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25 DE MAYO DE 1999

ISRAEL: EL TRIBUNAL SUPREMO DICTARÁ SENTENCIA SOBRE LA TORTURA Y LA RECLUSIÓN DE PERSONAS EN CALIDAD DE REHENES

Amnistía Internacional confía en que el Tribunal Supremo de Israel actúe de forma enérgica y decisiva en los juicios que se celebrarán el miércoles 26 de mayo de 1999 y declare ilegal el uso de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la reclusión de ciudadanos libaneses en calidad de rehenes.

«Hay que aprovechar la oportunidad de poner fin a estas vergonzosas prácticas. Estos casos no deben aplazarse de nuevo. Confiamos en que el Tribunal Supremo israelí, que debe actuar como baluarte para la protección de los derechos humanos fundamentales, prohibirá de una vez por todas la tortura y los malos tratos, así como la reclusión de personas en calidad de rehenes», ha declarado Amnistía Internacional.

El tribunal estudiará mañana dos conjuntos de demandas. El primero cuestiona la legalidad de diversas técnicas de interrogatorio que equivalen a tortura y que el Servicio General de Seguridad (SGS) de Israel emplea de forma habitual contra los palestinos. En el segundo conjunto de demandas, diez ciudadanos libaneses alegan la ilegalidad de su situación, en prisión administrativa, como «piezas de negociación» a cambio de la liberación de soldados israelíes desaparecidos en acción o de información sobre ellos.

«Mientras esperamos que el Tribunal dicte sentencia, el SGS sigue torturando sistemáticamente a los palestinos y los ciudadanos libaneses continúan en prisión administrativa indefinidamente», añadió la organización de derechos humanos.

Tortura

La legalización de hecho de la tortura en Israel se produjo cuando el Estado aceptó la recomendación del informe de 1987 de la Comisión de Investigación Landau de que se permitiera que el SGS utilizara una «presión física moderada» cuando interrogase a personas sospechosas de haber cometido delitos «contra la seguridad». Desde 1994, el subcomité ministerial que supervisa el uso de la «presión física» durante los interrogatorios ha autorizado «una mayor presión física».

Durante los interrogatorios de palestinos, el SGS suele esposar al detenido, con la cabeza cubierta con una capucha, a una silla baja e inclinada, y obligarlo a permanecer en esta dolorosa postura varias horas seguidas. Además, los detenidos escuchan permanentemente una música atronadora y son sometidos a privación de sueño, a veces durante varios días. El SGS emplea también sacudidas violentas, que produjeron la muerte de un detenido en 1995 y la pérdida de conocimiento de otros muchos, así como el aislamiento en habitaciones de dimensiones reducidas. Estos métodos se utilizan pese a la ratificación por Israel en 1991 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíbe la tortura y establece que ésta no puede justificarse ni siquiera en situaciones excepcionales.

Aunque las autoridades israelíes niegan que estos métodos de interrogatorio constituyan tortura, el Comité contra la Tortura, grupo de expertos de la ONU creado para supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, examinó la situación en Israel en 1997 y 1998 y declaró de forma contundente que estos métodos constituían tortura y debían cesar de inmediato.

El Tribunal Supremo israelí (que en este caso ejerce la función de Tribunal Superior de Justicia) viene aceptando invariablemente el argumento del SGS de que estos métodos de interrogatorio son necesarios para el mantenimiento de la seguridad. No obstante, en 1998, el Tribunal ordenó por fin la celebración de una vista, sin precedentes, para estudiar la legalidad de los métodos de interrogatorio que se emplean contra los palestinos.

Durante la última vista —a la que asistió, como asistirá a la del miércoles 26, un observador de Amnistía Internacional—, el Estado israelí alegó que otros Estados utilizan la tortura contra los «terroristas» y que, según las leyes inglesas, la policía podía ser inmune frente a la responsabilidad penal cuando emplea la tortura o los malos tratos por necesidad. El Estado citó también un libro titulado Preventing Torture, del profesor Rod Morgan y el doctor Malcom Evans, e insinuó que los autores argumentaban que el uso de cierto grado de fuerza física podía no ser contrario al derecho internacional.

Para esta vista, los demandantes han obtenido declaraciones juradas de prestigiosos abogados británicos que muestran que las leyes inglesas prohíben la tortura. Según la opinión de un experto, el profesor Morgan y el doctor Evans «rechazan inequívocamente» la interpretación que hace el Estado de su labor y alegan que la necesidad no puede justificar nunca el uso de la fuerza física.

«El Tribunal Supremo de Israel y el pueblo israelí deben ver ahora con claridad que Israel es el único Estado del mundo que no sólo utiliza la tortura, sino que además la justifica y la acepta», ha declarado Amnistía Internacional.

Detención arbitraria de ciudadanos libaneses

El gobierno israelí mantiene a veintiún presos libaneses a cambio de la liberación de soldados israelíes desaparecidos en acción en el Líbano o de información sobre ellos. El miércoles, el Tribunal Supremo continuará la vista de una apelación presentada por diez de estos presos, que cuestionan la legalidad de su permanencia en prisión.

En noviembre de 1997, en una sentencia sin precedentes en el mundo, el Tribunal Supremo israelí estudió estas demandas y resolvió que era legal mantener a estos hombres en prisión administrativa como «piezas de negociación».

Estos reclusos fueron condenados a diversas penas de prisión por los tribunales militares israelíes en los años ochenta. En flagrante violación del derecho internacional, estos diez hombres siguen encarcelados a pesar de que cumplieron sus condenas hace ya diez años.

Todos ellos están en régimen de aislamiento casi total en la prisión de Ayalon, y sólo pueden recibir visitas de su abogado y de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. No pueden recibirlas, en cambio, ni de sus familias ni de otras personas.

«Esta es la última oportunidad del Tribunal Supremo para revocar su decisión que autoriza al gobierno israelí a mantener rehenes», ha declarado Amnistía Internacional.

Si desean concertar una entrevista con el observador de Amnistía Internacional que asistirá a ambos juicios, pónganse en contacto con la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional, teléfono +44 171 413 5831.