[NO PUBLICAR ANTES DEL 9 de junio de 1997]

Amnistía Internacional

TÚNEZ

Se amplía el círculo de la represión

Junio de 1997 RESUMEN ÍNDICE AI: MDE 30/25/97/s

DISTR: SC/CO/GR (19/97)

En Túnez continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos a gran escala, lo que contrasta fuertemente con el compromiso proclamado por el gobierno de respetar tales humanos.

Se recurre frecuentemente a la detención, encarcelamiento, tortura y malos tratos, hostigamiento e intimidación para silenciar, intimidar y castigar a los opositores y críticos procedentes de todas las tendencias políticas, a los sindicalistas y a otras personas que tratan de ejercer de forma pacífica su derecho fundamental a la libertad de expresión y asociación.

A menudo, a las esposas y familiares de los opositores encarcelados o exiliados se les detiene, tortura ‒por ejemplo, sometiéndoles a agresiones sexuales‒, se les impide trabajar, se les intimida, hostiga y presiona para que rompan todos los contactos con sus esposos e incluso se divorcien. El resultado es que un número creciente de familias se han roto.

A la luz de estas prácticas, el discurso de las autoridades tunecinas sobre los derechos humanos en general y sobre los derechos de la mujer en particular suena cada vez más falso.

Los abogados y defensores de derechos humanos sufren cada vez más ataques. Algunos han sido detenidos y encarcelados y siguieron sufriendo hostigamiento tras ser puestos en libertad, y otros sufren constantes intimidaciones. Las autoridades han promulgado nuevas medidas que recortan aún más la libertad de expresión y asociación y reducen aún más la posibilidad de plantear asuntos relacionados con los derechos humanos.

Las autoridades del país no sólo han hecho caso omiso de las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por las organizaciones tunecinas e internacionales de derechos humanos, sino que a menudo han dado lugar a nuevos hostigamientos e intimidaciones tanto de las víctimas como de los que asumieron su defensa. Así, a las víctimas se les ha negado cualquier derecho de reparación y los responsables de las violaciones continúan disfrutando de impunidad.

Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que vulnera la legislación tunecina y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Túnez es Estado Parte.

En los últimos años Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han continuado planteando sus preocupaciones por la situación de derechos humanos en el país al gobierno tunecino, pero hasta la fecha no se han tomado medidas concretas para dar solución a esas preocupaciones.

La escala y persistencia de las violaciones y el hecho de que las autoridades tunecinas no tomen medidas para investigar y poner fin a las violaciones indican que éstas se toleran e incluso son instigadas desde las más altas instancias del gobierno tunecino.

La organización renueva su llamamiento a las autoridades tunecinas para que tomen, sin más dilación, las medidas necesarias para poner fin a las frecuentes violaciones, garantizar que las denuncias se investigarán de manera exhaustiva y con independencia y poner a disposición judicial a los responsables de las violaciones.

PALABRAS CLAVE: TORTURA/MALOS TRATOS1 / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN1 / REENCARCELAMIENTO1 / VIGILANCIA1 / RESTRICCIONES DE MOVIMIENTO1 / AGRESIÓN SEXUAL1 / DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS1 / SINDICALISTAS1 / ACTIVISTAS POLÍTICOS1 / FAMILIAS1 / MUJERES1 / PRESOS DE CONCIENCIA / DETENCIÓN ARBITRARIA / PROSCRIPCIÓN / CARGOS PENALES POR MOTIVOS POLÍTICOS / DETENCIÓN SIN JUICIO / ARRESTO DOMICILIARIO/EN UNA LOCALIDAD / ABOGADOS / POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN / PERSONALIDADES ACADÉMICAS / BIBLIOTECARIOS / ENFERMEROS / FUNCIONARIOS PÚBLICOS / POLICÍA / AI Y LOS GOBIERNOS / DECLARACIONES DE LOS PRESOS / FOTOGRAFÍAS /

Este informe resume el documento titulado: TÚNEZ: Se amplía el círculo de la represión (Índice AI: MDE 30/25/97/s) publicado por Amnistía Internacional en junio de 1997. Quienes deseen más información o emprender alguna acción al respecto, deberán consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[NO PUBLICAR ANTES DEL 9 de junio de 1997]

