalmente hasta las 7 ó 7:30 de la tarde, pero que ese día se cerraría a las 5:30. Los delegados preguntaron qué sucedería con los residentes de la ciudad que habían salido y que regresasen después de las 5:30, esperando encontrar el puesto abierto. Un soldado respondió que tendrían que quedarse fuera hasta la mañana siguiente, y añadió que la mayoría de la gente sabía que tenía que regresar temprano por si acaso.

La experiencia de similares disposiciones vigentes en otras zonas de los Territorios Ocupados que han quedado aisladas de sus alrededores (como las de al-Mawasi y al-Sayafa, en la Franja de Gaza; véase el apéndice), y del funcionamiento de los puestos de control en general, muestra que los palestinos que viven en estos enclaves o que tienen tierras en ellos no pueden llevar nada parecido a una vida normal.

Advertencia de la FDI junto a la «barrera de separación»en Ras Attiya, cerca de Kalkilia, agosto de 2003: «Peligro de muerte – Zona militar. Toda persona que cruce o dañe la valla arriesga su vida»,

© Palestinian Hydrology Group

En su respuesta a una petición dirigida al Tribunal Superior de Israel, en la que se cuestionaba la confiscación de tierras en al-Ras, Kafr Sur y Far'un, el gobierno israelí declaró que tenía previsto «llegar a un acuerdo con los propietarios de tierras que les permitiera cruzar la barrera, para que puedan cultivar sus tierras». En otro caso presentado ante el Tribunal Superior de Israel, las autoridades han respondido que los propietarios de tierras situadas al oeste de la barrera recibirán «permisos especiales» que les permitirán acceder a sus tierras por «entradas agrícolas».²⁷ El ejército israelí comunicó a la UNSCO que habría diferentes entradas agrícolas para personas, para vehículos agrícolas y para transportar productos agrícolas a través de ellas con el sistema «espalda con espalda», con el que se descargan las mercancías de un vehículo y se vuelven a cargar en otro, situado al otro lado de la entrada.

En torno a la zona de Jerusalén, el muro, del que ya se han construido dos tramos, se está levantando para dejar 13 asentamientos israelíes en la parte israelí y aislará totalmente la ciudad, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, de Cisjordania.

Las autoridades isralíes confiscan las tierras palestinas en las que se está construyendo la barrera para «necesidades militares» y las órdenes de confiscación suelen ser «temporales», hasta final de 2005, aunque pueden renovarse indefinidamente. A lo largo de las décadas, las tierras palestinas confiscadas «temporalmente» por Israel se han utilizado para construir estructuras permanentes, como asentamientos y carreteras para los colonos, y nunca han sido devueltas a sus propietarios. En su respuesta a un caso planteado ante el Tribunal Superior de Israel, las autoridades de este país han reconocido que las órdenes de confiscación temporal se utilizan y pueden utilizarse para establecer estructuras permanentes.²⁸

Las autoridades israelíes se niegan a facilitar información por adelantado sobre el recorrido que tendrá la barrera, y los palestinos afectados sólo lo conocen cuando reciben las órdenes de confiscación de sus tierras o cuando comienzan las obras, que en algunos casos han empezado antes de que llegara la orden de confiscación. En algunas zonas la prevista ubicación de la barrera se ha alterado posteriormente para abarcar más asentamientos israelíes y tierras palestinas,²⁹ y aún pueden producirse cambios en las zonas donde las obras están ya en marcha.

Además de la barrera que se está construyendo, está prevista también la construcción de una serie de barreras secundarias, básicamente zanjas, conocidas como «barreras de profundidad», en varias zonas situadas al este de la barrera principal. Estas barreras secundarias crearán varios enclaves adicionales, seguirán aislando a las comunidades de Cisjordania entre sí y restringirán los movimientos, afectando aún más a los medios de subsistencia de decenas de miles de palestinos.

Por motivos de seguridad

Israel alega que las restricciones impuestas a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados están justificadas por motivos de seguridad, para proteger a los israelíes de los atentados suicidas con bomba y otros ataques de palestinos armados. Sin embargo, el número de víctimas israelíes y palestinas de estos ataques ha aumentado en los últimos tres años. Los grupos armados palestinos han dado muerte a más de 750 civiles israelíes, más de 90 niños entre ellos, y a alrededor de 230 soldados. Más de 320 civiles y unos 70 soldados han perdido la vida dentro de Israel y 190 civiles y 166 soldados han muerto en los Territorios Ocupados.

Los homicidios deliberados de civiles por parte de grupos armados palestinos son ilegítimos e inaceptables, y las autoridades israelíes no sólo tienenderecho a tomar las medidas necesarias para proteger a los israelíes de tales ataques, sino también la obligación de hacerlo. Sin embargo, las restricciones cada vez más generalizadas y rigurosas impuestas indiscriminadamente a todos los palestinos no han frenado los ataques. Al contrario, éstos se han intensificado al aumentar las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos, lo que pone en tela de juicio la eficacia de las restricciones indiscriminadas que tratan a todos los palestinos como una amenaza para la seguridad y castigan a comunidades enteras por los delitos cometidos por unas cuantas personas.

Las restricciones generalizadas e indiscriminadas convierten actividades cotidianas ordinarias –ir al trabajo, a la escuela, al hospital; visitar a la familia o a los amigos– en algo agotador, costoso y potencialmente peligroso. Aunque a veces se pueden eludir los controles y bloqueos militares, una persona enferma puede no estar en condiciones de hacer un largo y tortuoso desvío o no querer arriesgarse a recibir un disparo para ir a una clínica.

Eludir las clausuras

El 1 de agosto de 2002 se impuso una clausura total en la mayor parte de Cisjordania como respuesta a un atentado con explosivos cometido en la Universidad Hebrea de Jerusalén en el que murieron siete personas y resultaron heridas 80. El 4 de agosto de 2002, dos delegados de Amnistía Internacional viajaron desde Jerusalén a Naplusa. Los soldados israelíes del puesto de control de Huwara, en las afueras de Naplusa, no les permitieron entrar en la ciudad que, al igual que el resto de la zona, estaba bajo un toque de queda total. Sin embargo, los delegados pudieron llegar a Naplusa caminando 10 kilómetros por las montañas situadas al oeste de la ciudad. Dado que la clausura y el toque de queda se aplicaban de forma estricta y existía el riesgo de que los tanques y torres de vigilancia israelíes situados en las montañas circundantes abrieran fuego contra cualquier persona que se moviera en la zona, casi ningún palestino usaba la misma ruta. No obstante, cualquier persona dispuesta a hacer el largo desvío y a asumir los riesgos que implicaba tenía una oportunidad real de llegar a su destino.

El 1 de noviembre de 2002, cuatro delegados de Amnistía Internacional pudieron entrar en Yenín pese a la aplicación estricta del toque de queda y la clausura, tomando un largo desvío alrededor del puesto de control del ejército. Unos días antes, el 28 de octubre, los soldados israelíes permitieron finalmente la entrada en Tulkarem (tras haber dicho inicialmente que no podían entrar) a dos delegados de la organización, a pesar de que había un toque de queda que se estaba aplicando de forma bastante estricta. Sin embargo, los delegados no pudieron entrar en Kalkilia, donde no había toque de queda. Como suele suceder, los soldados no dieron ninguna explicación de por qué se denegaba o se permitía el acceso después de una negativa inicial. Tampoco había motivos de seguridad obvios, especialmente teniendo en cuenta que no hay constancia alguna de que haya habido activistas internacionales de derechos humanos implicados en atentados ni en cualquier otra acción que suponga un peligro para la seguridad de terceros.

Es importante diferenciar las restricciones a la libertad de circulación impuestas a los palestinos que quieren entrar desde los Territorios Ocupados a Israel de las restricciones a la libertad de circulación impuestas dentro de los Territorios Ocupados. Puede que sean necesarias las restricciones a la libertad de circulación para impedir que entren en Israel personas para cometer atentados suicidas con bomba y otros ataques, aunque la valoración del nivel de restricciones necesarias podría variar. Sin embargo, no cabe decir que impedir o restringir la libertad de circulación de los palestinos entre Ramallah y Naplusa sea necesario para impedir que entren en Israel personas para cometer un atentado en Jerusalén o en Tel Aviv.

Y, sin embargo, las clausuras y los toques de queda se justifican a menudo con este argumento y se imponen o intensifican de forma rutinaria cada vez que se comete un atentado palestino en Israel. Al igual que los atentados suicidas palestinos con bombas u otros ataques suelen ir seguidos de bombardeos israelíes de edificios de la Autoridad Palestina, la intención de las clausuras y los toques de queda parece ser muchas veces la de castigar o tomar represalias por los atentados palestinos (tanto dentro de Israel como contra colonos o soldados israelíes en los Territorios Ocupados), así como demostrar a la opinión pública israelí que el ejército hace algo al respecto. Esto es más patente en la Franja de Gaza, donde rara vez los palestinos han logrado cruzar la valla electrificada que la rodea para entrar en Israel. Ninguno de los palestinos que han cometido atentados en Israel en los últimos años parece haber procedido de Gaza. Pese a ello, es frecuente que, después de un atentado importante en Israel a manos de palestinos, el ejército israelí ataque instalaciones de la Autoridad Palestina en Gaza como el aeropuerto, el puerto marítimo o comisarías de policía, que en su mayoría han sido bombardeados en varias ocasiones.

El principal motivo de la imposición de restricciones a la libertad de circulación de los palestinos en el interior de los Territorios Ocupados es mantenerlos alejados de los asentamientos israelíes y de las carreteras utilizadas por los colonos, en cuyas proximidades están la mayoría de los puestos de control, controles y bloqueos (véase el capítulo dedicado a los asentamientos israelíes).

Los efectos sobre el derecho al trabajo de los palestinos

«La tasa de desempleo es la más alta entre las mencionadas en la edición de 2002 del Anuario de Estadísticas del Trabajo de la OIT para el período 2000-2002; muy pocos países han registrado niveles comparables de desempleo en situaciones de conflicto.»³⁰

Ningún palestino residente en los Territorios Ocupados se ha librado de los efectos de las severas restricciones a la libertad de circulación que impone de forma creciente el ejército israelí, sobre todo en los últimos tres años. Los efectos sobre su derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado, a la educación y a la salud son devastadores, y mucho más extensos, aunque menos documentados, que los de otras violaciones de derechos humanos, como homicidios, detenciones y la destrucción de viviendas o bienes. Israel ha destruido propiedades palestinas por valor de millones de dólares demoliendo viviendas, fábricas y negocios; arrasando tierras agrícolas y arrancando árboles.³¹Sin embargo, los daños sufridos por los efectos menos visibles de la pérdida de ingresos han sido aún mayores.

En los años noventa, la economía palestina, relativamente nueva, había luchado por desarrollarse dentro de las limitaciones impuestas por Israel a la entrada y salida de personas y mercancías de los Territorios Ocupados, así como a la circulación y transporte en su interior. En los últimos tres años, el alcance y la duración draconianos de las restricciones a la libertad de circulación impuestas por el ejército israelí lo han destruido casi todo. El sector privado doméstico ha absorbido gran parte del impacto que ha sufrido la economía.³²

El desempleo aumentó de forma repentina, pasando de una tasa de alrededor del 10 por ciento en el 2000 a más del 40 por ciento en el 2002 y más del 30 por ciento en el 2003.³³La pérdida de ingresos derivados del trabajo ha provocado, a su vez, un agudo aumento de la pobreza. El Banco Mundial calcula que alrededor del 60 por ciento de la población palestina vive por debajo del umbral de la pobreza de 2,1 dólares al día, y que el consumo de alimentos real per cápita ha disminuido más del 30 por ciento en los últimos tres años.³⁴Esta espectacular disminución del nivel de vida entre los palestinos de los Territorios Ocupados ha provocado el aumento de la desnutrición. El número de personas que contraen enfermedades ha aumentado, pero su acceso a un tratamiento médico apropiado se ha reducido. También ha habido repercusiones negativas para la educación. En la mayoría de las zonas, los niños y jóvenes, desde el nivel de jardín de infancia hasta el universitario, han perdido casi la mitad de las clases en el curso académico que comenzó en septiembre de 2002. El ejército israelí ha clausurado totalmente algunas universidades. Esta reducción del acceso a la educación afectará negativamente el desarrollo profesional a largo plazo y las perspectivas de futuro de los niños y los jóvenes palestinos.³⁵

Las elevadas tasas de desempleo y de pobreza son consecuencia directa de las restricciones a la libertad de circulación, que privan a cientos de miles de palestinos de sus posibilidades de trabajar con dignidad y sostenerse a sí mismos y a sus familias. Israel no está cumpliendo con sus obligaciones –contraídas en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario– de garantizar el derecho a la libertad de circulación, el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado.

«Nadie se muere de hambre en Gaza y Cisjordania. Las organizaciones internacionales, como la UNRWA y la Cruz Roja, trabajan activamente en los territorios».

Coronel Shimshon Arbel, Director de Información y Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios Ocupados³⁶

Los funcionarios israelíes han reconocido que las clausuras y los toques de queda tienen efectos severos en la economía y las condiciones de vida palestinas. Sin embargo, Israel ha contado con las organizaciones humanitarias internacionales, como la UNRWA y el CICR, para garantizar la supervivencia de un porcentaje significativo de la población palestina de los Territorios Ocupados. Pese a ello, el ejército israelí ha obstaculizado a menudo la labor de las organizaciones de ayuda.³⁷Por otro lado, la asistencia benéfica y la ayuda humanitaria no eximen a Israel de su obligación de garantizar el derecho a trabajar de los palestinos, como contempla el derecho internacional, para que puedan procurarse su propia subsistencia. A medida que los palestinos se han visto obligados a depender cada vez más de la beneficencia para cubrir sus necesidades más básicas, han ido creciendo los sentimientos de desesperanza y alienación, que dañan el tejido social y alimentan el resentimiento. En la comunidad palestina, predominantemente juvenil, la falta de perspectivas de futuro ha contribuido al aumento del radicalismo y la violencia.

Amnistía Internacional ha entrevistado a decenas de personas que se han visto privadas del derecho al trabajo y a un nivel de vida adecuado. Algunos de sus testimonios se exponen en los siguientes apartados, dedicados al empleo, al derecho de la mujer al trabajo, a la población rural y a la pobreza y la desnutrición. Otros aparecen en los casos de diferentes partes de los Territorios Ocupados que se incluyen en el apéndice de este informe.

El derecho al trabajo

Los efectos de las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos en los derechos económicos, sociales y culturales en los Territorios Ocupados –incluido el derecho al trabajo– viene siendo un motivo de preocupación recurrente para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano de la ONU que examina el cumplimiento por los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Esto ya era así antes de que aumentaran las restricciones impuestas por Israrel en los últimos tres años. En sus conclusiones sobre el informe inicial de Israel en 1998, el Comité expresó su preocupación porque el énfasis en las consideraciones de la seguridad, incluido en las políticas sobre clausuras, había impedido el disfrute de estos derechos:

«El Comité observa con profunda preocupación las graves consecuencias que tiene el cierre de fronteras para la población palestina. [...] A los trabajadores de los territorios ocupados se les impide llegar a su lugar de trabajo, privándoseles así de ingresos y medios de subsistencia y del ejercicio de sus derechos reconocidos en el Pacto. La pobreza y la falta de alimentos, agravadas por los cierres, afectan particularmente a los niños, las mujeres embarazadas y las personas de edad, que son los más vulnerables a la malnutrición.»³⁸

El Comité instó a Israel a que respetara el derecho a la libre determinación reconocido en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, que dispone que «en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia". Y afirmó: «El cierre de las fronteras restringe la circulación de personas y mercancías, impide el acceso a los mercados exteriores y priva a los afectados de los ingresos procedentes del empleo, así como de los medios de sustento».³⁹

Además, el Comité declaró que Israel perpetraba «continuas violaciones [...] de los derechos económicos, sociales y culturales en los territorios ocupados, especialmente las rigurosas medidas adoptadas por el Estado Parte para restringir la circulación de civiles entre distintos puntos dentro y fuera de los territorios ocupados, lo que impide que esas personas tengan acceso a alimentos, agua, atención médica, educación y trabajo».⁴⁰

En mayo de 2003, el Comité manifestó que seguía «[...] gravemente preocupado por las deplorables condiciones en que viven los palestinos en los territorios ocupados, los cuales, debido a la continuación de la ocupación y las consiguientes medidas de cierre, toques de queda prolongados, controles de carretera y puestos de control, sufren graves restricciones en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en el Pacto, especialmente en lo que respecta al acceso al trabajo, la tierra, el abastecimiento de agua, la atención sanitaria, la educación y los alimentos».⁴¹

Las restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación son contrarias a su obligación de garantizar el derecho al trabajo de los palestinos. Las clausuras y los toques de queda, en concreto, impiden regularmente que miles de personas lleguen a sus lugares de trabajo en Cisjordania y la Franja de Gaza. La calidad del empleo también se ha visto afectada, pues los palestinos no tienen más remedio que elegir trabajos informales o trabajar por salarios sustancialmente reducidos.

