[NO PUBLICAR HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996]

Amnistía Internacional

ARGELIA

Miedo y silencio:

Una crisis oculta de derechos humanos

Noviembre de 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: MDE 28/11/96/s

DISTR: SC/CO/GR (44/96)

Ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, «desapariciones», torturas, secuestros, amenazas de muerte y otros abusos se han convertido en parte de la realidad cotidiana de Argelia. Mientras continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición, que se autodefinen como «grupos islámicos», se cometen homicidios y abusos )unos en nombre de la «lucha antiterrorista» y otros en el de la «guerra santa»)y a la población civil le toca la peor parte en el enfrentamiento.

Según los informes, en Argelia han perdido la vida más de 50.000 personas en los últimos cinco años. Si bien muchas murieron en enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición, hubo miles de civiles víctimas de atentados, tanto selectivos como indiscriminados. Las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición han mostrado un profundo desprecio por el derecho humano más básico de la población civil: el derecho a la vida.

La identidad y los motivos de los responsables de los homicidios y los secuestros resultan cada vez más difíciles de determinar, ya que las pautas de actuación de las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición son a menudo similares: los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad visten de civil, utilizan vehículos normales y no se identifican, mientras que los grupos armados de oposición a veces van uniformados como las fuerzas de seguridad y actúan como ellas.

La pauta de homicidios y abusos se ha enquistado cada vez más y ha creado un clima de miedo, en el que muchos de los civiles no saben ni comprenden por qué están en el punto de mira ni quién los amenaza.

Las milicias apoyadas por el Gobierno, recientemente creadas y que se autodefinen como «grupos de autodefensa» o «patriotas» participan cada vez más en operaciones de contrainsurgencia utilizando uniformes y equipo del ejército y las fuerzas de seguridad, y también son responsables de homicidios deliberados y arbitrarios. En una atmósfera de creciente deterioro del Estado de Derecho, la población civil se ve cada vez más arrastrada al enfrentamiento.

Además de las ejecuciones extrajudiciales y los homicidios deliberados y arbitrarios, siguen cometiéndose otros abusos graves contra los derechos humanos. Cientos de personas han «desaparecido» tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad; la tortura y los malos tratos de los detenidos por las fuerzas de seguridad en detención secreta son generalizados, y miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, entre ellos presos de conciencia.

Los grupos armados de oposición, por su parte, también han torturado a algunas de sus víctimas antes de matarlas, y han secuestrado y violado a decenas de mujeres. Además, estos grupos han amenazado de muerte repetidas veces a la población civil: funcionarios, familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, maestros, mujeres, extranjeros y muchos otros pertenecientes a diversos sectores de la sociedad.

La censura )cada vez más estricta)de la información relacionada con la seguridad ha hecho que muchos de los homicidios y abusos se mantengan ocultos tras un muro de silencio, y la comunidad internacional ha seguido indiferente al sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Argelia.

Este informe describe la situación de los derechos humanos en Argelia, incluidos algunos aspectos de la realidad oculta. Se basa en testimonios e información recogida diariamente y procedente de muchas fuentes: las víctimas, sus familias, activistas de derechos humanos, abogados, médicos, periodistas, miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades.

La organización se opone a los homicidios de civiles y otros abusos perpetrados por grupos armados de oposición, y los condena. Sin embargo, por muy graves que sean los actos de violencia cometidos por estos grupos, nunca pueden justificar las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las «desapariciones» y otras graves violaciones que las fuerzas de seguridad siguen perpetrando.

Hasta la fecha, no se conoce un solo caso de violación de derechos humanos perpetrada por las fuerzas de seguridad que haya sido investigado de forma minuciosa e independiente, y se ha permitido a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables continuar violando los derechos humanos impunemente.

Este informe contiene recomendaciones para que el Gobierno argelino tome medidas concretas a fin de detener e impedir las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, investigarlas y poner a disposición judicial a los responsables, así como disolver todas las milicias. El documento también pide a todos los grupos armados de oposición que terminen inmediatamente con los homicidios y los secuestros deliberados de civiles, la tortura y la violación, y que dejen de amenazar de muerte a los civiles.

PALABRAS CLAVE:EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES1 / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS1 / HOSTIGAMIENTO1 / CENSURA1 / IMPUNIDAD1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / MUJERES1 / PERIODISTAS1 / CIUDADANOS EXTRANJEROS1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES1 / CONFLICTO ARMADO / ATENTADOS CON EXPLOSIVOS1 / DETENCIÓN ARBITRARIA / HOMICIDIOS EN MASA / AGRESIÓN SEXUAL / DETENCIÓN EN REGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / DETENCIÓN ILEGAL / DETENCIÓN NO RECONOCIDA / CONFESIONES / DETENCIÓN SIN JUICIO / DETENCIÓN ADMINISTRATIVA / AVANZADA EDAD / MENORES / PERSONALIDADES ACADÉMICAS / TRABAJADORES MANUALES / DIRECTORES / ESTUDIANTES / POLICÍAS COMO VÍCTIMAS / MARINEROS / GRUPOS RELIGIOSOS / CLÉRIGOS / POLÍTICOS / ABOGADOS / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS / MÉDICOS / MILITARES / POLICÍA / DEFENSA CIVIL / AI Y LOS GOBIERNOS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / VIOLENCIA PENITENCIARIA / DELEGACIONES / SERVICIO MILITAR / PROSCRIPCIÓN / MALA SALUD /

Este informe resume un documento titulado ARGELIA: Miedo y silencio: una crisis oculta de derechos humanos (Índice AI: MDE 28/11/96/s) publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1996. Si desean saber más detalles o emprender alguna acción sobre el tema, consulten el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

ARGELIA

MIEDO Y SILENCIO:

UNA CRISIS OCULTA DE DERECHOS HUMANOS

Noviembre de 1996

Índice AI: MDE 28/11/96/s

Distr: SC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1

INFORMACIÓN GENERAL 3

HOMICIDIOS DE CIVILES: UNA CAMPAÑA DE TERROR 5

CIVILES ATRAPADOS ENTRE DOS FUEGOS 6

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y SUMARIAS POR PARTE DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES 8

HOMICIDIOS DE DETENIDOS 10

LA MATANZA DE LA PRISIÓN DE SERKADJI 12

HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS POR PARTE DE LAS MILICIAS APOYADAS POR

EL GOBIERNO 13

HOMICIDIOS DE CIVILES Y OTROS ABUSOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN 15

Homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y no combatientes 17

Homicidios de extranjeros 20

Atentados indiscriminados con muerte de civiles 20

Actos de tortura cometidos por los grupos armados de oposición: violaciones 21

LOS «DESAPARECIDOS»: ¿DÓNDE ESTÁN? 22

PROCEDIMIENTOS DE ARRESTO: LA VÍA HACIA LA «DESAPARICIÓN» 26

TORTURA Y MALOS TRATOS: UNA PRÁCTICA INSTITUCIONALIZADA 28

Métodos de tortura 30

LAS TORTURAS Y LAS DETENCIONES ILEGALES NO SE INVESTIGAN 31

DETENCIÓN PROLONGADA SIN JUICIO 33

CONCLUSIÓN 34

RECOMENDACIONES 35

EL TRABAJO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ABUSOS DE LOS GRUPOS DE OPOSICIÓN

Amnistía Internacional no apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos trata de proteger. Lo que pretende en cada caso particular es proteger los derechos humanos dentro del marco de su mandato, independientemente de los conflictos ideológicos, políticos o de otro tipo que pueda haber implicados.

Amnistía Internacional no toma postura respecto a la cuestión de la violencia. Tampoco se identifica con ninguno de los bandos de un conflicto, ni pretende juzgar en ningún caso si el recurso a la violencia está o no justificado. Se limita deliberadamente a trabajar en favor de la protección de los derechos humanos comprendidos en el ámbito de su mandato, y no hace comentarios ni actúa en relación con cuestiones que no forman parte de él.

En situaciones de conflicto armado, tanto los gobiernos como quienes se oponen a ellos deben respetar las normas reconocidas que protegen los derechos básicos del individuo. Por ello, Amnistía Internacional se opone activamente a los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y demás abusos cometidos por individuos o grupos que afirman actuar para conseguir objetivos políticos y los condena. El uso de términos neutrales, como «grupos armados de oposición», no implica que Amnistía Internacional reconozca ni confiera legitimidad a estos grupos, ni tampoco que intente comparar los abusos no a los perpetradores. A la organización le preocupan las víctimas y su objetivo es ofrecer datos sobre la situación de derechos de derechos humanos del país en cuestión.

La oposición de Amnistía Internacional a las violaciones de derechos humanos perpetradas por los gobiernos en todo el mundo se basa en las normas internacionales de derechos humanos sobre la protección de los derechos de los individuos en relación con la autoridad de los gobiernos. Son los Estados los que han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos y adoptado otros instrumentos de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, y son ellos los que tienen la obligación de aplicarlos. Por consiguiente, aunque se opone a los abusos cometidos por grupos armados de oposición y hace campaña para que terminen, la organización continuará centrándose fundamentalmente en las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos y en la responsabilidad de quienes tienen facultades ejecutivas para cumplir sus obligaciones internacionales, especialmente la solemne obligación, contraída en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, de salvaguardar los derechos humanos e impedir su violación. La responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos y de poner en manos de los tribunales a los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es de las autoridades del Estado.

Argelia: Miedo y silencio

4 Argelia: Miedo y silencio

Amnistía Internacional, noviembre de 1996 Índice AI: MDE 28/11/96/s

Índice AI: MDE 28/11/96/s Amnistía Internacional, noviembre de 1996

ARGELIA

Miedo y silencio:

Una crisis oculta de derechos humanos

INTRODUCCIÓN

«A la gente en Argelia se la mata y se la masacra sin ningún motivo.... A algunos los matan porque sus nombres estaban en una lista, a otros porque sus nombres no aparecían en otra.... Tanto el Gobierno como los islamistas están matando a personas inocentes.... Los argelinos sufren y mueren en silencio.... Hasta ahora, la comunidad internacional ha permanecido indiferente a lo que está sucediendo en Argelia....» Fragmentos de una carta enviada recientemente por un argelino a Amnistía Internacional..

Según los informes, en los últimos cinco años han muerto más de 50.000 personas. Si bien muchas de ellas han perdido la vida en enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición, las víctimas civiles, sin implicación alguna en la lucha armada, se cuentan por miles.

A medida que se ha ido ampliando el círculo de la violencia, sobre la población civil ha ido cayendo la peor parte del enfrentamiento. Tanto las fuerzas de seguridad como los grupos armados de oposición, que se autodefinen como «grupos islámicos», han asesinado civiles y perpetrado otros graves abusos. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales, en algunos casos matando a sus víctimas en sus casas, a la vista de sus familias, o cuando estaban detenidas. Las ejecuciones extrajudiciales también se han utilizado para eliminar a miembros o simpatizantes )declarados o presuntos)de grupos armados de oposición en lugar de detenerlos. Por su parte, los grupos armados de oposición han matado civiles de forma deliberada y arbitraria, tanto en atentados selectivos como indiscriminados con bomba, y también a miles de miembros de las fuerzas de seguridad.

La identidad y los motivos de los responsables de los homicidios y los secuestros resultan cada vez más difíciles de establecer, ya que las pautas de actuación de las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición son a menudo similares: los miembros del ejército y las fuerzas de seguridad visten de civil, utilizan vehículos normales y no presentan órdenes de arresto ni se identifican, mientras que los grupos armados de oposición a veces van uniformados como las fuerzas de seguridad y actúan como ellas. Las milicias apoyadas por el Gobierno, recientemente creadas y que se autodefinen como «grupos de autodefensa» o «patriotas», participan cada vez más en operaciones de contrainsurgencia utilizando uniformes y equipo del ejército o de las fuerzas de seguridad.

Los homicidios y las amenazas de muerte son algo cotidiano, y nadie está a salvo de la violencia. Muchos temen estar en el punto de mira, pero no saben de qué bando ni por qué. Los homicidios y los abusos se justifican en nombre de la «lucha antiterrorista» según unos, y de la «guerra santa» según otros, ya que cada facción utiliza términos que deshumanizan a la otra. La atención periodística y la condena de los abusos por parte de los medios de comunicación suele ser selectiva: sólo se ofrecen noticias de ciertos crímenes y atrocidades. Hacer otra cosa puede ser interpretado como «ponerse de parte del enemigo».

Cada día se pierden más vidas, pero la mayoría de las muertes ni siquiera se notifican, o sólo se mencionan de pasada. Noticias como «Diez personas mueren en un atentado "terrorista"» o «Diez "terroristas" eliminados por las fuerzas de seguridad» se han convertido en algo habitual. La mayoría de las víctimas no tienen rostro ni nombre; las cifras y las estadísticas ocultan el sufrimiento humano de cada víctima y cada familia.

Amnistía Internacional ha seguido visitando el país para investigar, siempre que ha sido posible, y para vigilar estrechamente la situación de derechos humanos, recogiendo información diariamente de muchas fuentes: las víctimas y sus familias, testigos, abogados, activistas de derechos humanos, médicos, enfermeras, periodistas y personal del ejército y de las fuerzas de seguridad. Ninguna otra organización internacional de derechos humanos ha desarrollado trabajo de investigación en Argelia desde 1992.

En situaciones de conflicto armado, tanto los gobiernos como quienes se oponen a ellos deben respetar las normas reconocidas que protegen los derechos básicos del individuo. Por ello, Amnistía Internacional se opone activamente a los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y otros abusos cometidos por individuos o grupos que afirman actuar para conseguir objetivos políticos y los condena. El uso de términos neutrales, como «grupos armados de oposición», no implica que Amnistía Internacional reconozca ni confiera legitimidad a estos grupos, ni tampoco que intente comparar los abusos ni a los perpetradores. A la organización le preocupan las víctimas, y su objetivo es ofrecer datos sobre la situación de derechos humanos del país.

Además de dar a conocer públicamente sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Argelia mediante la publicación regular de informes, Amnistía Internacional ha seguido planteando estas preocupaciones a las autoridades argelinas en cartas y en reuniones con altos funcionarios. Las autoridades han negado a menudo las denuncias de violaciones de derechos humanos que aparecen en los informes de Amnistía Internacional, pero no han respondido a la mayoría de las cartas o memorandos confidenciales en los que se pedían aclaraciones e información sobre casos concretos y preocupaciones generales.

En este informe se describe el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos durante los dos últimos años Para más información sobre las preocupaciones de Amnistía Internacional, véase: ARGELIA: La represión y la violencia deben cesar; Índice AI: MDE 28/08/94/s, de octubre de 1994.. El documento contiene nuevas recomendaciones a las autoridades argelinas Además de las recomendaciones que ya figuraban en informes anteriores y en los memorandos y cartas confidenciales.para que investiguen los homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas de seguridad y por las milicias apoyadas por el Gobierno, pongan a los responsables a disposición judicial y tomen las medidas necesarias con el fin de detener e impedir nuevas violaciones, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Argelia como Estado parte de tratados internacionales de derechos humanos. El informe también pide a los grupos armados de oposición que dejen de matar y de seleccionar como víctimas a civiles y no combatientes.

Se han omitido nombres y otros detalles que pudieran identificar a ciertos individuos y familias para no exponerlos a nuevos peligros.

INFORMACIÓN GENERAL

En junio de 1994, Yousef Fathallah, presidente de la Liga Argelina de Derechos Humanos, fue asesinado a la entrada de su despacho en Argel. Tres semanas antes había pronunciado un discurso en una reunión de Amnistía Internacional en Berlín (Alemania) en el que describía la situación de los derechos humanos en Argelia. En su intervención habló de la cotidianidad de las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos armados, del miedo cada vez más generalizado entre la población civil y del aumento de la censura y la información selectiva sobre la violencia en Argelia.

Lo que dijo sobre la situación de los derechos humanos en Argelia sigue siendo válido hoy; el clima de temor que describió ha ido empeorando y han muerto decenas de miles de personas más.

Las autoridades restringen cada vez más el acceso a la información relacionada con la seguridad y la divulgación de esta información, lo cual ha hecho imposible que los medios de comunicación y otros investiguen e informen objetivamente sobre homicidios y otros abusos Un Decreto confidencial del Ministerio del Interior de junio de 1994 estableció criterios estrictos para la cobertura por parte de los medios de comunicación de la información relacionada con la seguridad. En febrero se impusieron nuevas restricciones con la creación de las comisiones de censura. Varios periodistas han sido detenidos, interrogados y procesados, diversos periódicos suspendidos en repetidas ocasiones y cientos de ediciones de diferentes diarios secuestradas por publicar información no autorizada relacionada con la seguridad.

