PÚBLICO

Amnistía Internacional

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

El alto precio de las incursiones israelíes

ABRIL DE 2002 RESUMEN ÍNDICE AI: MDE 15/042/2002/s

DISTR: SC/CO/GR/CC/PO

Desde el 27 de febrero de 2002, la Fuerza de Defensa Israelí ha realizado dos series de incursiones en las zonas palestinas ocupadas por Israel en 1967, utilizando en ellas tanques, vehículos blindados para transporte de personal y helicópteros Apache. En las seis semanas transcurridas hasta el 11 de abril han muerto centenares de palestinos, víctimas en muchos casos de homicidio ilegítimo, y millares más han resultado heridos.

El objetivo declarado de las incursiones en los Territorios Ocupados ha sido «destruir la infraestructura terrorista». El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha dicho: «Hay que golpear a los palestinos y tiene que dolerles. Debemos causarles pérdidas, víctimas, para que conozcan el alto precio de sus acciones».

Lo cierto es que la FDI ha actuado como si el objetivo principal fuera castigar a todos los palestinos. Ha hecho cosas que no está claro que fueran necesarias desde el punto de vista militar o que es evidente que no lo eran, incluidos actos que son violaciones de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, destrucción de bienes y detenciones arbitrarias, y torturas y malos tratos. Asimismo, no sólo ha impuesto un estricto toque de queda y matado y herido a palestinos armados, sino que también ha matado y atacado a personal médico y a periodistas y disparado al azar contra viviendas y contra simples transeúntes. Se han practicado detenciones arbitrarias masivas en las que se ha sometido a las víctimas a un trato degradante.

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona del 13 al 21 de marzo vio que las incursiones habían causado estragos: había viviendas, comercios y obras de infraestructura demolidas o con daños, automóviles aplastados, farolas y paredes derribadas y fachadas de tiendas hechas pedazos. La FDI había cortado deliberadamente la electricidad, las líneas telefónicas y la tuberías, dejando zonas enteras sin energía ni agua durante nueve días.

Las primeras incursiones concluyeron con una retirada parcial, efectuada gradualmente tras la llegada del enviado de Estados Unidos, Anthony Zinni, el 14 de marzo. Sin embargo, la destrucción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la FDI entre el 27 de febrero y el 20 de marzo (cuando salió por fin de las zonas situadas en torno a Belén) se repitieron con una intensidad sin precedente durante la segunda serie de incursiones, la denominada «Operación Muro Defensivo», iniciada el 29 de marzo de 2002 con un ataque a las oficinas del presidente Yasir Arafat en Ramallah. La FDI ocupó 6 ciudades de Cisjordania y más de 30 pueblos, en los que, tras declararlos zonas militares cerradas, impuso un estricto toque de queda. Dio muestra de una falta absoluta de respeto por la vida, la ley y la propiedad e impidió que toda persona ajena a las zonas invadidas, incluidos los periodistas, los organismos de las Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios, e incluso los diplomáticos, entrara en ellas para llevar ayuda humanitaria o informar de lo que estaba ocurriendo.

Como la FDI prohibió la entrada de periodistas y observadores externos en las zonas donde estaba realizando sus operaciones, resultaba imposible verificar gran parte de la información sobre las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo en gran escala, incluidas ejecuciones extrajudiciales, expulsiones y destrucción masiva de viviendas. Al principio, las familias de los palestinos detenidos no sabía absolutamente nada de ellos, ni dónde estaban ni si estaban vivos o muertos. Se detuvo a millares de palestinos, y los que quedaron en libertad posteriormente denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 11 de abril habían más de 4.000 detenidos, incluidas más de 350 personas sometidas a detención administrativa. En virtud de una nueva orden militar dictada el 5 de abril se prohibió la visita de abogados a los detenidos durante los primeros 18 días de detención.

En este informe, Amnistía Internacional condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en los Territorios Ocupados y pide a Israel que respete los principios de derechos humanos y el derecho humanitario. El gobierno israelí debe establecer una comisión para investigar exhaustivamente las violaciones de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos que se han cometido en Yenín y en otras zonas de los Territorios Ocupados, en particular las perpetradas desde el 17 de febrero de 2002. La organización condena los ataques contra civiles israelíes perpetrados deliberadamente por grupos armados palestinos e insta a éstos a poner fin a este tipo de violaciones de derechos humanos. Asimismo pide a la comunidad internacional que tome medidas para enviar observadores internacionales a Israel y los Territorios Ocupados con la misión rotunda y transparente de vigilar los derechos humanos.

Este texto resume el documento Israel y los Territorios Ocupados: El alto precio de las incursiones israelíes(índice AI: MDE 15/042/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en abril de 2002. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico:

<http://www.amnesty.org/web/news.nsf/thisweek?openview>. Para los documentos traducidos al español, consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Abril de 2002

Índice AI: MDE 15/042/2002/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

PÚBLICO

Amnistía Internacional

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

El alto precio de las incursiones israelíes

ÍNDICE

Información general y normas internacionales 3

La investigación de Amnistía Internacional 5

Violaciones del derecho a la vida 7

Ataques a personal médico 10

Demoliciones y destrucción 13

Detención arbitrarias y trato cruel, inhumano o degradante 15

Recomendaciones 18

Israel y los Territorios Ocupados: El alto precio de las incursiones Israelíes 1

1Israel y los Territorios Ocupados: El alto precio de las incursiones Israelíes

Amnistía Internacional, Abril de 2002 Índice AI: MDE 15/042/2002/s

Abril de 2002

Índice AI: MDE 15/042/2002/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

Índice AI: MDE 15/042/2002/s Amnistía Internacional, abril de 2002

Abril de 2002

Índice AI: MDE 15/042/2002/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS

El alto precio de las incursiones israelíes

Hay que golpear a los palestinos y tiene que dolerles. Debemos causarles pérdidas, víctimas, para que conozcan el alto precio de sus acciones.

Ariel Sharon, primer ministro de Israel, en declaraciones a la prensa, 5 de marzo de 2002

Desde el 27 de febrero de 2002, la Fuerza de Defensa Israelí (FDI) ha realizado dos series de incursiones en las zonas palestinas ocupadas por Israel en 1967, utilizando en ellas tanques, vehículos blindados para transporte de personal y helicópteros Apache. En las seis semanas transcurridas hasta el 11 de abril de 2002 podrían haber muerto más de 600 palestinos y haber resultado heridos más de 3.000.

El objetivo declarado de las incursiones en los Territorios Ocupados, que continuaban en el momento de elaborar el presente informe, era, como dijo el 1 de marzo de 2002 en una rueda informativa el general Yitzhak Gershon, comandante de la división de Cisjordania de la FDI,

Mostrar claramente que no hay ni habrá un lugar seguro para los terroristas y quienes los envían. Nuestra intención es destruir la estructura del terror en los campos de refugiados si los encontramos.

El general añadió:

Es importante aclarar que esta actividad no va dirigida contra la población no implicada en el terrorismo. Hemos hecho todo lo posible para no causar daño a los civiles.

Sin embargo, la FDI ha actuado como si el objetivo principal fuera castigar a todos los palestinos. Ha hecho cosas que no está claro que fueran necesarias desde el punto de vista militar o que es evidente que no lo eran, incluidos actos que son violaciones de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, destrucción de bienes y detenciones arbitrarias, y torturas y malos tratos. Asimismo, no sólo ha impuesto un estricto toque de queda y matado y herido a palestinos armados, sino que también ha matado y atacado a personal médico y a periodistas y disparado al azar contra viviendas y contra simples transeúntes. Se han practicado detenciones arbitrarias masivas en las que se ha sometido a las víctimas a un trato degradante.

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona del 13 al 21 de marzo vio que las incursiones habían causado estragos: había casas, comercios y obras de infraestructura demolidas o con daños, viviendas devastadas y saqueadas, automóviles aplastados, farolas y paredes derribadas y fachadas de tiendas hechas pedazos. La FDI había cortado deliberadamente la electricidad, las líneas telefónicas y la tuberías, dejando zonas enteras sin energía ni agua durante nueve días. Uno de los delegados, David Holley, experto independiente en temas militares, ha manifestado:

Las operaciones militares que hemos investigado parecen haberse realizado no con fines militares, sino para hostigar, humillar, intimidar y causar daño a la población palestina. O bien el ejercito israelí es sumamente indisciplinado o ha recibido orden de cometer actos que violan el derecho aplicable en la guerra.