Amnistía Internacional

TÚNEZ

Se amplía el círculo de la represión

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 1

ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2

Aumento de las restricciones de las libertades públicas 4

DETENCIÓN, TORTURA Y MALOS TRATOS DE PRESOS DE CONCIENCIA 6

Detenciones de sindicalistas 8

LA FAMILIA COMO ÁMBITO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA 8

Encarcelamiento como presos de conciencia de las esposas y familiares de opositores encarcelados o exiliados 9

Violaciones contra la integridad física y mental 10

Familias rotas 12

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 15

APÉNDICE: RECOMENDACIONES 16

TÚNEZ

SE AMPLÍA EL CÍRCULO DE LA REPRESIÓN

INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

El arresto, la tortura y la reclusión de los activistas políticos de la oposición y de los críticos del gobierno son prácticas que se han instalado y extendido en Túnez. Pese a la puesta en libertad de algunos conocidos presos de conciencia, la situación de derechos humanos sigue siendo sombría. A medida que se amplía el círculo de la represión, la detención y encarcelamiento de presos de conciencia sigue practicándose de forma generalizada para silenciar e intimidar a activistas de derechos humanos, sindicalistas y opositores y críticos al gobierno procedentes de todas las tendencias políticas, y continúa infligiéndose impunemente la tortura.

Los defensores de derechos humanos son objeto de ataques crecientes y se han tomado nuevas medidas para efectuar más recortes a la libertad de expresión y de asociación, restringir las actividades de las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y reducir las ya limitadas posibilidades de debatir y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. El resultado ha sido que se ha silenciado a una organización no gubernamental (ong) tras otra. consecuencia de esta situación, las organizaciones no gubernamentales (ONG), una tras otra, han sido forzadas al silencio.

Además de los que han sido detenidos, torturados y maltratados por sus opiniones o por ejercer sus derechos humanos o realizar actividades sindicales o políticas pacíficas, un número creciente de personas, a menudo mujeres e incluso niños, están sufriendo violaciones de derechos humanos como «castigo» por las actividades u opiniones políticas de sus familiares.

Se ha actuado especialmente contra las esposas de los presos y de los adversarios exiliados, a las que se ha restringido la libertad de conciencia y asociación y violado su integridad física y mental, así como su derecho al matrimonio y a formar una familia. A menudo las detienen, interrogan, torturan y maltratan ‒por ejemplo, sometiéndoles a agresiones sexuales‒ les restringen sus movimientos, les impiden trabajar, las hostigan y presionan para que pongan fin al contacto con sus esposos e incluso para que se divorcien; cualquiera que les preste ayuda económica, por pequeña que sea, es procesado y encarcelado. El resultado es que familias enteras tienen dificultades crecientes para sobrevivir.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos que se han atrevido a presentar denuncias formales no sólo han visto como se hacía caso omiso de tales denuncias, sino que a menudo han sufrido nuevas violaciones e intimidaciones.

Tales prácticas violan los solemnes compromisos asumidos voluntariamente por Túnez al ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, (Convención contra la Tortura) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana).

En los últimos años, Amnistía Internacional ha publicado varios informes en los que se documentan violaciones de derechos humanos graves y generalizadas en Túnez¹.

Las características de las violaciones descritas en el informe Tunisia: Repression thrives on impunity, publicado en noviembre de 1995, y en informes anteriores, siguen inalteradas. Los derechos humanos continúan violándose diariamente, hecho que desmiente las declaraciones oficiales según las cuales en Túnez se respetan y promueven los derechos humanos.

Este informe se centra en la difícil situación de los más vulnerables, las esposas, niños y familiares de los opositores presos y exiliados, y documenta nuevos casos de encarcelamientos y de ataques contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros presos de conciencia. También destaca nuevas restricciones que recortan aún más las actividades de los defensores de derechos humanos y de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos en Túnez.

ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A finales de 1995 y principios de 1996 fueron puestos en libertad varios presos de conciencia a favor de los cuales Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos habían emprendido acciones. Sin embargo, para la mayoría su liberación fue condicional y continúan sometidos a constante vigilancia policial, algunos fueron nuevamente detenidos, interrogados e intimidados y a la mayoría les fue retirado el pasaporte.