. La censura de la información relacionada con la seguridad se ha vuelto cada vez más estricta, y sólo permite que los medios de comunicación argelinos publiquen la información emitida por las fuerzas de seguridad o por la agencia oficial de prensa Por ejemplo, el semanario en lengua francesa La Nationdel 4 de marzo de 1996, que contenía un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argelia donde se describían abusos cometidos tanto por las fuerzas de seguridad como por los grupos armados de oposición, fue secuestrado. El informe apareció publicado en Francia por la publicación mensual Le Monde Diplomatique.. Los periodistas, además de ser víctimas mortales y recibir amenazas de muerte de los grupos armados de oposición, se arriesgan a ser encarcelados si publican información no autorizada sobre temas de seguridad, y de hecho varios han sido detenidos y procesados por ello. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia. Varios periódicos han sido suspendidos y secuestrados por la misma razón.

Inicialmente, la censura gubernamental de la información sobre la violencia afectaba sobre todo a las informaciones de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. A los homicidios, secuestros y otros crímenes cometidos por los grupos armados de oposición se les daba una amplia publicidad, pero delitos tales como homicidios extrajudiciales, torturas, «desapariciones» y otras violaciones perpetradas por las fuerzas de seguridad permanecían ocultas tras un muro de silencio. El miedo, la censura y la orientación política de ciertos medios de comunicación explican esta forma selectiva de publicar la información.

Aunque se ha dado información sobre algunas muertes de miembros de las fuerzas de seguridad a manos de grupos armados de oposición, muchas otras, especialmente las que se han producido como resultado de enfrentamientos armados entre grupos armados de oposición y las fuerzas de seguridad o de agresiones y emboscadas de estos grupos al ejército y las fuerzas de seguridad, no se han notificado. Las explosiones de bombas y otros atentados contra civiles perpetrados por grupos armados de oposición, especialmente en las zonas rurales, también se han mantenido en secreto, y tampoco se ha dado información sobre los bombardeos, las demoliciones de casas y otros ataques, incluidos los realizados con artillería pesada, efectuados por el ejército y las fuerzas de seguridad en aldeas y en zonas donde se cree que se ocultan grupos armados de oposición. Durante los dos últimos años ha ido en aumento la censura sobre la información acerca de asesinatos, bombas y otras agresiones por parte de grupos armados de oposición, ya que las autoridades aseguran que la situación de seguridad ha mejorado y las violencia sólo es «residual».

Algunos medios de comunicación no sólo han guardado silencio sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sino que han atacado a las organizaciones de derechos humanos y otros que han informado sobre estas violaciones y las han condenado. Decir que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad son delitos que deben ser investigados y atajados es algo que muchos interpretan como una expresión de apoyo a los grupos armados de oposición o como una defensa de sus delitos.

A los medios de comunicación extranjeros también se les imponen cada vez más restricciones. Varios periodistas extranjeros han sido prohibidos en Argelia o expulsados del país; otros no pueden entrar en él, y la mayoría de los que lo visitan lo hacen permanentemente escoltados por las fuerzas de seguridad La escolta es una medida de protección para los periodistas. Sin embargo, los periodistas extranjeros se han quejado de que estas medidas entorpecen sus investigaciones sobre ciertos temas. A menudo sólo se les permite entrar en el país a condición de aceptar este tipo de protección.. Hay pocas informaciones independientes sobre el enfrentamiento que ha costado la vida a decenas de miles de personas, y la verdadera dimensión de la crisis de derechos humanos en Argelia se ha mantenido oculta.

Los medios de comunicación informan habitualmente sobre la muerte de grupos de individuos a los que describen como «terroristas», en la mayoría de los casos sin mencionar su identidad ni las circunstancias en que fallecieron. La información sobre las muertes a manos de grupos armados de oposición suele ser igualmente vaga. Sólo cuando se trata de extranjeros o de personajes argelinos conocidos la información es detallada, mientras que la mayoría de las víctimas queda en el anonimato. La falta de interés de la comunidad internacional por la crisis de los derechos humanos en Argelia hace que los que viven en el terror en el país se sientan olvidados.

Las autoridades argelinas han negado repetidas veces los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones sobre violaciones de derechos humanos )torturas, ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones»)cometidas por las fuerzas de seguridad, pero no han puesto en tela de juicio la veracidad de los informes de las mismas organizaciones sobre homicidios y otros abusos cometidos por grupos armados de oposición. De igual manera, los grupos islamistas han negado la acusación de que los grupos armados de oposición son responsables de matar civiles, violar mujeres y otros abusos, pero no los informes de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Entretanto, el panorama de abusos demuestra que los abusos contra los derechos humanos forman parte integral de la estrategia de ambos bandos.

En algunas ocasiones, las autoridades han reconocido la posibilidad de que, en casos aislados, algunos miembros de las fuerzas de seguridad hayan cometido «bavures»(errores) o «dépassements»(excesos). Y sin embargo, las violaciones de derechos humanos se cometen a tal escala que no pueden considerarse abusos de autoridad aislados o «excesos» individuales.

En algunos casos, las autoridades argelinas han afirmado que se han llevado a cabo investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, pero hasta la fecha no se sabe de un solo caso de ejecución extrajudicial, tortura, «desaparición» o cualquier otra violación perpetrada por las fuerzas de seguridad que haya sido investigado de forma minuciosa e independiente. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de estas violaciones no han sido puestos a disposición judicial, y por tanto han podido continuar violando los derechos humanos con impunidad.

HOMICIDIOS DE CIVILES: UNA CAMPAÑA DE TERROR

De las decenas de miles de personas que han perdido la vida en Argelia desde comienzos de 1992, muchas eran civiles. En muchos casos los han matado en sus casas delante de sus familias, o tras secuestrarlos, o en circunstancias nunca aclaradas, o en atentados indiscriminados. La pauta de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y de homicidios deliberados y arbitrarios por parte de los grupos armados de oposición se ha endurecido desde 1993. Las víctimas son de todo tipo, en muchos casos jóvenes, pero también mujeres, niños, funcionarios, maestros, periodistas, figuras religiosas y activistas políticos.

La proliferación y fragmentación de grupos armados que se definen como «islámicos», de composición y liderazgo poco claros, ha ido en aumento. También hay señales de que los grupos armados de oposición y los delincuentes comunes se han aprovechado de la atmósfera de miedo y la quiebra del Estado de Derecho para emprender actividades de chantaje, extorsión y pillaje, delitos que por lo general aparecen reflejados en los medios de comunicación argelinos como «terrorismo».

A los civiles les ha tocado la peor parte de una situación compleja de violencia y contraviolencia política, en la que todos los que participan han mostrado un profundo desprecio por los derechos humanos más básicos de la población civil, como el derecho a la vida.

A menudo las estadísticas oficiales de homicidios han sido contradictorias y no han reflejado con precisión la realidad. A finales de 1994, fuentes del Ministerio del Interior daban una cifra de 20.000 «terroristas» muertos en los dos años anteriores. En un informe publicado a comienzos de 1996 por el organismo oficial argelino que se encarga de los derechos humanos, el Observatoire National des Droits de l'Homme(ONDH) El ONDH fue creado en 1992 para sustituir al Ministerio de Derechos Humanos, creado a su vez en el verano de 1991, tras la declaración del estado de sitio. El mandato de este organismo, que depende del presidente de la República, incluye la investigación de las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, desde su creación, el ONDH no ha investigado adecuadamente estas violaciones y ha centrado la mayoría de su actividad en dar publicidad a los homicidios y otros actos de violencia cometidos por grupos armados de oposición., se decía que las fuerzas de seguridad habían matado durante 1994 y 1995 a 5.029 personas, a las que se calificaba de «terroristas» (mientras que en ese mismo periodo los grupos armados de oposición mataron a 1.400 civiles). Sin embargo, el ONDH afirma en el informe que estas cifras son estimaciones por lo bajo, ya que proceden de la recopilación de los comunicados de las fuerzas de seguridad publicados en la prensa Así se afirma en el informe del ONDH correspondiente a 1994-1995 (página 39, párrafo 1.14).. Las autoridades y las fuerzas de seguridad suelen afirmar que sólo hay un puñado de «terroristas» y que la mayoría de ellos han sido «neutralizados». Por ejemplo, en agosto de 1996, el periódico argelino Liberté, citando fuentes de las fuerzas de seguridad, afirmaba que hay 2.000 «terroristas», frente a los 1.100 existentes en 1993. Resulta difícil conciliar estas cifras con otros recuentos oficiales de los miles de personas que han muerto y han sido calificadas de «terroristas».

CIVILES ATRAPADOS ENTRE DOS FUEGOS

A medida que continúan extendiéndose las violaciones y los abusos, tanto por parte de las fuerzas gubernamentales como de los grupos armados de oposición, cada vez más civiles se ven atrapados en la espiral de violencia, seleccionados como víctimas de un bando o de otro, y a veces de ambos. Los habitantes de zonas donde el Frente Islámico de Salvación (Front Islamique du Salut, FIS) gozó de amplio apoyo en las elecciones de 1991, generalmente distritos pobres, han sido especialmente vulnerables, sobre todo los jóvenes. Tras la anulación de las elecciones, muchos jóvenes de estas zonas fueron arrestados arbitrariamente y miles de ellos permanecieron detenidos en campos de internamiento en el desierto al sur del país durante meses, sin cargos ni juicio A comienzos de 1992, tras anularse la segunda ronda de las elecciones legislativas, fueron detenidas miles de personas, de las cuales más de 10.000, entre ellas muchos jóvenes, quedaron en detención administrativa en campos del desierto al sur de Argelia. La mayoría fueron liberadas a los pocos meses, pero más de 640 continuaron retenidas sin cargos ni juicio hasta finales de noviembre de 1995, cuando se cerró el último campo en Ain M'Guel y se puso en libertad a los presos.. Cuando comenzaron a aparecer los grupos armados, y especialmente desde que incrementaron sus ataques, en 1993, las fuerzas de seguridad detuvieron, torturaron y mataron a miles de personas por sospechar que tenían vinculaciones con grupos armados de oposición, o que los apoyaban o no los denunciaban, o en venganza por atentados cometidos por estos grupos. Al mismo tiempo, los grupos armados de oposición mataron o amenazaron de muerte a los jóvenes que se negaran a unirse a ellos o a respaldarlos, a cumplir sus órdenes de dejar el trabajo o a observar determinada conducta Ciertos grupos armados de oposición han emitido comunicados en los que prohíben fumar, oír música moderna, acampar hombres y mujeres juntos y otras actividades que consideran «no islámicas».. A su vez, las fuerzas de seguridad también eligieron como víctimas a los familiares de los miembros de los grupos armados de oposición, y éstos a los familiares de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Testigos presenciales han descrito a Amnistía Internacional redadas en las que las fuerzas de seguridad han reunido a un grupo de personas, las han golpeado, las han metido en maleteros de automóviles y se las han llevado, o las han matado de un tiro allí mismo. Otros han presenciado ataques de grupos armados de oposición en los que sus miembros han reunido a un grupo de personas, han matado a algunas )a menudo degollándolas o decapitándolas)y han amenazado a las demás de muerte antes de irse. Con frecuencia, el motivo aparente de estas redadas y ataques de las fuerzas de seguridad o los grupos armados de oposición es vengarse por ataques y redadas anteriores, o simplemente aterrorizar e intimidar a la población.

He aquí el testimonio de un joven que se fue de Argelia. Amnistía Internacional ha verificado la información referente a su caso con su familia, sus abogados, sus vecinos y otras personas en el país. Su relato se parece al de muchos otros testigos entrevistados, tanto dentro de Argelia como en el extranjero:

«Me detuvieron a principios de 1992 en una redada. Me torturaron y me mandaron a un campo en el desierto durante más de tres meses, y luego me dejaron en libertad. Nunca me llevaron ante un juez. Me alegré de salir, pero mi vida se convirtió en una pesadilla. Algunos de mis amigos de la infancia del barrio se habían hecho "terroristas" o apoyaban a los "terroristas", y me presionaban para que yo hiciera lo mismo. Yo no quería tener nada que ver con eso, pero tenía miedo, a la gente la mataban así como así, por nada. Me detuvieron de nuevo en 1993 y volvieron a torturarme, pero no fue nada comparado con lo que les hicieron a otros. A uno de los que detuvieron conmigo, Yassine Simozrag, lo torturaron horriblemente, le quemaron la cara con un soplete y le hicieron otras cosas horribles, y al final, lo mataron en la cárcel Yassine Simozrag fue uno de los detenidos que murieron en la matanza de la prisión de Serkadji, en febrero de 1992. Véase más adelante el apartado «La matanza de la prisión de Serkadji».. Otros que estuvieron detenidos conmigo en Chateauneuf han «desaparecido». A algunos chicos del barrio los mató el ejército, y a otros los "terroristas", pero no murieron en batallas armadas, sino asesinados por un bando u otro. Un grupo "terrorista" mata a un policía, o hace una emboscada o algún otro atentado, y se va; luego las fuerzas de seguridad vienen y reúnen a unas cuantas personas al azar, se las llevan o las matan, porque sospechan que son cómplices de los "terroristas", o a lo mejor sólo para castigarlas por no haber plantado cara a los "terroristas". Los "terroristas" también vienen y matan y amenazan a la gente para vengarse tras las redadas de las fuerzas de seguridad, porque sospechan que pueden haberles dado información. Así, los que consiguen escapar de los ataques de un bando están en peligro de ser atacados por el otro»

Hay personas que han dejado el barrio donde viven porque se sienten en peligro y temen sufrir alguna agresión por parte de los grupos armados de oposición, de las fuerzas de seguridad o de ambos. Sin embargo, en una situación de elevado índice de desempleo y falta de vivienda, mudarse suele resultar difícil. Algunos se han ido a vivir con familiares y unos pocos han conseguido dejar el país, pero la mayoría siguen viviendo atemorizados.

Varios médicos han sido acusados de cooperar con grupos armados de oposición por no haber informado a las fuerzas de seguridad de que los habían obligado a atender las heridas de los miembros de estos grupos. En el clima de temor e inseguridad en que se vive, algunos médicos no informan a las fuerzas de seguridad de este tipo de incidentes por temor a sufrir, ellos o sus familias, las consecuencias de la venganza de los grupos armados y no poder conseguir una protección eficaz de las fuerzas de seguridad.

Muchos de los que fueron amenazados de muerte por los grupos armados de oposición si no dejaban sus trabajos no querían ceder a las amenazas o no podían prescindir de sus ingresos, pero no pudieron conseguir protección alguna. Amnistía Internacional tiene declaraciones de funcionarios, jueces, funcionarios municipales designados para sustituir a los alcaldes del FIS y otras personas que afirman que, cuando pidieron protección a las autoridades, sólo les ofrecieron una pistola para defenderse a sí mismos. Muchos no quieren llevar arma, ya que temen que esto los convierta aún más en objetivo de los grupos armados de oposición, y otros porque piensan que sirve de muy poco como protección, pues en la mayoría de los casos las personas asesinadas son víctimas de ataques por sorpresa. Algunos afirmaron que habían intentado dimitir por miedo a perder la vida a manos de los grupos armados de oposición, pero que no les habían aceptado la dimisión; otros dijeron temer que las autoridades interpretaran su dimisión como expresión de apoyo a los grupos armados de oposición, lo cual los colocaría en una situación de riesgo.

Un funcionario que huyó de Argelia contó a Amnistía Internacional:

«Mi esposa y yo trabajábamos para el Estado, y vivíamos en un barrio pobre donde conocíamos a mucha gente, pues nos habíamos criado allí. Yo era miembro del Syndicat Islamique du Travail, el SIT [el Sindicato Islámico del Trabajo, cercano al FIS, prohibido desde 1992], y simpatizante del FIS, pero desde que en 1992 comenzaron los problemas, me mantuve apartado de la política. A finales de 1994, unos hombres de mi barrio fueron a verme y me dijeron que tanto mi esposa como yo teníamos que dejar el trabajo, tal como habían pedido los muyahidines Literalmente, los que hacen la guerra santa. Término que utilizan los grupos armados que se autodenominan «grupos islámicos» para referirse a sus miembros.. Yo traté de explicarles que nuestros sueldos eran el sustento de nuestras familias, pero dijeron que Dios proveería, y que nos daban tres meses para dejar el trabajo. No sabía lo que hacer, y poco después volvieron y me hicieron de nuevo la misma advertencia. Sé que hablaban en serio y que podían habernos matado, pero no podíamos dejar nuestros trabajos, porque temía que las fuerzas de seguridad lo interpretaran como una declaración de apoyo a los «terroristas» y también me mataran por ello. He estado detenido una vez, mi hermano está en la cárcel y uno de mis primos ha «desaparecido» tras haber sido arrestado. Su hermano era «terrorista», pero él no tenía nada que ver con los «terroristas». A dos de mis vecinos los mataron las fuerzas de seguridad. Los detuvieron en su casa y después aparecieron muertos, y en la prensa dijeron que eran «terroristas». El hermano de uno de ellos era «terrorista», pero ellos no lo eran. De modo que, seas lo que seas o hagas lo que hagas, no estás a salvo. Nos sentíamos completamente atrapados y por eso nos fuimos. La hermana de mi esposa también fue amenazada de muerte por los «terroristas». Trabajaba para una empresa extranjera y le echaron una carta por debajo de la puerta en la que le decían que la matarían por trabajar para extranjeros. Ni siquiera le advirtieron que dimitiera, sólo le dijeron que la matarían e intentaron entrar en su piso, así que también se fue.»