Las primeras incursiones concluyeron con una retirada parcial, efectuada gradualmente tras la llegada del enviado de Estados Unidos, Anthony Zinni, el 14 de marzo. Sin embargo, la destrucción y las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la FDI entre el 27 de febrero y el 20 de marzo (cuando salió por fin de las zonas situadas en torno a Belén) se repitieron con una intensidad sin precedente durante la segunda serie de incursiones, la denominada «Operación Muro Defensivo», iniciada el 29 de marzo de 2002 con un ataque a las oficinas del presidente Yasir Arafat en Ramallah. La FDI invadió esta ciudad; posteriormente, a partir del 1 de abril, entró también en Belén, Tulkarem y Qalqiliya, y los días 3 y cuatro de abril por la noche ocupó Yenín y Nablús. Tras declarar estas ciudades zonas militares cerradas, impuso en ellas un estricto toque de queda. Dio muestra de una falta absoluta de respeto por la vida, la ley y la propiedad e impidió que toda persona ajena a las zonas invadidas, incluidos los periodistas, los organismos de las Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios, e incluso los diplomáticos, entrara en ellas para llevar ayuda humanitaria o informar de lo que estaba ocurriendo.

Con seis de las principales ciudades y numerosos pueblos sitiados, sin contacto alguno con el mundo exterior y la circulación en ellos prohibida, la situación amenazaba con convertirse en un desastre humanitario, pues muchos palestinos empezaron a quedarse sin víveres y sin agua. Las ambulancias, incluidas las del Comité Internacional de la Cruz Roma, tenían prohibido el paso o debían soportar largas demoras que ponían en peligro la vida de los enfermos y heridos. Se disparaba contra el personal médico y contra quienes intentaban ayudar a los heridos, y se dejaba que éstos murieran desangrándose en la calle. Debido al toque de queda, no se podía enterrar debidamente a los muertos, que se dejaban sin sepultura en las casas o en los depósitos de cadáveres o eran enterrados apresuradamente en estacionamientos o jardines. Según cifras de la FDI, en los 10 días transcurridos hasta el 7 de abril murieron 200 palestinos y resultaron heridos otros 1.500. El 12 de abril la FDI admitió que la cifra real de muertos era de centenares sólo en Yenín. Como se prohibió la entrada de periodistas y observadores externos en las zonas donde la FDI estaba realizando sus operaciones, resultaba imposible verificar gran parte de la información sobre las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo en gran escala, incluidas ejecuciones extrajudiciales, expulsiones y destrucción masiva de viviendas. A estos impedimentos se sumaban el hecho de que las comunicación telefónica por cable solía estar cortada, y las empresa palestina de telefonía móvil había sufrido daños. Sólo quienes tenían móviles israelíes podían llamar fuera, aunque, con la electricidad cortada también con frecuencia, les resultaba imposible recargar las baterías.Al principio, las familias de los palestinos detenidos no sabían absolutamente nada de ellos, ni dónde se encontraban ni si estaban vivos o muertos. Según cifras oficiales de la FDI publicadas el 11 de abril de 2002, desde el 29 de marzo se había detenido a más de 4.000 palestinos detenidos y había más de 350 sometidos a detención administrativa. En virtud de una nueva orden militar dictada el 5 de abril se prohibió la visita de abogados a los detenidos durante los primeros 18 días de detención .

Durante el mes previo al 27 de febrero, los grupos armados palestinos mataron a 12 civiles israelíes. Desde que comenzó la Intifada, los ataques de estos grupos y de particulares palestinos contra civiles israelíes en forma de atentados suicidas con bomba o de disparos contra vehículos en marcha se han sucedido con terrible frecuencia. Con las primeras incursiones se produjo una gran escalada de atentados suicidas con bomba perpetrados deliberadamente por grupos armados palestinos contra civiles israelíes. Entre el 2 de marzo y el 1 de abril murieron en ellos al menos 40 civiles —10, incluidos 6 niños, a los que mataron a la puerta de una sinagoga en Beit Yisrael; otros 10 que resultaron muertos el 9 marzo en una cafetería de Jerusalén occidental y 26 más que murieron cuando celebraban la Pascua judía en el Park Hotel de Netanya—. Amnistía Internacional ha condenado rotundamente estos homicidios deliberados de civiles cometidos por grupos armados, señalando que constituyen una violación del derecho a la vida. El presente informe trata de los abusos contra los derechos humanos cometidos en el curso de las incursiones realizas por la FDI en los Territorios Ocupados desde el 27 de febrero. En otros informes y declaraciones se han abordado y se abordarán otros abusos, incluidos los perpetrados por grupos armados palestinos contra civiles israelíes. No obstante, ningún delito, por espantoso que sea, puede justificar la absoluta falta de respeto a las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos manifiesta a diario en los Territorios Ocupados, en el curso de las incursiones realizadas por la FDI con posterioridad al 27 de febrero por orden del gobierno del primer ministro Ariel Sharon.

Información general y normas internacionales

Cisjordania, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza fueron ocupados por Israel en 1967, tras la guerra de los Seis Días. La primera Intifada(«Levantamiento») de los palestinos contra la ocupación israelí comenzó en 1987 y acabó al firmar el gobierno de Israel y Yasir Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, una declaración de principios en septiembre de 1994. Sin embargo, en septiembre del 2000 se había hecho muy poco o ningún progreso en relación con estas negociaciones, y las conversaciones entre el gobierno israelí y la Autoridad Palestina sobre un acuerdo final se interrumpieron.

La Intifada de Al Aqsa, como se conoce al segundo levantamiento, comenzó el 30 de septiembre del 2000, al sofocar la policía israelí con medios letales una serie de manifestaciones organizadas por los palestinos en el recinto de la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén. Esta repuesta provocó nuevas manifestaciones y disturbios, que se reprimieron de nuevo con medios letales. Al concluir el 2000 habían muerto más de 300 palestinos, la mayoría por haber hecho la FDI uso excesivo de la fuerza y de medios letales en situaciones en que no corría peligro la vida de nadie. Véase Israel y los Territorios Ocupados: Uso excesivo de medios letales (índice AI: MDE 15/41/00/s), de octubre de 2000.

A partir de enero de 2001, la FDI pasó cada vez más a la ofensiva, invadiendo zonas palestinas (incluidas algunas bajo control pleno de la Autoridad Palestina), bombardeando y demoliendo viviendas y arrasando huertos y cultivos. En febrero de 2001, Ariel Sharon sucedió a Ehud Barak en el cargo de primer ministro de Israel. Al concluir el año, el número de palestinos muertos había ascendido a 750, y al concluir febrero de 2002 era ya de más de 1.000. La mayoría habían sido víctimas de disparos efectuados por la FDI contra zonas residenciales, de tiroteos o de ejecución extrajudicial.

Miembros de grupos armados como Hamas, Fatahy los Mártires de Al Aqsa, así como particulares palestinos, mataron deliberadamente a civiles israelíes disparando arbitrariamente contra vehículos con matrícula de Israel en las carreteras de Cisjordania y perpetrando atentados suicidas con bomba en lugares públicos, como cafeterías o centros comerciales. Al concluir febrero de 2002 habían muerto durante la Intifadamás de 250 israelíes, en su mayoría civiles. El gobierno israelí pidió a la Autoridad Palestina que detuviera a los organizadores de los atentados, pero bombardeó centros de los servicios palestinos de seguridad con helicópteros Apache y aviones F 16, en ocasiones varias veces seguidas.

A la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza se ha sumado la creación progresiva de asentamientos de judíos israelíes en la zona. En respuesta a los ataques palestinos contra israelíes se endureció también progresivamente la política de «clausura» de zonas palestinas, que impedía a los habitantes de éstas viajar por los Territorios Ocupados y salir de ellos. Al concluir el 2001 había más un centenar de puntos en los que el bloqueo de la carretera por medio de puestos de control con personal militar o montones de tierra o bloques de cemento levantados por la FDI mantenía ciudades y pueblos palestinos aislados unos de otros y del mundo exterior. Muchas de las principales carreteras estaban cerradas para los palestinos, para los que una distancia de 20 kilómetros podía convertirse en un viaje de dos horas por serpenteantes caminos de tierra. A veces, la FDI ha bloqueado ciudades y pueblos completamente, sin dejar ninguna salida. Al menos 30 palestinos han muerto a causa de demoras que se han producido en puestos de control, entre ellos recién nacidos que habían venido al mundo en la carretera o al final de un viaje con largos retrasos.

La presión israelí ejercida sobre los palestinos durante al actual Intifadaha consistido también en la demolición de más de 600 viviendas hasta el final de febrero de 2002, en la mayoría de los casos en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania y en Jerusalén oriental. Estas demoliciones constituyen una práctica discriminatoria que se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Véase Israel y los territorios ocupados: Demolición e incautación: la destrucción de viviendas palestinas(índice AI: MDE 15/59/99/s), de diciembre de 1999.Las efectuadas a lo largo de los últimos 18 meses parecen ser un castigo colectivo, motivado por los ataques contra israelíes, o parte de una política de creación de amplias «zonas de acceso prohibido» en torno a los asentamientos israelíes. En noviembre de 2001, el Comité contra la Tortura, de la ONU, manifestó que la política de «clausuras» de Israel y las demoliciones de viviendas palestinas podrían constituir, en ciertas circunstancias, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que supone una infracción del artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Israel en 1991.