El abogado de derechos humanos Najib Hosni, que había sido detenido en junio de 1994, fue sentenciado a ocho años de cárcel en enero de 1996 por la acusación inventada de haber falsificado un contrato inmobiliario. También se le acusó, en otra causa, de tener vínculos con un «grupo terrorista», pero en noviembre de 1996 le absolvieron de este nuevo cargo. Durante su encarcelamiento recibió varios galardones y premios en reconocimiento a su valor en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, y finalmente quedó en libertad en diciembre de 1996, como consecuencia de la gran presión internacional ejercida. Sin embargo, su liberación fue condicional, continúa en vigor la prohibición de reanudar su trabajo de abogado y aún se le tiene retirado el pasaporte. Inmediatamente después de su liberación, volvieron a detenerlo e interrogarlo en relación con una entrevista que había concedido a medios de comunicación extranjeros, le desconectaron el teléfono, que desde entonces continúa sin línea, y hasta la fecha permanece sometido a estricta y constante vigilancia, sin posibilidad de recibir correo ni llamadas telefónicas. No se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre las torturas de las que fue objeto durante su interrogatorio en el Ministerio de Interior a finales de 1995. Najib Hosni ya había sido sometido a hostigamientos y vigilancia un poco después de ser encarcelado.

Khemais Chammari, parlamentario por el partido de oposición Movimiento de Demócratas Socialistas, mds, y ex secretario general de la Liga Tunecina de Derechos Humanos (ltdh), que había sido detenido en abril de 1996 y sentenciado a cinco años de cárcel, fue puesto también en libertad condicional en abril de 1996. Entre las condiciones de su liberación estaba la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad política, y tras su liberación fue sometido a una constante vigilancia policial y se le retiró el pasaporte². Su esposa, abogada y activista de los derechos de la mujer, fue objeto de vigilancia policial y hostigamiento constantes durante el encarcelamiento de Chammari y tras su liberación, y también a ella le retiraron el pasaporte durante un tiempo.

En virtud del propio Estatuto de la organización, los ciudadanos tunecinos que son miembros o forman parte del personal de Amnistía Internacional no participan en el trabajo sobre la situación de derechos humanos de su propio país; sin embargo, también a ellos les hostigan e intimidan continuamente.

Kamal Sammari, miembro tunecino del personal del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, fue detenido en agosto de 1996 a su llegada a Túnez, donde tenía previsto pasar las vacaciones de verano con su familia. Estuvo bajo detención secreta durante una semana en el edificio de la Seguridad Nacional perteneciente al Ministerio de Interior, donde se le interrogó acerca de su trabajo en la organización; después fue puesto en libertad sin cargos y sin que se le diera ninguna explicación. Durante su detención, su esposa e hijos no pudieron obtener ninguna información sobre su lugar de detención ni sobre los motivos de ésta, y fueron objeto de constante vigilancia.

Hechmi Jegham, presidente de la Sección Tunecina de Amnistía Internacional y conocido abogado, fue arrestado dos veces en marzo de 1997 y estuvo detenido varias horas. Se le interrogó sobre una conferencia internacional de abogados a la que había sido invitado y que iba a celebrarse en Túnez, pero que posteriormente fue prohibida.

El hostigamiento y la intimidación a los miembros de la Sección Tunecina de Amnistía Internacional han sido frecuentes. A algunos de ellos la policía les ha pedido copias de la correspondencia de la Sección y a otros los ha presionado para que abandonen la organización. La policía ha prohibido o interrumpido frecuentemente sus reuniones y otras actividades. Su correo sigue estando interceptado y su línea telefónica y de fax ha sido desconectada en varias ocasiones. La oficina de la Sección ha sido objeto de allanamiento y a un individuo al que se le sorprendió robando correspondencia del buzón no le procesaron.