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y SUMARIAS POR PARTE DE LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES

Información detallada de testigos presenciales, familiares de víctimas, miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército, médicos, periodistas y otros indican que, además de las muertes que se producen durante los enfrentamientos con grupos armados, las ejecuciones extrajudiciales están muy extendidas.

Al parecer, las fuerzas de seguridad utilizan las ejecuciones extrajudiciales como alternativa al arresto, como forma de eliminar a personas de las que se sospecha o se sabe que están vinculadas a los grupos armados de oposición o los apoyan y en venganza por los homicidios y otros actos de violencia llevados a cabo por estos grupos armados. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales han muerto en sus casas, en la calle, en centros de detención y tras ser capturadas en los lugares donde se ocultaban.

Según los los comunicados oficiales, en miles de casos el homicidio de personas a las que se describe como «terroristas» o «criminales» y que han muerto a manos de las fuerzas de seguridad se ha producido al irrumpir éstas en los escondites de grupos armados de oposición. Según estas fuentes oficiales, algunas de las víctimas ni siquiera estaban armadas, en la inmensa mayoría de los casos murieron todos los componentes del grupo (ninguno resultó herido ni fue detenido) y las fuerzas de seguridad no sufrieron bajas en el enfrentamiento. La frecuencia con que las fuerzas de seguridad matan a todo un grupo de personas al irrumpir en una casa o un escondite de los grupos armados de oposición plantea la duda de cuántas de estas personas son ejecutadas extrajudicialmente de forma deliberada, lo que incluye las muertes a consecuencia de un excesivo uso de medios letales en situaciones en las que no hay ninguna amenaza para las vidas de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Las declaraciones y la información que Amnistía Internacional ha recogido de muchas fuentes: testigos presenciales, familiares de las víctimas, miembros del ejército y de las fuerzas de seguridad y funcionarios, señalan una tendencia cada vez más arraigada de los servicios de seguridad a eliminar físicamente y de forma deliberada a individuos y grupos. En muchos casos, no se da información alguna de estas ejecuciones extrajudiciales, mientras que en otros se informa de que las víctimas han muerto en el curso de un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad, e incluso a veces se dice que han muerto a manos de «terroristas». Algunas familias han informado de que han tenido que firmar declaraciones afirmando que los autores de la muerte de sus familiares eran «terroristas», aunque en algunos casos sabían que habían sido las fuerzas de seguridad y en otros no sabían quién había sido y no les habían dado ninguna prueba de que los autores hubieran sido grupos armados. Otras familias han dicho que han tenido que firmar declaraciones en las que decían que sus hijos eran «terroristas» que habían muerto en enfrentamientos armados, aunque en realidad habían sido ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad, no en un enfrentamiento armado, o habían muerto en circunstancias completamente desconocidas para ellos. Los familiares de estas víctimas suelen temer demasiado las represalias como para quejarse. El hecho de que hasta la fecha no se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre estos casos y ningún miembro de las fuerzas de seguridad haya comparecido ante los tribunales por ejecuciones extrajudiciales hace que los familiares de las víctimas tengan la sensación de que no pueden recurrir a pedir justicia.

La noche del 10 al 11 de mayo de 1996, un hombre de ochenta y cuatro años y cuatro de sus hijos, de edades comprendidas entre los cuarenta y seis y los veintitrés años, fueron ejecutados en su casa en presencia de sus familiares. Éste es el testimonio de la madre de los cuatro hombres:

«Eran aproximadamente las once y media de la noche y estaba viendo la televisión con mi marido, tres de mis hijos, mi hija y las esposas de dos de mis hijos. Mi hijo menor estaba en cama, convaleciente, y mis otros hijos no se encontraban allí. Cuatro hombres armados, vestidos de civil, algunos con pantalones vaqueros y todos con chaquetas azules y pasamontañas, llegaron a la casa. Mi hijo mayor fue a abrirles, subieron las escaleras y se lo llevaron para abajo junto con los otros dos, y allí los obligaron a tenderse boca abajo. Luego sacaron a mi hijo menor de la cama y también lo llevaron abajo y le hicieron tumbarse, y les dispararon a los cuatro en la nuca, matándolos. A mi esposo le dio un ataque de nervios y comenzó a gritar y le dispararon en la cara y lo mataron. Llevaban armas con silenciador. Luego, al irse, uno de ellos disparó tres veces al perro con un arma sin silenciador, pero no lo mató. Antes de irse, dijeron: «ojo por ojo». No preguntaron nada ni dijeron nada más. Fuera les esperaba un automóvil. El conductor no iba encapuchado y lo reconocimos. Es de los servicios de seguridad, de nuestra zona, pero ya no vive aquí. Los «terroristas» habían matado dos semanas antes a cuatro o cinco miembros de su familia. Uno de mis hijos era «terrorista» y lo mataron hace más de un año. Se había alzado en armas y lo mataron, y no nos quejamos, pero mis otros hijos y mi marido no tenían nada que ver con eso, no habían hecho nada. Cuando las fuerzas de seguridad buscaban a mi hijo «terrorista», en 1994, detuvieron a uno de sus hermanos y lo soltaron a las dos semanas. Después de matar a mi hijo, en 1995, las fuerzas de seguridad volvieron a llevarse a otro de mis hijos y lo soltaron a los pocos días. Sabían que ninguno tenía nada que ver con su hermano, que se había ido de casa hacía mucho tiempo. Después de matar a mi esposo y a mis cuatro hijos, nos hicieron firmar un papel diciendo que los habían matado unos «terroristas», y lo firmamos. ¿Qué podemos hacer? No queremos que vuelvan y maten al resto de mis hijos.»

La hermana y las esposas de los cuatro hombres, que estaban presentes cuando los mataron, confirmaron el testimonio de la madre.

El 30 de enero de 1996, miembros de las fuerzas de seguridad se llevaron a un joven de diecisiete años del centro donde estudiaba en Argel. El joven «desapareció». Todos los esfuerzos hechos por sus familiares para encontrarlo fueron vanos, hasta que el 14 de febrero de 1996 su padre reconoció el cuerpo en el depósito de cadáveres. Lo habían matado de varios disparos en el pecho y habían llevado el cadáver al depósito el 31 de enero de 1996. A la familia no le permitieron llevarse el cuerpo para enterrarlo, y en el depósito no había informe alguno sobre las circunstancias de su muerte. Las fuerzas de seguridad no dieron ninguna información de que hubiera muerto un joven, a pesar de que habían sido ellas las que llevaron el cuerpo al depósito. Cinco días antes de su secuestro y su muerte, las fuerzas de seguridad habían ido a su domicilio por la noche a preguntar a sus padres por él y sus hermanos, que se encontraban en la casa, pero no fueron interrogados. Dos días después, el 27 de enero de 1996, miembros de las fuerzas de seguridad fueron al centro donde estudiaba el muchacho e hicieron preguntas sobre él al personal. El joven se encontraba allí, pero no le preguntaron nada. El 30 de enero volvieron y se lo llevaron del aula. El personal del colegio confirmó la información, pero dijo que el miedo les había impedido testificar. La familia del muchacho ha solicitado repetidas veces que se investigue su muerte, sin que hasta la fecha haya conseguido nada.

HOMICIDIOS DE DETENIDOS

Amnistía Internacional ha recibido muchos informes de ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas en secreto semanas o meses después de su arresto. Las autoridades o los medios de comunicación, citando los comunicados de las fuerzas de seguridad, describen algunas veces a las víctimas como «terroristas» muertos en enfrentamientos armados. Las autoridades no informan de su muerte a sus familiares, que en algunos casos se enteran por los periódicos o a través de otras fuentes. Las respuestas de las autoridades sobre algunos de estos casos apuntan a que se intenta deliberadamente ocultar la evidencia de que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.

Fouad Bouchelaghem, de treinta años, profesor de física en la Universidad de Blida, casado y padre de un niño de diez meses, fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad en su casa de Argel el 3 de junio de 1994, a la una y cuarto de la madrugada. Los agentes que le detuvieron, que no presentaron orden de detención ni de registro, registraron el apartamento y, según los informes, se llevaron una computadora portátil y el automóvil del detenido. Después del arresto, Fouad Bouchelaghem «desapareció», y su familia no pudo averiguar el lugar donde lo tenían detenido. Fue visto por última vez el 20 de julio de 1994, cuando se lo llevaban del centro de seguridad de Chateauneuf )donde habitualmente se tortura a los detenidos)encapuchado y en malas condiciones físicas. Su familia continuó buscándolo y, el 8 de septiembre de 1994, encontró un informe en el depósito de cadáveres según el cual el cuerpo había sido llevado allí el 21 de julio de 1994 y enterrado el 15 de agosto del mismo año. Ni en el depósito ni en el cementerio había más información sobre la causa o las circunstancias de su muerte.

En 1996, en respuesta a las peticiones de información sobre el caso, las autoridades argelinas declararon que Fouad Bouchelaghem había sido arrestado en julio de 1994 y las fuerzas de seguridad lo habían matado cuando trataba de escapar. Según la explicación oficial, durante el interrogatorio el detenido confesó conocer el escondite de un grupo armado, y las fuerzas de seguridad lo llevaron hasta allí. En el lugar se produjo un intercambio de disparos con el grupo armado, momento en el cual Fouad Bouchelaghem trató de escapar y lo mataron. Las autoridades argelinas no indican ni la fecha de la detención ni la de la muerte, ni tampoco explican por qué a la familia, que estaba buscándolo, no se le informó nunca de que había fallecido.

Amnistía Internacional ha examinado varios documentos policiales referentes al caso, cuya información es contradictoria: en uno de ellos, de fecha 25 de junio de 1994, se detalla un interrogatorio de Fouad Bouchelaghem y está firmado por él y por un miembro de las fuerzas de seguridad. En otro, del 28 de junio de 1994, se informa de la muerte del detenido. Otro documento de la policía, del 3 de julio de 1994, afirma que las autoridades lo buscan y que está fugado. Aún hay otro, de fecha 20 de julio de 1994, en el que se afirma que Fouad Bouchelaghem accedió a mostrar a las fuerzas de seguridad el escondite de Mokhtar Djilali y Smain Kouissi, un apartamento en el distrito de Bab El Oued de Argel, y que al llegar al lugar, en el intercambio de disparos que se produjo entre las fuerzas de seguridad y los dos ocupantes del apartamento, éstos murieron, así como Fouad Bouchelaghem, que trató de escapar. Sin embargo, Mokhtar Djilali y Smain Kouissi llevaban detenidos desde mayo de 1994. Amnistía Internacional examinó los documentos policiales según los cuales habían sido detenidos y fueron interrogados en junio de 1994. Otros detenidos afirmaron que los habían visto en esas fechas.

Amnistía Internacional fue informada del arresto de Fouad Bouchelaghem inmediatamente después de producirse éste, y escribió al organismo oficial de derechos humanos de Argelia, el ONDH, el 19 de junio de 1994; su familia también se puso en contacto con el ONDH el 25 de junio. El ONDH escribió al Ministerio del Interior y a las jefaturas de la policía y la gendarmería el 9 de julio de 1994. El 17 de septiembre del mismo año, es decir, casi dos meses después de la muerte de Fouad Bouchelaghem, el ONDH aún no había recibido respuesta. Más de dos años después de su muerte, y a pesar de las repetidas solicitudes para que se investigue su prolongada detención secreta y de las denuncias de que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, sigue sin realizarse ninguna investigación. Es más, a pesar de la evidencia de que fue detenido el 3 de junio de 1994, las autoridades siguen afirmando que se le arrestó más tarde, en julio de 1994, contradiciendo los propios documentos del interrogatorio, en un claro intento de ocultar la ilegalidad de su detención secreta prolongada, su tortura y las circunstancias que rodearon su muerte.

Un caso similar es el de Saghir Bouhadida, periodista y profesor adjunto en el Instituto de Comunicaciones e Información y en el Instituto de Ciencias Sociales de Argel, detenido el 11 de junio de 1995, aproximadamente a las siete de la tarde, junto a dos estudiantes cuando salía del Instituto de Ciencias Sociales. Los dos estudiantes quedaron en libertad a los tres días, pero él siguió «desaparecido», y las peticiones de información de sus familiares a las autoridades locales no dieron ningún resultado. Durante las semanas que siguieron a su detención fue visto por otros detenidos en un centro de detención en La Montagne, un suburbio de Argel. Amnistía Internacional solicitó en repetidas ocasiones a las autoridades argelinas información sobre su paradero y los motivos de su detención sin recibir respuesta alguna. En 1996, las autoridades respondieron a las preguntas sobre el caso negando que hubiera sido arrestado y afirmando que había muerto durante una operación de las fuerzas de seguridad para detener a los miembros de un grupo armado. No se explicó por qué a su familia )a la que no permitieron ver el cuerpo antes de enterrarlo) no le informaron de su muerte cuando lo estaban buscando.

Abdelhamid Kechouane, trabajador manual de una empresa pública, casado y padre de diez hijos de edades comprendidas entre uno y dieciocho años, fue detenido en su casa de Bougara el 7 de abril de 1993 y «desapareció». Al plantear este caso a las autoridades argelinas, Amnistía Internacional informó equivocadamente de que había sido detenido el 7 de febrero de 1993, en vez del 7 de abril. Las autoridades argelinas nunca respondieron pero, en 1996, afirmaron que Abdelhamid Kechouane se había unido a los grupos «terroristas» en 1993 y había muerto en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad el 8 de febrero de 1993 en Bougara. La fecha que dieron las autoridades como fecha de su muerte corresponde al día siguiente a la fecha de detención dada inicialmente por Amnistía Internacional; sin embargo, Abdelhamid Kechouane no fue detenido hasta el 7 de abril de 1993, es decir, dos meses después, y hasta esa fecha vivió en su domicilio y asistió a su trabajo, información que fue confirmada por su familia, sus vecinos y sus compañeros.

LA MATANZA DE LA PRISIÓN DE SERKADJI

El 21 y el 22 de febrero de 1995, al menos 96 presos murieron al intervenir las fuerzas de seguridad para sofocar un motín Véase un relato más detallado del suceso en el informe Argelia: Acción médica: Matanza en la prisión de Serkadji; Índice AI: MDE 28/01/96/s, del 26 de febrero de 1996.. Antes de iniciarse el motín habían muerto cinco guardas. Durante los dos días que duró el incidente y varios días después, los familiares de los detenidos en la prisión de Serkadji no recibieron información alguna que les indicara si sus familiares estaban vivos o muertos. A las familias de los fallecidos no las informaron hasta después del entierro. A la mayoría de las víctimas las enterraron en tumbas sin nombre, sólo con la identificación X Algérien. No se efectuaron autopsias ni pruebas de balística, aunque podrían haber sido cruciales para determinar cómo murieron realmente los presos. Se denunció que a muchos los ejecutaron extrajudicialmente de forma deliberada, incluso después de terminado el incidente, cuando ya habían regresado a las celdas. La información recogida de los supervivientes, los abogados y otras fuentes refuerza estas acusaciones.