Israel impide el ejercicio del derecho al trabajo en los Territorios Ocupados. El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige concretamente a Israel lo siguiente: «Entre las medidas que deberá adoptar [...] para lograr la plena efectividad de [el derecho al trabajo] deberá figurar [...] la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana». La consecuencia de las medidas destinadas a restringir la circulación entre los Territorios Ocupados y dentro de ellos es generar desempleo, que es la antítesis de la ocupación plena y productiva.

Miles de palestinos se quedaron sin empleo en octubre de 2000 cuando Israel canceló los permisos de trabajo con los que los trabajadores palestinos entraban en Israel y Jerusalén Oriental. Desde entonces, Israel no ha hecho ningún esfuerzo serio para facilitar la creación de trabajos alternativos. Por el contrario, sus restricciones a la circulación en los Territorios Ocupados han reducido dramáticamente las oportunidades de empleo que existían e impedido la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay un pequeño porcentaje de palestinos que tiene permiso para entrar en Israel –para trabajar, recibir tratamiento médico, visitar a familiares o viajar al extranjero–. Sin embargo, la obtención de estos permisos es sumamente difícil, los permisos tienen limitaciones temporales (a menudo son de un solo día o incluso de unas horas) y suelen cancelarse sin previo aviso.

El derecho a un nivel de vida adecuado

«El derecho a la alimentación en los territorios ocupados se ha violado de manera grave y algunas familias sufren desnutrición crónica.»

Relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, 15 de julio de 2003.⁴²

Las restricciones a la circulación son contrarias a la obligación de Israel de adoptar medidas para garantizar un nivel de vida adecuado. Obstaculizan la capacidad para trabajar de los palestinos y reducen sus medios de subsistencia. Como consecuencia de ellos, algunos palestinos no pueden obtener agua potable suficiente o alimentos en la cantidad y calidad necesarias para satisfacer sus necesidades.

Muchas familias se han visto obligadas a vender bienes, pedir préstamos a familiares y amigos, comprar comida a crédito y, en última instancia, a reducir el consumo de artículos de primera necesidad, como los alimentos. Estos mecanismos de supervivencia han sufrido la erosión de la prolongada y creciente crisis económica, con lo que, en un número cada vez mayor de familias, la escasez se manifiesta actualmente en desnutrición.

El derecho a no ser sometido a tratos o penas inhumanos o degradantes

La naturaleza y severidad del sufrimiento que inflige la imposición sistemática de clausuras y toques de queda en los Territorios Ocupados es tan grave como para ser constitutivo de trato o pena cruel, inhumano o degradante, especialmente por su carácter discriminatorio.

En el 2001, el Comité de la ONU contra la Tortura, que vigila el cumplimiento por los Estados de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, expresó su preocupación porque las políticas israelíes sobre clausuras podrían, en ciertos casos, vulnerar lo previsto en el artículo 16 de la Convención, que prohíbe los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,⁴³y recomendó que Israel se abstuviera de aplicar estas políticas cuando vulnerasen dicho artículo 16.⁴⁴Sin embargo, desde esa fecha, el alcance de las clausuras impuestas por Israel en los Territorios Ocupados ha aumentado sustancialmente, confinando a los palestinos cada vez más en una especie de «arresto en su propio domicilio o ciudad».

Desempleo

Antes del estallido de la Intifada, 516.000 palestinos trabajaban en zonas controladas por la Autoridad Palestina,⁴⁵y cerca de 110.000 palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania trabajaban en Israel, en asentamientos y en zonas industriales controladas por Israel.⁴⁶Desde 1998, el desempleo disminuía a un ritmo constante. En el tercer trimestre de 2000, la tasa estándar de desempleo era del 10 por ciento: el 7,5 por ciento en Cisjordania y el 15,5 por ciento en la Franja de Gaza.⁴⁷

En octubre de 2000, la mayoría de los palestinos que trabajaban en Israel o en los asentamientos perdieron su empleo. Se decretó una clausura total de Israel y Jerusalén, y se cancelaron todos los permisos de trabajo. Los puestos de control del ejército israelí en las rutas hacia Israel y los asentamientos impidieron a los empleados trabajar clandestinamente o los disuadieron de intentarlo. El empleo en Israel subió de nuevo en el primer semestre de 2001, aunque la mayoría de los trabajadores palestinos que pudieron volver a trabajar en Israel lo hacen sin permiso. Con el regreso del ejército israelí a la mayoría de los ciudades de Cisjordania a principios de 2002 y la imposición de toques de queda prolongados, la cifra volvió a disminuir y continúa fluctuando.⁴⁸

La pérdida de empleos en Israel, donde los salarios son notablemente superiores a los de los Territorios Ocupados, ha ido seguida de una reducción de la demanda de productos y servicios en los Territorios Ocupados. Las clausuras y los toques de queda han afectado a la importación y al transporte de materias primas, lo que ha provocado una escasez de productos, además de pronunciados aumentos en los precios. Los negocios tienen enormes dificultades para exportar sus productos, para transportarlos entre Cisjordania y la Franja de Gaza, e incluso para trasladarlos distancias cortas, a los mercados locales. Los productos alimenticios perecederos se estropean en los puestos de control y en las fronteras con las repetidas manipulaciones y las esperas, lo que los hace invendibles o reduce su precio.

Cierre de canteras y fábricas

‘Omar Ahmad Kababji, de 56 años, es propietario de una cantería de Naplusa y mantiene a su esposa y a sus siete hijos. Antes de la Intifada, la fábrica empleaba a cinco trabajadores que labraban bloques de piedra para la construcción que se comercializaban en Cisjordania e Israel. La materia prima procedía de canteras cercanas a Naplusa. ‘Omar Kababji tuvo que cerrar la fábrica y despedir a los empleados cuando el ejército israelí bloqueó las carreteras principales y secundarias que conducen a Naplusa al poco de iniciada la Intifada. El transporte de la materia prima y de la piedra acabada se hizo imposible. La totalidad de las 85 canteras y canterías de la gobernación de Naplusa tuvo que cerrar.‘Omar Kababji carece ahora de ingresos y no sabe si podrá costear las matrículas para que sus hijos varones continúen sus estudios universitarios.

Los costes del transporte han subido vertiginosamente, sobre todo debido al sistema «espalda con espalda», con el que hacen falta por lo menos dos camiones para transportar las mercancías de un destino a otro. Además del coste adicional que conlleva el uso de más camiones, la carga y descarga de las mercancías consume tiempo y los conductores suelen tener que contratar ayuda adicional, especialmente si la carga es pesada. Los productos suelen dañarse en el proceso. Un solo camión ya no puede hacer varias entregas en diferentes ciudades y pueblos en un solo viaje.

A largo plazo, son muy pocas las inversiones domésticas o extranjeras debido a la falta de confianza del sector empresarial. Todos estos factores han reducido la demanda de trabajadores en el mercado interior. En el segundo trimestre de 2002, 418.000 palestinos trabajaban en la economía doméstica, casi 100.000 menos que antes de la Intifada, en gran medida como consecuencia de las clausuras y los toques de queda. La mayoría de las pérdidas de puestos de trabajo se han producido en el sector privado, un sector de la economía palestina que había exigido considerables esfuerzos, incluida la inversión de ciudadanos particulares, para desarrollarse.

Los Territorios Ocupados tienen una de las tasas de crecimiento de población más altas del mundo, lo que genera enormes presiones en el mercado del trabajo. Desde el comienzo de la Intifada, la mano de obra (personas mayores de 15 años) ha aumentado en más de 155.000 personas. El desempleo entre los jóvenes ha crecido de forma significativa. En el cuarto trimestre de 2000, la tasa de desempleo estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aumentó bruscamente al 28,3 por ciento –el 35,5 en Gaza y el 22,2 en Cisjordania–. Tras un ligero descenso en el primer semestre de 2001, el desempleo comenzó a aumentar de nuevo. En el segundo trimestre de 2002, cuando se perdieron 17.000 puestos de trabajo en Cisjordania, la tasa de desempleo subió de forma espectacular hasta el 36,9 por ciento, a causa principalmente de las incursiones israelíes, los toques de queda generalizados y las severas restricciones a la circulación entre el norte, el sur y el centro de la Franja de Gaza. En el segundo trimestre de 2002, la tasa estándar de la Organización Internacional del Trabajo era del 49,9 por ciento en Gaza (entre la población de entre 20 y 24 años) y del 35,8 por ciento en Cisjordania.

Muchos «trabajadores desalentados» han abandonado la población activa porque han renunciado a la esperanza de encontrar empleo.⁴⁹La tasa de participación laboral (la mano de obra expresada como porcentaje de la población en edad laboral) disminuyó del 43,5 por ciento en el tercer trimestre de 2000 al 36,9 por ciento en el segundo trimestre de 2002. Las tasas de desempleo ajustadas, que tienen en cuenta a los «trabajadores desalentados», muestran una tasa de desempleo total del 35,3 por ciento en el tercer trimestre de 2001, que subió a casi el 50 por ciento en el segundo trimestre de 2002.

Desde que el ejército israelí invadió las ciudades de Cisjordania en marzo de 2002, la tasa de desempleo ha fluctuado en función del alcance de los toques de queda. La UNSCO ha afirmado que las estimaciones sobre desempleo para el segundo trimestre de 2002 elaboradas por la Oficina Central Palestina de Estadística deben considerarse conservadoras, pues se han realizado basándose en zonas a las que pudieron tener acceso los trabajadores de la Oficina.⁵⁰La UNSCO calculaba que, en el segundo trimestre de 2002, en Cisjordania, excluida Jerusalén, la tasa de desempleo ajustada había alcanzado en ocasiones el 63,3 por ciento.

Además del aumento del desempleo, se ha producido un enorme incremento del subempleo y un notable descenso de los salarios. Quienes aún conservan su empleo se han visto a menudo imposibilitados de llegar a su lugar de trabajo debido a los toques de queda y a las clausuras. Para los trabajadores a quienes se paga diariamente, no presentarse al trabajo supone la pérdida del salario diario, así como un mayor riesgo de que su puesto sea ocupado por otros.

En el 2002, el director general de la OIT expresó su preocupación ante la probabilidad de que la mano de obra infantil hubiera aumentado durante la Intifada, pues las familias empobrecidas buscan todos los medios posibles de aumentar los ingresos familiares. La información sobre la mano de obra infantil en los Territorios Ocupados es escasa, pero sí parece haber más niños varones en la venta ambulante en Gaza y en Cisjordania que antes de la Intifada, especialmente cerca de los puestos de control y los bloqueos de carretera más concurridos.

Vendedores ambulantes infantiles

Ramzi Muhammad Yusef, de 14 años, vive en el pueblo de Beit 'Anun, de la gobernación de Hebrón. En octubre de 2002 ganaba alrededor de 20 shekels (unos 4 dólares) al día en el bloqueo de la carretera de Beit 'Anun, transportando mercancías en una carretilla por la carretera 60 para los palestinos que no podían acceder en vehículo. La semana anterior había trabajado seis tardes para costear los gastos escolares. Su padre había perdido su empleo de conductor en una cantera de Sa'ir al comienzo de la Intifada, cuando la clausura impidió que la cantera transportara la piedra fuera de la zona.

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Muhammad Jihad 'Aisa, October 2002. ©Amnesty International

uhammad Jihad ‘Isa, de 12 años, vive en el pueblo de Bani Na'im, en la gobernación de Hebrón. Trabaja en Beit 'Anun, vendiendo calcetines desde primera hora de la mañana hasta casi las 4 de la tarde y gana entre 10 y 15 shekels (entre 2 y 3 dólares) al día. En octubre de 2002 llevaba casi un año trabajando y había dejado de asistir a la escuela. Su trabajo ayudaba a mantener a su familia. El padre de Muhammad había perdido su empleo de peón en Israel al comienzo de la Intifada.

El derecho al trabajo de la mujer

Las restricciones a la libertad de circulación han tenido un efecto particular para las mujeres palestinas. Históricamente, su participación en la población activa viene siendo baja, pero antes de la Intifada había aumentado al 15,8 entre las mujeres de más de 25 años. Esta tendencia se ha invertido y a finales de 2002, la participación de la mujer había descendido hasta el 10,4 por ciento.

Por lo general las mujeres que trabajan fuera del hogar suelen seguir encargándose del cuidado de los miembros de la familia. Estas mujeres trabajadoras no pueden permitirse la mayor pérdida de tiempo y energía que suponen unos trayectos largos y peligrosos de casa al trabajo y del trabajo a casa a causa de los puestos de control, los bloqueos de carreteras, los toques de queda y las clausuras, pues tienen tareas domésticas adicionales, como preparar la comida y cuidar de los niños. Ante un control de carretera cerrado o un toque de queda inesperado, las madres que trabajan sufren la angustia adicional de no poder volver a casa a cuidar de sus hijos.

Sin poder volver a casa del trabajo

Fatima es médico y vive en Ramallah, en Cisjordania, con su esposo y sus dos hijos. Tiene una tarjeta de identidad de Jerusalén, pero su esposo no, por lo que no pueden vivir en esta ciudad. Las autoridades israelíes no le han dado un permiso de reunificación familiar para vivir en Jerusalén, pese a haberla solicitado durante años. Fatima Salameh trabaja en el turno de noche en un hospital de Jerusalén. Desde hace dos años, sale de casa a primera hora de la tarde (muchas veces entre las 2:30 y las 3) para estar segura de llegar puntualmente al trabajo en Jerusalén después de hacer la larga fila de palestinos que pasan por el puesto de control de Qalandia. Cuando no puede volver a su casa, debido a una clausura o a un toque de queda, tiene que volver a Jerusalén e intentar pasar la noche en casas de amigos. A menudo, para cuando regresa a Jerusalén, sus amigos ya se han ido a trabajar y no puede ponerse en contacto con ellos, y tiene que pagar una habitación de hotel, continuamente preocupada por sus hijos en Ramallah.

Nadia, también posee tarjeta de residente en Jerusalén y lleva 10 años casada, pero hasta la fecha no ha podido obtener un permiso de reunificación familiar para que su esposo viva con ella en Jerusalén. Por tanto, la pareja no tiene más remedio que vivir en Cisjordania. Nadia renunció a su empleo en Jerusalén hace dos años porque no pudo seguir soportando la larga espera diaria (en el mejor de los casos) en los puestos de control para ir y volver al trabajo, ni el poder a menudo siquiera llegar al trabajo o regresar a casa debido a las clausuras.

Las mujeres palestinas son las más afectadas por el desempleo y la pobreza. No sólo tienen que ganar con gran esfuerzo un pequeño ingreso para alimentar a sus familias, sino que además se espera que sean la fuente principal de cuidados de éstas. El aumento general del desempleo ha reducido sus posibilidades de encontrar trabajo y, al mismo tiempo, al aumentar el desempleo entre los varones, se ha intensificado la presión sobre mujeres que no trabajan normalmente fuera de casa para encontrar trabajo. En una sociedad en la que el hombre es tradicionalmente el sostén de la familia y la mujer que trabaja fuera suele ocupar puestos especializados, ha aumentado el número de mujeres que se ven obligadas a realizar trabajos de categoría inferior o eventuales y mal remunerados. Esto ha incrementado las tensiones en el seno de la familia. El Centro Palestino de Asesoramiento Jurídico y Orientación para la Mujer afirma:

«Esta inversión repentina e involuntaria de los roles de género perturba la estabilidad de las relaciones dentro de la familia y sitúa a la mujer en una posición peligrosa. Muchos hombres recurren a la violencia para reafirmar su control sobre la familia, al sentirse inseguros sobre su función dentro de ella y frustrados por sentimientos de indefensión e impotencia.»

Muchas instituciones palestinas han observado que, como suele ocurrir en épocas de conflicto violento e inestabilidad social, la violencia doméstica contra la mujer palestina aumenta, reflejando el aumento del grado de violencia que existe fuera del hogar.

La mujer, especialmente, depende de su familia como fuente de apoyo emocional. Las que se casan con alguien de fuera de su comunidad de origen suelen marcharse a vivir a la ciudad o al pueblo de su esposo. Muchas se han encontrado cada vez más aisladas, pues los gastos y las dificultades que entrañan los viajes las han separado de sus familias.