En octubre de 1996, Salah Zeghidi, vicepresidente de la ltdh, fue arrestado y permaneció retenido toda la noche a su regreso a Túnez desde Francia, donde había participado junto con otras organizaciones de derechos humanos en una reunión pública sobre la situación de derechos humanos en Túnez. Se le interrogó acerca de una declaración sobre la situación en Túnez que había realizado durante la reunión pública en París y sobre sus contactos y relaciones con representantes de otras ong presentes en ella. Fue puesto en libertad sin cargos.

Otros defensores de derechos humanos han seguido sometidos a vigilancia y hostigamiento y han sufrido restricciones en su libertad de movimiento. El ex presidente de la ltdh, doctor Moncef Marzouki, que en 1994 estuvo detenido cuatro meses, sigue sin poder salir del país. En octubre de 1996 se le impidió participar en una conferencia de Amnistía Internacional sobre la tortura celebrada en Estocolmo. A la conferencia asistieron expertos y activistas de derechos humanos de más de 50 países, y el doctor Marzouki fue el único que no pudo hacerlo debido a las restricciones que le impuso su propio gobierno.

La abogada de derechos humanos Radhia Nasraoui tiene un largo historial de hostigamiento e intimidación. A finales de abril de 1993 su oficina fue asaltada por la noche; forzaron la puerta, robaron el ordenador y los teléfonos y desparramaron por el suelo los archivos de sus propios clientes y los de sus colegas. Este incidente se produjo tras un periodo en el que se había reanudado el hostigamiento: varias víctimas de violaciones de derechos humanos para quienes trabajaba habían sido interrogadas por la policía acerca de cómo se habían puesto en contacto con ella y dónde habían conseguido el dinero para pagar sus honorarios. Su oficina había sido asaltada previamente y los asaltantes robaron su aparato de fax y la fotografía de su esposo, encarcelado como preso de conciencia. En los últimos años, durante el periodo de tiempo en que su esposo estuvo oculto y más tarde permaneció encarcelado, las fuerzas de seguridad a menudo se personaban en su domicilio, incluso por la noche, y en su ausencia la policía interrogaba a su hija pequeña y a otros miembros de la familia a los que también hostigaba³.

A pesar de los crecientes ataques contra los defensores de derechos humanos, sigue habiendo un núcleo de activismo y los hombres y mujeres que lo integran continúan defendiendo con valentía sus derechos y los de las demás víctimas a pesar de la represión.

Aumento de las restricciones de las libertades públicas

Se han adoptado nuevas medidas encaminadas a imponer más controles y restricciones de las libertades públicas y las actividades de derechos humanos. A menudo, a la ltdh y a otras ong se les ha prohibido llevar a cabo sus actividades, incluidas las que nada tienen que ver con la situación de derechos humanos en el país, como la promoción de los derechos humanos o la celebración del Día Internacional de la Mujer. En noviembre de 1996 se prohibió la celebración de un seminario sobre la detención en régimen de incomunicación organizado por la ltdh, y también se impidió que tuviera lugar una reunión organizada en enero de 1997 por el Collectif 95 Maghreb Egalité, un grupo magrebí de derechos de la mujer, con el fin de examinar medios para mejorar los derechos de la mujer tras la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer. También se impidió la celebración de otras conferencias y reuniones, bien porque fueron prohibidas directamente, o debido a la presión ejercida por el gobierno sobre los hoteles en los que estaba previsto que tuvieran lugar los actos. A consecuencia de tales presiones gubernamentales, se ha ido silenciando una a una a todas las ong, y los medios de comunicación se abstienen de publicar o comentar cualquier información publicada por organizaciones tunecinas o internacionales relativa a la situación de derechos humanos que se vive en el país.

Entre otras restricciones impuestas a las actividades de derechos humanos está la prohibición que pesa sobre un investigador de Amnistía Internacional de entrar en el país desde 1994, y sobre los investigadores de otras organizaciones, entre ellas Periodistas Sin Fronteras. En mayo de 1996, el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, fidh, fue expulsado a su llegada a Túnez. El secretario general de Amnistía Internacional fue objeto de constante vigilancia durante su visita a Túnez en junio de 1996, y se le denegó el permiso para visitar a algunos presos de conciencia. Representantes de otras organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, estuvieron sometidos a constante vigilancia durante sus visitas al país en 1996 y en años anteriores⁴.