A finales de marzo de 1995, el ONDH anunció que crearía una comisión de investigación, y en mayo de 1995 publicó un informe con sus conclusiones. Sin embargo, la investigación no se centró en absoluto en tratar de descubrir la verdad sobre la muerte de un centenar de personas. La comisión no investigó el punto más crucial, las circunstancias en que murieron los detenidos. Su versión de los acontecimientos es casi idéntica a la que ofrecieron las autoridades inmediatamente después del incidente. La comisión de investigación no dispuso que se examinaran los cadáveres ni las armas utilizadas, y tampoco se realizaron autopsias ni pruebas de balística. El informe del ONDH afirma que las fuerzas de seguridad decidieron no usar gases lacrimógenos para sofocar el motín a fin de no provocar la asfixia en un lugar cerrado Véase página 24 del informe del ONDH., pero no explica por qué optaron por utilizar granadas y fuego real, que causaron un número desproporcionadamente elevado de víctimas entre los detenidos. Aunque en el momento del suceso había unos 1.500 detenidos en la prisión de Serkadji, la comisión de investigación del ONDH sólo entrevistó a diez, la mayoría de los cuales ya habían dado en la televisión argelina, pocos días después del motín, una versión similar a la de las autoridades. Aunque el informe del ONDH menciona la versión de algunos detenidos, no recoge la de otros que denunciaron la ejecución extrajudicial deliberada de presos y otros datos sobre el incidente.

No sólo no se ha llevado a cabo una investigación adecuada casi dos años después de la matanza, sino que han surgido nuevos indicios que plantean más dudas sobre la imparcialidad de la realizada por el ONDH. En su informe, la comisión afirma que todos los cadáveres fueron fotografiados y numerados, que se les tomaron las huellas digitales para permitir su identificación tras la exhumación y que cada uno tenía un certificado médico descriptivo Véanse las páginas 27 y 28 del informe del ONDH de mayo de 1995 sobre los sucesos de Serkadji.. El presidente de la ONDH, en una visita a Londres en abril de 1995, también aseguró a Amnistía Internacional que se habían tomado las fotos y las huellas digitales de cada cadáver antes de enterrarlo.

Una delegación de Amnistía Internacional, en la que participaba un destacado médico activista de derechos humanos, visitó Argelia en marzo y junio de 1995 para tratar de investigar las muertes de la prisión de Serkadji, sin que le permitieran acceder al establecimiento penitenciario ni consultar la documentación. En junio de 1995, unos delegados de Amnistía Internacional se reunieron en Argelia con miembros de la comisión de investigación del ONDH y solicitaron copias de las fotografías de los cadáveres y de los certificados médicos. La respuesta de los miembros de la comisión fue que las fotografías y demás documentos no obraban en su poder, aunque los habían visto en el curso de su investigación.

En mayo de 1996, unos delegados de Amnistía Internacional que visitaban Argelia volvieron a pedir al presidente del ONDH copias de las fotos, y la respuesta de éste fue que no conocía su existencia. Cuando los delegados señalaron que se las mencionaba en el informe del ONHD, que él mismo había firmado como relator de la comisión de investigación, replicó que no recordaba la existencia de ninguna foto. Otro miembro de la comisión de investigación, que en junio de 1995 había dicho a los delegados de Amnistía Internacional que él mismo había visto las fotos y que las había comentado Véase el párrafo 3 de la página 5 de la Acción Médica sobre Serkadji del 28 de febrero de 1995, Índice AI: MDE 28/01/96/s., en mayo de 1996 les dijo que jamás las había visto. Las peticiones al Ministerio de Justicia tampoco han dado resultado.

Por un lado la escasa disposición que muestran las autoridades argelinas a revelar una información )como las fotografías de los cadáveres y los certificados médicos)que ellas mismas aseguran que existe y que podría ayudar a aclarar las circunstancias en que se produjo la matanza, y por otro las incongruencias cada vez más evidentes de la investigación del ONDH hacen aumentar las sospechas ya existentes de que, o bien las fotos no existen, o contienen indicios de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, tal vez ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades argelinas tienen el deber, tanto en virtud de la legislación del país como de los tratados internacionales de derechos humanos que Argelia ha ratificado, de asegurarse de que un incidente tan grave se investiga de forma independiente e imparcial La investigación debe ajustarse a los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias(Anexo a la resolución 1989/65 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1989).. El hecho de que hasta la fecha no se haya realizado una investigación adecuada no hace sino aumentar la preocupación de que no exista voluntad de hacer que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones respondan de sus actos.

HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS POR PARTE DE LAS MILICIAS APOYADAS POR EL GOBIERNO

En los dos últimos años han aparecido cada vez más milicias apoyadas por el Gobierno, que se autodefinen como «grupos de autodefensa» o «patriotas», principalmente en las zonas rurales, donde la ausencia de las fuerzas de seguridad ha dejado a la población civil expuesta a los ataques de los grupos armados de oposición. Estas milicias, que no parecen sujetas a ningún control ni responsabilidad, se han ido implicando cada vez más en operaciones «antiterroristas», y han sido responsables de homicidios deliberados y arbitrarios. Están formadas por voluntarios civiles, y las fuerzas de seguridad les proporcionan las armas )Kaláshnikovs, pistolas automáticas, carabinas y rifles de caza)y la munición. Algunas de ellas disponen de más equipamiento, como vehículos militares o radiotransmisores, y visten uniformes de las fuerzas de seguridad. Es habitual que pongan barreras en las carreteras para verificar la identidad de los que entran o salen de la zona y registrar sus vehículos.

Al parecer, las milicias se crearon inicialmente para defender sus pueblos y comunidades de los ataques de los grupos armados de oposición, que mataban, saqueaban y amenazaban a la población con la muerte si no satisfacían sus peticiones o no seguían cierto código de conducta. En muchas zonas rurales no había presencia de las fuerzas de seguridad y además, según los miembros de las milicias y los habitantes de los pueblos, éstas no podían o no querían intervenir para proteger a la población civil en las zonas rurales por desconocer el terreno. Sin embargo, estas milicias parecen haber pasado de cumplir una función defensiva a participar activamente en operaciones de contrainsurgencia, y la consecuencia ha sido la ejecución deliberada y arbitraria de individuos y grupos a los que definen como «terroristas». En las emboscadas y ataques contra los grupos armados de oposición, las milicias actúan en cooperación con las fuerzas de seguridad o por iniciativa propia, basándose en la información que reciben de las fuerzas de seguridad y otras fuentes sobre los lugares donde se esconden los grupos armados de oposición.

Hasta finales de 1995, las autoridades negaron la existencia de las milicias o restaron importancia a su papel, pero en el último año las han fomentado cada vez más abiertamente, señalándolas como prueba de que la población civil toma parte en la «lucha antiterrorista» junto con las fuerzas de seguridad. En los medios de comunicación nacionales )tanto en la televisión como en la prensa)se ha prestado mucha atención informativa a las actividades de los grupos milicianos, presentándolos como elementos clave en la «lucha antiterrorista». Por ejemplo, en un documental emitido en la televisión estatal en diciembre de 1995, titulado Rijal khuliku li-l watan(Nacidos para la patria), los miembros de un grupo miliciano del este del país aparecen preparando sus operaciones, discutiendo estrategias para tender emboscadas a los grupos armados de oposición, tienen armas y munición y uno de ellos, señalando su Kaláshnikov, dice que se lo dio un amigo de las fuerzas de seguridad que se lo quitó a un «terrorista» al que mató. Se les ve poniendo barreras en las carreteras, interrogando y registrando a los transeúntes y hablando de sus experiencias, entre otras cosas de las personas que han matado. En el documental, un miembro de un grupo miliciano dice que una vez, estando él y otros compañeros escondidos tras unas rocas, vieron dos hombres andando, uno de ellos armado, y pensaron que eran «terroristas». Y continúa:

«Miré al cielo y recé: "Dios mío, si estoy equivocado, que la bala no lo roce, pero si es culpable, ayúdame a degollarlo, como el hace con sus hermanos", y luego disparé. Una bala le entró por detrás del cuello y le salió por delante, y la otra le abrió la garganta de lado a lado. Luego disparé al otro hombre y le di en la pierna derecha. Cayó al suelo, y mientras yo cargaba de nuevo el arma, mi amigo le disparó y lo remató.»

Varios miembros de grupos milicianos de la región de Kabylie y de otras zonas cercanas a Argel que fueron entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron estar decididos a perseguir y «eliminar» a todos los «terroristas» que hubiera en sus zonas. Cuando se les preguntó cómo sabían quién era «terrorista», afirmaron que quedaban pocos y que eran conocidos, añadiendo que si las fuerzas de seguridad hubieran querido habrían podido deshacerse de todos los «terroristas» hace tiempo, pero que no querían perseguirlos, bien porque no deseaban arriesgar sus vidas en zonas rurales que no conocían o por otras razones desconocidas. Al preguntarles si habían capturado a miembros de grupos armados de oposición durante sus emboscadas y los habían entregado a las fuerzas de seguridad, algunos milicianos afirmaron que mataban a todos los «terroristas» con que se tropezaban porque si se los entregaban a las fuerzas de seguridad podían quedar en libertad al aplicárseles la Ley de Clemencia (Qanun al-Rahma) La Ley de Clemencia del 25 de febrero de 1995 (Nº 95-12) dispone que se retiren los cargos o se reduzcan las penas impuestas a los implicados en actividades «terroristas» que se rindan y renuncien a sus actividades.. Al preguntar cuántas bajas habían tenido durante sus emboscadas y enfrentamientos con grupos armados de oposición, los milicianos de un grupo afirmaron que habían matado a unos cuarenta «terroristas» y que habían muerto dos miembros de su grupo. Muchos milicianos son personas que han perdido a familiares o amigos a manos de grupos armados de oposición y que están decididas a tomarse la justicia por su mano para vengarlos. Uno de ellos dijo a Amnistía Internacional:

«Podrán matarme, pero si matan a uno de mis familiares, mataré a todas sus familias. Éste es el único idioma que entienden los "terroristas". Se lo pasaron muy bien aterrorizando a gente indefensa, pero están empezando a comprender que ahora son ellos los que deben tener miedo. Ya no se atreven a entrar en nuestros pueblos y se están retirando a sus escondites. Pero sabemos dónde encontrarlos y continuaremos persiguiéndolos hasta que nos hayamos deshecho del último.»

Las quejas y los temores expresados por los civiles que viven en aldeas y zonas rurales donde los grupos armados de oposición han matado y aterrorizado a la población civil están justificados, pues lo que quieren estos ciudadanos es tener una protección duradera contra estos ataques. Pero proteger a la población civil es responsabilidad del Estado, y la tarea de hacer cumplir la ley debe ser llevada a cabo sólo por funcionarios encargados de ello que han recibido la formación necesaria y que operan en un marco de rendición de cuentas. Los miembros de los grupos milicianos también dijeron a Amnistía Internacional que los miembros de grupos armados de oposición a los que matan en sus emboscadas suelen ser enterrados por otros miembros del grupo. Cuando se les preguntó si las fuerzas de seguridad venían a investigar para determinar la identidad de los muertos, uno de ellos dijo: «Nosotros informamos a la gendarmería después de las emboscadas y les decimos a cuántos hemos matado y dónde están enterrados si lo sabemos, pero ellos no suelen venir a comprobarlo. Confían en nosotros porque conocemos bien la zona y a la población local.»

Durante los últimos cinco años, Argelia se ha sumido en una situación de violencia y contraviolencia, y la gente tiende cada vez más a tomarse la justicia por su mano. La creación de milicias ha arrastrado aún más a la población civil al enfrentamiento. Los miembros de grupos milicianos dijeron a Amnistía Internacional que los grupos armados de oposición han reaccionado ante la existencia de milicias matando a familiares de milicianos y a civiles en las aldeas donde hay milicias para castigar a la población civil local por apoyarlas.

Al permitir a las milicias, a las que han armado, cometer abusos tales como homicidios deliberados y arbitrarios con impunidad, las autoridades argelinas han fomentado estos abusos y han contribuido a deteriorar y socavar aún más el Estado de Derecho. Cualquier fuerza necesaria para hacer cumplir la ley en las zonas rurales debe situarse firmemente bajo el control de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad regulares. Las fuerzas paramilitares y las milicias que operan fuera de la cadena de mando deben quedar disueltas.

HOMICIDIOS DE CIVILES Y OTROS ABUSOS POR PARTE DE LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN

Los grupos armados de oposición que se autodefinen como «grupos islámicos» siguen matando civiles y son responsables de secuestros, torturas y amenazas de muerte que aterrorizan a la población civil. Estos grupos, que hasta mediados de 1993 habían centrado sus ataques sobre miembros de las fuerzas de seguridad, cada vez dirigen más sus acciones hacia víctimas civiles, tanto en atentados deliberados como indiscriminados, como es el caso de la colocación de bombas en situaciones que probablemente provocarán un elevado número de víctimas civiles. Los grupos armados de oposición también han matado a miles de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto en enfrentamientos armados como en atentados selectivos.

En los últimos años ha habido informes sobre la existencia y las actividades de varios grupos,la mayoría de los cuales se mencionan por su sigla en francés. El más conocido es el Grupo Islámico Armado (Groupe Islamique Armé, GIA), responsable de muchas de las peores atrocidades cometidas contra civiles. Ha habido varios informes sobre el liderazgo, la composición y los motivos de éste y otros grupos, pero esta información suele ser imposible de verificar. Como consecuencia de la proliferación y la fragmentación de estos grupos, los informes indican que cada vez se dan más enfrentamientos armados y homicidios entre diferentes grupos y, al aumentar la confusión, resulta aún más difícil determinar la responsabilidad de los homicidios y otras agresiones. No obstante, no se puede negar la evidencia de que estos grupos armados de oposición han matado a miles de civiles, además de cometer otras atrocidades.

También hay informes de que el Ejército Islámico de Salvación (Armée Islamique du Salut, AIS), considerado el brazo armado del prohibido FIS, ha cometido homicidios y otros atentados contra civiles. En el pasado, algunos informes indicaban que el GIA y el AIS cooperaban, al menos en ciertas zonas y ocasiones, pero desde 1995 hay informes de enfrentamientos armados entre ambos, y el GIA ha amenazado de muerte )y, según los informes, matado)a miembros del AIS y figuras destacadas del FIS Las autoridades argelinas han hecho públicos numerosos testimonios, al parecer de ex miembros del GIA «arrepentidos», que afirmaban que el GIA había «sentenciado» a muerte a líderes y miembros del FIS y el AIS.. Desde 1995 el AIS se ha distanciado claramente del GIA y ha lanzado comunicados en los que condena la elección de víctimas civiles: mujeres, extranjeros, periodistas y otros que no están «implicados en la represión».

Los grupos armados de oposición han lanzado sus amenazas de muerte directamente a individuos concretos, por correo, por teléfono y otros medios, o a través de comunicados pegados en las paredes, enviados a los medios de comunicación o impresos en panfletos. Estas amenazas las han dirigido a diferentes categorías sociales y profesionales, a las esposas y los familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, a jóvenes en edad militar, a mujeres, a extranjeros, etc. A consecuencia de ello, cientos, puede que miles de personas han abandonado sus hogares. Algunas han conseguido alojamiento en edificios protegidos por los servicios de seguridad, pero estas medidas de protección sólo están al alcance de altos cargos y de algunos destacados periodistas, intelectuales y empresarios. La mayoría de la gente ha tenido que buscar otras soluciones, como irse a vivir con familiares y amigos o quedarse a vivir en el lugar de trabajo, y muchos se han visto obligados a vivir separados de su familia.

Amnistía Internacional ha hecho continuos llamamientos a todos los grupos armados de oposición argelinos para que dejen de matar a civiles y no combatientes y pongan fin a otros abusos, como las violaciones, los secuestros y las condenas a muerte. La organización también ha pedido a los líderes del FIS, que ha asegurado repetidas veces que tiene influencia sobre los grupos islamistas armados argelinos, que condene de forma clara e inequívoca todos los homicidios de civiles, y que pida a estos grupos que no elijan a los civiles como víctimas. En los dos últimos años, algunos portavoces del FIS fuera de Argelia, entre ellos los que en el pasado habían justificado ciertos homicidios perpetrados por grupos armados de oposición, han condenado los homicidios y otras agresiones contra civiles y cada vez se han distanciado más de los homicidios de civiles y otros crímenes cometidos por los grupos armados de oposición en Argelia. Sin embargo, los portavoces del FIS han condenado a menudo los homicidios de «civiles inocentes» o de personas «no implicadas en la represión», en lugar de condenar clara e inequívocamente el homicidio de cualquier civil.

Homicidios deliberados y arbitrarios de civiles y no combatientes

Los homicidios de civiles por parte de grupos armados de oposición se han generalizado, especialmente desde 1994. En la capital y otras grandes ciudades la muerte de civiles se ha producido principalmente en atentados selectivos o en atentados indiscriminados con explosivos, mientras que en las zonas rurales los grupos armados también han matado a grupos de personas que estaban en sus casas, en aldeas o en controles donde hacían parar a automóviles y autobuses actuando como si fueran miembros de las fuerzas de seguridad.