Lo único que preocupa a Amnistía Internacional en Israel y los Territorios Ocupados son los derechos humanos de todas las personas, los cuales están codificados en el derecho internacional humanitario. El pueblo palestino esta viviendo bajo la ocupación israelí, y este hecho es fundamental a la hora de determinar qué normas de derechos humanos y humanitarias Israel está obligado a respetar, en su calidad de potencia ocupante, en relación con los palestinos.

Las normas que debe cumplir toda potencia ocupante se hayan recogidas en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, o Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, en el que Israel es Alta Parte Contratante. Los habitantes palestinos de los Territorios Ocupados se benefician de la protección del Cuarto Convenio de Ginebra y son «personas protegidas». El fracaso del proceso de paz no ha modificado la condición de los Territorios Ocupados a este respecto.

En virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, en su calidad de personas protegidas, no pueden ser víctimas de homicidio intencionado, tortura, malos tratos o trato humillante y degradante, y no pueden tampoco ser deportadas. Asimismo, la potencia ocupante no puede efectuar evacuaciones o traslados de partes de la propia población civil al territorio por ella ocupado, y no puede tampoco destruir los bienes de las personas protegidas a menos que tales destrucciones «sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas».

El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe categóricamente, además, los castigos colectivos y las represalias. Su artículo 33 dispone:

No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo.

Está prohibido el pillaje.

Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes.

Por otro lado, en el artículo 147 se enumeran una serie de «infracciones graves» del Convenio, a saber:

[...] el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal, el hecho de forzar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarla de su derecho a ser juzgada legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario.

Israel tiene además la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en virtud de otros tratados de las Naciones Unidas que también ha ratificado, entre ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado, que Israel tiene la obligación solemne de respetar por haberla contraído de motu propio, contiene varios artículos que no pueden dejar de aplicarse ni siquiera en «situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación» (artículo 4.1). Entre estos artículos figura el deber de proteger y respetar el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La relación de la Autoridad Palestina con los grupos armados que cometen los atentados contra civiles israelíes es objeto de controversia desde hace mucho tiempo. El gobierno israelí sostiene que un documento encontrado, según informes, por la FDI durante su ataque de abril de 2002 a las oficinas de la Autoridad Palestina en Ramallah demuestra que el funcionario encargado de los asuntos económicos de la Autoridad Palestina ayudó a financiar la fabricación de explosivos para bombas. Una norma básica del derecho consuetudinario internacional es que los civiles jamás deben ser objeto de ataque. Este principio se aplica en todas las situaciones. Es vinculante no sólo para Israel y para Autoridad Palestina, sino también para los grupos armados palestinos y para los particulares palestinos e israelíes. Los grupos armados palestinos y, si se demuestra su implicación, la Autoridad Palestina han incumplido este principio fundamental.

La investigación de Amnistía Internacional

Tras recibir informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la FDI durante sus incursiones en campos de refugiados y otras zonas entre febrero y marzo de 2002, Amnistía Internacional envió a la región a tres delegados: el comandante David Holley, ex miembro del ejército regular británico; Curt Goering, director ejecutivo adjunto de la Sección Estadounidense, y una investigadora de la organización. Estas personas llegaron allí el 13 y el 14 de marzo y visitaron la Franja de Gaza, Ramallah, Belén y sus alrededores, Tulkarem, y Nablús y el campo de refugiados de Balata. Las operaciones de la FDI hicieron que desplazarse por las zonas palestinas y realizar labores de investigación en ellas entrañara a menudo dificultades y peligro.

Durante el tiempo que los delgados estuvieron en la Franja de Gaza (y también durante los nueve días previos a su llegada), la zona situada al sur de la ciudad de Gaza, donde viven tres cuartas partes de la población, incluidos unos 300.000 refugiados, estuvo aislada de la zona norte, por lo que los delgados no pudieron investigar los homicidios ilegítimos cometidos, según informes, allí.

Tras visitar Ramallah el 15 de marzo para realizar labores de investigación, a los delegados les resultó sumamente difícil salir de la ciudad por la única salida que quedaba abierta, un puesto de control de Qalandiya muy vigilado. Mientras esperaban allí vieron cómo un tanque iluminaba con una luz cegadora a los palestinos que aguardaban en el puesto parar pasar, tras haberse abierto la frontera por primera vez en cuatro días, y cómo les pasaba un tiro por encima de las cabezas. A los residentes en Jerusalén no se les permitió pasar; sólo pudieron hacerlo los que se acercaron al tanque agitando su pasaporte extranjero en la mano.

Mientras la delegación de Amnistía Internacional llevaba a cabo su labor de investigación en el campo de refugiados de Deheisheh, la FDI anunció por altavoz el comienzo del toque de queda. Los delegados se dirigieron inmediatamente a la Universidad de Belén por calles atestadas de palestinos armados y, al aumentar la intensidad de los disparos, se vieron obligados a salir por un camino secundario. Para ir a Nablús, la segunda ciudad más grande de Cisjordania e importante centro comercial, no hubo más remedio que viajar en taxi al pueblo de Burin, situado al sur de la ciudad y desde allí, recorrer a pie unos cuatro kilómetros cruzando un monte hasta Tel, pueblo situado al otro lado y en el que hubo que tomar otro taxi. A la vuelta, hacia las cinco de tarde, cuando había oscurecido ya bastante, un vehículo blindado israelí de transporte blindado de personal cortaba el paso en lo alto del monte. La delegada de Amnistía Internacional, que tenía pasaporte extranjero, fue la única persona a la que se permitió pasar. Cuando bajaba por el otro lado del monte oyó llorar a una niña y vio que en la pedregosa y desierta ladera había hombres, mujeres y niños que se habían quedado allí, en medio de la creciente oscuridad, sin poder avanzar ni retroceder.

Los delegados de Amnistía Internacional, que llegaron a la zona poco después de la retirada de la FDI, pudieron investigar los daños y estragos causados por las incursiones israelíes en Ramallah, Al Am’ari, Deheisheh y Jader inmediatamente antes de que los palestinos repararan los edificios y sus alrededores o pusieran en orden el interior arrasado de las viviendas. En Tulkarem, que visitaron el 18 de marzo, y en el campo de refugiados de Balata, donde estuvieron el 20 de marzo, ya se habían hecho reparaciones en las casas (los agujeros de bala estaban recién tapados con cemento) y se había ordenado todo lo que la FDI había puesto patas arriba. No obstante, aún se apreciaban los efectos de las incursiones, pues quedan los restos de las casas demolidas y destrozadas.

Ciudades y campos de refugiados

Cisjordania tiene una extensión de 130 kilómetros de norte a sur y de unos 50 kilómetros de este a oeste, siendo su superficie total de 5.800 kilómetros cuadrados. El frontera con Israel por el norte, el oeste y el sur es la denominada «línea verde», trazada durante el armisticio de 1949. Al este fluye el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, y más allá se encuentra el reino de Jordania.

La población palestina es actualmente de dos millones y tiene una tasa de crecimiento natural muy alta, del 3,5 anual. La superpoblación es especialmente acusada en los 27 campos de refugiados donde viven desde hace 50 años los palestinos expulsados de sus hogares entre 1947 y 1948. Estos campos, en los que la educación, la sanidad y otros servicios dependen delOrganismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, están dentro de las ciudades existentes o junto a ellas. Así, Nablús (110.000 habitantes) contiene el campo de refugiados de Balata (19.000 habitantes); Tulkarem, el de Tulkarem (14.500); Belén (45.000), los de Deheisheh (10.000) y Aida (4.000), y Yenín (31.000), el de Yenín (14.000). Qalqiliya , con 38.000 habitantes, no tiene campo de refugiados. En Hebrón (141.000) y en Jericó (18.000), hay campos de refugiados adyacentes a la ciudad.

La Franja de Gaza tiene 45 kilómetros de largo y 12 de ancho como mucho. Más del 12 por ciento de su superficie está ocupada por asentamientos israelíes, con una población de alrededor de 5.000 colonos, menos del 0,5 por ciento de la población total de la Franja de Gaza. Estas zonas son de acceso prohibido para los palestinos. Éstos, que son más de un millón de personas, incluidos 824.672 refugiados, casi el 80 por ciento de la población total, viven en las zonas restantes. El más grande de todos los campos de refugiados es el de Jabaliya, que tiene unos 102.00 habitantes.