La imposibilidad de desplazarse para trabajar

Wafa’ Akram Masri, de 42 años, mantiene a su madre y a su hermana, y también ayuda a su hermano, que está sin trabajo, y a la familia de éste. Lleva 22 años trabajando en la fábrica Sukhtian, que manufactura productos de limpieza para el hogar, y antes de que la Fuerza de Defensa Israelí invadiera Naplusa, en abril de 2002, ganaba un salario mensual de 1.600 shekels (alrededor de 320 dólares). Desde entonces, los toques de queda de 24 horas han provocado frecuentes interrupciones en la fábrica y un descenso de la facturación. Ahora recibe un salario diario que pierde si no puede ir a trabajar debido al toque de queda. No puede llegar a la fábrica, situada en el sector occidental de la ciudad, desde su casa, que está en el sector oriental, cuando el toque de queda afecta a uno de los dos sectores. Es afortunada porque ha conservado su empleo. De cada 10 trabajadores (cuatro hombres y seis mujeres) que tenían empleo antes de la Intifada, siete han perdido su empleo desde abril de 2002.

Wafa’ Masri camina con dificultad como consecuencia de haber recibido un disparo de la FDI en la pierna izquierda durante la primera Intifada. Sin embargo, muchas veces no tiene más remedio que recorrer andando parte del camino al trabajo. Incluso cuando funciona el transporte público, a veces tiene que pasar a pie por los bloqueos de la FDI. El 7 de octubre de 2002, los soldados israelíes abrieron fuego y arrojaron bombas de sonido cuando ella y otros trabajadores intentaban pasar por el bloqueo situado junto al edificio de la gobernación.

La población rural

La pérdida de puestos de trabajo en Israel afecta especialmente a las zonas rurales de Cisjordania. La mayoría de los habitantes de Cisjordania que trabajaban en Israel eran obreros no especializados procedentes de los pueblos. Ahora, la mayoría de ellos está sin empleo. El número inferior de empleos disponibles en la economía palestina, que en su mayoría están en ciudades a las que suele ser difícil acceder, hace que las oportunidades para ganarse la vida en las zonas rurales sean escasas. Las familias de las zonas rurales recurren tradicionalmente a la agricultura en las épocas en las que aumenta el desempleo y disminuyen los ingresos, pero los ingresos procedentes de la agricultura también han descendido y en algunos casos se trabaja con déficit.

La mayor parte de los problemas de los agricultores se deben a las restricciones a la libertad de circulación.⁵¹El tiempo metereológico y las estaciones no esperan a que finalicen los toques de queda y las clausuras. En muchas zonas los agricultores no pueden acceder con regularidad a sus campos porque éstos se encuentran dentro de una zona militar clausurada o cerca de un asentamiento israelí o de una carretera empleada por los colonos. O bien no se les permite el paso o temen ser atacados por los colonos o el ejército. La falta de acceso a los cultivos en épocas clave del año hace que la producción se pierda, se estropee o se reduzca drásticamente.

El costo de los insumos agrícolas (como fertilizantes, pesticidas y pienso para animales) ha aumentado considerablemente, ya que los proveedores les aplican el aumento en los costos de transporte. Algunos de estos insumos han desaparecido del mercado o ya no son asequibles para los agricultores, que no tienen dinero para comprarlos. Las redes de distribución de agua no llegan a algunos pueblos y los agricultores tienen que comprar el agua para su uso personal, para el ganado y para regar sus tierras. Debido al encarecimiento del transporte, el precio del agua ha aumentado un 80 por ciento de promedio, según la organización no gubernamental Oxfam. Por otra parte, no se puede garantizar un suministro regular cuando la FDI aísla los pueblos. Algunas personas no pueden comprar cantidades suficientes de agua potable para consumo propio, no digamos para el ganado. Algunos agricultores han vendido bienes productivos, como ganado e incluso tierras, para cubrir sus necesidades básicas e inmediatas, lo que pone en peligro su subsistencia a largo plazo, incluso si se produjera una mejora de las condiciones económicas.

En muchos casos, los precios que pueden obtener los agricultores por sus productos han bajado. Los frecuentes cierres de los pasos fronterizos privan a los agricultores de los Territorios Ocupados de mercados en Israel y en el exterior. Muchos agricultores sólo pueden vender sus productos en el mercado local debido a los toques de queda y a las clausuras internas en los Territorios Ocupados. Sin embargo, son pocos quienes disponen de dinero para gastar y la demanda local es reducida. A menudo la consecuencia es un mercado saturado y el hundimiento de los precios en una zona, y una subida de precios, debido a la escasez, en otra.

Por ejemplo, la cosecha del olivo fue especialmente abundante el 2002, pero las clausuras dificultaron o imposibilitaron a menudo que los agricultores comercializaran su producción. Las agencias y organizaciones humanitarias crearon proyectos para comprar el aceite de oliva a los agricultores y distribuirlo en otras zonas de los Territorios Ocupados. Sin embargo, estos proyectos también fueron obstaculizados por las clausuras y las restricciones a la libertad de circulación.⁵²

Las perspectivas de jubilación, truncadas

Jamil ‘Abd al-Rahman Muhammad al-Ghoul, de 64 años, compró 25 dunums de tierra en al-Sayafa por 65.000 dinares jordanos (unos 92.300 dólares) en 1987. Utilizó parte de la pensión de jubilación que recibía de la UNRWA para mejorar, junto con sus hijos varones, sus tierras en al-Sayafa, en la Franja de Gaza. Invirtieron alrededor de 40.000 dinares jordanos (unos 56.800 dólares) en construir una pequeña casa, preparar la tierra y plantar árboles. En 1995 plantaron 10 dunums de limones y clementinas. En el 2001, los árboles produjeron pérdidas en lugar de los beneficios previstos de entre 3.000 y 4.000 dinares (entre 4.260 y 5.680 dólares) debido a los problemas de transporte y el hundimiento de los precios. Seguir regando los árboles supone 120 shekels (unos 24 dólares) al día en gasóleo, que cuesta ahora el doble que al comienzo de la Intifada. Los árboles crecen despacio porque es imposible introducir fertilizantes y estiércol. Jamil vive con el constante temor a que las excavadoras entren en sus tierras.

La esposa de Jamil al-Ghoul y Rima, su hija de 16 años, vivían con él en al-Sayafa, pero a principios de 2002 se trasladaron a la ciudad de Gaza para que Rima pudiera ir a la escuela con regularidad.

Pobreza y desnutrición

Para la inmensa mayoría de los palestinos, la principal fuente de ingresos familiar es el trabajo por cuenta ajena. En los Territorios Ocupados no existe un sistema de prestaciones por desempleo. El único recurso para los desempleados son las redes familiares o comunitarias y la asistencia limitada que proporcionan la UNRWA (normalmente sólo para refugiados palestinos), el Ministerio de Bienestar Social de la Autoridad Palestina y las organizaciones benéficas y humanitarias. El sistema, tradicionalmente fuerte, de apoyo mutuo entre miembros de la familia está sometido a una fuerte presión. A medida que aumenta el desempleo, aumenta el número de personas que depende de cada persona que gana un salario.

Depender de la ayuda

‘Abed Mansur Manasra, de 36 años, vive en Shaja'iyeh, en la ciudad de Gaza. Está casado y tiene cuatro hijos, y también mantiene a su tía, que está enferma, y a dos hermanos, uno desempleado y el otro estudiante. Antes de la Intifada, trabajaba en Israel como peón en el sector de la construcción, y ganaba entre 150 y 200 shekels (entre 30 y 40 dólares) al día. No trabaja desde que Israel impuso una clausura general y canceló los permisos de trabajo de los palestinos para Israel. En agosto de 2002 se enteró de que Israel iba a aumentar el número de permisos para trabajadores de la Franja de Gaza y acudió al paso fronterizo de Erez para solicitar una nueva tarjeta magnética, el primer paso para conseguir un permiso. El funcionario del Servicio General de Seguridad se negó a expedirla, sin dar ninguna explicación.

Al principio, ‘Abed Manasra vivió de sus ahorros. Ahora ya no le queda dinero. No ha podido encontrar ningún trabajo en el sector de la construcción. No puede pagar el alquiler y debe más de 7.000 shekels (unos 1.400 dólares) en facturas de agua y electricidad. Él y su familia sobreviven gracias a los repartos de alimentos que organiza ocasionalmente la Federación General de Sindicatos palestinos. Cada dos o tres meses, tienen derecho a recibir un saco de 25 kilos de harina del Ministerio de Bienestar Social. Su principal dificultad es encontrar el dinero para comprar medicamentos para su tía enferma.

La espectacular caída del empleo y del nivel de ingresos es la principal causa de la creciente pobreza en los Territorios Ocupados. Con un umbral de pobreza que el Banco Mundial establece en 2,1 dólares al día en los Territorios Ocupados, en el 2000 el 33 por ciento de la población vivía con menos de esa cantidad, el 46 por ciento en el 2001. El Banco Mundial calcula actualmente que alrededor del 60 por ciento de la población palestina –más del 70 por ciento en ciertas zonas de la Franja de Gaza– vive por debajo del umbral de la pobreza.

El desplome de los ingresos

Daoud Fakhouri es taxista, está casado, tiene ocho hijos y vive en la ciudad de Hebrón. Antes de la Intifada ganaba 250 shekels (unos 50 dólares) diarios en la ruta Hebrón-Ramallah. Ahora que las carreteras están cerradas, está confinado en Hebrón y lleva pasajeros entre Hebrón y Beit 'Anun, a una distancia de sólo cinco o seis kilómetros. Gana únicamente 100 shekels (unos 20 dólares) al día. Un tercio de sus ingresos es para pagar el alquiler del taxi, y otro tercio, para sufragar los gastos. Viajar por caminos y carreteras secundarias ha incrementado los gastos de mantenimiento. Antes, los gastos de reparación eran normalmente de entre 500 y 1.000 shekels (entre 100 y 200 dólares) al mes. En septiembre de 2002 pagó 2.500 shekels (unos 500 dólares) en reparaciones. La familia Fakhouri vive con 30 shekels (unos 6 dólares) al día, que es lo que cuesta diariamente mandar a los niños a la escuela.

Los funcionarios israelíes han afirmado que «nadie muere de hambre en la Franja de Gaza y en Cisjordania.»⁵³En realidad, hay cada vez más indicios de que la disminución de los ingresos entre los palestinos es una de las principales causas de la desnutrición aguda y crónica de los niños de corta edad. En octubre de 2002, la organización humanitaria internacional CARE publicó las conclusiones de una evaluación nutricional realizada en los Territorios Ocupados en julio y agosto de 2002, que mostraba elevados índices de desnutrición a corto y a largo plazo.⁵⁴Una encuesta familiar realizada por CARE, sobre tendencias regulares en seguridad alimentaria, señalaba que las familias reducían la cantidad de alimentos que ingerían debido a la falta de dinero y a los toques de queda.⁵⁵

Ra’ed Hussein Matur, de 28 años, vive en Beit 'Anun, cerca de la ciudad de Hebrón. Antes de la Intifada, trabajó durante dos años como limpiador en una escuela pública israelí en Malkat Kiryat Noah. Carecía de permiso de trabajo. Se ha casado hace poco y él y su hermano, vendedor ambulante de calcetines en Belén, son los únicos con trabajo en una familia de 14 miembros.

Durante muchos meses, Ra'ed Hussein Matur usó sus ahorros para sostener a su familia. Cuando se le acabó el dinero, compró una carretilla y empezó a trabajar en Beit 'Anun. El pueblo está dividido por la carretera 60, que no pueden utilizar los palestinos. Ni siquiera pueden atravesarla en vehículo en el cruce de Beit 'Anun, que une la ciudad de Hebrón con los pueblos situados al este de Beit 'Anun, Sa'ir y al-Shyoukh. Para viajar entre estos pueblos y Hebrón, los palestinos deben bajarse de los taxis o de sus automóviles particulares en un lado de Beit 'Anun y cruzar a pie al otro lado de la carretera. Mercancías de todo tipo se transportan de un lado a otro de la carretera en carros tirados por burros, en carretas tiradas a mano, y en carretillas.

Ahora Ra'ed Matur empuja su carretilla todo el día de un lado al otro de la carretera. Gana entre 20 y 50 shekels (entre 4 y 10 dólares) al día. Cuando la FDI impone un toque de queda en la ciudad de Hebrón o impide a los palestinos cruzar andando la carretera, no hay trabajo.

Los asentamientos israelíes y los abusos contra los derechos humanos en los Territorios Ocupados

Desde su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, los sucesivos gobiernos israelíes han promovido activamente el establecimiento o la expansión de asentamientos israelíes en estas zonas, ofreciendo generosas subvenciones y prestaciones e incentivos económicos. Estos actos son contrarios a las disposiciones del artículo 49 del Convenio iv de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante trasladar a la propia población civil al territorio ocupado. El establecimiento de asentamientos y su continua expansión han sido condenados en reiteradas ocasiones por el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU, así como por muchos Estados.

En la Franja de Gaza hay 17 asentamientos israelíes, en los que viven entre 5.000 y 6.000 colonos. En Cisjordania hay 123 asentamientos reconocidos oficialmente, con una población aproximada de 198.000 colonos. También existe un número fluctuante de asentamientos pequeños no reconocidos, llamados «puestos de avanzada». Aunque estos «puestos de avanzada» no están autorizados por las autoridades israelíes, se envían soldados israelíes para custodiarlos las 24 horas del día. En el 2002, los intentos del ejército israelí de desmantelar algunos de estos «puestos de avanzada» se saldaron con enfrentamientos entre soldados y colonos, algunos de los cuales regresaron al emplazamiento inmediatamente después de ser evacuados por el ejército.

Algunos asentamientos tienen menos de 100 residentes. Otros, como el de Ariel, con una población de alrededor de 16.000 colonos, son ciudades bien establecidas y dotadas. Muchos asentamientos comenzaron como «puestos de avanzada» no autorizados, otros como escuelas religiosas y otros más como bases militares que posteriormente se entregaron a los colonos.

Estos asentamientos salpican toda Cisjordania y la Franja de Gaza, y están conectados entre sí con vastas redes de carreteras recién construidas que cruzan los Territorios Ocupados de norte a sur y de este a oeste. Los asentamientos israelíes y las carreteras de los colonos rodean todas las principales ciudades y muchos pueblos palestinos, haciendo imposible que éstos viajen muy lejos sin pasar cerca de uno de ellos.

La situación de los asentamientos ha asegurado la falta de contigüidad territorial entre las comunidades palestinas en diferentes zonas de los Territorios Ocupados. La zona ampliada de Naplusa, por ejemplo, que comprende ocho pueblos y dos campos de refugiados, y tiene una población total de unos 184.000 palestinos, está rodeada de ocho asentamientos habitados por unos 6.000 israelíes. Hay pueblos palestinos como Bidya, Kafr Thult, Azun y Hable que son islas, pues su contigüidad está rota por la tierra que controlan gran número de asentamientos israelíes y por una nueva carretera para los colonos que va hacia el sur, construida después de los Acuerdos de Oslo.

Los asentamientos israelíes de Cisjordania y Gaza son puntos de tensión desde hace tiempo. Los enfrentamientos entre colonos israelíes y la población palestina son habituales, tanto debido al resentimiento que causa entre los palestinos el establecimiento de asentamientos israelíes en sus tierras como por los frecuentes ataques de los colonos israelíes contra la población palestina y sus propiedades para expulsarla de sus tierras. La rápida expansión de los asentamientos y de la infraestructura que los acompaña, sobre todo las carreteras que los conectan entre sí, ocurrida en la pasada década, ha multiplicado estos puntos de tensión.

En los años noventa, las esperanzas de los palestinos de que el proceso de paz se traduciría en un Estado palestino independiente se vieron frustradas por la difusión y el crecimiento de los asentamientos y su infraestructura, que se construyeron sobre sus tierras y utilizaban su agua y otros recursos. La frustración de los palestinos aumentó a medida que se confiscaban más y más de sus tierras –en teoría «temporalmente» y para necesidades «de seguridad»–, para construir una red de carreteras que circunvalaban los pueblos palestinos y conectaban los asentamientos entre sí y con Israel.

«El ejército israelí llega con una orden de confiscación "temporal" válida por cinco años, arranca los olivos que habían plantado los tatarabuelos de alguien hace más de cien años, aplana la tierra con excavadoras y construye en su lugar una carretera de asfalto para los asentamientos vecinos. ¿Quién se va a creer que es algo temporal? Otras carreteras construidas en tierras confiscadas "temporalmente" hace 20 años siguen ahí.»

Jeff Halper, Comité Israelí contra las Demoliciones de Viviendas

Con el aumento de la tensión, aumentaron los ataques palestinos contra colonos israelíes en los Territorios Ocupados. Desde que comenzó la Intifada, los ataques contra colonos realizados por grupos palestinos armados han aumentado de forma espectacular, sobre todo los disparos efectuados desde vehículos en marcha en las carreteras, y han causado la muerte de alrededor de 190 israelíes y heridas a muchos más. Los ataques de los colonos contra los palestinos y sus propiedades también han aumentado. Los colonos han matado a varios palestinos y el ejército israelí a decenas más, cerca de los asentamientos o de las carreteras de los colonos, en situaciones en las que no representaban ningún peligro para las vidas de los israelíes.