Los que perdieron la vida a consecuencia de atentados selectivos fueron abatidos a tiros o degollados, y en algunos casos también decapitados o mutilados. A veces la cabeza de la víctima se encontró en otro lugar, lejos del cuerpo. En ocasiones los mataron brutalmente en presencia de sus familiares, niños pequeños incluidos. Una joven contó a Amnistía Internacional:

«La noche del 21 de julio de 1994, un grupo de "terroristas" llegó a casa y se llevó fuera a mi hermano de diecisiete años. Le pusieron cinta adhesiva en la boca y le ataron las manos a la espalda. Lo levantaron y le hicieron echar la cabeza hacia atrás, tirándole del pelo. Se resistió, pero fue inútil. Uno de ellos lo degolló. Vi cómo se encogía y caía al suelo agitando los brazos y las piernas. Esa misma noche, los «terroristas» mataron a otros siete jóvenes, tres de ellos reclutas. Volvieron el 18 de mayo de 1995 en mitad de la noche y mataron a mi madre a tiros. Mi otro hermano escapó, pero también lo mataron a tiros en la calle el 31 de julio de 1995.»

Tras el homicidio de su madre y sus dos hermanos, esta mujer tuvo que dejar su casa por razones de seguridad. La realojaron en otro sitio y las autoridades le dieron una pistola para que se protegiera.

Este tipo de atrocidades han creado un clima de terror en el que la gente no sólo teme que la maten, sino que lo hagan de una forma especialmente brutal. Un profesor de universidad, haciéndose eco del mismo temor expresado por muchos otros, afirmaba:

«Si me tienen que matar, ojalá sea de un tiro, no degollándome.»

Aunque por lo general los homicidios que más atención han recibido por parte de los medios de comunicación han sido los de extranjeros, personajes conocidos y personas de cierto nivel profesional y social, también han perdido la vida miles de personas corrientes. Los motivos no suelen estar claros, pero hay ciertas pautas que indican que algunas de las víctimas fueron elegidas por su profesión, sus opiniones políticas, su conducta o sus vínculos familiares, o por negarse a apoyar a los grupos armados, a cooperar con ellos o a ceder ante sus exigencias y amenazas. Entre los elegidos por su profesión hay funcionarios, algunos de ellos designados para sustituir a los alcaldes del FIS Tras la disolución del FIS, en marzo de 1992, los alcaldes de este partido que habían resultado elegidos en las elecciones municipales de junio de 1990 fueron destituidos por las autoridades y sustituidos por funcionarios designados llamados Présidents des Délégations Executives Communales(presidentes de las delegaciones comunales ejecutivas), DEC., recaudadores de impuestos, imanes (jefes de oración) Tras la disolución del FIS las autoridades también sustituyeron a muchos imanes.de mezquitas controladas por las autoridades, trabajadores de empresas públicas, profesores, periodistas y jóvenes que acababan de terminar el servicio militar obligatorio. Parece que todos ellos fueron elegidos como víctimas porque los grupos armados de oposición consideraron que apoyaban a las autoridades, el mismo argumento con que estos grupos han amenazado de muerte a otras personas si no dejan su trabajo.

Los homicidios de periodistas )más de 60 desde mediados de 1993s22 )en atentados al parecer cometidos por grupos armados de oposición, son de los que más atención han recibido, tanto en Argelia como en el extranjero. Los grupos armados han acusado a los periodistas de ponerse de parte del Gobierno debido a la información selectiva que ofrecen los medios de comunicación, que se centran en los homicidios de civiles y otros actos de violencia cometidos por los grupos armados de oposición mientras silencian los homicidios y otras violaciones perpetrados por el ejército y las fuerzas de seguridad, o las bajas sufridas por el ejército y las fuerzas de seguridad en los enfrentamientos con los grupos armados de oposición o en las emboscadas que éstos les tienden. Hay una estricta censura que no permite a los medios de comunicación dar ese tipo de informaciones, que los grupos armados de oposición desearían ver difundida y que ellos mismos publican en panfletos y boletines. El homicidio de tantos periodistas ha hecho que muchos abandonen el país y que otros vivan escondidos. Algunos periodistas han expresado su preocupación por que la censura impuesta por las autoridades sobre la difusión de informaciones relacionadas con la seguridad aumenta el peligro que corren, pues sólo pueden ofrecer una cobertura selectiva de los acontecimientos, mientras que otros han denunciado que los autores de algunos de los homicidios de periodistas han sido las fuerzas de seguridad, y no grupos armados de oposición. Omar Belhouchet, director del diario El Watan, y Malika Boussouf, periodista del diario Le Soir d'Algérie, fueron procesados por efectuar este tipo de denuncias Omar Belhouchet fue condenado a un año de cárcel por afirmar en una entrevista para el canal francés de televisión Canal +, en noviembre de 1995, que el homicidio de ciertos periodistas e intelectuales, atribuido a grupos armados de oposición, en realidad era obra de las fuerzas gubernamentales. En abril de 1996, Malika Boussouf fue condenada a tres meses de cárcel por afirmar en una entrevista para el periódico italiano Il Manifestoque el homicidio de Aboubakr Belkaid, conocida figura política, tal vez no era obra de grupos armados de oposición..

Entre los periodistas que perdieron la vida en los dos últimos años figura Khadidja Dahmani, de veintiocho años, que trabajaba para la publicación en lengua árabe el-Chourouk el-Arabi, y fue abatida a tiros el 5 de diciembre de 1995 en el distrito de Baraki (suburbio de Argel). Otra joven periodista del mismo periódico, Malika Sabour, ya había muerto a tiros, en su casa y en presencia de su madre y otros familiares, el 21 de mayo de 1995. Belkacem Sâadi, periodista de cuarenta años que trabajaba para el canal regional de la televisión nacional (ENTV) en Constantina, fue encontrado muerto en un bosque en Skikda, al norte de Constantina, el 2 de marzo de 1996. Según los informes, lo habían secuestrado pocos días antes. Otro periodista de la ENTV, Khaled Merioud, había sido abatido a tiros dos meses antes en el suburbio de Baraki de Argel, el 23 de diciembre de 1995, al día siguiente de que se lo llevaran de su casa en La Montagne, un suburbio de la capital. El redactor jefe y dos periodistas del diario en lengua francesa Le Soir d'Algérie, Allaoua Ait M'Barek, Djamel Derraz y Mohamed Dorbane, murieron al hacer explosión una bomba en el exterior de la Maison de la Presse(Casa de la Prensa) en el centro de Argel, el 11 de febrero de 1996.

En los comunicados firmados por el GIA u otros grupos armados se ha amenazado de muerte en repetidas ocasiones a los funcionarios y empleados de empresas públicas, los profesores de lengua francesa, las esposas y los familiares de los miembros de las fuerzas de seguridad, los vendedores de periódicos y tabaco, los peluqueros, las esteticistas, las mujeres que no llevan el hidjab(velo islámico) o que van a colegios mixtos, los estudiantes universitarios, los reclutas, los músicos y muchos otros. En algunos casos las amenazas variaban según las zonas, al parecer debido a la presencia de diferentes grupos en distintas partes del país. De los civiles que murieron a manos de grupos armados, algunos habían recibido personalmente amenazas de muerte, y otros podían encuadrarse en varias de las categorías anteriores. Por ejemplo, en junio de 1995, un grupo de hombres armados sacaron de su aula a Fatima Godhbane, estudiante de 17 años, la arrastraron fuera del colegio y la degollaron en presencia del resto de los alumnos. Antes de huir, sus asesinos escribieron «GIA» en su mano. Algunos creen que la eligieron porque seguía yendo al colegio, o porque hacía poco que llevaba el hidjab, o porque tenía relación con un miembro de las fuerzas de seguridad, o sencillamente para intimidar y aterrorizar a los demás. Probablemente nunca se sabrá lo que pensaban quienes cometieron semejante crimen.

Los grupos armados de oposición también han matado a soldados y miembros de las fuerzas de seguridad después de secuestrarlos o capturarlos, y en algunos casos hay informes que hablan de torturas antes de los homicidios.

El 6 de febrero de 1995, un grupo de ocho hombres encapuchados y armados con escopetas de caza de cañones recortados y Kaláshnikovs entraron en casa de Mohamed Ben Arbia, gendarme de cincuenta y cinco años que vivía en Halamiya, en la provincia de Boumerdes. El hombre consiguió escapar, pero a su esposa, Zahra, ama de casa de 37 años, le dispararon en presencia de su hija de doce años y de dos hijos más pequeños, y resultó herida. Tres semanas más tarde, el grupo armado (los niños no pudieron decir si se trataba de los mismos hombres o de otros) volvió y mató a tiros a Mohamed Ben Arbia; después, ataron las manos a su esposa y la abatieron a tiros, e hicieron lo mismo con la vecina que la había llevado al hospital tres semanas antes, cuando la hirieron. Los niños presenciaron los tres homicidios.

Los grupos armados de oposición han elegido como víctimas a los familiares de miembros de las fuerzas de seguridad, hombres y mujeres, para hacer daño a sus parientes. Víctimas de estas agresiones fueron Bakhta Moudjani, Fayza Kouadit, Meriem Chabra, Bakhta Metteur y Fadia Neggaz, de edades comprendidas entre los quince y los veintidós años, a las que secuestraron de sus casas en Oued Foda el 18 de junio de 1995 y encontraron muertas en las afueras de la ciudad al día siguiente.

Han seguido recibiéndose informes de homicidios de civiles a manos de grupos armados de oposición que montan barreras en las carreteras como si fueran fuerzas de seguridad. El 21 de julio de 1996, más de diez pasajeros de un autobús que transportaba trabajadores de la empresa nacional de vehículos industriales (Société nationale des véhicules industriels, SNVI) murieron a manos de un grupo armado cuando el autobús se detuvo en una de esas «barreras». Según los informes, otros pasajeros resultaron heridos por los disparos que el grupo hizo contra el vehículo antes de irse.

Los grupos armados de oposición han amenazado de muerte en repetidas ocasiones a los jóvenes que hagan el servicio militar. Además de los cientos de reclutas que han muerto durante enfrentamientos con grupos armados de oposición, en emboscadas o cuando visitaban a sus familias, a muchos los han matado una vez terminado el servicio militar. En Argelia el servicio militar es obligatorio y la ley no contempla la objeción de conciencia. Entre las tareas que los reclutas deben desempeñar está la vigilancia en puestos de control y en empresas estatales petroleras y de otro tipo, unas actividades que los hacen muy vulnerables a los ataques de grupos armados de oposición. Así, los jóvenes se encuentran atrapados en una situación imposible: muchos no quieren incorporarse al ejército por temor a que los grupos armados de oposición los maten, o porque no quieren tomar parte en las ejecuciones y otras violaciones perpetradas por las fuerzas armadas, pero no tienen oportunidad de declararse objetores ni pueden escoger realizar un servicio civil alternativo, y se ven obligados a incorporarse a filas.

Homicidios de extranjeros

Desde 1993, más de 100 extranjeros han perdido la vida en Argelia. El GIA se ha atribuido la responsabilidad de la mayoría de estos homicidios.

Los primeros extranjeros que murieron en un atentado de este tipo fueron dos investigadores franceses que perdieron la vida en septiembre de 1993. El GIA había emitido comunicados en los que advertía a los extranjeros que se fueran de Argelia o morirían, y posteriormente ha continuado amenazando de muerte a los extranjeros que siguen en el país.

Muchas de las víctimas fueron degolladas. El 14 de diciembre de 1993, doce trabajadores croatas murieron en Tamesguida, al suroeste de la capital, todos ellos con cortes en la garganta. El 7 de julio de 1994, unos marineros italianos murieron a bordo de su embarcación en el puerto de Djendjen, en la región de Djijel, al este del país.

También han sido víctimas las extranjeras casadas con argelinos, como la rusa Polnya Larissa, abatida a disparos en diciembre de 1993 en Argel, y la francesa Monique Afri, que trabajaba en el consulado de Francia en Argel y corrió la misma suerte en enero de 1994, también en la capital.

También han sido elegidos como víctimas los extranjeros miembros de la comunidad religiosa cristiana, entre ellos monjas y religiosos. En algunos casos los han secuestrado y matado en cautiverio. Siete monjes trapenses franceses, de edades comprendidas entre los cincuenta y los ochenta y dos años, a los que secuestraron de un monasterio de Tibehirine, en la región de Medea, fueron encontrados muertos dos meses más tarde. El GIA reclamó la autoría de su secuestro y su muerte.

En agosto de 1996, la explosión de una bomba en su casa mató a Pierre Claverie, obispo de Orán, cuando volvía de una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores francés, que se encontraba de visita en Argelia. Pocos días después, las fuerzas de seguridad argelinas anunciaron que los responsables del asesinato habían muerto. Hasta la fecha, no se sabe que ningún responsable del homicidio de extranjeros haya sido llevado a juicio. En muchos casos, las fuerzas de seguridad han anunciado la muerte de personas implicadas en los homicidios de extranjeros, pero las autoridades argelinas no han aportado detalles de ninguna de las investigaciones.

Atentados indiscriminados con muerte de civiles

Además de matar civiles en atentados selectivos, los grupos armados también han puesto bombas en edificios donde vivían miembros de las fuerzas de seguridad y sus familias. Cuando cometen estas acciones, saben que hay muchas probabilidades de que el grueso de las víctimas sean las esposas, los hijos y otros familiares de los miembros de las fuerzas de seguridad, ya que en muchos casos éstos ya no viven en sus casas por miedo a que los maten.

Los atentados con explosivos colocados cerca de comisarías y gendarmerías han matado en muchas ocasiones a civiles que transitaban por los alrededores. El atentado que al parecer causó más víctimas civiles tuvo lugar la tarde del 30 de enero de 1995, cuando una bomba explotó ante la comisaría central de Argel, causando 42 muertos y 286 heridos. Un portavoz del FIS, comentando este atentado, afirmó que el objetivo de la bomba era la comisaría, porque se trataba de un centro de tortura. Sin embargo, quienes lo cometieron sabían que en ese momento del día y en ese lugar morirían y resultarían heridos gran número de civiles.

Según los informes, entre mediados de julio y mediados de agosto de 1996 murieron más de 20 personas, muchas de ellas civiles, a consecuencia de la explosión de bombas en lugares públicos, como cafés y restaurantes frecuentados por miembros de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en los distritos de el Biar y Bab el Oued, el 29 y el 30 de julio respectivamente, explotaron dos bombas en sendos cafés.

Según los informes, al menos 15 personas murieron y más de 75 resultaron heridas el 27 de septiembre de 1996 cuando un automóvil bomba explotó en un mercado de Boufarik a eso de las diez de la mañana, una hora en que el mercado suele estar abarrotado.

Las cifras oficiales sobre los muertos y heridos en estos y otros atentados recientes con explosivos son muy inferiores a las que se obtienen de otras fuentes, como los medios periodísticos, el personal hospitalario y la población local.

Actos de tortura cometidos por los grupos armados de oposición: violaciones

En 1994 y 1995 hubo numerosos informes de secuestros y violaciones de mujeres por grupos armados, especialmente en zonas aisladas donde no hay presencia de las fuerzas de seguridad. Algunas familias que viven en zonas rurales y aisladas han enviado a sus hijas a vivir con familiares en las ciudades por miedo a que puedan ser secuestradas por estos grupos armados. El estigma vinculado a la violación y la falta de estructuras de apoyo para sus víctimas han hecho que resulte difícil conseguir testimonios y detalles sobre estos casos y determinar la verdadera dimensión de estos delitos. La televisión nacional argelina ha emitido varios testimonios de mujeres que afirmaban haber sido violadas en sus casas o tras haber sido secuestradas por grupos armados. Amnistía Internacional no ha podido entrevistar a estas víctimas, pero ha recogido información detallada procedente de muy variadas fuentes sobre decenas de mujeres violadas por grupos armados. Según la información obtenida, a menudo se las habían llevado de sus casas estando sus familiares presentes, y en algunos casos las víctimas sólo tenían dieciséis o diecisiete años. Algunas pudieron escapar de su secuestro, a otras las dejaron en libertad o las abandonaron cuando el grupo cambió de escondite, y otras fueron liberadas cuando las fuerzas de seguridad asaltaron el lugar donde permanecían ocultas. Según los informes, además de violarlas, a algunas también las golpearon, las torturaron y les infligieron otros malos tratos durante su cautiverio, como quemarlas con cigarrillos encendidos y amenazar con matarlas, cosa que hicieron en algunos casos.