Los delegados de Amnistía Internacional hablaron con testigos presenciales de homicidios, con propietarios de casas que habían sido ocupadas, destruidas o sufrido daños, con miembros de los consejos de los campos de refugiados, con personas que habían sido detenidas y puestas en libertad posteriormente, con personal de ambulancias y coordinadores de la Media Luna Roja, con comités palestinos de asistencia médica y trabajadores de servicios médicos extranjeros y con abogados. Pudieron hacerlo gracias a miembros de organizaciones de derechos humanos —como el Centro Palestino de Derechos Humanos, Al Haq, Addameery la Sociedad Palestina para la Protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (LAW)— que les acompañaron en la mayoría de sus visitas, corriendo a veces grandes riesgos. Amnistía Internacional desea expresar su agradecimiento a esas personas.

Además de reunir información sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por la FDI en el curso de las incursiones, los delegados expresaron a Ahmad ‘Abd al-Rahman, secretario de Estado de la Autoridad Palestina, su preocupación por los homicidios de civiles israelíes y de presuntos «colaboradores» palestinos cometidos por particulares y grupos armados palestinos. Durante esta visita de investigación, los delegados de Amnistía Internacional no se entrevistaron con ningún representante de la FDI; no obstante, la organización ha podido hablar de sus conclusiones y motivos de preocupación y de las estrategias de la FDI con el asesor legal de ésta en cuatro ocasiones desde el comienzo de la actual Intifada, la última en febrero de 2002. En anteriores visitas, los delegados de Amnistía Internacional expresaron su preocupación por el homicidio de civiles israelíes a líderes de grupos armados palestinos, incluidos Marwan Barghouti, secretario general de Fatah,y Shaikh Ahmad Yassin, dirigente de Hamas.

Violaciones del derecho a la vida

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1.

Si no se realizan investigaciones adecuadas, lo cual no se está haciendo, es imposible saber cuántas de las personas a las que la FDI ha matado eran palestinos armados ni si participaban activamente en ataques contra las fuerzas israelíes. No obstante, la FDI parece haber hecho uso desproporcionado de la fuerza, a menudo de manera irresponsable. Se tiene también noticia de que ejecuciones extrajudiciales.

Las incursiones de la FDI en las ciudades y campos de refugiados palestinos han encontrado resistencia por parte de grupos armados palestinos. Durante su reciente visita a la zona, los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos de tiroteos entre ambos bandos en dos ocasiones.

-El 13 de marzo de 2002, cinco tanques israelíes entraron en la calle Salah al-Din de Jabaliya, la más importante de la ciudad, aplastando un automóvil (acto aparentemente gratuito de vandalismo, ya que la calzada era anchísima) y aterrorizando a la población, especialmente a las alumnas de un centro de enseñanza primaria que, acabada ya la mañana, salían de clase. Las niñas, que tenían entre cinco y siete años, huyeron corriendo calle abajo, sin dejar de llorar. Varios palestinos armados dispararon contra los tanques desde los tejados de las casas. Las balas de sus Kalashnikov no tuvieron ningún efecto en los tanques, aunque, era evidente que éstos tenían orden de no responder a los disparos. A parte de los daños materiales y del trauma de las niñas y de la población, la incursión no causó bajas.

- El 17 de marzo, en el campo de refugiados de Deheisheh y en Belén, los delegados de Amnistía Internacional fueron testigos de intensos tiroteos entre miembros de la FDI y de grupos armados palestinos. Vieron en la calle a unos 200 palestinos armados vestidos de civil. Aparentemente, los transeúntes, incluidos los niños, corrían peligro de que la FDI disparara contra ellos o de quedar en medio de un fuego cruzado y ser alcanzados por los disparos de uno u otro bando.

Durante su investigaciones en otras zonas, los delegados fueron informados de que había palestinos armados que no eran miembros de ningún grupo y habían disparado contra la FDI.

- Durante la incursión del 11 y el 12 de marzo en Jabaliya, la FDI mató ilegítimamente a transeúntes efectuando disparos al azar. Los soldados parecían disparar contra todos los palestinos que veían en las azoteas de los edificios. Asimismo, en todas las zonas hubo numerosos casos de palestinos contra los que la FDI disparó por no hacer lo que se les pedida, es decir, porque, aparentemente por no haber entendido bien la orden, se habían quedado quietos o avanzado o retrocedido cuando se les había ordenado hacer otra cosa. En febrero, un recluta de la FDI dijo a los delegados de Amnistía Internacional los siguiente: «Se puede matar a cualquier persona a la que se considere una amenaza. El concepto de “amenaza” es muy amplio, tanto como el mar».

- Hacía las diez y media de la noche, en Tel al Za’tar, barrio del norte de Jabaliya, ocho palestinos subieron a la azotea de su casa para observar el comienzo de la incursión israelí. Los helicópteros Apache que sobrevolaban la zona les instaron a marcharse de allí, pero cuando estaban ya bajando las escaleras, el que iba el último, ‘Abd al-Rahman Muhammad ‘Izz al-Din, de 55 años, recibió un tiro en la espalda, efectuado aparentemente por francotiradores israelíes de la FDI desde la azotea de un edificio vecino. Minutos después, su hijo, Walid ‘Abd al Rahman ‘Izz al-Din, de 35 años, fue a recogerlo y resultó también muerto, alcanzado por un bala que le atravesó el hombro y se alojó en su corazón. Se llamó a una ambulancia, pero tuvo problemas para llegar a la casa. Un miembro del personal de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja que viajaba en ella dijo: «Tardamos más de una hora en entrar en la casa. Había un tanque en cada entrada».

- El 11 de marzo, un sordomudo, Samir Sadi Sababeh, de 45 años, que se había refugiado en la calle de Salah al-Din, murió de un disparo cuando la FDI se disponía a demoler un pequeño taller de metalistería situado en la acera de enfrente. Hacia las diez media de la noche, la FDI ordenó a los habitantes de todos los pisos adyacentes al taller que salieran de sus casas sin darles tiempo a recoger sus cosas. Los soldados dijeron a Samir Sadi Sababeh que se acercara para unirse a los vecinos que estaban siendo desalojados. Al ver que no obedecía, lo mataron de un tiro.

- El 8 de marzo, Huda al-Hawaja, mujer de 31 años, madre de cinco hijos, que vivía en el campo de refugiados de Aida, en Belén, resultó muerta al utilizar la FDI explosivos para abrir la puerta de su casa con el fin de ocuparla para establecer en ella una base estratégica. El suceso fue grabado por un reportero de la cadena de televisión israelí Channel 10y se emitió en la cadenaChannel Two. El periódico israelí Ha’aretz publicó lo siguiente: «Al dar las instrucciones a los soldados antes de entrar en la casa, se les pide que rompan la puerta con un martillo, y que, si de este modo no lo consiguen, utilicen una carga explosiva. Esto es lo que hacen. Resultado: la madre sufre heridas mortales y queda tumbada en el suelo, desangrándose. Los niños, de pie tras ella, contienen las lágrimas. El padre llama a una ambulancia, pero está se queda inmovilizada en un puesto de control. Los soldados continúan su avance cruzando la casa y se llevan las paredes por delante».

- Mahmud Salah, joven de 23 años, presunto miembro del grupo armado Brigada de los Mártires de Al Aqsa que se dirigía, según se informó, a Jerusalén con intención de cometer un atentado suicida con bomba, murió el 10 de marzo en el puesto de control de Al Ram, cerca de Jerusalén, víctima al parecer de ejecución extrajudicial. En las investigaciones llevadas a cabo por la organización palestina de derechos humanos LAW y por la agencia de noticias France Presse se demuestra, con grabaciones de vídeo y fotografías tomadas por vecinos de casas con vista la puesto de control, que Mahmud Salah estaba tumbado en el suelo, sin ropa y con las manos atadas a la espalda, cuando un soldado perteneciente a una unidad especial de la FDI disparó contra él a quemarropa.

- Raffaele Ciriello, periodista independiente italiano de 42 años de edad, murió en Ramallah el 13 de marzo a las nueve y media de la mañana a causa de los disparos efectuados a una distancia de 150 metros por una ametralladora instalada en un tanque de la FDI. Según informes, ésta no permitió que se acercara a recogerlo ninguna ambulancia, por lo que fueron los palestinos quienes lo llevaron al hospital. Según Amedeo Ricucci, de la cadena italiana de televisión Rai Uno, no había fuego palestino cuando dispararon contra Raffaele Ciriello.

En las últimas incursiones parece haberse matado con menos reparos aún. Se han cometido ejecuciones extrajudiciales. Otros homicidios parecen casos de lo que Israel llama «verificación de muertes», que no es otra cosa que la ejecución extrajudicial de los heridos. Amnistía Internacional condena tales prácticas.