El ejército israelí ha multiplicado las medidas para impedir la proximidad física de los palestinos con los colonos, aumentando al máximo la libertad de circulación de los colonos a costa de la libertad de circulación de los palestinos. A pesar de que sólo un porcentaje muy reducido de palestinos está implicado en ataques contra colonos o soldados israelíes, todos los palestinos son considerados atacantes en potencia. Para garantizar la libertad de circulación de unos 380.000 colonos israelíes, el ejército de Israel ha impuesto de forma cada vez más patente una especie de «confinamiento en su propio domicilio, pueblo o ciudad» a unos tres millones y medio de palestinos.

El primer ministro israrelí Ariel Sharon describió la política israelí en junio de 2002, después de una serie de incidentes con disparos efectuados desde vehículos en marcha. Según Radio Israel, el primer ministro dijo a los comandantes militares de Cisjordania: «Ahora las carreteras son el principal problema para la seguridad [...] No debe permitirse que los palestinos crean que pueden usar estas carreteras sin riesgos. Tienen que saber que podrían ser sorprendidos al hacer cualquier movimiento y afrontar una variedad infinita de situaciones.»

La discriminación de los palestinos

«[...] los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional y étnico, particularmente en el goce de los derechos [...] civiles, en particular [...] el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado [...]»

Artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Las clausuras, los toques de queda y las restricciones de la libertad de circulación en los Territorios Ocupados son fundamentalmente discriminatorios. Se aplican únicamente a la población palestina, y no a los colonos israelíes, y suelen imponerse a los palestinos para beneficiar a los colonos israelíes. Incluso cuando han sido los colonos israelíes quienes han iniciado un enfrentamiento, atacando a palestinos o destruyendo sus propiedades, el ejército israelí impone invariablemente clausuras, toques de queda u otras restricciones a los palestinos, incluso declarando un área «zona militar clausurada»y excluyendo de ella a los palestinos.

El temor de los palestinos a la violencia de los colonos también restringe su libertad de circulación, especialmente en los pueblos próximos a tierras controladas por asentamientos y en el sector H-2 de Hebrón. Esto es consecuencia de la inacción de las fuerzas de seguridad israelíes, que no responden con la debida diligencia a los abusos contra los derechos humanos de los palestinos que cometen los colonos israelíes. La investigación y el enjuiciamiento de los responsables de estos abusos es muy excepcional. La mayoría de los palestinos trata de evitar los enfrentamientos con colonos, conscientes de que los abusos a que éstos los someten suelen quedar impunes y de que no es probable que las fuerzas de seguridad israelíes protejan a los palestinos. En los últimos tres años, al menos dos palestinos han perdido la vida cuando trabajaban en sus tierras, aparentemente a manos de colonos israelíes. Cuando los colonos realizan actos de intimidación en la zona, como disparos contra palestinos o al aire, los palestinos que viven en pueblos próximos a asentamientos evitan ir a sus tierras, ni siquiera para cuidar de sus cultivos.

En octubre y noviembre de 2000, los agricultores palestinos no iniciaron la cosecha del olivo en muchos pueblos por temor a los ataques de los colonos, pese a que la previsión de que era una cosecha extraordinaria la hacía especialmente importante, dada la precaria situación económica. En el 2002, la UNRWA y el Comité de Defensa de la Tierra, una organización local de derechos humanos, registraron incidentes de violencia e intimidación contra recolectores de aceituna en 113 pueblos de Cisjordania.

Ataques de colonos israelíes contra recolectores de aceitunas palestinos

El 6 de octubre de 2002, unos colonos israelíes, aparentemente del asentamiento de Itamar, abrieron fuego contra unos agricultores del vecino pueblo de 'Aqraba, en la gobernación de Naplusa, cuando éstos recolectaban la aceituna, dando muerte a Hani Bani Maniyeh, de 22 años, e hiriendo a Fahdi Fadil Bani Jaber.

En octubre de 2002, alrededor de 150 personas, toda la población de Yanun, un pequeño pueblo próximo a 'Aqraba, abandonaron sus casas debido a los ataques de los colonos. Algunas familias regresaron al pueblo ese mismo mes bajo la protección de activistas por la paz israelíes e internacionales.

El 21 de octubre de 2002, los colonos israelíes de los asentamientos próximos atacaron a los agricultores palestinos que recogían sus aceitunas en el pueblo cisjordano de Turmus Aya (junto a la carretera 60, entre Jerusalén y Naplusa). Los agricultores palestinos dijeron a los delegados de Amnistía Internacional que un grupo de colonos israelíes llegó a sus campos y amenazó con disparar contra ellos si no se marchaban. Cuando los palestinos se negaron a irse, temiendo que de hacerlo, los colonos israelíes robaran sus aceitunas o quemaran sus olivos, los colonos prendieron fuego a siete de sus automóviles. Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron el lugar, el 26 de octubre de 2002, los siete autos incendiados seguían ahí. Cuando los delegados estaban terminando de entrevistar a los agricultores palestinos, unos colonos israelíes pasaron en un vehículo y poco después llegó una patrulla del ejército israrelí y un soldado pidió a los delegados de la organización que se fuesen de la zona.

En algunos casos, la respuesta del ejército y de la policía ante los actos de violencia e intimidación de los colonos israelíes ha sido declarar los olivares zonas militares clausuradas, obligando a los palestinos a abandonarlas, en lugar de protegerlos y permitirles que recojan la aceituna.

En respuesta a los ataques de los colonos, exclusión de los palestinos

Desde el 29 de septiembre de 2002, los colonos de Tapuah llegaron a las tierras de Kafr Yasuf, un pueblo de la gobernación de Naplusa, y recogieron aceitunas en tierras pertenecientes a Muhammad Mahmoud 'Ubeid. El 1 de octubre arrojaron piedras a los recolectores de aceitunas palestinos y golpearon a Angie Zelter, una activista por la paz británica del Movimiento Internacional de Solidaridad (MIS) que acompañaba a los palestinos a sus tierras para protegerlos de las agresiones de los colonos israelíes. Pese a las quejas ante la FDI y la policía israelí, no hubo ninguna intervención para detenerlos o iniciar una investigación seria sobre la paliza. El 3 de octubre, los palestinos regresaron para recolectar la aceituna acompañados de activistas por la paz israelíes e internacionales. Un grupo de soldados y policías israelíes estaba en la colina próxima al asentamiento cuando llegó a la zona un grupo de colonos, algunos de los cuales llevaban armas de fuego, y se dirigieron hacia los palestinos. En respuesta a la petición de un oficial del ejército israelí de que se marcharan, los aceituneros se trasladaron a otra parcela de tierra y siguieron recolectando aceitunas. Entonces llegó el comandante militar del distrito israelí, que comunicó a los aceituneros que la zona había sido declarada zona militar clausurada y les ordenó que se marcharan de inmediato.

El 21 de octubre de 2002, después de un atentado suicida palestino en Israel en el que murieron 14 personas, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Israelí impuso la prohibición total de recolectar aceitunas a los palestinos de toda Cisjordania. La decisión suscitó protestas generalizadas de las organizaciones de derechos humanos y amenazas de recurrir contra ella ante el Tribunal Superior, por lo que la FDI rescindió la orden al día siguiente. Un representante de la FDI informó a la Asociación por los Derechos Civiles en Israel de que la prohibición había sido una respuesta al atentado; posteriormente explicó que la FDI no podía proteger a los recolectores de aceituna palestinos de los ataques de los colonos.

La FDI ha declarado las zonas que rodean algunos asentamientos zonas militares clausuradas en las que los palestinos sólo pueden entrar con un permiso. Estas zonas se han creado incluso alrededor de puestos de avanzada considerados ilegales por las autoridades israelíes.

Cosechas perdidas

Muhammad Younes Suleibi, de 33 años, cultiva sus tierras en el pueblo de Beit 'Ummar, en la gobernación de Hebrón. Es propietario de 12 dunums de tierra cerca del asentamiento de Karmei Tsur. Karmei Tsur está en la cima de una colina y los agricultores de Beit 'Ummar y Halhoul cultivan tierras situadas en sus laderas. El 8 de junio de 2002, un grupo de palestinos armados disparó contra las casas rodantes situadas cerca de la valla que rodea el asentamiento y mató a tres civiles israelíes. Tras el ataque, la FDI declaró zona militar clausurada las tierras situadas bajo el asentamiento, cortando el acceso de los agricultores de Beit 'Ummar a alrededor de 1.000 dunums de sus tierras. Cuatro semanas después, se levantó la clausura sobre 600 dunums.

Durante la clausura, Muhammad Suleibi no pudo cosechar siete dunums de sus tierras ni tener acceso a unas mil tomateras, sus ciruelos y sus viñas. Las ciruelas maduraron y se pudrieron en los árboles. Las uvas se echaron a perder porque no pudo aplicarles insecticida. Muhammad perdió las tres cosechas, por un valor calculado de 35.000 shekels (alrededor de 7.000 dólares).

Incumplimiento de la obligación de proteger

Israel tiene la obligación de proteger a los palestinos que viven en los Territorios Ocupados de los actos de violencia. Sin embargo, Israel se abstiene sistemáticamente de adoptar medidas para poner fin a los ataques y amenazas de los colonos, hasta el punto de que varias zonas situadas cerca de los asentamientos se han convertido en zonas «prohibidas» para los palestinos.

La potencia ocupante tiene la obligación de hacer que la vida en el territorio ocupado sea lo más normal posible –«restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos» (artículo 43 del Reglamento de La Haya)–. Este informe muestra cómo las restricciones a la libertad de circulación impuestas en Cisjordania y la Franja de Gaza han paralizado casi por completo la vida cotidiana de los palestinos y son la causa principal de la grave depresión económica, del aumento del desempleo y de la pobreza generalizada.

La falta de voluntad y/o la incapacidad, del gobierno israelí para facilitar las condiciones que permitan que la población palestina tenga una vida normal bajo su ocupación están directamente relacionadas con la presencia de colonos israelíes en los Territorios Ocupados. Como ya se ha indicado, el traslado de colonos a los Territorios Ocupados, así como los esfuerzos de Israel para transformar la composición demográfica de los Territorios Ocupados son ilegales. El artículo 49 del Convenio IV de Ginebra prohíbe absolutamente que una potencia ocupante traslade a sus nacionales al territorio ocupado. Los sucesivos gobiernos israelíes han vulnerado esta prohibición y fomentado el establecimiento de asentamientos en todas las zonas de los Territorios Ocupados, ofreciendo millones de dólares en apoyo económico, incentivos fiscales y proyectos gigantescos para la construcción de carreteras e infraestructuras.

Como se documenta en este informe, los efectos que las restricciones de la libertad de circulación tienen en la vida de los palestinos –restricciones que se justifican oficialmente por la necesidad de proteger a los colonos– impiden que la población palestina de los Territorios Ocupados lleve una vida normal. La experiencia de los últimos años indica que el restablecimiento del orden y la seguridad públicos que exige el artículo 43 del Reglamento de La Haya es imposible mientras permanezcan los asentamientos israelíes. La mayoría de las restricciones a la libertad de circulación impuestas a los palestinos, como el establecimiento de zonas militares clausuradas en la Franja de Gaza y la prohibición de utilizar ciertas carreteras o aproximarse a determinadas zonas, sirven para impedir que la población palestina entre en contacto con los colonos israelíes. Esto hace que la población palestina sufra violaciones graves de derechos humanos, como los castigos colectivos y la discriminación.

Las leyes nacionales y el derecho internacional

Tanto en la ley como en la práctica, las autoridades israelíes han incumplido las obligaciones que les imponen las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario de respetar y proteger los derechos de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Las restricciones indiscriminadas y generalizadas impuestas por Israel a la circulación de personas y mercancías en los Territorios Ocupados no sólo violan el derecho a la libertad de circulación sino que también vulneran el derecho a trabajar y otros derechos económicos y sociales de los palestinos de los Territorios Ocupados.

La ley militar israelí

Israel aplica la ley militar en Cisjordania y en la Franja de Gaza desde que ocupó estos territorios en 1967. La Orden Militar 378 de 1970 confiere al ejército israelí discreción absoluta para imponer restricciones severas a la libertad de circulación de los palestinos que viven en Cisjordania. Hay una orden similar vigente en la Franja de Gaza. Estas órdenes no exigen que la FDI tenga en cuenta el bienestar y las necesidades de la población ocupada antes de imponer estas restricciones.

Contravenir las órdenes dictadas en virtud de los artículos 88, 89 y 90 de la Orden Militar 378 constituye un delito castigado con penas de hasta cinco años de prisión y multa. El artículo 88 confiere a los comandantes militares y a cualquier persona que actúe bajo su autoridad general o específica la facultad de prohibir, restringir o regular el uso de ciertas carreteras y de establecer las rutas que han de seguir vehículos, animales o personas. Con arreglo al artículo 89, un comandante militar puede ordenar a todas las personas dentro de una zona determinada que permanezcan en el interior de los edificios durante ciertas horas. El artículo 90 permite que los comandantes militares declaren cualquier zona o lugar «zona clausurada» y exige que para entrar o salir de ella haya que obtener un permiso escrito.

El derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos

humanos

Dos son los marcos jurídicos complementarios aplicables a la conducta de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza: las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Las normas internacionales de derechos humanos aplicables incluyen los tratados de derechos humanos que ha ratificado Israel. Los más importantes son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Otros pertinentes a las cuestiones que se exponen en este informe son la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

El PIDESC, ratificado por Israel en 1991, exige que los Estados Partes procuren la realización de determinados derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la salud y a la educación, y el derecho a un nivel de vida adecuado. El derecho al trabajo es fundamental para el disfrute de otros derechos, como el relativo a un nivel de vida adecuado. El trabajo también es un aspecto intrínseco de la dignidad y la realización humanas, y una necesidad humana básica que amerita su inclusión como un derecho específico en el PIDESC. Incluye el trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, así como otras actividades productivas o que generan ingresos, sean remuneradas con dinero o en especies.

El derecho al trabajo está garantizado por el artículo 6 del PIDESC, que establece:

«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

»2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.»

Todas las personas tienen derecho a unas «condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto.» (artículo 7).

El derecho a trabajar impone tres tipos de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, de proteger y de cumplir. La obligación de respetar exige que los Estados Partes no adopten medidas ni pongan obstáculos que impidan el acceso al trabajo. La obligación de proteger exige la adopción de medidas que garanticen que las instituciones no estatales y los ciudadanos particulares no priven a ninguna persona de su derecho al trabajo. Y la obligación de cumplir exige que los Estados Partes realicen actividades encaminadas a reforzar el acceso al trabajo de las personas.

El PIDESC impone a todos los Estados Partes la adopción de medidas «hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados [...] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.» (artículo 2). Deberán adoptarse medidas para lograr «la ocupación plena y productiva» (artículo 6). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo interpreta en el sentido de que los Estados Partes deben adoptar políticas y medidas encaminadas a «garantizar que haya empleo para todas las personas dispuestas a trabajar y que busquen trabajo.»⁵⁶Según el propio Comité, el derecho a un trabajo digno requiere la creación de un entorno social, económico y físico en el que todas las personas dispongan de oportunidades equitativas y satisfactorias de prosperar en virtud de su propio esfuerzo y de forma consecuente con su dignididad.

El PIDESC prevé que los Estados Partes sólo podrán obtener la plena efectividad de los derechos humanos garantizados por el tratado de forma progresiva y a lo largo del tiempo (artículo 2). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha afirmado, sin embargo, que tienen la «obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo», y «todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo [...] requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.»⁵⁷

El artículo 11 del PIDESC exige que los Estados Partes reconozcan «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.». Los Estados deberán abstenerse de impedir el acceso a los recursos necesarios para la realización de este derecho, incluidas las actividades que generan ingresos que permiten a las personas mantener un nivel de vida adecuado.⁵⁸

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

«La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona.»⁵⁹

El derecho a la libertad de circulación está garantizado por el artículo 12 del PIDCP. En circunstancias excepcionales, los Estados podrán aplicar restricciones a este derecho con el fin, entre otras razones, de proteger la seguridad nacional o los derechos y libertades de otros, pero las restricciones deberán ser previstas por la ley y ser congruentes con los demás derechos reconocidos en el Pacto. Según el Comité de Derechos Humanos:⁶⁰

«[...] las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho [...]; no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción. Las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación.

»[...] no basta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse.»