A algunos periodistas extranjeros también les han seguido o impedido reunirse con las víctimas de violaciones de derechos humanos. A principios de 1997, a varios periodistas se les impidió visitar al ex preso de conciencia Mohamed Mouadda, líder del Movimiento de Demócratas Socialistas (mds) y puesto en libertad condicional en diciembre de 1996. En febrero de 1997, a un periodista de la BBC se le impidió visitar al ex preso de conciencia Moncef Ben Salem, profesor de matemáticas excarcelado en 1993, al que se sigue sometiendo a estricta vigilancia e impide trabajar. Su esposa e hijos también son objeto de constante vigilancia policial.

Esta vigilancia tiene como objetivo evidente disuadir a quienes desean reunirse con activistas de derechos humanos y con las víctimas de violaciones de tales derechos, y lanzar una señal clara a las propias víctimas, que son conscientes de que estos contactos probablemente den lugar a nuevos hostigamientos e intimidaciones.

En enero de 1997, el Ministerio de Enseñanza Superior publicó una circular en la que se exigía que los organizadores de cualquier reunión o conferencia en Túnez debían presentar previamente al Ministerio de Interior una lista de los participantes, una copia del orden del día e información sobre la fecha, hora y lugar de la reunión. Además, los organizadores debían presentar con antelación el texto de los discursos o conferencias para su registro legal (dépôt légal).

Una circular publicada por el Ministerio de Turismo en marzo de 1997 exige a los directores de hoteles que informen a la policía de cualquier reunión, seminario, conferencia, boda u otros actos que se celebren en sus hoteles; les ordena que comuniquen a la policía datos como el nombre del organizador y el número y la nacionalidad de los participantes de la reunión, y especifica que la autorización policial es necesaria en todos los casos. La cancelación a última hora de salones de hotel previamente alquilados so pretexto de reparaciones inesperadas o indisponibilidad, se ha empleado a menudo como medio para prohibir conferencias o reuniones sobre derechos humanos. Esta nueva circular formaliza la anterior norma no escrita, aunque bien conocida, según la cual es necesaria la autorización policial para celebrar cualquier reunión, sea cual sea su propósito.

Estas medidas recientes forman parte de una política deliberada encaminada a restringir progresivamente la libertad de asociación y de expresión, y a reducir la posibilidad de plantear cuestiones relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

DETENCIÓN, TORTURA Y MALOS TRATOS DE PRESOS DE CONCIENCIA

La detención, encarcelamiento, tortura y malos tratos de los presos de conciencia acusados de actividades de oposición política continúa siendo frecuente. Desde la publicación de su último informe en noviembre de 1995, Amnistía Internacional ha recibido información acerca de cientos de personas que han sido detenidas o encarceladas como presos de conciencia.

A la mayoría de los detenidos se les acusa de apoyar al grupo islamista no autorizado al Nahda (Renacimiento), al que muchos de ellos apoyaron o con el que simpatizaron a finales de los ochenta y principios de los noventa⁵. Si en el pasado a estas personas se las acusaba de «pertenecer a una asociación no autorizada», ahora se les suele acusar de apoyar a una organización «terrorista», en aplicación del nuevo artículo 52 bis del Código Penal, de noviembre de 1993⁶, que tiene la calificación de delito y conlleva una sentencia más grave. De esta manera, hombres y mujeres que no han hecho uso de la violencia ni la han propugnado están siendo juzgados y encarcelados actualmente por haber apoyado presuntamente a al Nahda o haber acudido a sus reuniones a finales de los ochenta o principios de los noventa.

Ahlam Garat Ali, madre de cuatro niños, y Salwa Dimassi fueron detenidas en mayo de 1996 junto con un grupo de hombres y mujeres. Según los informes, en los primeros días de su detención en régimen de incomunicación los golpearon y maltrataron. La policía los interrogó principalmente sobre sus reuniones con otros partidarios de al Nahda a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero se les ha acusado de pertenecer a una banda «terrorista». Permanecen en prisión sin que hasta la fecha hayan sido juzgados. Su esposo, que estuvo preso anteriormente, debe presentarse ante las autoridades todas las semanas.