Una mujer de 22 años, que fue secuestrada en agosto de 1994, dijo a Amnistía Internacional:

«Un grupo de «terroristas» vino a mi casa y le dijeron a mi padre que me querían para casarse. Mi padre y yo nos negamos, pero no nos hicieron caso. Leyeron la Fatiha(versículo inicial del Corán que se lee en los matrimonios) y dos de ellos me agarraron cada uno por un lado, me metieron en un automóvil con otros y partimos hacia las montañas. Algunos se quedaron rezagados en mi casa y amenazaron a mi padre para que no se lo dijera a la policía. Llegamos a una especie de cabaña de adobe y allí uno de ellos me dijo que estaba casada con él. Me dijo cómo se llamaba, pero me di cuenta de que los demás lo llamaban de otra forma. Me pegó porque yo no quería que me tocase y trató de violarme, pero como no pudo se enfadó y me dijo que le había echado una maldición. A la mañana siguiente me llevaron de nuevo con mis padres y los acusaron de ser unos brujos y de haber echado una maldición para que no pudieran violarme. Se adueñaron de una cabaña cercana a mi casa y al cabo de un tiempo se fueron. Más tarde, las fuerzas de seguridad bombardearon la casa porque decían que habíamos dado cobijo a los «terroristas», como si hubiéramos tenido otra alternativa. Vivimos junto a un bosque y allí no hay nada, ni gendarmería ni vecinos a los que acudir. Ahora para mí todo ha terminado: los «terroristas» han destrozado mi vida y me han deshonrado a mí y a mi familia.»

Una estudiante de periodismo contó a Amnistía Internacional que en mayo de 1995, cuando se dirigía a su casa desde la universidad, tres hombres armados la introdujeron a la fuerza en un automóvil y le vendaron los ojos. La llevaron a una granja aislada, situada como a dos horas y media de la capital, y allí un joven que parecía al mando del grupo armado le preguntó que por qué no llevaba el hidjab, y le dijo que Dios había ordenado que la mujer estuviera en casa. Luego le dijo que la «casarían» con un hombre del grupo. Otro hombre la violó y también la golpearon y la quemaron con cigarrillos hasta que se desmayó. Cuando recobró el sentido estaba en el hospital y le dijeron que la habían encontrado en una carretera a las afueras de Argel.

LOS «DESAPARECIDOS»: ¿DÓNDE ESTÁN?

El fenómeno de las «desapariciones» cada vez está más extendido. Amnistía Internacional ha recogido información de cientos de personas que han «desaparecido» en los últimos tres años, y ha oído hablar de cientos más, probablemente miles, que han corrido la misma suerte. En la inmensa mayoría de los casos, se sabe o se cree que los «desaparecidos» han sido arrestados por la seguridad militar, la gendarmería y la policía Los grupos armados de oposición no controlan territorio en Argelia y no tienen campos de detención. Sólo las fuerzas de seguridad tienen centros de detención secretos..

Miles de hombres y mujeres viven angustiados, preguntándose si sus familiares «desaparecidos» aún viven, buscando rastros y pistas de dónde podrían estar, esperando encontrar a alguien que les pueda dar noticias.

«Sólo quiero saber dónde está, si está vivo o muerto», repiten una y otra vez las los familiares de los «desaparecidos», pero hasta la fecha la mayoría no ha recibido respuesta.

Muchos de estos «desaparecidos» fueron detenidos en su casa, en presencia de sus familiares y a menudo por la noche. A otros se los llevaron en sus lugares de trabajo o en la calle. Los días, semanas y meses siguientes a su detención, sus familiares fueron a las comisarías y gendarmerías a preguntar por ellos. A algunos les dijeron que no constaba su arresto, y a otros que estaban detenidos y no podían recibir visitas, pero pronto quedarían en libertad. En otros casos, en la comisaría o la gendarmería se aceptaba la comida y las ropas que llevaban los familiares, pero a los pocos días se les decía que no llevaran nada más porque al detenido lo habían trasladado a otro sitio.

Algunos de los que «desaparecieron» en detención secreta han «reaparecido» meses después, al trasladarlos a cárceles o liberarlos sin cargos ni juicio, sin que haya ningún documento sobre su arresto y detención. Los que han salido han facilitado información sobre algunos de los «desaparecidos» que estaban con ellos en detención secreta y barracones del ejército. Sin embargo, en la mayoría de los casos la información se refiere sólo a los primeros meses de detención.

Las familias también han intentado conseguir información sobre sus familiares «desaparecidos» a través de parientes y conocidos en las fuerzas de seguridad y el ejército. A algunos les dijeron que seguían con vida y a otros que los habían matado. Sin embargo, los miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército que dan este tipo de información a las familias no suelen estar dispuestos a facilitarles más detalles, ya que creen que no es seguro para ellos.

Un agente de policía cuyo hermano fue arrestado hace tres años y desde entonces se encuentra «desaparecido» dijo a Amnistía Internacional:

«No puedo hacer nada para encontrar a mi hermano, porque está en manos de la seguridad militar. Sé quiénes lo arrestaron, pero luego lo trasladaron a la seguridad militar y ellos mismos no saben dónde está, ni si aún vive. Mi hermano era miembro activo del FIS y había sido candidato de este partido en las elecciones, por lo que aún me resulta más difícil preguntar por él, ya que incluso mis compañeros podrían sospechar que simpatizo con los "terroristas". Como policía, estoy amenazado de muerte por ellos. Apenas voy a casa y he enviado a mi esposa a vivir con unos familiares, ya que en el barrio donde vivo todo el mundo sabe en qué trabajo, y tengo miedo de que la maten por estar casada conmigo. Yo no comparto las opiniones políticas de mi hermano, pero sé que él no era "terrorista" ni tenía nada que ver con ellos. Y en cualquier caso, si lo acusan de algo, deberían entregarlo a la justicia y encarcelarlo, pero no es justo que lo hagan "desaparecer" de esta forma. Mi hermano no es el único que se encuentra en esta situación, hay cientos de "desaparecidos". Creo que a muchos los mataron poco después de detenerlos. Algunas familias se han puesto en contacto con mi madre, porque saben que soy policía, y le han pedido que me pida que busque a sus hijos, pero si ni siquiera puedo hacer nada por mi hermano, ¿qué puedo hacer por ellos? No me atrevería ni siquiera a preguntar. Incluso cuando pregunté por mi hermano lo hice muy discretamente y sólo a los compañeros en quien confiaba y que sabía que confiaban en mí y no iban a pensar que yo simpatizaba con los "terroristas".»

Otro de los «desaparecidos» fue detenido en julio de 1994 en casa de un agente de policía, donde se encontraba de visita. Esa noche, las fuerzas de seguridad habían ido primero a buscarlo a su casa, y sus padres les habían dicho que estaba de visita en casa de un amigo que era policía. La familia reconoció a algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron a la casa. Vestían de civil y dijeron que pertenecían a las fuerzas de seguridad, pero no especificaron la unidad. Luego fueron a casa del amigo policía, que también los reconoció, y efectuaron el arresto. Desde entonces, ha «desaparecido». Conocidos de la familia en las fuerzas de seguridad han asegurado a sus familiares que está vivo en detención secreta, pero no ha sido posible conseguir ninguna información a través de canales oficiales. Poco antes de que lo detuvieran, detuvieron a uno de sus hermanos y la seguridad militar lo mantuvo con los ojos vendados durante una semana en un lugar de detención desconocido, para luego soltarlo en la carretera y decirle que volviera a casa.

Como en el caso anterior, es frecuente que otros miembros de la familia también hayan sido detenidos por las mismas fechas que el «desaparecido». Djamel Farsadou, cámara de cine de cuarenta y dos años, casado y padre de un niño pequeño, fue detenido en su casa el 5 de junio de 1995 a eso de las dos de la tarde, en presencia de su familia y de sus vecinos, y desde entonces ha «desaparecido». Pocos días antes de su detención, su padre, de setenta años fue también detenido por miembros de las fuerzas de seguridad, que llegaron al domicilio de la familia en mitad de la noche y se lo llevaron en pijama. Lo condujeron a un centro de detención donde lo interrogaron, torturándolo y acusándolo de dar refugio a «terroristas» en su casa. A la mañana siguiente, aproximadamente a las diez, lo dejaron en libertad en la autopista que lleva a su barrio. El hombre estaba todavía en pijama, y le dieron dinero para que tomara un taxi hasta su casa.

Con frecuencia las familias guardan silencio sobre la «desaparición» de sus familiares durante meses, esperando que sean liberados y por temor a poner al «desaparecido» en peligro si divulgan el caso, o simplemente porque no saben qué hacer ni con quién ponerse en contacto, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo, cientos de familias se han puesto en contacto con abogados, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y las autoridades argelinas. Algunas han escrito cientos de cartas sin recibir respuesta alguna. El padre de un «desaparecido» dijo a Amnistía Internacional:

«Me he puesto en contacto con todo el que se me ha ocurrido. No sé mucho de política ni cosas de esas, y nunca supe quiénes eran los ministros, ni siquiera conozco todos los presidentes que ha habido desde la independencia, pero ahora le puedo decir los nombres de todos los ministros [y aquí comenzó a decir nombres de ministros], porque les he escrito a todos muchas veces. Soy analfabeto, pero dicto las cartas y mis otros hijos las escriben. No he recibido ni una respuesta, pero sigo escribiendo, y cuando hay un nuevo ministro, vuelvo a escribir. Espero que alguno de ellos haga algo para ayudarme a encontrar a mi hijo. He mirado hasta en los depósitos de cadáveres y en los cementerios, pero no he encontrado su nombre en ningún sitio. Un conocido que está en el ejército me dijo que está vivo, pero no pudo decirme más. Mi hijo no es un «terrorista». Ya sé que me dirá que todos los padres creemos que nuestros hijos son buenos, pero si el mío ha hecho algo, que lo juzguen. Sólo quiero saber dónde está.»

Las familias de los «desaparecidos» no han escatimado esfuerzos para encontrar a sus familiares, y han intentado romper el silencio sobre la suerte corrida por sus seres queridos, pero en la mayoría de los casos las autoridades argelinas se han limitado a hacer caso omiso de sus preguntas. Sin embargo, en algunos casos en que las familias han sido especialmente insistentes y se han puesto en contacto con organizaciones internacionales y organismos intergubernamentales de derechos humanos, las autoridades se han sentido obligadas a responder. La imprecisión y las contradicciones de las respuestas a varios de estos casos indican que en lugar de llevar a cabo investigaciones para establecer la suerte corrida por los «desaparecidos» se intenta ocultar la participación de las fuerzas de seguridad en las «desapariciones».

Por ejemplo, un grupo de 16 hombres fue arrestado en sus casas en Rass el-Oued la noche del 21 al 22 de julio de 1994, y todos «desaparecieron». Sus familiares solicitaron repetidas veces información para averiguar su paradero, pero fue en vano. En algunos casos, las autoridades despacharon a las familias diciendo que probablemente los hombres habrían ido a unirse a algún grupo armado de oposición. No se llevó a cabo ninguna investigación oficial para intentar encontrarlos, y el caso no apareció en los medios de comunicación. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades argelinas, pero no hubo respuesta. En marzo de 1995, el ONDH comunicó a Amnistía Internacional que no tenía información sobre los casos, pero que tal vez los afectados habían desaparecido por voluntad propia, como, según dijeron, había sucedido en otros casos. En septiembre de 1995, tras más de un año de investigación continua e infructuosa, dos de las familias, que viven fuera de Argelia y habían sido las más activas en la búsqueda de sus familiares «desaparecidos», recibieron cartas del ONDH en las que se les informaba de que el 22 de julio de 1994 )es decir, un día después del arresto de sus familiares)se habían encontrado quince cadáveres en un bosque a cierta distancia de Rass el-Oued, con signos de haber sido secuestrados y muertos por un «grupo terrorista». El ONDH no dijo a estas dos familias si los cuerpos identificados eran los de sus familiares u otros del mismo grupo, y sus intentos de conseguir más información fueron estériles. En mayo de 1996, las autoridades afirmaron que sólo dos de estos quince cuerpos habían podido ser identificados, y mencionaron los nombres de dos integrantes del grupo de los dieciséis «desaparecidos» de Rass el-Oued. Las autoridades también aseguraron que todos los cuerpos habían sido fotografiados antes del entierro, pero no dieron ninguna explicación de por qué a los familiares de estos dos «desaparecidos», que habían estado preguntando incesantemente sobre ellos, no se les había informado hasta entonces de su muerte, ni se les había permitido ver los cuerpos para confirmar su identidad antes del entierro, ni ver las fotos para confirmarla después del entierro, ni estar presentes en éste.

Djamaleddine Fahassi, periodista de la radio argelina, de cuarenta años de edad, casado y padre de una niña de seis meses, «desapareció» tras ser arrestado cerca de su casa, en el distrito de el-Harrache de Argel, la tarde del 6 de mayo de 1995. Fahassi había dejado a su hija al cuidado de un familiar para ir a comprar comida. A pesar de haber pedido información en repetidas ocasiones, su familia no recibió respuesta de las autoridades, que ahora afirman que Fahassi probablemente fue secuestrado por un «grupo terrorista». Sin embargo, su detención y «desaparición» no fue recogida por los medios de comunicación, que han dado cumplida información en todos los casos de periodistas muertos o secuestrados por grupos armados de oposición. El silencio que rodeó este caso indica que se sabía desde el principio que Fahassi había sido secuestrado por las fuerzas de seguridad y no por un grupo armado de oposición. En 1991, el Tribunal Militar de Blida condenó a Djamaleddine Fahassi a tres meses de cárcel por un artículo en el que criticaba al Ejército, publicado en el-Forkane(periódico cercano al FIS, cerrado en 1992). A principios de 1992 vovieron a arrestarlo, junto con otras 10.000 personas, y lo internaron en un campo en Ain Salah, en el desierto al sur de Argelia, de donde salió tras seis meses sin cargos ni juicio.

Entre los cientos de «desaparecidos» figura también Nacera Lazreg, de treinta y cinco años y madre de seis niños. Las fuerzas de seguridad la detuvieron en su casa alrededor de la una y media de la madrugada del 5 al 6 de diciembre de 1994, y desde entonces ha «desaparecido». En el momento de su detención, su marido, que había estado escondido, acababa de morir a manos de las fuerzas de seguridad, y su cuñado, detenido el 17 de octubre de 1994, acababa de ser trasladado a la cárcel tras 43 días de detención secreta, durante los cuales, y según los informes, fue torturado. La propia Nacera Lazreg había sido detenida hacía algunos meses, también de noche y en su casa, y había quedado en libertad a la mañana siguiente tras ser interrogada sobre el paradero y las actividades de su marido. Según los informes, pocos días después de su «desaparición», en diciembre de 1994, unos detenidos la vieron en la comisaría de Bouroubaa, pero hasta la fecha todos los esfuerzos hechos por su familia y sus abogados para conseguir información de las autoridades sobre su paradero han sido en vano.

Algunos de los que «desaparecieron» tras ser arrestados fueron miembros del FIS que resultaron elegidos como alcaldes en los comicios municipales de 1990 o como parlamentarios en la primera ronda de las elecciones legislativas de diciembre de 1991, más tarde anuladas. Entre ellos figura Mohamed Rosli, director del Instituto de Sociología de la Universidad de Blida, detenido el 30 de octubre de 1993 en su despacho de la universidad, Brahim Charrad, detenido la noche del 21 al 22 de julio de 1994 en su domicilio en Rass el-Oued con otras 15 personas (de las que ya se habló anteriormente), y Djilali Nouri, alcalde de el-Harrache (hasta que el FIS fue prohibido y sus alcaldes sustituidos), detenido el 23 de abril de 1994 en el centro de Argel junto a Hamou Mahboub, periodista del diario el-Djazair el-youm(Argelia Hoy, prohibido a mediados de 1994). Hay informes de que Djilali Nouri y Hamou Mahboub fueron vistos por otros detenidos en la Comisaría Central de Argel (Commissariat Central) entre el 15 y el 18 de abril de 1995.