»La aplicación de restricciones en cualquier caso particular debe tener un fundamento jurídico claro y cumplir con el criterio de ser necesarias y con el requisito de la proporcionalidad. No se cumplirían estas condiciones, por ejemplo, [...] si se impidiera a una persona desplazarse por el interior sin un permiso especial.»

Es fundamental para los derechos que garantiza el PIDCP, incluido el derecho a la libertad de circulación y el derecho, previsto en el artículo 7, a no ser sometido a «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», que el Estado Parte respete y garantice estos derechos «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.» (artículo 2).

Las restricciones impuestas por Israel a la libertad de circulación de los palestinos en los Territorios Ocupados vulneran los derechos mencionados que garantiza el PIDCP. Las restricciones son discriminatorias, pues se imponen a los palestinos porque son palestinos. No son proporcionales, pues se imponen a todos los palestinos y no a personas concretas a las que se podría considerar legítimamente una amenaza para la seguridad. Confinar a toda la población de una ciudad en sus casas durante días o incluso semanas como respuesta a un ataque cometido por algunas personas procedentes de esa zona es una forma de castigo colectivo.

Además, las restricciones permitidas deben estar previstas en la ley. Sin embargo, suele ser difícil o imposible conocer las normas en cuya virtud se imponen las clausuras y los toques de queda o los requisitos para obtener un permiso para pasar. Las restricciones también se imponen a menudo de forma arbitraria, pues los soldados parecen tener discreción absoluta y aplicar las medidas de forma incongruente.

El derecho internacional humanitario

Las normas más importantes que rigen la conducta de una potencia ocupante y el trato que ha de dar a los civiles de los territorios que ocupa están establecidas en el Convenio IV de Ginebra y en el Reglamento de La Haya. Estas normas se consideran normas del derecho internacional consuetudinario, vinculantes para todos los Estados.

El artículo 27 es la piedra angular del Convenio IV de Ginebra, y establece el principio del respeto a la persona humana, la inviolabilidad de sus derechos fundamentales y su derecho a no ser discriminado. Establece que:

«Las personas protegidas tienen derecho, en todas las circunstancias, a que su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres sean respetados. Siempre serán tratadas con humanidad y protegidas especialmente contra cualquier acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública.

»[...] Habida cuenta de las disposiciones relativas al estado de salud, a la edad y al sexo, todas las personas protegidas serán tratadas por la Parte en conflicto en cuyo poder estén con las mismas consideraciones, sin distinción alguna desfavorable, especialmente por lo que atañe a la raza, a la religión o a las opiniones políticas.»

El comentario autorizado del CICR sobre los Convenios de Ginebra dice:

«la libertad de circulación de los civiles de nacionalidad enemiga podría restringirse sin duda, o incluso suprimirse, si las circunstancias así lo exigen. Por tanto, ese derecho no está incluido entre los demás derechos absolutos establecidos en el Convenio, pero eso no significa en modo alguno que se suspenda de una forma general. Antes bien al contrario: los reglamentos relativos a la ocupación y los relativos a los extranjeros civiles en el territorio de una Parte del conflicto se basan en que la idea de la libertad personal de los civiles no se ve afectada en general.»⁶¹

El artículo 27 reconoce también el derecho de una potencia ocupante a adoptar:

«las medidas de control o de seguridad que sean necesarias a causa de la guerra.»

Sin embargo, el comentario del CICR establece que:

«los reglamentos relativos a la ocupación [...] se basan en la idea de que la libertad personal de los civiles no se ve afectada en general [...] Lo que es esencial es que las medidas de restricción que adopten no deben afectar a los derechos fundamentales de las personas correspondientes. Como ya se ha visto, esos derechos deben respetarse incluso cuando las medidas de restricción estén justificadas.»

El artículo 33 del Convenio IV de Ginebra y el artículo 50 del Reglamento de La Haya prohíben los castigos colectivos. El artículo 33 del Convenio IV de Ginebra establece:

«No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.»

El artículo 43 del Reglamento de La Haya establece el principio general de que las potencias ocupantes deberán hacer todo lo posible para que la vida en el territorio ocupado sea lo más normal posible:

«Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país.»

La aplicabilidad del derecho internacional

Israel ha de rendir cuentas del cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en relación con el trato que da a los palestinos que viven en los Territorios Ocupados. Sin embargo, Israel niega actualmente que tenga la obligación de aplicar los tratados de derechos humanos de la ONU, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Franja de Gaza y en Cisjordania (excepto Jerusalén Oriental) por dos motivos.⁶²

En primer lugar, Israel alega que, con arreglo al derecho internacional, no tiene la obligación de aplicar estos tratados en zonas que no forman parte de su territorio soberano. Adopta la postura de que el derecho internacional debe aplicarse en los Territorios Ocupados con la exclusión de las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, es un principio básico de estas normas que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros tratados de derechos humanos, son de aplicación en todas las zonas en las que los Estados Partes ejercen el control efectivo, con independencia de que tengan o no la soberanía.

Además, Israel alega que no puede ser responsable internacionalmente de garantizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en estas zonas porque la mayoría de las facultades y responsabilidades civiles se han transferido a la Autoridad Palestina, en virtud de los Acuerdos de Oslo. Israel afirma que la Autoridad Palestina es «directamente responsable de esas cuestiones ante toda la población palestina de la Ribera Occidental [Cisjordania] y la Faja de Gaza, a quien debe rendir cuentas.»⁶³

Los Acuerdos de Oslo prevén que la Autoridad Palestina ejercerá amplios poderes y responsabilidades en los Territorios Ocupados. Sin embargo, la Autoridad Palestina depende claramente de la cooperación de Israel para ejercer dichos poderes y responsabilidades. Israel puede controlar y controla de hecho la circulación de los palestinos dentro de los Territorios Ocupados, así como el acceso a muchos recursos vitales, como la tierra y el agua. De forma creciente durante el pasado año, ha desplegado sus fuerzas en ciudades y pueblos que, según los Acuerdos de Oslo, están bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina y donde viven la mayoría de los palestinos. No hay duda de que Israel sigue ejerciendo el control efectivo de los Territorios Ocupados y que, por tanto, es responsable de cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

Lo más importante es que el artículo 47 del Convenio IV de Ginebra establece:

«No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los beneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la ocupación, en las instituciones o en el Gobierno del territorio de que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del territorio ocupado.»

La postura de Israel sobre la aplicabilidad de las convenciones de derechos humanos de la ONU en los Territorios Ocupados no ha sido aceptada por ninguno de los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos de la ONU. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus conclusiones sobre los informes iniciales de Israel de 2000, afirmó: «El Comité opina que las obligaciones del Estado en virtud del Pacto se aplican a todos los territorios y poblaciones que controla efectivamente.»⁶⁴El Comité pidió a Israel que le facilitara información adicional sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en los Territorios Ocupados, «con objeto de completar el informe inicial y dar así pleno cumplimiento a sus obligaciones en materia de información.».⁶⁵El Comité ha vuelto a estudiar esta cuestión en los dos últimos años y en el 2001 mantuvo su postura de que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es aplicable a los Territorios Ocupados, al afirmar: «incluso durante un conflicto armado, deben respetarse los derechos humanos fundamentales y [...] los derechos económicos, sociales y culturales básicos, como parte de las normas mínimas de protección de los derechos humanos, están garantizados por el derecho internacional consuetudinario y están consagrados también en el derecho internacional humanitario.»⁶⁶

Aunque Israel ha alegado ante los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU que el único régimen jurídico apropiado que ha de aplicarse en los Territorios Ocupados es el derecho humanitario, se ha negado a aceptar que muchas de estas normas son aplicables. Al tiempo que reconoce la aplicabilidad de jure del Reglamento de La Haya, rechaza sistemáticamente la aplicabilidad del Convenio IV de Ginebra a Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel mantiene que se aplican de facto unas «disposiciones humanitarias» no especificadas contenidas en el Convenio IV de Ginebra, mientras afirma que el derecho internacional no le exige hacerlo.

Israel es la única que sostiene que el Convenio IV de Ginebra no se aplica a su ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. La ONU, el CICR y la comunidad internacional en general mantienen sistemáticamente que dicho Convenio IV de Ginebra se aplica a los Territorios Ocupados y que los palestinos son una población protegida en virtud de los términos del Convenio.

La negativa a aceptar la monitorización internacional

Las autoridades israelíes se han negado a menudo a cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU creados para vigilar las prácticas in situ en materia de derechos humanos, incluido el relator especial de la ONU de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel desde 1967, y el relator especial de la ONU sobre el fomento de la realización del derecho a una vivienda adecuada. En el 2002, una misión de la ONU enviada por la Comisión de Derechos de la organización y encabezada por la entonces alta comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson, y una misión de investigación de la ONU creada por el secretario general y aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad no pudieron entrar en Israel y tuvieron que ser disueltas.

Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones una presencia internacional de monitorización con un fuerte componente de derechos humanos en Israel y los Territorios Ocupados. Aunque este llamamiento ha recibido un considerable apoyo tanto a nivel local como a nivel internacional, las autoridades israelíes se niegan sistemáticamente a aceptarlo. Además, el ejército israelí ha aumentado recientemente el hostigamiento de los activistas por la paz internacionales presentes en los Territorios Ocupados, entre cuyas actividades figura monitorizar las restricciones a la libertad de circulación de los palestinos y asistir al personal médico palestino y a los ciudadanos en general en sus desplazamientos en los Territorios Ocupados y en su paso por los puestos de control israelíes.⁶⁷

Recomendaciones

Al gobierno de Israel

• Respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en los Territorios Ocupados sin discriminación.

Libertad de circulación

• Poner fin al régimen de toques de queda y clausuras internas tal como se aplica actualmente en Cisjordania y la Franja de Gaza;

• abstenerse en cualquier circunstancia de imponer clausuras, toques de queda y otras restricciones a la libertad de circulación que constituyan un castigo colectivo;

• garantizar que sólo se imponen restricciones a la libertad de circulación cuando sean absolutamente necesarias, respondan a una amenaza específica para la seguridad, no sean discriminatorias y sean proporcionadas en cuanto a repercusiones y duración. El bloqueo de todos los accesos por vehículo a una ciudad o pueblo, especialmente durante periodos prolongados, que afecta indiscriminadamente a todos los palestinos de las zonas afectadas, equivale a un castigo colectivo y nunca debe ser utilizado;

• abstenerse de construir muros de separación o cualquier otra barrera permanente dentro de Cisjordania o de la Franja de Gaza que constituyan o se traduzcan en restricciones permanentes al derecho de libre circulación de los palestinos en el interior de los Territorios Ocupados o en la destrucción o apropiación arbitraria de sus bienes;

• hacer todo lo posible para restablecer y garantizar el orden y la seguridad públicos para los palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza;

• modificar las disposiciones de la Orden Militar 378, sobre restricciones a la libertad de circulación, para que sean conformes con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de circulación;

• instituir procedimientos claros y transparentes, basados en la ley, para establecer y levantar restricciones a la libertad de circulación y para impugnarlas.

Derecho al trabajo

• Garantizar el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado;

• en apoyo de su obligación de hacer efectivo el derecho al trabajo, considerar la posibilidad de permitir que trabaje en Israel un número mayor de palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Poner fin al uso excesivo de la fuerza

• Respetar las normas internacionales de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Sólo se deberá recurrir al uso letal intencionado de armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida y cuando sean insuficientes otros medios menos extremos;

• poner fin de inmediato al uso de la fuerza letal para hacer cumplir los toques de queda u otras restricciones a la libertad de circulación;

• garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad encargadas de hacer cumplir las restricciones a la libertad de circulación se abstienen de utilizar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todas las circunstancias.

Poner fin a la impunidad

• Tomar medidas efectivas para prevenir, investigar, perseguir judicialmente y castigar los abusos contra los derechos humanos de los palestinos cometidos por colonos israelíes. A tal fin, las fuerzas de seguridad israelíes deberán proteger a los palestinos de los ataques de los colonos israelíes. Todo ciudadano israelí que ponga en peligro ilegítimamente las vidas de palestinos deberá comparecer sin demora ante la justicia para ser juzgado con las debidas garantías, y ser condenado con arreglo a las normas internacionales, de forma proporcional a la gravedad de la infracción;

• iniciar investigaciones completas, exhaustivas, transparentes e imparciales de todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, incluidas las que se documentan en este informe, y hacer públicos los resultados;

• llevar ante la justicia a los presuntos autores de violaciones del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos en procesos que respeten plenamente las normas internacionales de justicia procesal;

• garantizar que las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario o de las normas internacionales de derechos humanos obtienen una indemnización y reparación inmediatas y adecuadas;

Derecho internacional y monitorización internacional

• Incluir información detallada sobre la situación en los Territorios Ocupados en todos los informes que se presenten a los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU;

• ratificar el Primer Protocolo Facultativo del PIDCP y el Protocolo Facultativo del PIDESC y formular una declaración en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura para que el órgano correspondiente de la ONU pueda recibir alegaciones individuales de violaciones de dichos convenios;

• aceptar una presencia internacional de monitorización en los Territorios Ocupados con un fuerte componente de derechos humanos, que brinde una mayor seguridad a israelíes y palestinos.

La cuestión de los asentamientos

El asentamiento de civiles israelíes en los Territorios Ocupados es una violación del derecho internacional humanitario y ha sido condenado en reiteradas ocasiones por la comunidad internacional.⁶⁸Además, es causa de numerosas violaciones de derechos humanos, incluida la imposición de más restricciones arbitrarias a la libertad de circulación de los palestinos en el interior de los Territorios Ocupados. Por tanto, Amnistía Internacional pide:

• que se ponga fin sin demora a la construcción o ampliación en los Territorios Ocupados de asentamientos israelíes y a toda infraestructura conexa, puesto que tales acciones violan el derecho internacional humanitario y no comportarán más que la imposición de nuevas restricciones arbitrarias a los palestinos y más abusos contra los derechos humanos;

• que se tomen medidas para evacuar a los civiles israelíes residentes en los asentamientos ubicados dentro de los Territorios Ocupados, de tal manera que se garantice el respeto de los derechos humanos de los palestinos, en particular el derecho a la libertad de circulación y a un nivel de vida adecuado. Tales medidas deben respetar asimismo los derechos de las personas evacuadas, incluido el de obtener una indemnización adecuada.

A la comunidad internacional

La comunidad internacional tiene la obligación, con arreglo al artículo 1 del Convenio IV de Ginebra, de «respetar y hacer respetar» el Convenio. Pese a la información facilitada por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y humanitarias internacionales, palestinas e israelíes, que documenta claramente violaciones del Convenio, incluidas infracciones graves del artículo 147, estos abusos continúan perpetrándose con impunidad.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional­:

• que se asegure de que Israel cumple sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos, y concretamente sus obligaciones como potencia ocupante de conformidad con el Convenio IV de Ginebra;

• que garantice que los derechos humanos son un eje central en todas las negociaciones, en los acuerdos provisionales y en los finales;

• que lleve ante la justicia a todo presunto autor de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que pueda hallarse dentro de su jurisdicción;

• que establezca una presencia internacional de monitorización en los Territorios Ocupados, con un fuerte componente de derechos humanos, en aras de una mayor seguridad para israelíes y palestinos.

A los grupos armados palestinos

Amnistía Internacional reitera una vez más su llamamiento a los grupos armados palestinos:

• para que pongan fin de inmediato a su política de matar y atacar a civiles israelíes, tanto en Israel como en los Territorios Ocupados.

A la Autoridad Palestina

Amnistía Internacional pide a la Autoridad Palestina que:

• tome medidas urgentes y concretas para prevenir los ataques de los grupos armados palestinos contra civiles israelíes, tanto en Israel como en los Territorios Ocupados;

• investigue de forma exhaustiva dichos ataques y garantice que se lleva ante la justicia a los responsables en procesos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.

Apéndice: Casos

Al-Mawasi, Franja de Gaza

Al menos 9.000 palestinos viven en al-Mawasi, una franja de tierra de 16 kilómetros que va desde el sur de Deir al-Balah hasta la frontera con Egipto, en la costa mediterránea. La mayoría de ellos se dedica a cultivar la tierra, que es fértil, o a la pesca marítima. El norte de al-Mawasi está dentro de la jurisdicción del municipio de Jan Yunis, y el sector meridional, en la del municipio de Rafah. Sólo tres kilómetros separan al-Mawasi Jan Yunis de la ciudad de Jan Yunis, y cinco kilómetros separan al-Mawasi Rafah de la ciudad de Rafah. Los residentes de al-Mawasi tienen que desplazarse a estas dos ciudades, y al resto de la Franja de Gaza, para ir a la escuela, acceder a los servicios médicos y a los mercados. Al-Mawasi tiene pocos servicios –dos clínicas con instalaciones muy básicas, dos escuelas primarias y una escuela secundaria para al-Mawasi Jan Yunis– y algunos de los maestros que viven fuera de la zona no pueden entrar en ella para trabajar. La mayoría de los servicios se crearon después de la Intifada porque los residentes no podían ir a Jan Yunis ni a Rafah.