- El 29 de marzo, a medianoche, la FDI atacó el Cairo-Amman Bank, oficina bancaria desde cuyo tercer piso había sido provocada por miembros de Fuerza 17, una fuerza de seguridad de la Autoridad Palestina. Tras el asalto israelí se encontraron los cadáveres de cinco miembros de Fuerza 17; todos ellos revelaban que la víctima era una persona herida a la que habían matado pegándole un tiro a quemarropa en la cabeza o la garganta.

- El 6 de abril, en Yenín, la FDI demolió casas estando sus ocupantes todavía dentro. Los testimonios de los palestinos del campo de refugiados fueron confirmados por un reportero que acompañaba a la FDI. El informe de este periodista, Ron Leshem, del diario israelí Yediot Ahronot, apareció en una noticia de la agenciaFrance Presse y decía: «Dos bulldozer derriban viviendas y a veces dejan enterrados debajo a quienes no se rinden. Hay columnas de humo surgiendo del campo».

Según informes, las fuerzas israelíes han utilizado a veces a palestinos como escudos humanos, poniendo en peligro su vida, lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario.

- Una persona utilizada así, Majdi Shehadeh, cuya casa fue ocupada por los soldados israelíes, contó posteriormente lo siguiente:

La FDI se presentó en mi casa el jueves [7 de marzo] a las cuatro de la madrugada y metió a toda la familia en una habitación. Tengo siete hijos de entre uno y siete años. Me preguntaron que qué tenía en la azotea, y dije que palomas. Los soldados subieron a la azotea, y mi vecino les oyó hablar e hirió a uno de un disparo. Ellos comenzaron a disparar y bajaron de la azotea. Uno de ellos quería matarme, pero el oficial le dijo que no. Entonces me utilizaron como escudo humano para regresar a la azotea y destruyeron el palomar con explosivos. Las palomas murieron, y la cisterna explotó y se salió el agua. Los soldados empezaron a disparar en todas direcciones [...] Entraron otra vez en mi casa y me dijeron que saliera y que abriera la puerta de casa de mi vecino. No podía abrirla, así que la rompieron. Me utilizaron como escudo para abrir la puerta de otras casas y al final, a las 8 de la mañana, me dejaron regresar a casa».

- En una casa del campo de refugiados de Balata ocupada por soldados israelíes desde el 28 de febrero hasta el 4 de maro, la FDI encerró a unas 40 personas en una habitación y, presuntamente, luego dijo a algunas de ellas, todas hombres, que se quedaran de pie junto a las ventanas del piso superior, contra las que palestinos armados disparaban frecuentemente.

- El 8 de abril, hacia la una de la tarde, seis soldados de la FDI entraron en la mezquita de Al Baq, situada en el caso antiguo de Nablús. Se había establecido en ella una clínica para urgencias y había 45 personas heridas, cuatro médicos, varios voluntarios y 10 cadáveres. Uno de los médicos, Zahara el-Wawi, contó a la organización israelí de derechos humanosB'Tselemque los soldados entraron con sus armas apoyadas en el hombro de civiles palestinos a los que obligaban a avanzar por delante de ellos como si fueran «escudos humanos». Separaron al personal médico de los pacientes, registraron los cadáveres y comprobaron la identidad de los heridos.

Según informes recientes del ejército israelí, varios palestinos han hecho explotar bombas que llevaban consigo en el momento de rendirse. Amnistía Internacional condena esta práctica.

Ataques a personal médico

[...] cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad

[...]

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Artículo común 3 de los Convenios de Ginebra

Los artículos 20 y 21 del Cuarto Convenio de Ginebra disponen que se respete y proteja al personal y a los vehículos médicos.

Amnistía Internacional condena el hecho de que las autoridades israelíes hayan violado constantemente el derecho a la vida al no respetar los principios de neutralidad médica. Según declaraciones hechas el 5 de abril de 2002 por Peter Hansen, director del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, durante la primera semana de la Operación Muro Defensivo se negó el acceso a más de 350 ambulancias, y 185 fueron alcanzadas por disparos. A su juicio, esta cifra, en la que se incluían el 75 por ciento de las ambulancias de dicho organismo, no era el resultado de balas perdidas que impactaban por azar en las ambulancias, sino de disparos efectuados directamente contra éstas. Desde el 27 de febrero de 2002 han muerto a causa de disparos de la FDI seis miembros de servicios médicos y muchos más han resultado heridos. El 18 de marzo de 2000, el director de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja en Tulkarem dijo lo siguiente a los delegados de Amnistía Internacional: «Ahora resulta más seguro enviar a los pacientes que necesitan diálisis u otro tratamiento médico en taxi que en ambulancia».

Durante las invasiones israelíes de las últimas seis semanas, los ataques contra personal médico han alcanzado dimensiones sin precedentes. Los disparos constantes de la FDI contra las ambulancias que van a recoger a los heridos han impedido su circulación durante días seguidos. La FDI ha disparado también contra civiles, incluidas mujeres, que se han atrevido a salir a la calle para ayudar a algún herido. Como el 7 de marzo resultaron muertos en sólo unas horas dos auxiliares médicos que viajaban en ambulancias, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió que se suspendiera el servicio de ambulancias, así que, durante todo el día siguiente, a pesar de que en el campo de refugiados de Tulkarem continuaban los enfrentamientos y había heridos desangrándose en la calle y en muchas casas, no salió ninguna ambulancia.

Para intentar coordinar la circulación de ambulancias, el CICR se había puesto en contacto con la Administración Civil (el gobierno militar israelí de los Territorios Ocupados) y pedía permiso antes a la FDI. Pero las ambulancias siguieron sufriendo retrasos e, incluso con esta coordinación, se siguió disparando a veces contra ellas. El distintivo del CICR no ofrecía ninguna protección. En unas declaraciones del 5 de abril de 2002, el CICR anunció que se veía obligado a limitar al mínimo sus desplazamientos en Cisjordania y señaló que en los dos días anteriores su personal en Belén había sido amenazado a punta de pistola, se habían hecho disparos de advertencia contra sus vehículos en Nablús y Ramallah, los tanques de la FDI habían causado daños en dos de sus vehículos en Tulkarem y su sede en esta localidad había sido allanada. Calificó está conducta de inaceptable, señalando que ponía en peligro no sólo el trabajo que realizaban los servicios de urgencia para salvar vidas, sino también la misión humanitaria del CICR.

Entre el 4 y el 12 de marzo, la FDI mató a dos médicos y a cuatro trabajadores de servicios médicos. Amnistía Internacional investigó los homicidio de Sa’id Shalayel, Kamal Salem e Ibrahim Jazmawi.

- El 4 de marzo de 2002, el doctorKhalil Suleiman, de 58 años, resultó muerto cuando la ambulancia en la que viajaba, en la que era perfectamente visible el distintivo de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, fue alcanzada por disparos de la FDI. Era director de los servicios médicos de urgencia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja en Yenín. El conductor de la ambulancia y cuatro miembros del personal auxiliar de la Sociedad que viajaban también en ella resultaron heridos. Cuando dispararon contra ellos transportaban a una niña herida.

- El 7 de marzo, primer día de la invasión israelí de Tulkarem, sólo podían circular ambulancias si su envío había sido coordinado por el CICR e iban acompañadas de una ambulancia de éste, que, no obstante, tenía que salir de la ciudad después de las cinco de la tarde. Al atardecer de ese día, una ambulancia con el distintivo del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas que iba a recoger a tres heridos fue alcanzada por un misil disparado desde un helicóptero Apache. Kamal Salem, trabajador de los servicios de salud de dicho organismo con formación médica, iba sentado junto al conductor y resultó muerto. Otra ambulancia que también habían salido hacia allí y en la que viajaba Ibrahim Muhammad Jazmawi,auxiliar médico, regresó al hospital. Mientras tanto se recibieron más llamadas pidiendo ayuda para personas heridas, incluidos tres individuos que habían tenido un accidente de automóvil. La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja trató de coordinar sus desplazamientos con la FDI por medio del CICR y tuvo que esperar casi una hora antes de recibir por fin la autorización para enviar ambulancias. Mandó dos a recoger a las tres víctimas del accidente. Sin embargo, al llegar a una importante calle comercial de Tulkarem situada a dos minutos del hospital, las ambulancias vieron un tanque delante de ellas. La de Ibrahim Jazmawi retrocedió un metro más o menos. El tanque disparó contra ambas, matando a Ibrahim Jazmawi. En la otra ambulancia sólo hubo daños materiales. El personal superviviente escapó a pie. Al cabo de media hora, un grupo de miembros del servicio de ambulancias pudo regresar a pie al lugar para llevarse el cadáver de Ibrahim Jazmawi. Después de este suceso, el CICR pidió que se suspendiera el servicio, por lo que el 8 de marzo no salió ninguna ambulancia en todo el día, a pesar de seguir produciéndose enfrentamientos y bajas en los campos de refugiados.