Además de «desapariciones» de personas que fueron detenidas y que nunca fueron juzgadas, y cuya detención las autoridades se niegan a reconocer, al menos hay dos presos ya juzgados y sentenciados a los que se mantiene en detención secreta. Ali Belhadj, vicepresidente del FIS, lleva detenido en un lugar desconocido casi dos años, sin poder ver a sus familiares ni a sus abogados. Lo detuvieron en julio de 1991 junto con el presidente del FIS, Abbassi Madani, y en julio de 1992 fue condenado a doce años de cárcel por un tribunal militar. A ambos los sacaron de la cárcel y los pusieron bajo arresto domiciliario en un lugar del que no se dieron datos, en septiembre de 1994, durante las negociaciones políticas con la presidencia del país, pero los volvieron a trasladar a una cárcel unos cuantos meses después. A principios de 1995, Ali Belhadj fue trasladado a un centro secreto de detención en el desierto, al sur del país, y desde entonces su familia no ha podido conseguir información alguna sobre su paradero. Un periodista de la agencia argelina de prensa (APS) que reveló en febrero de 1995 (en un despacho interno de APS) que Ali Belhadj estaba detenido en la región de Tamanrasset fue arrestado y condenado por un tribunal militar a tres años de cárcel por publicar información que ponía en peligro la seguridad del Estado El periodista de APS, Abdelkader Hadj-Benaâmane, fue detenido el 27 de febrero de 1995 y juzgado el 25 de julio del mismo año por un tribunal militar en Ouargla. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y pide su liberación inmediata e incondicional. . La esposa y los hijos de Ali Belhadj y sus abogados han seguido infructuosamente pidiendo información sobre su lugar de detención, y hay informes de que su salud se ha deteriorado y de que no se le presta la atención médica que necesita. Abbassi Madani, presidente del FIS, también está detenido en un lugar no revelado. A algunos de sus familiares se les permite ir a verlo, pero a condición de que no revelen su paradero. Amnistía Internacional ha pedido información a las autoridades argelinas y al ONDH sobre el paradero y la situación legal de Ali Belhadj y Abbassi Madani, y la respuesta ha sido que no es posible dar información, ya que los casos son de carácter político.

PROCEDIMIENTOS DE ARRESTO: LA VÍA HACIA LA «DESAPARICIÓN»

Las autoridades argelinas niegan saber nada de los «desaparecidos», afirmando que no hay pruebas de que hayan sido arrestados por las fuerzas de seguridad, y sugiriendo a menudo que probablemente fueron secuestrados por grupos «terroristas». De hecho, en muchos casos las detenciones de las fuerzas de seguridad parecen secuestros de grupos armados de oposición: un grupo de hombres armados, uniformados o vestidos de civil y algunas veces encapuchados, que se presentan como fuerzas de seguridad, actúan muy amablemente con los familiares y les aseguran que al detenido sólo se lo llevan para efectuar una comprobación, y que pronto quedará en libertad, o por el contrario los insultan y los amenazan. A menudo registran la casa y se llevan al detenido en vehículos de las fuerzas de seguridad o del Ejército, o bien en automóviles particulares. Por lo general, las familias de los secuestrados no consiguen información alguna sobre su paradero durante el tiempo en que los mantienen en detención secreta, y cuando preguntan a las fuerzas de seguridad y a las autoridades, éstas niegan que los detenidos estén en su poder, o no responden.

Estas prácticas de las fuerzas de seguridad violan la ley argelina y las normas internacionales. El artículo 10 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de la ONU, exige que los detenidos permanezcan en un lugar de detención reconocido oficialmente y que sus familias y sus abogados sean informados puntualmente de cuál es ese lugar. La regla 92 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mínimas) contiene disposiciones similares «Un acusado deberá poder informar inmediatamente a su familia de su detención y se le concederán todas las facilidades razonables para comunicarse con ésta...». Según el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal argelino, los detenidos pueden permanecer incomunicados doce días como máximo El Décret législatif No 92-03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorismede septiembre de 1992 (Decreto Legislativo 92-03, relativo a la lucha contra la subversión y el terrorismo) prolongó el plazo de detención en régimen de incomunicación de 48 horas (el doble en casos que afectaran a la seguridad del Estado) a doce días. El 25 de febrero de 1995, esta disposición del decreto de emergencia antiterrorista fue incorporada (como casi todas las demás) a la legislación permanente, y el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal argelino fue modificado para que permitiera un periodo de doce días de detención en régimen de incomunicación., pero sus familias deben ser informadas inmediatamente de su arresto y del lugar donde se encuentran detenidos. Sin embargo, este plazo máximo de doce días no suele cumplirse, y las fuerzas de seguridad mantienen a los detenidos en detención secreta y no reconocida durante semanas e incluso meses.

Por ejemplo, el 31 de julio de 1996 fue secuestrado Rachid Mesli, abogado de derechos humanos. Según la información que posee Amnistía Internacional, Rachid Mesli iba en su automóvil, con su hijo de cinco años y su cuñado, por una carretera rural de la zona de Rouiba, a las afueras de Argel, cuando a eso de las siete y media de la tarde fue detenido por un grupo de hombres armados vestidos de civil que llevaban radiotransmisores. Los hombres, que no se identificaron, dijeron al niño y al cuñado que miraran hacia otro lado y se lo llevaron en un vehículo normal. Al principio se temió que el secuestro hubiera sido obra de un grupo armado de oposición, ya que durante una semana la familia de Rachid Mesli y sus colegas no pudieron conseguir que las fuerzas de seguridad, que negaban haberlo detenido, les dieran información alguna sobre su paradero. Amnistía Internacional se puso en contacto inmediatamente con las autoridades argelinas para recabar información, pero no recibió respuesta. El presidente del Colegio de Abogados de Argelia informó a Amnistía Internacional el 7 de agosto que había solicitado información a las autoridades sobre el paradero de Rachid Mesli sin recibir respuesta. Esto indicaba que, o bien su detención secreta no había sido autorizada por las autoridades judiciales, y por tanto era ilegal, o que las autoridades judiciales permitían a las fuerzas de seguridad mantenerlo en detención secreta y no reconocida, conculcando tanto la ley argelina como las leyes internacionales de derechos humanos.

La noche del 7 de agosto, miembros de las fuerzas de seguridad registraron el domicilio y el despacho de Rachid Mesli, lo que indicaba que, efectivamente, estaba en manos de las fuerzas de seguridad, no de un grupo armado de oposición. Al final lo presentaron ante un juez de instrucción el 10 de agosto y fue acusado de complicidad con grupo armado y trasladado a la cárcel de el-Harrache, en Argel. Según los informes, mientras estuvo en detención secreta fue golpeado y maltratado, y los abogados que lo vieron confirmaron que presentaba hematomas en el ojo derecho y en la mano, y parecía hallarse en malas condiciones físicas.

El 11 de agosto, el ONDH confirmó a Amnistía Internacional que Rachid Mesli había sido arrestado por las fuerzas de seguridad el 31 de julio, y afirmó que su detención en régimen de incomunicación se había efectuado con autorización judicial. Sin embargo, este organismo no aclaró por qué durante más de diez días las fuerzas de seguridad responsables de la detención y las autoridades judiciales no sólo no informaron a la familia de Rachid Mesli de que había sido arrestado, sino que se negaron a reconocer su detención.

Hay ocasiones en que los familiares reconocen a algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad que efectúan el arresto, pero incluso en estos casos, cuando solicitan información sobre el lugar de detención a las fuerzas de seguridad implicadas, no suelen conseguir nada. A menudo, las fuerzas de seguridad dicen a las familias de los «desaparecidos» que probablemente éstos han sido secuestrados por «terroristas», o que ellos mismos son «terroristas» y han simulado el secuestro para incorporarse a grupos armados. A algunas familias un servicio de seguridad les ha dicho que a su hijo lo habían secuestrado «terroristas» y otro que él mismo era un «terrorista» que se había incorporado a un grupo armado. Sin embargo, en muchos casos los detenidos a cuyas familias les han dado este tipo de explicaciones han sido más tarde liberados o trasladados a la cárcel, confirmando así que efectivamente habían estado arrestados y que ni los había secuestrado un grupo armado ni se habían incorporado a ninguno.

Las fuerzas de seguridad y las autoridades utilizan este muro de silencio y secreto que rodea al arresto y la detención secreta para negar saber nada de los individuos que han «desaparecido» después de ser detenidos, afirmando que ni siquiera hay pruebas de que los hayan detenido. Esta costumbre ha contribuido en gran medida a crear una atmósfera de miedo, y añade confusión a una situación en la que las víctimas y sus familias ni saben ni comprenden la razón por las que han sido elegidas, ni siquiera quién lo ha hecho. En la inmensa mayoría de los casos presentados a Amnistía Internacional durante los últimos cinco años, las fuerzas de seguridad no mostraron orden de arresto ni de registro a los detenidos ni a sus familiares, ni siquiera cuando no se trataba de casos en que se aplicara la legislación antiterrorista.

Por ejemplo, en marzo de 1996, dos periodistas que trabajaban para el periódico de humor Mesmaren Constantina fueron detenidos por la publicación de unos artículos y unos chistes. El arresto se produjo por la noche, cerca de las oficinas del periódico, y lo llevaron a cabo hombres vestidos de civil que no mostraron orden de arresto ni ninguna otra identificación que demostrara que realmente eran miembros de las fuerzas de seguridad. Dada la cantidad de amenazas de muerte que reciben los periodistas por parte de los grupos armados de oposición, y del gran número de periodistas que han muerto, en el momento de su detención los dos hombres temieron que se tratara de un secuestro de un grupo armado. Sólo cuando llegaron a la comisaría se dieron cuenta de que realmente habían sido arrestados por las fuerzas de seguridad.

El hecho de que a las fuerzas de seguridad se les permita efectuar los arrestos de esta manera y mantener a los detenidos en detención secreta en lugares que no están bajo la supervisión de las autoridades judiciales deja a los arrestados particularmente desprotegidos ante abusos como la tortura, la «desaparición» y las ejecuciones extrajudiciales.

En ninguno de los numerosos casos en que Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades argelinas información sobre personas detenidas en secreto durante periodos prolongados fue posible conseguir información sobre su paradero mientras permanecieron en esta situación. Lo mismo les ha sucedido a los familiares de los detenidos, sus abogados, las organizaciones argelinas e internacionales de derechos humanos y el organismo oficial que se ocupa de los derechos humanos (el ONDH).

TORTURA Y MALOS TRATOS: UNA PRÁCTICA INSTITUCIONALIZADA

Los acontecimientos de los últimos cinco años han mostrado que tal vez vuelva a permitirse la institucionalización de la práctica de la tortura, prácticamente erradicada de Argelia entre 1989 y 1991 Durante el estado de sitio de 1991 se recibieron informes de malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad. Según los informes, se efectuaron investigaciones internas y se detuvo a miembros de las fuerzas de seguridad por agresión, pero los resultados de estas investigaciones nunca se hicieron públicos, y no se sabe si algún miembro de las fuerzas de seguridad fue juzgado y condenado.

, al no tomar las autoridades las medidas necesarias para ponerle fin. Desde 1992, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el retorno al uso de la tortura en Argelia, y ha solicitado a las autoridades que investiguen las denuncias de tortura, pongan a los responsables a disposición judicial e implanten mecanismos que aseguren que todos los lugares de detención están bajo control judicial y que se aplican todos los tratados internacionales de derechos humanos pertinentes y las garantías que recoge la legislación argelina. Amnistía Internacional cree que si se hubieran tomado estas medidas, hubiera podido evitarse que se extendiera la práctica de la tortura. Sin embargo, hasta la fecha Desde 1992 no se sabe que se haya realizado ninguna investigación judicial sobre denuncias de tortura.las autoridades no han tomado ninguna medida concreta para detener e impedir la tortura, ni se sabe que se hayan realizado investigaciones sobre casos de tortura, y los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de torturar a los detenidos continúan haciéndolo impunemente.

Los informes indican que las torturas y los malos tratos a los detenidos ocurren principalmente durante la detención secreta en comisarías y gendarmerías, centros de seguridad del ejército y otros lugares secretos de detención. Las fuerzas de seguridad emplean la tortura para conseguir información de personas que tienen vínculos, reales o presuntos, con grupos armados de oposición, y para obligar los detenidos a firmar declaraciones (procès verbaux) en las que admiten su implicación en homicidios y otros crímenes o denuncian a otros. La tortura y los malos tratos también se han utilizado, según los informes, para castigar a los detenidos fuera del marco de los interrogatorios.

El uso de la tortura viola tanto la Constitución argelina como los tratados internacionales de los que Argelia es Estado parte. El artículo 33 de la Constitución argelina establece:

j «El estado garantiza la inviolabilidad de la persona. Queda prohibida toda forma de violencia física o moral.»

El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma:

«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes...»

El artículo 4 de este mismo tratado dispone que este derecho no puede ser derogado bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en «situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación.»

El artículo 2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la ONU (Convención contra la Tortura) afirma:

«En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.»

Argelia ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura en 1989, pero hasta la fecha el Boletín Oficial del Estado no ha publicado ninguno de estos tratados. Una decisión de 20 de agosto de 1989 del Consejo Consitucional Argelino stablece que los tratados y convenios internacionales ratificados sólo se integran plenamente en la legislación nacional argelina cuando se publican en el Boletín Oficial. Tal disposición es incompatible con los propios tratados, que son vinculantes desde su ratificación, y pone en duda el compromiso de las autoridades argelinas de velar por su cumplimiento.

En la legislación argelina hay también una serie de disposiciones que, si se aplicaran, proporcionarían una importante protección contra los abusos a los detenidos en régimen de incomunicación. El artículo 51 del Código de Procedimiento Penal y l artículo 45 de la Constitución argelina disponen que los detenidos sean examinados por un médico independiente de su elección, a petición suya, de sus familiares o de sus abogados, al final de su detención en régimen de incomunicación. La regla 91 de las Reglas Mínimas contiene disposiciones similares. El artículo 52 del Código de Procedimiento Penal establece también que el fiscal del Estado (Procureur de la République) puede ordenar, de oficio o a petición de la familia del detenido, el examen médico de éste durante la detención en régimen de incomunicación. Es importante señalar que cuando estos artículos se promulgaron el plazo de detención en régimen de incomunicación se limitaba a cuarenta y ocho horas (renovable en casos excepcionales). Dado que este límite ha sido ampliado a doce días, la necesidad de una supervisión médica independiente de los detenidos, tanto durante como al final de su detención, es aún más fundamental.

Sin embargo, en la mayoría de los casos de los que Amnistía Internacional ha tenido noticias, los detenidos no pudieron ejercer este derecho, ni fueron examinados por médicos independientes una vez trasladados a la cárcel desde el lugar donde se encontraban detenidos en régimen de incomunicación. Según los informes, de los detenidos fallecidos mientras estaban detenidos en secreto, algunos fueron ejecutados extrajudicialmente y otros murieron a consecuencia de torturas. En algunas ocasiones, los detenidos heridos a consecuencia de las torturas fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento de urgencia, pero en la mayoría de los casos de los que Amnistía Internacional ha tenido noticias no los examinó un médico ni se les dio ningún tipo de tratamiento médico, ni siquiera el más básico. En los pocos casos en que las autoridades judiciales ordenaron un examen médico, éste lo llevó a cabo un médico designado por las autoridades, casi siempre semanas después de las presuntas torturas.

En agosto de 1994, los delegados de Amnistía Internacional que visitaban Argelia solicitaron ver a unos detenidos de la cárcel de el-Harrache que afirmaban que habían sido torturados mientras estaban detenidos en secreto. Se trataba de Noureddine Lamdjadani, médico, que permaneció sesenta días en detención secreta tras ser arrestado el 17 de mayo de 1994, cuando se presentó en la comisaría tras recibir una citación, y Said Moulay, profesor de matemáticas, arrestado el 19 de junio de 1994 y detenido veintinueve días en secreto. Según los informes, durante este tiempo ambos fueron torturados con el método del chiffon(véase más adelante), golpeados brutalmente con porras de goma y palos, y, al parecer, uno de ellos fue amenazado de muerte. Said Moulay resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde recibió puntos en la cabeza y la mano. A finales de julio se ordenó por fin el examen médico que habían solicitado repetidas veces sus abogados, pero meses más tarde aún no se había realizado. Los dos siguen detenidos sin juicio. Los delegados de Amnistía Internacional no pudieron verlos, ni a ellos ni a ningún otro detenido, porque las autoridades penitenciarias y el juez de instrucción no aceptaron su petición de entrevistarse con ellos en privado, un requisito necesario para proteger la confidencialidad de su testimonio.

Hasta la fecha, ninguna organización independiente de derechos humanos o humanitaria, ni argelina ni internacional, ha podido visitar a los detenidos en la cárcel. Las autoridades argelinas afirman, incluso en sus informes a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que han autorizado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a visitar las cárceles argelinas, pero este organismo ha confirmado que hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo para permitir la visita. Permitir a estas organizaciones que visiten a los detenidos en la cárcel, se entrevisten con ellos en privado y los examinen médicamente sería un paso importante para investigar y evaluar las denuncias de torturas y malos tratos durante la detención en régimen de incomunicación, así como para evitar estas prácticas.

