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15 de septiembre del 2000 Documento público

Libia: Preocupaciones en torno al juicio de 16 profesionales de la salud

Amnistía Internacional teme que 16 profesionales de la salud que están siendo sometidos a juicio en Libia puedan ser condenados a muerte. Se les acusa de infectar a casi 400 niños con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) mientras se hallaban internados en un hospital libio. Según las autoridades, al final de 1999 veintitrés de estos niños habían muerto. Los cargos se han formulado en aplicación de tres artículos del Código Penal de Libia que prescriben la pena de muerte.

La preocupación de Amnistía Internacional se ve agudizada por denuncias según las cuales los encausados han sido torturados y, asimismo, porque se han registrado graves irregularidades en los procedimientos previos al juicio.

Las actuaciones, en las que se juzga a nueve libios y siete extranjeros —un palestino y seis búlgaros—, todos ellos profesionales de la salud, se iniciaron oficialmente el 7 de febrero ante un Tribunal Popular de Trípoli, pero han sido aplazadas en tres ocasiones. La próxima vista está fijada para el 17 de septiembre del 2000.

Los acusados fueron detenidos en enero de 1999 y llevan diez meses recluidos sin acceso al mundo exterior, a sus familiares o a representantes letrados. Sólo después de iniciado el juicio se permitió que los acusados de nacionalidad extranjera se comunicaran con abogados. A mediados de mayo del 2000, el abogado libio de los acusados búlgaros declaró a los medios de comunicación que se había entrevistado con sus clientes en sólo dos ocasiones.

El abogado libio también señaló que el acusado palestino y dos de los acusados búlgaros afirmaban que sus confesiones habían sido formuladas bajo coacción. Anteriormente, las autoridades búlgaras se habían quejado de que las autoridades de Libia no habían respondido a su petición de que se investigaran las denuncias de los encausados en relación con el hecho de que los habían obligado a hacer confesiones falsas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que lleven a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a los acusados y que garanticen que éstos tendrán suficiente acceso a sus familiares y representantes letrados y recibirán la atención médica que necesiten.

«Las autoridades de Libia deben asegurar que los acusados serán juzgados conforme a las normas internacionales sobre garantías procesales —manifiesta Amnistía Internacional—. Y deben garantizar que no se les impondrá la pena de muerte.»

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