- Sa’id Yusuf Shalayel, miembro del personal de una ambulancia del los servicios médicos de las fuerzas de seguridad palestinas, resultó muerto la noche de 7 al 8 de marzo; otro auxiliar, Muhammad al-Hissu, de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, sufrió sólo múltiples heridas gracias a que llevaba puesto un chaleco antibalas (el CICR había donado 46 de tales prendas). En el norte de Gaza habían llamado a tres ambulancias tras un ataque con ametralladora, aparentemente de la FDI, contra un pequeño puesto de Fuerza 17. Los dos auxiliares se dirigieron hacia los heridos y, de pronto, cuando estaban a unos 70 metros de las tres ambulancias, que tenían la luz intermitente de la capota encendida, se produjo una gran explosión, causada al parecer por un proyectil. Sa’id Shalayel murió, y Muhammad al-Hissu resultó herido. El jefe de los servicios de urgencia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja telefoneó al CICR, que intentaba ponerse de acuerdo con la FDI para organizar el envió de ambulancias a los heridos. Mientras tanto Muhammad al-Hissu había llamado con el teléfono móvil de su compañero muerto y había contado lo ocurrido, explicando que se encontraba mal herido y que el otro auxiliar médico y tres personas más estaban muertos. Sin ponerse de acuerdo antes con nadie, el jefe de los servicios de urgencias pidió inmediatamente que se dirigiera hacia allí alguna ambulancia, por lo que aparecieron 10 vehículos de distintos servicios, todos ellos con la luz de la capota encendida; sin embargo, los ataques continuaron, y el personal médico no pudo avanzar. Para entonces había resultado muerta también una cuarta persona que se encontraba en ese momento en la zona y había intentado llegar hasta los heridos. El personal de las ambulancias tuvo que esperar todavía 20 minutos más, con las luces encendidas, antes de poder retirar de allí a los heridos y a los muertos.

- El 8 de marzo, la FDI mató al doctorAhmad Nu’man Sabih al-Khudari, director del pequeño hospital de Yamama , en Al Jader, cuando se dirigía en automóvil al campo de refugiados de Deheisheh, situado en la periferia de Belén. Ese mismo día, un funcionario israelí le había dado garantías de que su seguridad no corría peligro.

Como resultado de los bloqueos de ciudades y pueblos, en la Franja de Gaza las ambulancias de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja tenían dificultades para responder a las urgencias fuera de Gaza y Jabaliya. La FDI tenía divididos los 45 kilómetros de extensión de la Franja en tres partes, y realizaba operaciones en muchas zonas. Incluso en casos de urgencia sin relación alguna con la Intifada,la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja tenía que ponerse en contacto con el CICR para coordinar sus actividades. Éste debía ponerse de acuerdo, a su vez, con la Administración Civil israelí, la cual lo hacía luego con la FDI. Este proceso causaba demoras de más de una hora incluso en los casos más urgentes. El 13 de marzo, una ambulancia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja tardó hora y media en obtener permiso para entrar en un pueblo situado al sur de Gaza con objeto de recoger a un niño de cinco años que había ingerido insecticida. A pesar de lo acordado con la FDI, la ambulancia no pudo llegar a la casa del niño, porque los soldados habían bloqueado la carretera con montones de arena. Estaba en vigor el toque de queda, y cuando la ambulancia salió era ya de noche. Al otro lado de la barrera de arena, un tanque bloqueaba la carretera, y los soldados dijeron que ellos no sabían nada de ningún acuerdo. Al final no hubo más remedio que telefonear a un vecino para pedirle que llamara a los padres del niño a fin de poder indicarles por teléfono lo que tenían que hacer.

El 11 de abril de 2002, la situación era muy grave en lo que a la posibilidad de prestar servicios médicos se refería. En las zonas donde continuaban las operaciones de la FDI, especialmente en Yenín y Nablús, no se permitía a las ambulancias recoger a los heridos, y en los lugares a los qué sí tenían acceso, las detenían y registraban tan a menudo, que tardaban horas en recorrer las distancias más cortas. Se recibieron también informes según los cuales la FDI había disparado contra algunas que llevaban pasajeros y aplastado con sus tanques ambulancias vacías.

La FDI ha manifestado a menudo que se utilizan las ambulancias para llevar armas y que este es el motivo de que se les de el alto y se las registre tan a menudo. La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja y otras organizaciones médicas lo ha negado continuamente. Aunque la mayor parte de la información sobre violaciones de la neutralidad médica que ha recibido Amnistía Internacional se referían a actos de la FDI, ha habido también dos casos protagonizados por palestinos. El primero trata del presunto uso indebido de una ambulancia de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja para transportar explosivos. Mientras se hallaba detenida en uno de los muchos puestos de control por los que tenía que pasar, los soldados israelíes registraron su parte trasera y encontraron un mecanismo explosivo, que hicieron detonar en presencia de un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este organismo manifestó el 29 de marzo que estaba horrorizado y consternado por la noticia del hallazgo de material explosivo en la ambulancia y condenó el uso indebido del emblema y los vehículos de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja. El presidente de ésta negó rotundamente que el personal de la ambulancia tuviera conocimiento de la presencia del explosivo y afirmó que había sido colocado allí para desprestigiar a su organización. La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja pidió una investigación independiente sobre lo ocurrido, pero Amnistía Internacional no tiene de momento información sobre los resultados.

El segundo caso tuvo lugar el 31 de marzo, cuando el centro del Magen David Adom (el servicio médico nacional de urgencia de Israel) de Efrat, asentamiento israelí próximo a Belén, sufrió un atentado suicida con bomba. Tres miembros del personal resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y también sufrieron lesiones otros civiles. Este atentado constituye una violación de las normas internacionales humanitarias, que prohíben los ataques contra personas civiles e instalaciones médicas.

Demoliciones y destrucción

Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas.

Cuarto Convenio de Ginebra, artículo 53

Cada vez que han ocupado un campo de refugiados, los solados israelíes han arrasado todo su paso. Los tanques han aplastado automóviles estacionados y derribado paredes, fachadas, farolas e indicadores callejeros. A veces han arremetido sin motivo aparente contra las fachadas de los edificios. Durante el tiempo que ha durado la ocupación, la electricidad, el agua y el teléfono han permanecido cortados, y al mismo tiempo se han disparado balas capaces de atravesar paredes y, a veces, incluso proyectiles de tanque contra comercios y edificios sin motivo aparente.

Desde el comienzo de las incursiones, las casas de los hombres «buscados» o que han lanzado ataques contra israelíes se han demolido. Durante la invasión de Yenín de los días 5 y 6 de abril de 2002, se demolieron al menos 20 casas en el campo de refugiados para ensanchar las estrechas calles a fin de permitir el paso de los tanques o porque había en ellas palestinos armados que se negaban a entregarse.

Los actos de destrucción de bienes y del interior de viviendas realizados por la FDI sin ser absolutamente necesarios infringen no sólo el artículo 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, sino también el artículo 33 de este tratado, que prohíbe los castigos colectivos, los saqueos y las represalias.

El 12 de marzo, en Ramallah, la casa de Afif Ahmad fue acribillada a balazos desde un tanque que disparó contra ella misiles y proyectiles capaces de atravesar las paredes a pesar de estar en su interior los seis miembros de la familia, que, aterrorizados, estuvieron cuatro horas tirados en el suelo.

Las FDI ocupaba las casas y bloques de apartamentos que le parecían bien situados estratégicamente. A sus habitantes se les encerraba en una habitación o en un sólo apartamento mientras duraba la ocupación de la ciudad, que a veces era de cuatro o cinco días. Los soldados que ocupaban los apartamentos destrozaban sistemáticamente todo lo que había en ellos: abrían los cajones y los armarios y esparcían su contenido por el suelo, desgarraban la ropa, rompían los cuadros, arrojaban los aparatos de televisión y los ordenadores por las escaleras, etc. Se han recibido informes de saqueos de muchos zonas, y de acuerdo con ellos, las víctimas se han quejado a veces a la FDI, pero está no ha hecho nada. En un piso del campo de Deheisheh propiedad de Amal ‘Abd al-Mun’im, los soldados arrancaron las páginas del Corán de la familia y las esparcieron por el suelo; asimismo, llenaron de agujeros un informe de la organización B’Tselem,aparentemente con un cuchillo o una bayoneta. La dueña de la casa contó a Amnistía Internacional lo siguiente:

Vinieron el sábado 9 de marzo. Eran 25 soldados con vehículos blindados. Nos pusieron a todos en una habitación —éramos seis, [mi esposo] mis cuatro hijos y yo—. Estuvieron unas cinco horas y a nosotros nos encerraron en la habitación. Luego se llevaron a mi esposo. Estuvieron en la casa cuatro días. Cuando volvimos estaba todo destrozado. Mi casa tiene tres pisos y lo destruyeron todo. Robaron dos cámaras de vídeo que costaban 300 dolares cada una. Se llevaron todo nuestro dinero, y también el ordenador, que costó cerca de 8.000 sheqeles. Utilizaron los aseos, pero no limpiaron nada. Había excrementos suyos por todos partes: untaron con ellos las toallas y las restregaron por la pared, en la cocina y en los platos. Arrancaron las hojas del Corán y lo rompieron todo.