Antes de la Intifada, al-Mawasi era un lugar de evasión de las zonas densamente pobladas de Jan Yunis y Rafah. La gente acudía a relajarse junto al mar en restaurantes, cafeterías y salones de bodas. El ocio era una fuente de ingresos creciente para los residentes.

Existen 12 pequeños asentamientos iraelíes en al-Mawasi: el bloque de asentamientos de Gush Katif, con una población total de 5.300 personas. En virtud del Acuerdo de Oslo, parte de la zona donde vivía la mayoría de los palestinos quedó dentro de la Zona B. La Autoridad Palestina era responsable de los asuntos civiles y del orden público para los palestinos, e Israel conservó la responsabilidad de la seguridad.

Antes de la Intifada, los palestinos podían usar tres carreteras que desembocaban en al-Mawasi: la carretera de la costa que discurre al norte de Deir al-Balah; una carretera que va en dirección este, hasta Jan Yunis, pasando por el puesto de control militar de la FDI en al-Tuffah, y otra carretera que va al este, hasta Rafah, pasando por el puesto de control militar de la FDI de Tel al-Sultan. Una autopista de dos carriles atraviesa el centro de al-Mawasi con señalización de destinos en Israel. Los palestinos no pueden utilizarla, pues es de uso exclusivo de los colonos y el ejército israelí.

Desde que estalló la Intifada, los residentes de al-Mawasi están sometidos a restricciones de circulación severas y crecientes que han supuesto el aislamiento y la ruina económica para los residentes. En noviembre de 2000, la FDI clausuró al-Mawasi, impidiendo la entrada a los no residentes. Los residentes podían desplazarse hasta Jan Yunis y Rafah sólo durante las horas diurnas. Tras la muerte en enero de 2001 del colono israelí Roni Tzalah, la FDI inscribió a todos los residentes en un registro y asignó un número a cada uno de ellos. Sólo podían entrar en la zona los palestinos que tenían este número en su tarjeta de identidad. Algunos residentes que estaban fuera de al-Mawasi en aquel momento sólo pudieron obtener un número después de dedicados esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos. Los menores de 16 años sólo podían entrar con uno de sus progenitores, que tenía al niño inscrito en su tarjeta de identidad.

Tras la muerte del colono israelí Nissan Dollinger a manos de un residente palestino de al-Mawasi el 12 de mayo de 2002, la FDI reforzó y formalizó la clausura de la zona. El 19 de mayo, la FDI emitió unas nuevas tarjetas de identidad magnéticas para los residentes. A los varones menores de determinada edad se les prohíbe con frecuencia entrar y salir de la zona, aunque tengan la documentación necesaria. El puesto de control de al-Mawasi suele estar cerrado durante largos periodos. Toda persona que sale de la zona corre el riesgo de no poder regresar a casa durante días, o incluso semanas. Cuando el delegado de Amnistía Internacional visitó al-Mawasi el 20 de octubre de 2002, el puesto de control llevaba cerrado desde el 6 de octubre. Los residentes que estaban en Rafah y Jan Yunis cuando se cerró no pudieron volver a sus casas durante dos semanas. El 20 de octubre, la FDI permitió el regreso de los varones mayores de 50 años y de las mujeres.

El 30 de octubre, a las 2 de la tarde, dos delegados de Amnistía Internacional llegaron al puesto de control situado entre al-Mawasi y Jan Yunis y lo encontraron cerrado. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, que habían salido de sus casas de al-Mawasi para ir a comprar o al médico en Jan Yunis, no podían volver a sus casas. Algunas llevaban esperando cuatro días. Aunque el puesto de control había estado abierto parcialmente en los días anteriores, no todos los que esperaban habían podido pasar y cada día había más habitantes de al-Mawasi atrapados en el puesto. Los delegados fueron a preguntar a los soldados porqué estaba cerrado el puesto y cuándo iban a abrirlo de nuevo. Uno de los soldados dijo que se reabriría al día siguiente, a las 8 de la mañana. Ante la insistencia de los delegados por saber por qué no reabriría hasta el día siguiente, el soldado les gritó que retrocedieran, so pena de dispararles.

L

Palestinos pasando con un refrigerador por un puesto de control para entrar en al-Mawasi, enero de 2002.

© Amnistía Internacional

os residentes no pueden entrar y salir con vehículos de al-Mawasi. Cuando el puesto de control está abierto, funciona un sistema «espalda con espalda» para la carga y descarga de mercancías. Los palestinos pasan las mercancías sobre un muro bajo desde un camión procedente de al-Mawasi a otro camión que viene de fuera de la zona. Desde el domingo por la mañana hasta el viernes a mediodía se pueden transportar productos agrícolas fuera de al-Mawasi. El viernes por la tarde se pueden introducir en la zona equipos y hierro (la piedra y el cemento están prohibidos). Los sábados se pueden introducir alimentos. En el mejor de los casos, sólo pueden cargarse o descargarse diez camiones procedente de al-Mawasi al día. Muchas veces las cargas de fruta y verduras se estropean antes de que les llegue el turno de pasar. Si el puesto de control está cerrado, los productos agrícolas se pudren.

La circulación en el interior de al-Mawasi está sometida a estricto control. Dentro de la zona hay cuatro puestos de control permanentes. La FDI y la Guardia de Fronteras también suelen dar el alto a los palestinos para hacer controles por sorpresa. A veces la FDI impone un toque de queda de 24 horas. Después del atentado del 12 de mayo de 2002, los residentes estuvieron siete días bajo el toque de queda. En otras ocasiones se les exige que permanezcan en el interior de sus casas durante la noche. La FDI ha cerrado muchos de los caminos agrícolas que atraviesan la zona, dificultando aún más a los agricultores las labores de cultivo de sus tierras y el transporte de sus productos.

Sin permiso para trabajar en Israel

Shahta Zu’rub, de 30 años, está casado y tiene cuatro hijos. Vive en al-Mawasi Rafah. Antes de la Intifada, trabajaba para una empresa de construcción en Israel como fontanero y ganaba entre 130 y 150 shekels (entre 26 y 30 dólares) al día. Después de perder su empleo, se quedó en casa dos meses, confiando en poder volver a trabajar en Israel. En diciembre de 2000 comenzó a trabajar como jornalero agrícola en al-Mawasi con un salario diario de sólo 20 shekels (unos 4 dólares). Ni siquiera pudo encontrar este trabajo de forma regular.

En septiembre de 2002 logró obtener un permiso para trabajar de nuevo en Israel. Tenía que salir de al-Mawasi clandestinamente, pues en aquella fecha los varones de su edad no podían abandonar la ciudad. Salía de Rafah a la 1:30 de la madrugada para poder cruzar los puestos de control de al-Matahin y Abu Holi y llegar al de Erez a tiempo para pasar. Volvía a Rafah entre las 9 y las 9:30 de la noche. Durante tres noches tuvo que dormir en el puesto de control de Abu Holi porque estaba cerrado y no pudo llegar a Rafah. Sólo había trabajado una semana cuando un soldado israelí le confiscó el permiso en el puesto de control de Erez sin explicaciones. Ahora está haciendo de nuevo trabajos agrícolas eventuales.

Al-Sayafa, Franja de Gaza

La pequeña zona de al-Sayafa se extiende alrededor de 4.000 dunums junto al Mediterráneo, en el extremo septentrional de la Franja de Gaza, al sur de la «tierra de nadie» que separa la Franja de Gaza de Israel. Está entre dos asentamientos israelíes: el de Dugit al sur, con una población de alrededor de 60 colonos, construido en tierras confiscadas a al-Sayafa, y el Elei Sinai al norte, con una población de unos 330 habitantes.⁶⁹Antes de la Intifada, los palestinos usaban la carretera de la costa para llegar a al-Sayafa, y los israelés para ir a Dugit. Una carretera secundaria daba acceso a al-Sayafa desde el este. En virtud del Acuerdo de Oslo, al-Sayafa quedó en una zona en la que la Autoridad Palestina era responsable de los asuntos civiles, e Israel de la seguridad.

Al-Sayafa es una zona agrícola, famosa por sus guayabas y la buena calidad de su agua. Los agricultores también cultivan cítricos, albaricoques, aguacates y verduras, y han invertido en sistemas de riego e invernaderos para aumentar la producción. La zona carece de servicios básicos: no hay escuela, ni clínica ni red de suministro eléctrico. Antes de la Intifada, vivían en al-Sayafa unas 180 personas, la mayoría de la agricultura, y otros palestinos entraban regularmente en la zona para cultivar sus tierras o trabajar en las de otros.

Desde que comenzó la Intifada, la FDI ha destruido cientos de dunums de tierras de cultivo, incluidos decenas de pozos y bombas de agua, y decenas de casas e invernaderos. La tierra adyacente a los asentamientos de Dugit y Elei Sinai ha quedado completamente arrasada. Según Musa al-Ghoul, líder comunitario, sólo quedan 600 dunums de los 4.000 dunums originales. La FDI impone restricciones crecientes a la libertad de circulación de los palestinos dentro y fuera de al-Sayafa, y les ha prohibido entrar en una zona de 150 metros alrededor del lugar, so pena de ser tiroteados. Un toque de queda impide a los residentes salir de sus casas entre el anochecer y el alba.

En octubre de 2000, la FDI comenzó a impedir a los palestinos el uso de la carretera de la costa para ir a al-Sayafa, que ahora es de uso exclusivo de los israelíes y la FDI. Los residentes de al-Sayafa usaron la carretera secundaria hasta junio de 2001, cuando la FDI la cerró también, después de un ataque de Hamas cerca de Dugit en el que murieron dos soldados de la FDI y otro resultó herido. La FDI trasladó la valla que rodeaba Dugit 700 metros al norte, de forma que ese tramo de la carretera secundaria quedó del lado del asentamiento, y rodeó al-Sayafa de barricadas de arena de unos 2,5 metros de altura, coronadas de alambre de púas. Todas las entradas a la zona quedaron cerradas y se estableció un paso a unos 50 metros al noroeste de Dugit para controlar entradas y salidas. La FDI impidió la entrada y la salida de la zona a todos los palestinos, incluidos los propietarios de tierras y los trabajadores que vivían fuera, hasta el 8 de julio de 2001.⁷⁰A partir de esa fecha, los residentes de al-Sayafa pueden salir y entrar de la zona sólo en determinadas horas.

Cuando Amnistía Internacional visitó el lugar, el 17 de octubre de 2002, el horario de apertura de los pasos era de 6:30 a 8:30 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, y estaba indicado por la presencia de un vehículo blindado de la FDI. A veces los pasos no se abrían en todo el día. Después del 2 de octubre de 2001, cuando Hamas atacó el asentamiento de Elei Sinai y mató a dos adolescentes israelíes, la FDI clausuró al-Sayafa durante 11 días. Sólo podían entrar y salir los palestinos residentes y algunos propietarios de tierras que tenían un número especial en su tarjeta de identidad.

En julio de 2001, la FDI ordenó también a todos los residentes que sacaran sus automóviles y tractores de la zona. Durante mucho tiempo no hubo en ella un solo vehículo y los residentes tenían que transportar los insumos y productos agrícolas, el combustible, los alimentos y otros suministros en carros tirados por burros o a mano. Después de muchos meses, la FDI accedió a permitir que entrara y saliera de al-Sayafa un único tractor, cuando el paso estaba abierto.

El 1 de mayo de 2002, el comandante militar del Distrito Meridional, general de división Doron Almog, ordenó la confiscación de una gran extensión de tierra durante cinco años, para necesidades militares, orden que confirmó el Tribunal Superior de Justicia israelí el 28 de mayo. Las tierras se utilizarán para construir una carretera militar con una valla electrificada a ambos lados que irá desde Elei Sinai hasta el asentamiento de Dugit y un puesto militar de la FDI adyacente. La mayor parte de las tierras de al-Sayafa quedarán dentro de la valla, junto con los asentamientos y el puesto militar, lo que aislará a los residentes de al-Sayafa indefinidamente del resto de la Franja de Gaza. Para ejercer su derecho a la libertad de circulación, estarán a merced de la FDI. Las obras ya han comenzado.

Los efectos de la clausura son devastadores. En octubre de 2002, sólo quedaban en el lugar 70 residentes. La mayoría de las familias con niños se habían marchado porque no podían garantizar poder llevarlos a la escuela y de regreso a casa. La mayor parte, si no todos, cultivan con déficit una zona donde la agricultura antes era muy rentable. Algunos han perdido la totalidad de sus tierras, o parte de ellas, por confiscación o destrucción. Quienes cultivan las tierras restantes no pueden obtener materiales esenciales debido a la prohibición de circular que pesa sobre los vehículos palestinos, y tienen problemas para transportar fuera sus productos. Si el paso está cerrado, la fruta y las verduras se pudren antes de llegar al mercado. A veces sencillamente resulta imposible transportar todo el producto al mercado con un solo tractor y un remolque o unas carretas tiradas por burros, en las horas en que está abierta la zona.

Cultivar con déficit

Musa Mahmoud al-Ghoul, de 55 años, vive con su esposa, su hijo y su nuera en al-Sayafa, donde es propietario de unos 60 dunums de tierra en dos zonas separadas. Antes de la Intifada, obtenía de las tierras entre 15.000 y 20.000 dinares jordanos (entre 21.300 y 28.400 dólares) y trabajaban en ellas al menos 20 jornaleros de fuera de la zona. En la parcela de 40 dunums situada junto a su vivienda, la familia sigue cultivando limones, clementinas, guayabas y aguacates. En febrero de 2002, la FDI arrasó 14 dunums de una parcela de 20 situada cerca del asentamiento de Elei Sinai que había sido plantada de palmeras datileras y verduras y tenía un estanque con peces. La familia sigue cultivando patatas en los seis dunums restantes, pero en octubre de 2002 temían que la FDI les hiciera perder también esta cosecha.

La familia ya no obtiene beneficios. Si su producción tiene que esperar a que haya transporte, la calidad disminuye y el precio se reduce. Incluso si logra llegar al mercado, los precios han caído en picado con la reducción de las exportaciones a Israel, Cisjordania y Jordania. En octubre de 2002, una caja de 14 kilos de clementinas se vendía a 3 dinares jordanos (alrededor de 4,25 dólares), comparado con los 10 dinares (unos 14,20 dólares) que se obtenían antes de la Intifada; una caja de guayabas se vendía a 2 dinares, y no a los 8 dinares (unos 11,35 dólares) de antes.

De vez en cuando, la FDI ha obligado a la familia a salir de sus casas en mitad de la noche alegando una supuesta infiltración de la zona. La noche del 12 de octubre de 2002 llegó un tanque a su casa y se ordenó a la familia que permaneciera en el puesto de control durante dos horas, hasta que les permitieron regresar a su casa.

Pesca marítima en la Franja de Gaza

A principios de 2001, había 2.543 pescadores registrados en la Franja de Gaza que trabajaban desde el puerto de la ciudad de Gaza y los embarcaderos de Deir al-Balah, Jan Yunis y Rafah. Desde 1994, el Acuerdo de Oslo ha restringido la pesca para los palestinos a una zona relativamente pequeña conocida como Zona L, que se extiende 20 millas náuticas desde la costa de la Franja de Gaza, y que está vigilada por patrullas navales israelíes.

Desde que comenzó la Intifada, el mar está total o parcialmente vedado para los pescadores. Durante la mayor parte de este periodo, la pesca ha estado prohibida en al-Mawasi Rafah y al-Mawasi Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Desde el 12 de mayo de 2002, los pescadores de Jan Yunis y Rafah tienen prohibido pescar frente a la costa, y desde el 1 de julio de 2002, se aplica la misma prohibición a los pescadores de Deir al-Balah y Gaza. Durante la mayor parte de este periodo se ha permitido la pesca hasta 12 millas, normalmente limitada a seis millas, frente a la costa central y septentrional. En algunas ocasiones, como entre el 15 de febrero y el 16 de marzo de 2001, la pesca ha estado totalmente prohibida en toda la Franja de Gaza.

Puerto pesquero, sur de Gaza. La FDI prohíbe habitualmente que los barcos salgan a la mar, octubre de 2002. © Amnistía Internacional.

Hay alrededor de mil pescadores registrados para pescar desde Jan Yunis y Rafah. Muchos de ellos viven fuera de al-Mawasi y desde que se clausuró, en mayo de 2002, no pueden entrar en la zona. Algunos residentes del campo de refugiados de Jan Yunis dijeron a Amnistía Internacional que, aunque no les permitieran pescar, querían recuperar los equipos de valor almacenados en la zona, como motores y redes. El 9 de enero de 2002, la FDI había confiscado al menos 20 motores pertenecientes a pescadores de Rafah, y según las noticias, el 18 de febrero la FDI irrumpió en los edificios que utilizaban los pescadores de al-Mawasi Jan Yunis y destrozó otros 10 motores. El coste medio de sustitución de estos motores es de alrededor de 16.000 shekels (unos 3.200 dólares).