Métodos de tortura

Los testimonios de los detenidos, de personas que estuvieron detenidas y fueron examinadas posteriormente por médicos en Argelia y en otros países, así como los informes detallados y coincidentes de otras fuentes, como ex magistrados, personal de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas, abogados, médicos, enfermeras, periodistas y familiares de detenidos, indican que la práctica de la tortura se ha institucionalizado en cierta medida, tanto por el hecho de que parece ser una práctica habitual como porque algunos de los métodos empleados exigen un equipo que de no ser así no se encontraría normalmente en un lugar de detención.

Los métodos de tortura más comunes parecen ser el chiffon(el paño), en el que se mantiene atado al detenido en un banco, en posición horizontal, y se le introduce un trapo en la boca para después, manteniéndole tapada la nariz, verterle una mezcla de agua sucia y productos químicos en grandes cantidades, que le producen conmoción e inflamación de estómago; el chalumeau(el soplete) en el que se utiliza un soplete para quemar la cara y los genitales del detenido; las descargas eléctricas aplicadas en los oídos, los genitales, el ano y otras zonas sensibles del cuerpo; los golpes en todo el cuerpo, especialmente en las zonas más sensibles, y el método de atar una cuerda alrededor del pene o de los testículos del detenido, produciendo su inflamación. Se han descrito otros métodos, como quemar el cuerpo del detenido con cigarrillos, introducirle por el ano botellas, palos y otros objetos (armas de fuego, etc...), aplicarle pegamento en el ano, colocarle el pene en un cajón abierto y cerrarlo de golpe, y colgarlo en posturas forzadas.

En la mayoría de los casos de los que Amnistía Internacional ha tenido noticia, los detenidos iban con los ojos vendados durante los traslados a los lugares de detención, y algunos permanecían así durante los interrogatorios y en otros momentos de su detención en régimen de incomunicación.

A Amnistía Internacional le preocupa que, si no se investigan de forma independiente, imparcial y pública las denuncias cada vez más generalizadas de torturas y malos tratos infligidos a los detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y si las autoridades no ponen a disposición judicial a sus responsables, tal como dispone la propia ley argelina, los miembros de las fuerzas de seguridad tendrán la impresión de que la tortura es un medio aceptable para conseguir confesiones de los detenidos u obligarlos a firmar procès verbaux, y esto fomentará las torturas y los malos tratos.

LAS TORTURAS Y LAS DETENCIONES ILEGALES NO SE INVESTIGAN

Amnistía Internacional ha expresado en repetidas ocasiones que le preocupa que ni jueces ni magistrados hayan investigado las violaciones sistemáticas que se producen en todas las etapas de la investigación de instrucción, como la prolongación ilegal del plazo de detención en régimen de incomunicación, la detención secreta y la tortura y los malos tratos infligidos a los detenidos por las fuerzas de seguridad responsables de su custodia.

Según el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal argelino, los miembros de las fuerzas de seguridad que violen las normas de la detención en régimen de incomunicación incurren en delito de detención arbitraria. El artículo 52 exige que en la declaración policial figuren la fecha, hora y duración de cada interrogatorio, y la fecha y hora de la puesta en libertad o el traslado del detenido ante juez competente. Estos datos deben figurar también en un registro especial firmado por el fiscal del Estado (Procureur de la République)que debe existir en todos los lugares donde pueda haber detenidos en régimen de incomunicación.

Los artículos 13 «Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes.»y 15 «Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.»

de la Convención contra la Tortura disponen que se investiguen las denuncias de tortura, y declaran sin efecto ni valor las confesiones extraídas bajo tortura. El artículo 12 de la misma Convención exige investigaciones inmediatas e imparciales, siempre que haya indicios razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, aunque no exista una denuncia formal.

Sin embargo, los jueces siguen aceptando como prueba confesiones de las que los detenidos se han retractado en el tribunal alegando que las habían firmado coaccionados o sin poder leer el contenido, aun existiendo amplios indicios de que los miembros de las fuerzas de seguridad que habían llevado a cabo el interrogatorio y conseguido la confesión habían violado la ley argelina e internacional. Aunque el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal establece que cada página del procès verbal debe ser firmada por el funcionario que la redacta, Amnistía Internacional ha examinado muchos de estos documentos en los que no figuraba la firma del funcionario responsable, o la fecha, la hora y la duración de cada interrogatorio, y que, sin embargo, los jueces han aceptado sin cuestionar su validez ni investigar las condiciones en las que los detenidos los habían firmado, a pesar de afirmar éstos en el tribunal que habían sido obligados bajo tortura.

Jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia y del ONDH han dicho a Amnistía Internacional que los detenidos afirman sistemáticamente que han sido torturados como parte de su defensa, pero que exageran. Un rechazo tan radical de las denuncias de tortura por parte de los responsables de investigarlas indica una falta de voluntad de detener e impedir la tortura.

Amnistía Internacional sabe de casos en que los detenidos han aparecido en el tribunal con heridas y señales de tortura, y ha visto copias de decenas de peticiones de exámenes médicos y denuncias de tortura pidiendo una investigación que fueron rechazadas o sobreseídas por los tribunales. La organización ha remitido cientos de casos de denuncias de tortura a las autoridades argelinas y les ha pedido que se aseguren de que se llevan a cabo investigaciones independientes e imparciales. Las autoridades no han respondido o han negado que las acusaciones tuvieran base alguna, y en algunos casos han afirmado que serían investigadas. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe que se haya realizado ni una sola investigación judicial.

Nadir Hammoudi, que fue arrestado en octubre de 1992 y permanece detenido sin juicio, estuvo en detención secreta durante cuarenta días, es decir, veintiocho más del plazo máximo de detención en régimen de incomunicación permitido por la ley argelina. Hammoudi denunció que mientras estaba detenido en secreto en la comisaría de Bab el Oued y en otro centro fue torturado y golpeado. Su familia y sus abogados, así como Amnistía Internacional, plantearon el caso a las autoridades argelinas en numerosas ocasiones, y en 1993 el ONDH denunció en una de sus publicaciones Páginas 86 a 89 de la Revue des droits de l'homme, núm. 3, junio de 1993.a un miembro del personal de Amnistía Internacional que había escrito a este organismo pidiendo que se investigaran este y otros casos. En 1996, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a Amnistía Internacional que el caso seguía investigándose. Un caso similar es el de Abdelkrim Mammeri, que fue arrestado en noviembre de 1993, mantenido en detención secreta durante un mes y torturado, y cuya denuncia de tortura aún no ha sido investigada, a pesar de que miembros del ONDH que lo visitaron en la cárcel confirmaron que aún mostraba señales de tortura y recomendaron una investigación.

Algunos de los detenidos que habían denunciado torturas durante su detención secreta murieron en la prisión de Serkadji en febrero de 1995 y sus denuncias nunca se investigaron. Uno de ellos era Yassine Simozrag, que había sido detenido en julio de 1993 y torturado con el método del chalumeau(el soplete) durante su detención secreta, y que desde entonces estaba retenido sin juicio (véase la página 7). También se encontraba entre ellos Mohamed Ait-Bellouk, arrestado en noviembre de 1993 y condenado a muerte en enero de 1995. Según los informes, Mohamed Ait-Bellouk había quedado impotente a consecuencia de las torturas.

Jueces y magistrados tienen la responsabilidad de investigar las violaciones e infracciones de la ley que llegan a su conocimiento, con el fin de garantizar que se respeta el derecho del acusado a un juicio justo y que la justicia se administra adecuadamente. El hecho de que los jueces se abstengan sistemáticamente de investigar denuncias de torturas y violaciones procedimentales por parte de las fuerzas de seguridad y que estén dispuestos a aceptar como prueba confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura y procès verbauxplagados de irregularidades, pone seriamente en tela de juicio su independencia, su imparcialidad y su compromiso de proteger los derechos humanos. El que las autoridades argelinas no se aseguren de que esas investigaciones se lleven a cabo y no tomen medidas para detener e impedir la detención secreta )que facilita la tortura, las «desapariciones», los homicidios extrajudiciales y otras violaciones)no hace más que fomentar estas violaciones y deteriorar aún más el Estado de Derecho.

DETENCIÓN PROLONGADA SIN JUICIO

Varios detenidos acusados de actividades «terroristas» han permanecido sin juicio durante más de cuatro años. Según la legislación argelina Artículos 125 y 125 bis del Código de Procedimiento Penal., el plazo máximo de prisión preventiva es de cuatro meses, renovable tres veces en los casos penales hasta un máximo de dieciséis. Sin embargo, hay personas que fueron arrestadas en 1992, 1993 y 1994 y aún siguen detenidas sin juicio.

Por ejemplo, Abdelkader Hachani, destacada figura del FIS que condujo el partido a las elecciones legislativas de diciembre de 1991 tras la detención de su presidente y su vicepresidente, lleva detenido sin juicio desde el 22 de enero de 1992. Cuando Amnistía Internacional solicitó al Ministerio de Justicia y al ONDH que aclararan esta prolongada detención sin juicio, ambos organismos respondieron que no podían hacer comentarios por tratarse de un caso político.

Ali Zouita, abogado que formó parte del equipo de defensores de los líderes del FIS en su juicio de 1992, continúa detenido sin juicio desde febrero de 1993. Fue acusado de estar implicado en el caso del atentado con explosivos del aeropuerto de Argel y de pertenecer a un grupo armado en otro caso. En ambos se retiraron los cargos, pero sigue detenido sin juicio.

En la misma situación está, entre otros, Nadir Hammoudi (cuyo caso se menciona en la página 32), que fue detenido el 9 de octubre de 1992 y sigue encarcelado sin juicio. Algunos de los detenidos que murieron en la matanza de la prisión de Serkadji llevaban detenidos más de dieciséis meses sin juicio.

A finales de noviembre de 1995, más de 640 personas fueron liberadas de un campo del desierto en Ain M'Guel, al sur de Argelia, tras permanecer en detención administrativa sin cargos ni juicio desde comienzos de 1992.

Aunque Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la liberación de estas personas, a la organización le sigue preocupando la detención preventiva prolongada de otros presos políticos, y solicita que se les juzgue de forma inmediata y justa, según las normas internacionales de derechos humanos, o que se les deje en libertad.

CONCLUSIÓN

Durante los últimos cuatro años, las autoridades argelinas han afirmado en repetidas ocasiones que la situación de seguridad está mejorando. Sin embargo, continúan los homicidios y los abusos, y la población civil cada vez está más implicada en el enfrentamiento.

Amnistía Internacional es consciente de la violencia generalizada de los grupos armados de oposición y condena sin reservas el homicidio de civiles y otros abusos comprendidos en su mandato que han sido perpetrados por estos grupos, así como también reconoce el derecho y la obligación de las autoridades argelinas de poner a disposición judicial a los responsables de estos delitos y actos de violencia y tomar medidas para evitar los homicidios y las agresiones de civiles, miembros de las fuerzas de seguridad y bienes públicos. Sin embargo, el nivel de violencia de los individuos o grupos armados, sea cual sea, no justifica jamás el que las fuerzas de seguridad recurran a prácticas como las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones» y la tortura. El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma claramente que ciertos derechos básicos protegidos por el Pacto, como el derecho a la vida (artículo 6) y el derecho a no ser torturado (artículo 7), no pueden ser derogados, ni siquiera en situaciones de emergencia que amenacen la vida de la nación. Al ratificar las normas internacionales de derechos humanos, Argelia ha asumido voluntariamente la obligación de respetar en todo momento los derechos humanos.

Las fuerzas de seguridad cometen graves violaciones de derechos humanos en nombre de «la lucha contra el terrorismo». Estas violaciones no son investigadas, y se permite que sus responsables queden impunes. Aunque los homicidios de civiles, los secuestros, las violaciones y otros abusos perpetrados por los grupos armados de oposición deben ser condenados en los términos más enérgicos, no pueden continuar utilizándose como excusa para que las fuerzas de seguridad violen los derechos humanos. La necesidad de mantener la seguridad y el hecho de que sus propias vidas estén a menudo en peligro no los exime de su obligación de respetar y hacer respetar los derechos humanos.

La oposición de Amnistía Internacional a las violaciones de derechos humanos perpetradas por los gobiernos en todo el mundo se basa en las normas internacionales de derechos humanos sobre la protección de los derechos de los individuos en relación con la autoridad de los gobiernos. Son los Estados los que han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos y adoptado otros instrumentos de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, y son ellos los que tienen la obligación de aplicarlos. Por consiguiente, aunque se opone a los abusos cometidos por grupos armados de oposición y hace campaña para que terminen, la organización continuará centrándose fundamentalmente en las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos y en la responsabilidad de quienes tienen facultades ejecutivas para cumplir sus obligaciones internacionales, especialmente la solemne obligación, contraída en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, de salvaguardar los derechos humanos e impedir su violación. La responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos y de poner en manos de los tribunales a los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es de las autoridades argelinas.

RECOMENDACIONES

El Gobierno argelino, como único responsable de hacer cumplir las leyes, debe actuar de acuerdo con las obligaciones internacionales que ha asumido al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. Con este fin, tomará sin más demora medidas concretas y eficaces para garantizar que se realizan investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, por las milicias apoyadas por el Gobierno y por los grupos armados de oposición. Los resultados de estas investigaciones deberán hacerse públicos y los responsables de las violaciones y los abusos comparecer ante la justicia.

Las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional al Gobierno de Argelia en años anteriores sobre medidas para garantizar un control judicial eficaz sobre los procedimientos de arresto y detención, para poner fin a la detención secreta y para detener e impedir las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras violaciones, aún tienen vigencia hoy Además de las recomendaciones incluidas en los informes públicos de años anteriores, Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones detalladas al Gobierno argelino en el memorándum de agosto de 1995 y en otros documentos confidenciales de correspondencia..

Además de renovar su llamamiento al Gobierno de Argelia para que ponga en práctica las recomendaciones efectuadas en el pasado, Amnistía Internacional le insta ahora a que:

- Afirme públicamente y en términos claros e inequívocos que las ejecuciones extrajudiciales, las «desapariciones», la tortura y la detención arbitraria y secreta son delitos legalmente punibles y no serán tolerados. Cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que cometa alguno de estos delitos debe ser puesto a disposición judicial.

- Cree una comisión de investigación independiente e imparcial En alguna ocasión anterior se han facilitado al Gobierno argelino amplias directrices para la creación de esa comisión de investigación.para investigar las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la «desaparición», la detención arbitraria y secreta y otras violaciones perpetradas desde 1992. Los métodos, hallazgos y conclusiones de cualquier investigación deben darse a conocer públicamente, y todos los responsables de violaciones deben pasar a disposición judicial.

- Tome medidas inmediatas para que los procedimientos de arresto y detención queden bajo el control del poder judicial, garantizando así que no se retiene a nadie en secreto. Todas las personas que actualmente están detenidas en secreto deben quedar en libertad, salvo que se las acuse de algún delito tipificado en el código penal, y ser juzgadas de acuerdo con las normas internacionales reconocidas de derechos humanos, en cuyo caso deben ser trasladadas a un lugar de detención conocido y tener acceso a sus familiares, a sus abogados y al tratamiento médico que necesiten.

- Haga ver claramente a todas las fuerzas de seguridad que las confesiones obtenidas bajo tortura no son válidas y no se aceptarán como prueba en los tribunales, y dé instrucciones a los jueces y magistrados para que no acepten este tipo de confesiones como pruebas en ninguna circunstancia.

- Disuelva todas las milicias civiles y se asegure de que las operaciones de seguridad sólo las lleva a cabo personal encargado de hacer cumplir la ley que ha recibido la formación necesaria y opera en un marco que garantiza la rendición de cuentas.

- Revise el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, recientemente modificados, con vistas a adecuar la legislación argelina a los tratados internacionales de derechos humanos de los que Argelia es Estado parte Con las modificaciones al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de febrero de 1995 se ha incluido en ellos la mayoría de las disposiciones del decreto «antiterrorista» de septiembre de 1992, es decir, se ha integrado un decreto de emergencia en la legislación permanente. .

Amnistía Internacional también vuelve a reiterar su petición a todos los grupos armados de oposición y a todos los grupos que afirman actuar por razones políticas de que:

- Pongan fin inmediatamente a los homicidios deliberados y al secuestro de civiles y no combatientes.

- Dejen inmediatamente de secuestrar mujeres y someterlas a violaciones y otros actos de tortura.

- Dejen de amenazar de muerte a los civiles.