En muchas casas, los soldados habían hecho agujeros en la pared para acceder a las viviendas vecinas. Estas «ratoneras», como se denominan a veces tales agujeros, son una técnica militar reconocida, utilizada en situaciones de combate en medios urbanos para proporcionar a los soldados vías de escape. Los israelíes las llamaban «paseos por las paredes». En las casas visitadas por Amnistía Internacional, los agujeros habían creado siempre el caos en las habitaciones de uno y otro lado de la pared. En algunos casos los habían hecho innecesariamente, pues se podía accede de un apartamento a otro por un balcón o una ventana. Según los palestinos, en el campo de refugiados de Balata se habían hecho unos 30 agujeros para permitir el paso de los soldados a lo largo de una hilera de casas hasta el escuela del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas.

En el campo de Al Am’ari, en Ramallah, el 12 de marzo, hacia las siete y media de la tarde, se presentaron sin previo aviso en casa de Halima al-Nabi 30 soldados. Subieron al piso de arriba, y, después de revolverlo todo, hicieron un agujero en la pared para pasar al piso de su hijo Jamal, a pesar de que habían un balcón y una puerta que comunicaban con él. Estuvieron allí unas tres horas, y luego, desde el piso de Jamal intentaron pasar a la casa de otro hijo de Halima, Nabil, pero no pudieron hacer el agujero porque la pared era de cemento y muy gruesa. Entonces utilizaron una ventana, por la que bajaron al dormitorio que ocupaban los 11 hijos de Nabil. Tiraron la ropa y las almohadas por el suelo, rompieron el cristal de las fotografías familiares, destrozaron el Corán y arrojaron el aparato de televisión por las escaleras. Se quedaron en la casa tres días, hasta el 15 de marzo por la mañana, mientras la familia permanecía en su tienda de ultramarinos, situada en el piso bajo, con un colchón para trece personas. «Algunos de los niños estaban muertos de miedo, y a dos de ellos, los de cinco y seis años, los llevamos al hospital», dijo Halima al-Nabi.

En cualquier ejército del mundo, los soldados que se comportaran como la FDI, destruyendo bienes y saqueando, serían sometidos inmediatamente a un consejo de guerra.

David Holley

En el campo de Balata, la FDI decidió infligir un castigo colectivo y voló el 3 de marzo la casa de Nasser ‘Aways, miembro «buscado» de Hamas, a quien mataron un mes más tarde durante el segundo ataque israelí a Nablús. Vivían en ella 17 personas. En un campo de refugiados donde casi todas las casas son contiguas al menos a otras dos y los callejones tienen apenas un metro de ancho, la demolición causó graves daños en otras seis casas. En el campo de Deheisheh se infligió también un castigo colectivo consistente en volar con explosivos cuatro casas de miembros de la familia de Mahmud al-Mughrabi que, presuntamente, habían lanzado ataques contra israelíes. Las casa vecinas sufrieron graves daños.

En las mayoría de las ciudades invadidas se cortaron cables eléctricos, cañerías y líneas telefónicas. Se destruyeron con misiles y explosivos centros educativos y culturales, oficinas gubernamentales y, en especial, comisarías de policía. El nuevo Millennium Hall de la Universidad de Belén, edificio inaugurado en el 2000, que había costado 2 millones de dólares estadounidenses, la mitad de los cuales los aportó el programa ASHA (de creación de escuelas y hospitales estadounidenses en el extranjero) de la organización estadounidense USAID, fue destruido por cuatro misiles TOW que costaban 180.000 dólares cada uno y formaban parte de la ayuda del gobierno de Estados Unidos a la FDI. A la vista de tal destrucción, Curt Goering, director ejecutivo adjunto de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional, dijo «cuesta creer que el ataque a la universidad no haya sido intencional —y añadió—: La financiación estadounidense hizo posible el nuevo Millennium Building y ha hecho también posible su destrucción».

Detención arbitrarias y trato cruel, inhumano o degradante

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos, crueles, inhumanos o degradantes [...]

t1 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7

[...]cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad

[...]

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

[...]

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

Artículo común 3 de los Convenios de Ginebra

La Parte en conflicto en cuyo poder haya personas protegidas es responsable del trato que les den sus agentes, sin perjuicio de las responsabilidades individuales en que se pueda incurrir.

Cuarto Convenido de Ginebra, artículo 29

Las tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos por los Convenios de Ginebra, así como por la Convención contra la Tortura, en la que Israel es Estado Parte. Asimismo, tal prohibición constituye un artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que no puede dejar de aplicarse ni siquiera en «situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación».

Las detenciones de palestinos de los Territorios Ocupados practicadas por Israel desde el 27 de febrero han ido acompañadas casi invariablemente de trato cruel y degradante, y también se han recibido varias denuncias de tortura.

Las incursiones de la FDI se han complementado a menudo con búsquedas casa por casa de presuntos miembros de grupos armados. No obstante, entre el 1 y el 12 de marzo, en tres campos de refugiados (Tulkarem, Deheisheh y Al Am’ari) y en Qalqiliya, se practicaron detenciones masivas, en las que se sometió a trato degradante a los detenidos. En general, la FDI anunciaba por altavoz que todos los hombres palestinos de determinada edad (normalmente de entre 15 y 45 años) se presentaran en un lugar específico. Los palestinos del campo de Al Am’ari contaron que les habían dicho que si se presentaban y no habían tomado parte en ningún delito los dejarían en libertad; los del campo de Tulkarem dijeron que les habían dicho por el altavoz que todo el que no se presentara se exponía a que lo mataran (sin embargo, a la mayoría de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional las detuvieron en una casa o en la calle). Una vez seleccionados, para lo que normalmente les preguntaban datos básicos como el nombre y la edad, algunos quedaban en libertad inmediatamente, pero a la mayoría les vendaban los ojos y les ponían esposas de plástico (que pueden ajustarse mucho y causar mucho dolor). A algunos le marcaban la muñeca con un número, pero, debido a las protestas expresadas en el Parlamento, así como por muchos sectores de la sociedad israelí, esta práctica, que no era general, se suspendió. La gran mayoría de los detenidos entrevistados dijeron que nos les habían dado nada de comer durante las primeras 24 horas ni permitido siquiera ir al aseo, por lo que habían tenido que hacer sus necesidades en el mismo suelo donde los tenían sentados. Aunque las noches eran todavía muy frías en esa estación, durante su primera noche de detención no les habían dado ninguna manta. Según informes, entre los detenidos había muchos niños de 14 o 15 años.

Las personas detenidas eran llevadas a centros temporales de reclusión, situados en campamentos militares o asentamientos. El 17 de marzo, tres semanas después de la primera invasión de los campos de refugiados, unos 135 palestinos, de los al menos 2.500 detenidos durante los 19 días anteriores en Tulkarem, Deheisheh, Al Am’ari y Qalqiliya, continuaban privados de libertad en centros temporales de reclusión — unos, en los campamentos militares de Huwara, Ofer y Majnuna, y en los asentamientos de Kedumim, Gush Etzion y Beit El; otros, en Erez—.

Teniendo en cuenta que se ha detenido a gran número personas y que ha habido muy pocos interrogatorios, Amnistía Internacional teme que el objeto de las detenciones, acompañadas, como han estado, de malos tratos, haya sido infligir un castigo colectivo a los palestinos no implicados en actividades de oposición armada y someter a tratos humillantes y degradantes a los detenidos. Se han hecho fotografías de grandes grupos de palestinos esposados y con los ojos vendados, y se ha mostrado las imágenes en la televisión y los periódicos israelíes.

•Testimonio de Jamal Issa, de 37 años, habitante del campo de refugiados de Tulkarem:

La FDI se presentó en mi casa a las seis de la mañana [del 8 de marzo]. No pusieron a todos, las tres familias que éramos, en una habitación y nos dejaron allí desde las seis hasta las once, cuando nos trasladaron a otra casa. Prendieron a 20 personas en la misma casa. Luego nos llevaron a la escuela, donde estuvimos cuatro o cinco horas con los ojos vendados y las manos atadas. Nos pidieron a todos el documento de identidad y nos dividieron en grupos. Al cabo de tres horas, nos llevaron a la Oficina de Coordinación de Distrito. Eramos unos 60 y pasamos la noche allí, esposados, con los ojos vendados, tratados como si fuéramos terroristas y humillados. Se nos negaron los derechos básicos que se les reconocían antes a los presos. Si pedíamos ir al aseo, no nos dejaban. Fue una noche de gritos y llanto.

