AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 30/012/2008

14 de noviembre de 2008

Túnez: Acoso contra ex presos políticos

La huelga de hambre que desde el 2 de octubre mantiene el ex preso político Abdellatif Bouhajila para protestar contra la negativa de las autoridades a permitirle el acceso a atención médica y a expedirle un pasaporte es un crudo recordatorio del acoso al que se enfrentan los ex presos políticos en Túnez, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 14 de noviembre. La organización insta a las autoridades tunecinas a otorgar a Bouhajila sus derechos y a poner fin al acoso y la estigmatización que sufren los presos políticos tras ser puestos en libertad.

Desde su puesta en libertad condicional en noviembre de 2007 tras un indulto presidencial, Abdellatif Bouhajila no ha podido acceder a su historial médico en el hospital donde lo trataron durante su encarcelamiento, y sus citas en el hospital se han ido aplazando sistemáticamente, en un aparente intento de impedirle recibir la atención médica que necesita. Como protesta, Abdellatif Bouhajila inició el 2 de octubre una huelga de hambre. El 12 de noviembre recibió la visita de dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública de Túnez, que le preguntaron por su estado de salud y le prometieron prestarle asistencia médica. En el momento de redactar estas líneas, Abdellatif Bouhajila continuaba en huelga de hambre en su casa.

Abdellatif Bouhajila fue sometido a una operación de riñón mientras estaba encarcelado, en 2002, y sigue padeciendo problemas tanto renales como cardiacos; al parecer, su salud se ha deteriorado a causa de los malos tratos sufridos en prisión y de sus múltiples huelgas de hambre. En el año 2000 fue acusado de pertenencia a una organización terrorista y condenado a 17 años de prisión, reducidos a 11 años en apelación en 2002.

La alarmante situación de Abdellatif Bouhajila es emblemática de las dificultades a las que se enfrentan los ex presos políticos en Túnez. Muchos de ellos, tras quedar en libertad, siguen cumpliendo una condena adicional de “control administrativo” que los obliga a presentarse en comisarías de policía específicas varias veces por semana; además, son sometidos a una estricta vigilancia policial, tienen dificultades para conseguir un empleo y atención médica, y sufren restricciones a la hora de circular y viajar. Las autoridades se niegan a expedirles pasaportes, tanto a ellos como, en algunos casos, a sus familiares directos, lo cual viola la Constitución de Túnez y las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Túnez es parte.

A algunos presos políticos, tras dejarlos en libertad, les ordenan que establezcan su residencia en una zona apartada, lejos de sus familias. Por ejemplo, a Abdallah Zouari, ex preso político y miembro de la organización islamista prohibida Ennahda (Renacimiento), las autoridades le han restringido la libertad de circulación dentro de Túnez desde su puesta en libertad en junio de 2002. No le permiten desplazarse sin permiso a más de 30 km de Hassi Jerbi, un pueblo cerca de Zarzis, en el sur del país, a unos 500 km de su hogar en la ciudad de Túnez, y sus peticiones de que le den permiso para visitar a su esposa e hijos en Túnez capital han quedado sistemáticamente sin respuesta.

Los ex presos políticos que han conseguido recibir atención médica han sido objeto de intimidación policial dentro de los hospitales. El 13 de noviembre de 2008, un policía entró en la habitación del ex preso político Abdelhamid Jallasi una hora después de que le hubieran operado, y se negó a marcharse –pese a las instrucciones del personal médico–, diciendo que cumplía órdenes.

El 5 de noviembre, el presidente Ben Ali ordenó la libertad incondicional de 44 presos políticos, entre los que había 21 miembros Ennahda que llevaban mucho tiempo encarcelados. Aunque Amnistía Internacional recibe estas recientes liberaciones con satisfacción, teme que el patrón de acoso contra los presos políticos se mantenga aunque éstos ya estén en libertad, y por lo tanto insta a las autoridades tunecinas a poner fin a esta práctica.

Los 44 presos fueron liberados para conmemorar el 21 aniversario de la llegada del presidente Ben Ali al poder. La mayoría de los 21 presos que habían estado más tiempo en prisión llevaban recluidos más de 15 años por su pertenencia a Ennahda tras haber sido juzgados sin las debidas garantías ante los tribunales militares de Bouchoucha y Bab Saadoun en 1992. Eran los últimos detenidos de Ennadha que continuaban en prisión. Según los informes, algunos se encuentran en mal estado de salud y necesitan urgentemente tratamiento médico a causa de los malos tratos sufridos en prisión y de las malas condiciones de reclusión, incluido el régimen de aislamiento prolongado, que han soportado durante años. Entre estos presos se encuentran Mondher Bejaoui, Wahid Serairi y Ridha Boukadi. El 11 de noviembre, la administración de la prisión de Mornaguia se negó a entregar a Ridha Boukadi su historial médico cuando fue a recogerlo para recibir tratamiento adicional. Ridha Boukadi sufre graves problemas de riñón.

Los otros 23 presos políticos habían sido liberados tras su detención inicial y luego habían sido encarcelados en relación con las protestas organizadas en la región minera de la gobernación de Gafsa en 2008. Fueron condenados por cargos como formar un grupo con el objetivo de dañar bienes públicos y privados, y agresión a funcionarios públicos. Entre ellos se encontraba la maestra y activista de derechos humanos Zakia Dhifaoui, condenada en julio de 2008 a cuatro meses y medio de prisión por su participación en una manifestación pacífica. La manifestación se había organizado para pedir la liberación de las personas detenidas en relación con las protestas organizadas anteriormente en la región, desde enero de 2008. Pese a que Zakia Dhifaoui ha sido puesta en libertad, no se tiene constancia de que se haya ordenado una investigación sobre sus denuncias de tortura y abuso sexual.

Centenares de detenidos continúan recluidos en relación con presuntos delitos de terrorismo, y cumplen condenas impuestas tras juicios injustos. La organización insta a las autoridades tunecinas a derogar o reformar todas las leyes que permiten que se impongan penas de prisión por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación.

Documento público

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