Desde que comenzó la Intifada, el hostigamiento y las detenciones de pescadores palestinos por la armada israelí han aumentado. Los pescadores declararon a una delegada de Amnistía Internacional que la armada hacía disparos al aire y disparaba chorros de agua de gran potencia contra sus embarcaciones. Decenas de pescadores han sido detenidos y acusados de pescar en una zona prohibida, y algunos de ellos han denunciado malos tratos. Muchos han afirmado que el Servicio de Seguridad General de Israel los había interrogado sobre las actividades de la Policía Naval palestina y de un barco perteneciente a la Autoridad Palestina, lo que indica que el motivo real de al menos algunas de las detenciones era recabar informacón sobre las actividades de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza.

Pescadores detenidos y maltratados

La madrugada del 2 de septiembre de 2002, Muhammad Murad al-Hissi salió a la mar a pescar, capitaneando su barco junto con sus hermanos Sameh Mahmoud al-Hissi, de 25 años, y Ahmad Murad al-Hissi, de 20, y llevando a Jamail Khalil al-Shantaf, de 52 años, y Muhammad Mustafa al-Shantaf, de 18, como tripulantes. Hacia las 4:15 de la tarde, estaban a unos tres o cuatro kilómetros de la costa, en una zona donde estaba permitida la pesca. Se les acercó un barco patrulla de la armada israelí y los oficiales les pidieron sus permisos y les ordenaron que recogieran las redes. Los palestinos obedecieron. Después de una hora aproximadamente, los oficiales ordenaron a la tripulación palestina que siguiera al barco patrulla y se dirigieron hacia el oeste durante unos dos kilómetros. Muhammad al-Hissi detuvo entonces su barco, pues temía que los estuvieran llevando a una zona prohibida y los acusaran de pescar en ella. El barco patrulla tiroteó al pesquero y le disparó agua a alta presión con una manguera durante casi una hora, causando la rotura de las ventanas de la cabina.

Después ordenaron a Muhammad al-Hissi que se desnudara y nadara hacia el barco patrulla. Ahí lo esposaron con las manos a la espalda, le vendaron los ojos y lo obligaron a ponerse en cuclillas. Otros miembros de la tripulación fueron llevados a bordo del barco patrulla, que regresó al puerto de Ashdod, en Israel, remolcando el barco palestino. Tras someterlos a un examen médico en el puerto, hacia la 1:15 de la mañana, los esposaron y les vendaron los ojos de nuevo y los metieron en un autobús, donde viajaron entre hora y hora y media en ropa interior en una temperatura muy fría.

Los llevaron a un edificio, donde los interrogaron. En presencia de dos policías, uno de los interrogadores acusó a Muhammad al-Hissi de estar en una zona prohibida, lo que éste negó, y le pidió que firmara una declaración escrita en hebreo, cosa que hizo. Entonces llevaron a los cinco hombres al centro de detención de Erez, a donde llegaron alrededor de las 6 de la tarde, vistiendo aún sólo la ropa interior, y los sometieron a otro examen médico. El 10 de septiembre comparecieron ante un tribunal, acusados de pescar en una zona prohibida, pero se retiraron los cargos y fueron puestos en libertad.

La armada israelí les devolvió su barco 16 días después, y la Autoridad Palestina lo retuvo otros nueve días antes de liberarlo. Faltaba equipo por valor de alrededor de 4.000 shekels (unos 800 dólares), y Muhammad al-Hissi perdió todos sus ingresos durante cada uno de los días que no pudo hacerse a la mar.

Las clausuras marítimas han causado graves perjuicios a la industria pesquera de la Franja de Gaza y a los negocios que dependen de ella, como los talleres mecánicos y el comercio al por mayor. Las capturas totales han pasado de las 3.650 toneladas de 1999, por valor de casi 11 millones de dólares, a 1.950 toneladas, por valor de algo más de 6 millones de dólares, en el 2001.⁷¹Los pescadores de Rafah y Jan Yunis han perdido todos sus medios de subsistencia, y algunos de Deir al-Balah y la ciudad de Gaza no trabajan o trabajan con déficit porque en la estrecha zona donde se les permite pescar las capturas son muy reducidas. También han sufrido pérdidas directas a causa de los daños o las confiscaciones de sus propiedades a manos de la FDI, así como pérdidas de ingresos durante los periodos de detención o cuando les confiscaban los barcos.

Pérdida de ingresos y cierre de negocios

Hisham Khaled Bakr, de 34 años, vive en la ciudad de Gaza y mantiene a su esposa, a dos hijos, a su madre y a un hermano desempleado. Junto con tres socios, se dedica a la captura de pescado azul como sardinas y atunes en las temporadas más fructíferas, en abril y mayo y en septiembre y octubre. Antes de la Intifada obtenían unos beneficios anuales de alrededor de 10.000 shekels (unos 2.000 dólares). En octubre de 2000 no ganó nada porque la FDI impuso una clausura marítima total, y en el 2001 sólo obtuvo unos 2.000 shekels (alrededor de 400 dólares) por temporada debido a las clausuras parciales. Durante la primera temporada de 2002 ganó entre 2.000 y 3.000 shekels (entre 400 y 600 dólares).

Antes de la Intifada, cada miembro de la tripulación ganaba unos 1.000 shekels (alrededor de 200 dólares) por temporada. Debido a la disminución de las capturas, los socios redujeron los salarios de la tripulación a 600 shekels (unos 120 dólares) en las últimas tres temporadas. El barco no se hizo a la mar en la segunda temporada de 2002 porque la tripulación se había marchado en busca de un trabajo mejor pagado.

Hisham Bakr también tenía un negocio en Gaza, de fabricación y venta de ropa. En los primeros días de la Intifada, el mercado de la ropa hecha en Gaza se hundió porque muchos palestinos perdieron su fuente de ingresos y tuvieron que comprar ropa más barata, importada de China. Renunció a este trabajo y carece de fuente de ingresos.

Sa’ir, Cisjordania

Sa’ir es un pueblo de unos 14.500 habitantes situado al noreste de la ciudad de Hebrón. Antes de la Intifada, casi la mitad de los trabajadores estaban empleados en Israel y en los asentamientos. Debido a la clausura total de Cisjordania respecto de Israel, casi todos perdieron su trabajo. La mayoría no ha podido encontrar un empleo alternativo en Cisjordania.

La FDI ha cerrado las dos salidas de Sa'ir. La carretera 356, que va de Sa'ir a Hebrón y Belén, está cerrada con bloqueos, uno al noreste de Sa'ir, en el lado de Belén, y el otro en Beit 'Anun, al suroeste, en la intersección con la ruta 60, una carretera empleada por colonos israelíes. Cualquier desplazamiento, incluso a pie, cerca del asentamiento de Asfar, que está en la carretera 356, al este de Sa'ir, es peligroso. Los soldados de la FDI o los colonos suelen disparar al aire o contra los palestinos de la zona.

Además, la FDI ha cavado una zanja de entre uno y dos metros de profundidad a lo largo de algunos tramos de la carretera 369, al norte de Sa'ir y a la que se accede desde un camino agrícola. Los conductores palestinos han empezado a cruzar la carretera 369 para usar la carretera que sale de 'Arb al-Shama'a para ir a Belén. La carretera 369 también la usan los colonos israelíes.

Con el aumento del desempleo, los ingresos agrícolas podían haber ayudado a los residentes de Sa'ir durante la Intifada, pero las clausuras han reducido drásticamente los ingresos de los agricultores. Los principales cultivos son uvas, ciruelas y aceitunas. Sin embargo, el 90 por ciento de las tierras agrícolas de Sa'ir están al otro lado del bloqueo de la carretera, al noreste, y hay que acceder a ellas por la carretera 356. Ahora los agricultores sólo pueden llegar a sus campos a pie o a lomos de burro o de mula.

Drástica disminución de los ingresos agrícolas

Ahmad ‘Abd al-Nabi Shalaldeh, de 64 años, es el mayor propietario de tierras de Sa'ir, pues posee más de 2.000 dunums. Ahmad declaró a Amnistía Internacional que alrededor de 800 dunums de las tierras de Sa'ir, situadas en Wadi Sa'ir, al otro lado del puesto de control del noreste, están plantadas de ciruelos y producen alrededor de 1.700 toneladas de fruta al año. En el 2002, él y otros agricultores perdieron casi toda la cosecha de ciruelas, pues estuvieron prácticamente inaccesibles cuando maduraron, en junio y julio, porque la carretera estaba cerrada y debido a los problemas para transportarla, incluso a las ciudades próximas de Belén y Hebrón. Además, el precio de las ciruelas ha caído en picado. Antes de la Intifada, un kilo de ciruelas Santa Rosa, la variedad más común en Sa'ir, se pagaba a un precio de entre 6 y 7 shekels (entre 1,2 y 1,4 dólares), pero en el 2002, sólo se podía obtener 1 shekel (20 centavos de dólar). Debido a la clausura, los agricultores perdieron sus mercados en Israel, la Franja de Gaza y la mayor parte de Cisjordania. El mercado de las uvas también se hundió. Su precio antes de la Intifada era de entre 3 y 3,5 shekels (entre 60 y 70 centavos de dólar) el kilo, y en la temporada de 2002 fue de sólo 1 shekel (aproximadamente 20 centavos de dólar).

A Ahmad Shalaldeh le preocupaba enormemente la cosecha del olivo de octubre de 2002: «Perdimos las ciruelas. Perdimos las uvas. [La FDI] debería al menos abrir las carreteras y protegernos de los colonos, para que podamos cosechar nuestros olivos.» Los olivares, que tienen entre 1.200 y 1.300 dunums de extensión, están también en la parte noreste del bloqueo de la carretera, cerca del asentamiento de Asfar.

La facturación de Ahmad Shalaldeh ha disminuido espectacularmente en los últimos dos años. En el 2000, antes de la Intifada, ingresó 120.000 shekels (unos 24.000 dólares) por la venta de sus productos. En cambio, en el 2001, sus uvas, ciruelas y albaricoques se vendieron por sólo 40.000 shekels (unos 8.000 dólares), y por 15.000 shekels (unos 3.000 dólares) en el 2002.

Peligran los medios de subsistencia de los pastores

Zuheir Yousef Shalaldeh, de 21 años, está casado, tiene dos hijos y mantiene a una familia de 13 miembros, siete de ellos niños. La familia depende totalmente de los ingresos de su rebaño de 150 cabras. El clan familiar es propietario de 1.000 dunums de tierra, cerca del asentamiento de Asfar. Antes de la Intifada, pastaban en ella 1.000 cabras y ovejas. Ahora la familia tiene dificultades para llegar hasta sus tierras, debido al cierre de la carretera 356. A veces la FDI les impide incluso caminar por la carretera y tienen que trepar por las montañas, acercándose peligrosamente al asentamiento de Asfar. Los colonos y los soldados de la FDI disparan en su dirección, incluso cuando están en sus propias tierras, por lo que la familia lleva a pastar a su rebaño en los 100 dunums que están más lejos del asentamiento.

Debido a la clausura, apenas se encuentra salvado para alimentar a las cabras. Zuheir Shalaldeh y su familia pueden comprar heno, pero cuando la clausura es estricta, ni siquiera se encuentra heno siempre, porque los comerciantes no pueden transportarlo hasta Sa'ir. La familia tiene que llevar el heno hasta sus tierras en burro.

Antes de la Intifada, la familia inmediata de Zuheir Shalaldeh obtenía entre 6.000 y 7.000 dinares jordanos (entre 8.520 y 9.940 dólares) al año de las cabras. Ahora los ingresos se han reducido a 4.000 ó 4.500 dinares (entre 5.680 y 6.390 dólares). La familia ha dejado de ordeñar las vacas por las dificultades de transportar los productos lácteos a Sa'ir para venderlos. A principios de 2002 sólo pudieron vender por 50-55 dinares jordanos (entre 71 y 78 dólares) unas cabras que antes de la Intifada habrían reportado entre 80 y 90 dinares (entre 113 y 128 dólares). La demanda ha disminuido, pues mucha gente no puede permitirse comer carne de forma regular.

Hebrón, Cisjordania

Hebrón es, con sus casi 140.000 habitantes, la ciudad más populosa de Cisjordania. Como centro comercial, presta servicios a los pueblos de la gobernación de Hebrón, que tiene la mayor población de todas las gobernaciones de Cisjordania. Hebrón tiene una base industrial significativa, especialmente en confección, cantería, calzado y metalurgia.

Hebrón es la única ciudad de Cisjordania en cuyo interior residen colonos israelíes. Hay cerca de 500 colonos que viven en cuatro enclaves situados dentro del casco antiguo de Hebrón o adyacentes al mismo: Beit Hadassah, Beit Romano, Avraham Avinu y Tel Rumeida. Además, alrededor de 7.000 colonos viven en dos asentamientos situados en las afueras de la ciudad: Givat Harsina y Kiryat Arba', y entran regularmente en ella. Existe un gran contingente de soldados de la FDI, miembros de la Guardia de Fronteras y policías israelíes en la ciudad, para proteger a los colonos. En 1997, las fuerzas de seguridad israelíes se replegaron de casi el 80 por ciento del término municipal de Hebrón, conocido como H-1, y entregaron el control a la Autoridad Palestina. Sin embargo, conservaron el control sobre el resto de la ciudad, el sector H-2, que incluye el casco antiguo, los cuatro enclaves judíos, el Haram Al-Ibrahimi o Cueva de Machpelah (Cueva de los Patriarcas) y la zona industrial de la ciudad. El casco antiguo ha sido siempre el centro comercial y cultural de Hebrón. La FDI volvió a ocupar el sector H-1 el 25 de junio de 2002, con lo que tomó el control de toda la ciudad. El 25 de octubre se replegó de parte del sector H-1, pero continuó en las elevaciones de Hara al-Sheikh y Hara Abu Sneineh. El 16 de noviembre, la FDI ocupó de nuevo la totalidad de Hebrón y ha permanecido desde esa fecha en el sector H-1.

Hebrón sufre frecuentes tensiones debido a la presencia de la comunidad de colonos y de las fuerzas de seguridad en una zona palestina densamente poblada, y son habituales los enfrentamientos. Sin embargo, las fuerzas de seguridad israelíes responden de forma diferente a los ataques de los palestinos y a los de los colonos. Rara vez intervienen para proteger a los palestinos de los frecuentes ataques que cometen los colonos en el casco antiguo contra los palestinos y sus propiedades. En cambio, responden, muchas veces con fuerza excesiva, a los ataques contra los colonos, y los palestinos corren el riesgo de ser juzgados por tribunales militares por dichos ataques.

Como ya se ha indicado, desde que comenzó la Intifada la FDI viene imponiendo de forma rutinaria toques de queda de 24 horas a los palestinos del sector H-2, a veces durante semanas, levantándolos ocasionalmente para permitirles reponer suministros. Sin embargo, estos toques de queda se aplican únicamente a los palestinos, mientras que los israelíes pueden circular con libertad. A veces se impone el toque de queda para permitir que los colonos celebren una festividad religiosa. En septiembre de 2002, algunos sectores de Hebrón quedaron sometidos a un toque de queda de 24 horas por la festividad de Sukkot. Miles de israelíes llenaron las calles del casco antiguo, e incluso asistieron a un concierto al aire libre, mientras los palestinos debían permanecer encerrados en sus casas.

Las severas restricciones a la libertad de circulación de los palestinos dentro del casco antiguo no se aplican a los colonos. Desde que comenzó la Intifada, los vehículos palestinos no pueden entrar en la zona. Todas las mercancías, sean de uso personal o comercial, han de introducirse o sacarse a mano o en carretilla. Los palestinos ni siquiera pueden caminar en algunas calles del casco antiguo, salvo que sean residentes, porque la FDI ha declarado zonas militares clausuradas tres de los asentamientos cercanos. Una de las calles, la de al-Shuhada', es una carretera importante que une los sectores oriental y occidental de Hebrón.

Más de 300 comercios palestinos del casco antiguo llevan meses clausurados por orden de la FDI. El 10 de marzo de 2001, los colonos iraelíes atacaron a los palestinos y sus propiedades en el Mercado Antiguo, después de que un israelí del asentamiento de Avraham Avinu fue tiroteado. Al día siguente, la FDI ordenó la clausura de más de 70 comercios y aisló la mayor parte del sector con alambre de púas. La orden, que inicialmente iba a estar en vigor dos semanas, sigue vigente aún.

