Amnistía Internacional

Comunicado de prensa

Índice AI: MDE 18/004/2003/s (Público)

Servicio de Noticias 020/2003

30 de enero de 2003

Líbano: Es preciso investigar el uso excesivo de la fuerza y de torturas por las fuerzas de seguridad

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación los malos tratos a que continúan sometidos 23 activistas islámicos participantes, presuntamente, en unos enfrentamientos con las fuerzas libanesas de seguridad que tuvieron lugar en la meseta de Dhinnyyah en febrero de 2000. Se encuentran privados de libertad desde entonces y, según informes, han sido torturados estando recluidos en régimen de incomunicación.

En una entrevista con la organización de derechos humanos, uno de los activistas detenidos ha dicho: «Me torturaron colgándome con el método del “balanco” y me dejaron así durante alrededor de una hora y media. Colgado en esa posición, me golpearon en los pies con palos y con un cable bajo la supervisión de un coronel. Estuve 24 horas sin comer, agotado física y mentalmente. Me impidieron dormir y me dejaron aislado del mundo exterior, con los ojos vendados en una habitación oscura. Era como una tumba. El interrogatorio continuó a lo largo de siete días, interrumpido sólo por palizas cada diez minutos».

«Esta denuncia justifica una investigación independiente, exhaustiva e imparcial –ha manifestado Amnistía Internacional—. Nos preocupa que las autoridades libanesas hagan habitualmente caso omiso de las torturas y malos tratos a que son sometidas continuamente las personas detenidas por motivos políticos, incluidas las relacionadas con los sucesos de Dhinniyyah.»

Según testimonios obtenidos por la organización de derechos humanos, tras su detención los activistas de Dhinniyyah estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante semanas, y en ese tiempo fueron sometidos a varias técnicas de tortura y maltrato. Les aplicaron descargas eléctricas, los insultaron, menospreciaron sus creencias religiosas, les impidieron rezar y los amenazaron con someter a mujeres de su familia a abusos deshonestos. Los detenidos han dicho que, incluso después de haber terminado el juez instructor de interrogarlos, continuaron con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda. La tortura tuvo lugar principalmente en el centro de detención de Al Yarze del Ministerio de Defensa.

En protesta por los malos tratos y a fin de ejercer presión para que los dejaran en libertad en espera de juicio, 17 de los detenidos decidieron boicotear el 17 de enero de 2003 una vista de su causa ante el Consejo de Justicia. Para impedírselo, la fuerzas de seguridad recurrieron a la fuerza, aparentemente de manera excesiva, pues utilizaron porras y gas lacrimógeno en lugares cerrados. Según una declaración de los servicios de Seguridad Interna, a causa de ello resultaron heridos siete detenidos y cinco miembros de las fuerzas de seguridad. En la declaración se indicaba que los detenidos habían utilizado instrumentos cortantes, preparados por ellos mismos, contra los agentes, pero un abogado de los detenidos lo desmintió.

Según informes, tras el incidente los detenidos de Dhinniyyah recibieron un paliza y fueron recluidos en régimen de aislamiento. Según declaraciones de sus familiares, tras quedar recluidos en estas condiciones, en celdas sin luz natural, los tuvieron sin comer durante dos días; asimismo, como castigo, los agentes de seguridad les afeitaron la barba, a pesar de que iba en contra de sus creencias, y profanaron publicaciones islámicas que les pertenecían.

Dos de los detenidos, Ihab al-Banna y Sa’id Minawi fueron ingresados en el hospital de Dhahr al Bashiq, según informes con lesiones graves. Desde entonces se encuentran recluidos sin acceso a sus familias y abogados, y no se ha proporcionado ninguna información sobre su estado de salud.

«Las denuncias de tortura y malos tratos son una característica de este caso desde el principio», ha manifestado Amnistía Internacional.

En una declaración publicada por los medios de comunicación libaneses el 31 de diciembre de 2002, el fiscal general, Adnan Addoum, desestimó sin más las preocupaciones e informes de Amnistía Internacional sobre torturas y malos tratos por considerarlas «denuncias inventadas y sin fundamento». Refiriéndose al caso de los detenidos de Dhinnyyah manifestó que la «denuncia de que los detenidos fueron sometidos a malos tratos al ser interrogados por la policía militar no tiene ninguna base de verdad».

Las autoridades deben también investigar los casos de detenidos que, al parecer, han sido coaccionados o torturados para que hagan declaraciones incriminatorias contra sí mismos. Dado que Líbano es Estado Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades deben cumplir lo dispuesto en el artículo 15, a saber: «Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración».

Documento público

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