Después, a unos nos trasladaron en autobuses a Kedumim y a otros al campamento militar de Huwara. Allí, en Huwara, no había cárcel; era mejor que el otro sitio y te quitaban la venda de los ojos y las esposas. Estuvimos seis días sin que nos hicieran ningún interrogatorio, y luego nos dejaron en libertad. Confiábamos en que alguien nos dijera por qué nos habían detenido. Habíamos tenido miedo todo el tiempo, porque nos habían amenazado con matarnos, pero al final nos daba más miedo estar libres que detenidos, porque nos dejaron en el puesto de control del campamento militar, donde recogimos nuestros documentos de identidad, y tuvimos que buscar un taxi y que pasar por todos los asentamientos de Nablús. Tardamos cuatro horas en llegar a casa.

•Testimonio de Majdi Shehadeh, habitante del campo de refugiados de Tulkarem:

El viernes [8 de marzo], a las nueve de la mañana, anunciaron por altavoz que teníamos que presentarnos. Salimos a la calle y nos dijeron que nos quitáramos la ropa de cintura para arriba. Eramos unos 100. Al cabo de una hora nos pusimos la ropa y fuimos caminando hasta la escuela. Estuvieron comprobando nuestros documentos de identidad hasta las nueve de la noche. Luego trajeron unos autobuses y nos llevaron a Kibbutz Sanaws. Todos estábamos esposados y nos sentamos en el suelo, que era de guijarros. No nos dieron nada de comer, y cuando pedíamos agua nos la arrojaban encima. Las esposas apretaban, y cuando, al llegar, nos quitaron la venda de los ojos, vimos que algunas personas tenían las manos negras e hinchadas. Dijimos a los soldados que nos estaban haciendo daño, y respondieron que no había más remedio. Comenzamos a gritar y a llorar, implorando que nos aflojaran la esposas. Hacía mucho frío, y algunos íbamos en camiseta y descalzos. No nos permitían ir al aseo, por lo que teníamos que hacer nuestras necesidades allí mismo. A las tres y media de la madrugada estábamos tiritando de frío y nos castañeaban los dientes. Nos apretujamos unos contra otros y luego nos pusimos de pie. Los soldados trataron de imponer orden y dispararon al aire. Pero no nos dio miedo y nos negamos a quedarnos allí. Entre nosotros había personas mayores de 50 años y niños menores de de 14. Protestamos por la detención de esas personas. Entonces vino un oficial y dijo: «Os iréis a las siete de la mañana». Dejaron en libertad a los ancianos y a los niños a las cuatro de la mañana. Ninguno de nosotros estaba acusado de nada. Protestamos por el frío. Hacia las diez de la mañana nos pusieron en fila y un soldado nos golpeó a todos con un palo. Luego nos dejaron en libres y nos llevaron a la Oficina de Coordinación de Distrito.

•Testimonio de ‘Awni Muhammad Ibrahim Sa’id, de 27 años, habitante del campo de refugiados de Al Am’ari, Ramallah:

El martes 12 de marzo, a las nueve de la mañana, anunciaron que las personas de entre 16 y 45 años debían presentarse ante ellos. Dijeron que matarían a quienes no lo hicieran.Yo fui a la escuela hacia las 11 con tres de mis hermanos. Estuvimos allí un rato y luego nos llevaron a Ofer en un camión blindado. En Ofer había unas 210 personas. Una de ellas era sordomuda, y le dejaron marchar. Fue allí donde nos esposaron y nos taparon la cabeza con una capucha, no en la escuela. Estuvimos así hasta la una de la madrugada, cuando un soldado recogió nuestros documentos de identidad y nos registró; les quitaron a todos los móviles. Luego escogieron a algunas personas, les dieron tiendas de campaña y les dijeron que las montaran. Había cuatro tiendas para los 200; unos 50 en cada una. Hacia las dos y media o las tres acabamos de montar las tiendas y les pedimos colchones, pero no nos los dieron. Lo que nos trajeron fueron maderas, muy bastas, peores que las que se utilizan para hacer féretros. La primer noche la pasamos sin mantas; no nos las trajeron hasta la diez y media de la mañana del miércoles. Para entonces, cinco personas se habían puesto enfermas a causa del frío y las llevaron al médico, pero no les dieron nada. La primera vez que nos dieron de comer fue el miércoles a las ocho de la mañana. Luego nos daban también dos cigarrillos al día. Nos dejaron a todos en libertad el jueves. Nos llevaron en autobuses, pero estuvimos en ellos todo del día antes de quedar libres.

Durante la Operación Muro Defensivo se ha detenido hasta el 11 de abril a más de 4.000 palestinos, principalmente mediante registros casa por casa. En algunos lugares se han practicado detenciones masivas tras ordenar por altavoces que todos los hombres de entre 15 y 45 años se presentasen en determinado punto. Así ocurrió, según informes, en Al Bireh el 30 de marzo, cuando la FDI detuvo a gran número de hombres que se habían presentado en el lugar indicado, la Escuela de la Diáspora, y se los llevó en autobuses a Ofer. De acuerdo con los informes, los esposaron, les vendaron los ojos y los tuvieron tres días a la intemperie ante de someterlos a un interrogatorio. Este fue mínimo, pues sólo les preguntaron el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos personales, y después los llevaron a una tienda de campaña y les dieron mantas y camastros de madera para dormir. La mayoría fueron puestos en liberta en Qalandiya al cabo de siete días. Otros palestinos detenidos en Ramallah han informado de que los tuvieron a la intemperie en casas en construcción o en patios de escuelas, donde pasaban el día tumbados en el suelo, y que los esposaban y les tapaban la cabeza con una capucha para ir al aseo. También han dicho que a veces los golpeaban.

Con estrictos toques de queda impuestos en la mayoría de la ciudades, las familias de los detenidos no sabían siquiera si éstos estaban vivos o muertos. Las organizaciones israelíes de derechos humanos que intentaban averiguar el paradero de los detenidos recibían innumerables peticiones de ayuda, pero no podían obtener información de la FDI, que asegura que ni ella misma conocía los nombres de los detenidos. El 5 de abril de 2002 se dictó la Orden Militar Núm 15000, que permitía al ejército mantener recluidos a los detenidos sin acceso a un abogado durante 18 días, antes de llevarlos ante un juez (el cual podía prorrogar el periodo de reclusión sin acceso a un abogado). Al recibirse informes sobre detenidos a los que habían rotos dedos de los pies y de las manos, cuatro organizaciones de derechos humanos — B’Tselem,la Asociación por los Derechos Civiles en Israel,HaMoked y Physicians for Human Rights— elevaron una petición al Tribunal Superior de Justicia de Israel para que se pusiera fin a tal trato, pero el tribunal la ha rechazado.

Recomendaciones

- El gobierno israelí debe poner fin a las graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario que se están cometiendo en el marco de la Operación Muro Defensivo. Debe poner fin al uso ilegítimo y desproporcionado de medios letales, que se están utilizando incluso contra personal médico; a las ejecuciones extrajudiciales; a la destrucción gratuita de viviendas y a otros castigos colectivos consistentes en destruir y causar daños en bienes y obras de infraestructura palestinos, como el suministro de agua y electricidad; a las detenciones arbitrarias; a las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al saqueo de viviendas y a la destrucción de su contenido.

- Todas las partes deben respetar la neutralidad de las instalaciones y vehículos médicos. El gobierno israelí debe permitir el acceso inmediato y sin restricciones a todas las zonas de los trabajadores de los servicios médicos, incluidos la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

- El gobierno israelí debe garantizar que no se obstaculiza indebidamente el acceso de observadores, incluidos periodistas, organizaciones no gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil.

- El gobierno israelí debe establecer de inmediato una comisión de investigación para examinar las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Yenín y en otras zonas de los Territorios Ocupados desde el 27 de febrero.

- Los grupos armados palestinos deben poner fin a los ataques deliberados contra civiles.

- La Autoridad Palestina debe condenar los ataques contra israelíes y hacer todo lo posible para impedirlos.

- La comunidad internacional deber tomar medidas urgentes para el envío a Israel y los Territorios Ocupados de observadores internacionales con una misión rotunda y transparente de vigilancia de los derechos humanos.

- Todas la partes y la comunidad internacional deben garantizar que en toda negociación que se entable para conseguir la paz o un alto el fuego se tratan las violaciones de derechos humanos sufridas por los palestinos en tanto que aspecto esencial de este conflicto.