En general, las fuerzas de seguridad israelíes no han impedido que los colonos tomaran el control de propiedades del casco antiguo, en los sectores clausurados para los palestinos. Por ejemplo, los colonos israelíes han convertido algunos comercios del Mercado Antiguo en apartamentos.

El 23 de septiembre de 2002, cuando un palestino disparó y mató a un israelí e hirió a sus tres hijos cerca del asentamiento de Avraham Avinu, la FDI prohibió a los comerciantes palestinos que abrieran los 36 comercios del vecino mercado de Suq al-Laban. La orden sigue en vigor.

Los delegados de Amnistía Internacional visitaron Hebrón en varias ocasiones en octubre de 2002. El 24 de octubre, el sector H-2 no estaba bajo el toque de queda. Sin embargo, había muy pocos palestinos caminando dentro del casco antiguo, y la mayoría de los comercios y talleres estaban cerrados. La economía de Hebrón ha sufrido una combinación de reveses: el estricto sitio impuesto a la ciudad, que la aísla de los pueblos de alrededor; la clausura de Israel; los toques de queda; y la falta de dinero de los palestinos. La situación del casco antiguo es peor aún: no pueden circular vehículos dentro del mismo; algunas de sus calles principales y mercados más importantes están cerrados; los toques de queda son frecuentes y a veces duran varios días. Muchos palestinos evitan entrar en el casco antiguo, o al menos en las zonas próximas a los asentamientos, por temor a la violencia de los colonos.

Suben los costos de fabricación y se hunde la producción

‘Abd al-Rahman Jobe’ es propietario de la fábrica de al-Nada, en la zona industrial de Hebrón, ubicada en el sector H-2, que produce objetos decorativos de metal, como pasamanos, a partir de tuberías metálicas fabricadas en Israel. Antes de la Intifada, la fábrica tenía dos turnos de ocho horas al día y daba trabajo a 25 obreros. Entre el 40 y el 50 por ciento de la producción estaba destinada al mercado de la gobernación de Hebrón, y el resto a otras zonas de Cisjordania y para exportar a Jordania.

La producción se ha reducido drásticamente desde octubre de 2000, y ‘Abd al-Rahman Jobe’ calcula que los beneficios se han desplomado y no son sino un 10 ó un 20 por ciento de los de antaño. En octubre de 2002, la fábrica empleaba sólo a cuatro obreros, tres de los cuales eran familiares del propietario, y normalmente sólo había un turno al día. Cuando se imponían toques de queda en el sector H-2, la fábrica no podía funcionar.

Debido a las dificultades para transportar mercancías fuera de Hebrón, a otras partes de Cisjordania, el 80 por ciento de la producción está destinada sólo a la gobernación de Hebrón. Los demás pedidos suelen ser para la gobernación de Belén y rara vez para la zona septentrional de Cisjordania.

Los gastos de transporte han aumentado drásticamente para la fábrica. El costo de llevar un cargamento de tuberías de metal desde Tel Aviv a Hebrón ha subido de 600 shekels (alrededor de 120 dólares) a entre 1.600 y 1.800 shekels (320-360 dólares). Hasta finales de 2001, un camión israrelí con placas de color amarillo transportaba las tuberías al puesto de control de Tarqumiya, cerca de la Línea Verde, donde se transferían a un camión palestino con placas de color verde que las llevaba hasta Hebrón. La FDI ha prohibido la importación de tuberías de metal por este puesto de control. Ahora un camión de placas amarillas debe rodear los puestos de control israelíes para llevar la mercancía hasta Hebrón, recorriendo una tortuosa ruta desde Tel Aviv hasta Beersheva, en Israel, y atravesando el sur de Cisjordania.

Naplusa, Cisjordania

Árboles talados por la FDI para bloquear la carretera a Naplusa, octubre de 2002.

© Amnistía Internacional

Naplusa es la segunda ciudad de Cisjordania, y tiene una población de alrededor de 120.000 habitantes. Es el corazón económico del norte de Cisjordania y abastece a los pueblos de alrededor, así como a las gobernaciones de Tubas, Tulkarem, Kalkilia y Yenín. Naplusa tiene una base industrial más sólida que otras ciudades palestinas, y sus fábricas producen diversos productos, especialmente alimentos y confección. La ciudad también tenía un gran número de artesanos dedicados a actividades como la cantería y la carpintería.

Desde que comenzó la Intifada, la economía de la ciudad padece un número cada vez mayor de clausuras internas, que impiden la circulación entre ciudades y pueblos. Los pueblos de los alrededores dependen de los servicios médicos y educativos de Naplusa, que también es el centro para la comercialización de los productos agrícolas del norte de Cisjordania, sobre todo para los agricultores que trabajan en Yiftlik, en el Valle del Jordán. Antes de la Intifada, los productos de las fábricas de Naplusa, como la leche Safa y el jabón de aceite de oliva, se distribuían en toda Cisjordania y la Franja de Gaza.

La economía recibió otro golpe más el 29 de marzo de 2002, cuando la FDI ocupó seis ciudades palestinas, así como numerosos pueblos, después de una serie de atentados suicidas con bombas en los que murieron varios civiles israelíes. Naplusa fue invadida la noche del 4 de abril, y toda la ciudad quedó sometida al toque de queda hasta que se retiró la FDI, el 22 de abril. Los combates entre la FDI y palestinos armados se centraron en el casco antiguo. Durante la invasión murieron 80 palestinos, varios de los cuales eran civiles no combatientes.

La FDI también destruyó edificios e infraestructura. Una evaluación de los daños físicos e institucionales derivados de las acciones de la FDI realizada por el Grupo de Apoyo de los Donantes, del Comité de Coordinación Local de Ayuda, concluyó que Naplusa había sido la zona más afectada, y calculó unos gastos de reparación por importe de 113 millones de dólares. El sector privado había sufrido daños por valor de más de 28 millones de dólares, sobre todo en oficinas y comercios. Durante esta ocupación y las posteriores, los toques de queda confinaron a los residentes en sus casas durante días, sin un calendario predecible. La pérdida de ingresos debida a los toques de queda y a la clausura interna fue incluso más significativa que la destrucción física.

La FDI volvió a invadir Naplusa el 31 de mayo de 2002 y permaneció en la ciudad hasta el 6 de junio, periodo en el que impuso un toque de queda de 24 horas. El 21 de junio de 2002 invadió de nuevo la ciudad, y continúa ahí hasta la fecha. El régimen de toque de queda las 24 horas del día, que duró hasta el 7 de octubre en Naplusa occidental y hasta el 11 de octubre en Naplusa oriental, fue sustituido por un sistema de toques de queda nocturnos hasta el 3 de noviembre, fecha en que se reinstauró el toque de queda de 24 horas. Según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, entre el 21 de junio y el 20 de noviembre de 2002 Naplusa estuvo sometida casi el 90 por ciento del tiempo al toque de queda, que sólo se levantó durante 497 horas.

Durante gran parte del tiempo, la FDI ha hecho cumplir el toque de queda de forma estricta. Los soldados han abierto fuego en ocasiones contra civiles palestinos, pese a que no constituían ningún peligro.⁷²Sin embargo, con el paso del tiempo, el toque de queda se ha ido infringiendo cada vez más, sobre todo después del comienzo del curso escolar. El 15 de septiembre de 2002, por ejemplo, más de 100 mujeres y niños en edad escolar hicieron caso omiso del toque de queda y marcharon hasta un bloqueo de carretera de la FDI situado dentro de la ciudad para protestar por el cierre de las escuelas de Naplusa.

La FDI también ha restringido la circulación dentro de Naplusa. A principios de septiembre de 2002, la FDI dividió físicamente los sectores oriental y occidental. Cuando el delegado de Amnistía Internacional visitó la ciudad el 29 de septiembre, un tanque impedía que los vehículos palestinos cruzaran la ciudad. El 5 de octubre, el tanque había sido sustituido por unos elevados montículos de tierra y un árbol talado. Después de dividir la ciudad, la FDI levantó a menudo el toque de queda en uno u otro sector. En la parte occidental está el principal distrito comercial, la Universidad de al-Najah y el hospital gubernamental de Rafidia, y en la parte oriental está la zona industrial. Como consecuencia de ello, muchos palestinos descubrieron que, aunque se levantaba el toque de queda en su sector, no siempre podían llegar al trabajo, visitar al médico o ir a la escuela o a la universidad.

Israel ha afirmado en reiteradas ocasiones que el toque de queda es necesario para impedir los ataques contra civiles israelíes, tanto en Israel como en Cisjordania. En una entrevista publicada en la prensa el 2 de octubre, el coronel de la FDI responsable de la brigada de infantería de Naplusa indicó claramente, sin embargo, que las restricciones eran también una forma de castigo colectivo: «[los residentes de Naplusa] sufrirán hasta que entiendan [...] Mi labor es impedir que se cometan atentados suicidas con bombas.» También dijo: «Aquí la vida es espantosa [...] Éste es el precio. Han retrocedido más de 20 años.»

Imposible conseguir tratamiento médico vital

Nabil Hani ‘Ashur, de 49 años, es un fontanero que trabaja por cuenta propia. Está casado, tiene cuatro hijos y también mantiene a su madre. Instala la fontanería en edificios de nueva construcción en Naplusa. Antes de la Intifada, ganaba entre 2.000 y 3.000 shekels al mes (400-600 dólares), pero en los últimos 18 meses sólo ha ganado entre 200 y 250 shekels (40-50 dólares) mensuales. La construcción en Naplusa escasea debido a la depresión económica y a la escasez de material de construcción. Algunos meses Nabil no gana nada.

Nabil tuvo que buscar dinero para comprar medicamentos para su esposa, Suhad 'Ashur, que sufría cáncer de mama. Suhad recibía tratamiento, incluidas radiaciones, pero después de que la FDI ocupó Naplusa en abril de 2002, estuvo casi dos meses sin poder recibir tratamiento debido a los toques de queda y a la clausura. Incluso después de que la FDI se retiró de Naplusa, el 22 de abril, el médico especialista no pudo llegar al hospital de Naplusa desde su casa, en Yenín, durante varias semanas. Suhad 'Ashur murió el 9 de julio.

Yenín, Cisjordania

Yenín es la ciudad más septentrional de Cisjordania. Junto con el vecino campo de refugiados, tiene una población de 43.000 habitantes. Debido a su proximidad a Israel, los contactos económicos y sociales con israelíes eran numerosos. Antes de la Intifada, casi el 30 por ciento de los residentes de las gobernaciones de Yenín y Tubas trabajaba en Israel, un porcentaje superior al de cualquier otra zona de Cisjordania. Cuando en marzo de 2002 la FDI invadió las ciudades de Cisjordania, casi todas estas personas habían perdido su empleo en Israel. Todos los fines de semana, cientos de palestinos e israelíes acudían a la ciudad para hacer compras, aprovechando los bajos precios. Ahora es ilegal la entrada de israelíes a la Zona A, y han dejado de ir.

Al igual que en Naplusa, la situación económica en Yenín se deterioró aún más cuando la FDI ocupó la ciudad, el 3 de abril de 2002, y la sometió al toque de queda hasta que se retiró, el 18 de abril. Después de varias incursiones en la ciudad en los meses siguientes, la FDI entró de nuevo en Yenín el 25 de julio y permanece ahí desde entonces. La ciudad lleva meses sometida a un toque de queda de 24 horas. Según la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, entre el 25 de julio y el 22 de noviembre de 2002, Yenín estuvo bajo el toque de queda casi el 70 por ciento del tiempo. Una delegada de Amnistía Internacional visitó Yenín el 8 de octubre y Deir Ghazaleh, un pueblo de la gobernación de Yenín, el 12 de octubre. Varias personas se quejaron de la confusión sobre el horario de los toques de queda. A veces la FDI anunciaba que iba a levantar el toque de queda al día siguiente, la gente empezaba a prepararse, pero al día siguiente descubría que el toque de queda se mantenía. Muchos residentes habían empezado a hacer caso omiso de los anuncios de la FDI y circulaban en las zonas donde no había presencia de la FDI, basándose en información de las oficinas de taxis locales sobre la localización de los tanques de la FDI y las zonas «de acceso restringido».

Un trayecto peligroso para un negocio en declive

Taraf Khaled Jarrar, de 33 años, es mecánico y propietario, junto con su hermano, de un taller mecánico en Yenín. Vive con su esposa y sus hijos en Hashimiya, un pueblo situado a unos 9 kilómetros al este de Yenín. Vivían en un apartamento sobre el taller, pero se trasladaron en el 2002 porque su hija mayor tenía ataques de pánico cada vez que oía un helicóptero o un tanque del ejército israelí.

Antes de la Intifada, se tardaba entre 10 y 15 minutos en ir en automóvil desde Hashimiya a Yenín. Ahora este breve trayecto se ha convertido en un viaje peligroso y aterrador que puede llevar una hora o más. Taraf dice: «A veces tengo que ir por las colinas y viajar por caminos de tierra para llegar a Yenín. Hoy había un tanque en la carretera, así que tuvimos que usar una de estas rutas.» A veces su hermano le telefonea desde Yenín para avisarle de que ha habido tiroteo cerca del taller. «En ese caso no voy porque los soldados disparan contra los automóviles.»

Así describe la situación actual de su negocio: «Antes de la Intifada, el negocio daba 600 shekels [alrededor de 120 dólares] al día. Ahora, si tenemos trabajo, no solemos ganar más de 40 shekels [unos 8 dólares] al día, después de pagar los gastos. Mi hermano y yo teníamos tres empleados. Ahora no hay ninguno. Mucha gente ha vendido sus autos porque no tienen dinero. En cualquier caso, la gente no usa mucho sus autos porque es muy difícil entrar y salir de Yenín. Gran parte de lo que queda de nuestro negocio consiste en reparar automóviles que han sido tiroteados por los tanques israelíes.» Cuando Amnistía Internacional visitó su taller, estaban trabajando con un auto y un tractor; ambos tenían agujeros de bala.

Salarios reducidos a la mitad

Hassan Jarrar vive en Yenín. Está casado, tiene un bebé y espera el nacimiento de otro. Tiene un buen empleo: trabaja en el departamento de control de créditos de la oficina en Yenín de una gran empresa palestina propietaria y administradora de varias gasolineras en toda Cisjordania. Antes ganaba un salario mensual de 2.800 shekels (alrededor de 560 dólares). En abril de 2002, la empresa empezó a pagar a sus trabajadores a diario, en lugar de por meses, y dos de los 40 empleados de la oficina de Yenín fueron despedidos. La facturación de la empresa había disminuido drásticamente debido a la situación económica y a los toques de queda que impedían que los empleados acudieran al trabajo regularmente. Hassan sólo pudo llegar al trabajo 12 días en septiembre de 2002, y llevó a casa menos de la mitad de su salario mensual normal.

Prohibido circular en vehículo por la carretera principal

Walid Ahmad Hussein Khaledi, de 34 años, vive en Deir Ghazaleh, un pueblo situado a unos 5 kilómetros de Yenín, donde trabaja como vigilante nocturno de una fábrica. Antes de la Intifada, tardaba entre 5 y 10 minutos en llegar al trabajo. Ahora tarda a veces horas. En ocasiones ni siquiera puede llegar. Deir Ghazaleh es uno de losocho pueblos que están al este de Yenín y que han quedado aislados de la ciudad por una carretera de circunvalación norte-sur que presta servicio a dos asentamientos israelíes, para que los colonos no tengan que atravesar comunidades palestinas para llegar a Israel. Ahora los palestinos no pueden circular por esta carretera.

Walid Khaledi sale de casa a la 1:30 de la tarde para intentar entrar a tiempo a su turno, que empieza a las 4:30 de la tarde. Aparte de las tres semanas en abril de 2002 en que fue imposible entrar en Yenín después de la invasión de la FDI, ha intentado ir a trabajar todos los días. En el mejor de los casos, invierte en el trayecto una hora, pero el 10 de octubre había tantos puestos de control que tuvo que desviarse casi 45 kilómetros para intentar llegar a Yenín. Finalmente pasó la noche en el pueblo de Burqin, al otro lado de la ciudad.

Sus gastos de transporte se han multiplicado. Antes de la Intifada, el billete en un taxi compartido costaba 2 shekels (alrededor de 40 centavos de dólar). Ahora el viaje, ida y vuelta, cuesta 10-25 shekels (2-5 dólares), dependiendo de la distancia y de los taxis que tenga que tomar. Muchas veces percibe su salario mensual de 1.200 shekels (unos 240 dólares) con retraso porque la producción está a una cuarta parte de la capacidad de la fábrica y hay problemas de liquidez.

Es el tercer año que estudia trabajo social en la Universidad Abierta de al-Quds, de Yenín. El semestre que debía haber finalizado en julio de 2002 no se había completado aún en octubre, debido a las clausuras y los toques de queda.