AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 19/003/2009
29 de mayo de 2009

Libia: Amnistía Internacional termina su primera visita de investigación en más de cinco años

Un equipo de investigación sobre derechos humanos de Amnistía Internacional visitó del 15 al 23 de mayo de 2009 la República Árabe Libia Popular y Socialista, la primera visita de este tipo que las autoridades libias autorizan a la organización desde 2004.

Durante la visita, fruto de la invitación de la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas, que preside Saif al-Islam al-Gaddafi, y facilitada por ella, la delegación de Amnistía Internacional debatió con altos funcionarios del gobierno los motivos de preocupación que desde hace largo tiempo la organización tiene en materia de derechos humanos en Libia, se reunió con representantes de instituciones de la sociedad civil y pudo acceder a varios presos recluidos por motivos de seguridad o detenidos como migrantes irregulares. Sin embargo, las autoridades de seguridad libias impidieron a dos delegados de Amnistía Internacional viajar a Benghazi, como estaba previsto, para reunirse con las familias de personas sometidas a desaparición forzada, así como el acceso a varios presos.

En reuniones con altos cargos, como los secretarios generales del Comité General del Pueblo (ministerio) para la Justicia y la Seguridad Pública (Interior), el presidente del Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades judiciales, Amnistía Internacional trató de que le aclararan las facultades y prácticas de las fuerzas de seguridad, especialmente las de la Agencia de Seguridad Interna, e instó a que dichas fuerzas estuvieran sometidas a supervisión independiente y respondieran plenamente ante la ley. Actualmente la Agencia de Seguridad Interna parece tener facultades ilimitadas en la práctica para detener, recluir e interrogar a personas sospechosas de disentir del sistema político o consideradas una amenaza para la seguridad, mantenerlas incomunicadas durante periodos prolongados y negarles el acceso a abogados, vulnerando así hasta las limitadas salvaguardias que establece el Código de Procedimiento Penal libio. Tras su detención, estas personas pueden ser acusadas de delitos contra la seguridad y juzgadas ante el Tribunal de Seguridad del Estado, creado en 2007, cuyos procedimientos no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos y que, según los informes, en algunos casos ha celebrado sus sesiones en las instalaciones de la cárcel de Abu Salim de Trípoli.

Amnistía Internacional instó a las autoridades a tomar medidas concretas para evitar la tortura u otros malos tratos de los presos, incluidos los que están en régimen de incomunicación para ser interrogados, que corren especial peligro, y a aclarar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada.

En Trípoli, la delegación de Amnistía Internacional pudo acceder a presos recluidos en tres cárceles: la de Jdeida, administrada por el Comité General del Pueblo para la Justicia, y las de ‘Ayn Zara y Abu Salim, al parecer bajo el control del Comité General del Pueblo para la Seguridad Pública. Sin embargo, a Amnistía Internacional no le permitieron acceder a otros prisioneros aduciendo que sus casos aún estaban en los tribunales.

En la cárcel de Abu Salim, donde en 1996 tuvo lugar un famoso incidente en el que según los informes los guardias mataron a varios cientos de presos en circunstancias aún sin aclarar, Amnistía Internacional entrevistó a varios presos recluidos allí desde que las autoridades estadounidenses y europeas los devolvieran a Libia en 2005-2007. Entre ellos había varios detenidos en el contexto de la “guerra contra el terror” que habían estado en centros secretos de detención estadounidenses durante largos periodos sin que se reconociera su detención. Según los medios de comunicación libios, otro preso recluido en circunstancias similares, Ali Mohamed Abdelaziz Al-Fakheri, conocido como Ibn Al Sheikh Al Libi, se suicidó el 10 de mayo de 2009 en la cárcel de Abu Salim, donde estaba detenido desde su devolución a Libia a finales de 2005 o principios de 2006. Las autoridades libias no permitieron que Amnistía Internacional entrevistara a los guardias de la cárcel bajo cuya custodia estaba en el momento de su muerte ni al médico forense que examinó su cuerpo, y tampoco que obtuviera una copia del informe de la autopsia.

Entre los presos de Abu Salim entrevistados por Amnistía Internacional figuraba también un ex detenido de Guantánamo, Cuba, a quien las autoridades estadounidenses devolvieron a Libia en 2007. Sin embargo, otro ex preso de Guantánamo que también está ahora preso en Abu Salim declinó ser entrevistado por la organización. El hecho de que ex presos de Guantánamo sigan detenidos tras ser puestos en libertad por las autoridades estadounidenses y devueltos a Libia da pie a pensar que otros libios actualmente recluidos en Guantánamo pueden correr peligro de ser detenidos de inmediato y recluidos indefinidamente sin juicio o tras juicios injustos si la actual administración estadounidense los devuelve a Libia.

Amnistía Internacional pudo llevar a cabo una breve visita al centro de detención de Misratah, distante unos 200 kilómetros de Trípoli, en el que varios cientos de personas, presuntos migrantes irregulares de otros países africanos, están recluidos en condiciones de gran hacinamiento, y entrevistar a varios de ellos. Muchos llevaban detenidos desde que fueron interceptados tratando de llegar a Italia o a otros países del sur de Europa, que esperan que Libia y otros países del norte de África contengan la afluencia de migrantes irregulares del África subsahariana a Europa.

Resulta preocupante que Misratah, como la cárcel de Abu Salim de Trípoli, parece estar controlada por el Comité General del Pueblo para la Seguridad Pública, no por el Comité General del Pueblo para la Justicia, y hallarse fuera de la jurisdicción del fiscal y otras autoridades judiciales. En estos centros puede haber recluidas personas que huyen de la persecución, pero dado que Libia carece de procedimiento de asilo y no es Estado Parte en la Convención sobre los Refugiados ni su Protocolo de 1967, los extranjeros, incluidos los que necesitan protección internacional, pueden encontrarse fuera de la protección de la ley. Los detenidos tampoco tienen prácticamente ninguna oportunidad de presentar denuncias de tortura y otros malos tratos a las autoridades judiciales competentes.

En sus reuniones con las autoridades, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la detención y el presunto maltrato de cientos, puede que miles de extranjeros que las autoridades consideran migrantes irregulares, e instó a que se pusieran en marcha los procedimientos adecuados para identificar a los solicitantes de asilo y refugiados y que se les diera la protección pertinente. Asimismo, Amnistía Internacional instó a las autoridades libias a que detuvieran las devoluciones de extranjeros a países en los que corren peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, y que encontraran una alternativa mejor que la detención para los extranjeros a los que no pueden devolver a sus países de origen por esta razón. Algunos de los ciudadanos eritreos, que son una importante proporción de los extranjeros detenidos en Misratah, dijeron a Amnistía Internacional que llevaban recluidos dos años allí.

Lamentablemente, durante su visita Amnistía Internacional supo de la muerte en un hospital de Ammán de Fathi el-Jahmi, preso de conciencia recluido desde marzo de 2004, pero que había sido trasladado de Libia a Jordania para recibir tratamiento médico de urgencia a comienzos de mayo de 2009. La organización ya había planteado su preocupación ante la posibilidad de que el deterioro de su salud se debiera a un largo periodo de detención, durante el cual pasó largos periodos en régimen de incomunicación, y a habérsele negado, según los informes, la atención médica adecuada bajo la custodia de las autoridades libias. El motivo exacto de su muerte, y las circunstancias en las que enfermó de gravedad mientras estaba recluido en el Centro Médico de Trípoli, donde llevaba desde julio de 2007, deben ser aclaradas, al menos a sus familiares.

Documento público

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