Abdewahab Memmiche, ciudadano británico y tunecino que ha vivido muchos años en el extranjero pero que ha seguido visitando a su familia regularmente, fue arrestado cuando llegó a Túnez en enero de 1997. Estuvo retenido durante un día en el Ministerio de Interior, donde lo golpearon e interrogaron sobre sus posibles contactos con opositores tunecinos exiliados en Londres.

Varios simpatizantes de grupos de izquierda han sido también detenidos o encarcelados como presos de conciencia en los últimos meses. Entre ellos se encuentra Moncef Zidi, bibliotecario de 38 años procedente de Nabal y simpatizante del ilegal Partido Comunista de los Obreros Tunecinos, pcot, arrestado a finales de diciembre de 1996. Estuvo bajo detención secreta en la comisaría de policía de Nabal nueve días, durante los cuales lo golpearon y maltrataron. Posteriormente le dejaron en libertad bajo fianza. Una semana antes de su detención, varios agentes de policía habían irrumpido y registrado el domicilio de su hermano y le habían amenazado con detenerlo si no encontraban a Moncef Zidi.

Abdel Moumen Belanes, Ali Jallouli y Bachir Abid están también acusados de apoyar a la organización ilegal Unión de Jóvenes Comunistas y al pcot. Los detuvieron por vez primera en noviembre de 1995 y los tuvieron bajo detención secreta. Los torturaron colgándolos en posiciones dolorosas, metiéndoles la cabeza en un cubo lleno de agua y productos químicos mientras les suspendían de una polea, aplicándoles descargas eléctricas, propinándoles golpes, especialmente en la cabeza y los genitales, y sometiéndoles a privación del sueño hasta siete días. Fueron puestos en libertad bajo fianza cuando ya habían transcurrido más de tres meses desde su detención, pero los volvieron a detener en varias ocasiones. A Abdel Moumen Belanes lo detuvieron de nuevo en marzo de 1997 y lo condenaron a un año de cárcel por haber insultado a personas de autoridad; se le acusó de haber dicho, durante un periodo de encarcelamiento anterior, que los diarios tunecinos estaban llenos de imágenes del presidente y de los ministros. Entre marzo y abril de 1997 estuvo en huelga de hambre 26 días para protestar por su detención, las malas condiciones de la misma y la falta de asistencia médica. Actualmente permanece recluido en la cárcel de Nadhor, donde a finales de abril a sus abogados se les denegó el permiso para visitarle.

Najoua Rezgui, una joven detenida por su presunto apoyo a un grupo ilegal de izquierda, excarcelada en marzo de 1997 tras cumplir una sentencia de dos años y cuatro meses por pertenencia a banda criminal, volvió a ser detenida en abril de 1997 y permaneció retenida durante una noche en la comisaría de policía de Krib, donde la golpearon y maltrataron.

El hecho de que a menudo a los detenidos se les torture y maltrate en el propio Ministerio de Interior, y de que las autoridades nunca investiguen las denuncias de tortura ni pongan en manos de la justicia a sus responsables indica que tales prácticas son toleradas, si no instigadas por las autoridades al más alto nivel. Que las autoridades se abstengan de llevar a cabo investigaciones adecuadas e imparciales sobre las denuncias de tortura supone un incumplimiento de la obligaciones de Túnez, de conformidad con la Convención contra la Tortura, que también exige a las autoridades tunecinas tomar «medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura...»

Detenciones de sindicalistas

Varios sindicalistas han sido detenidos desde principios de año en relación con la publicación de peticiones y llamamientos. Un primer llamamiento público fue dado a conocer por los dirigentes de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (ugtt), en enero de 1997 para protestar por las intromisiones del gobierno en la gestión de la ugtt; en marzo, la División de Educación Superior e Investigación Científica de la ugtt publicó un llamamiento dirigido al Ministerio de Educación Superior para protestar por la circular publicada por ese Ministerio en enero de 1997 (mencionada anteriormente); en abril de 1997 se publicó una petición firmada por 202 personas, entre ellas sindicalistas, activistas de derechos humanos, profesores universitarios, maestros, médicos, abogados, periodistas y otros profesionales, en la que se condenaban las crecientes restricciones impuestas por las autoridades a las libertades políticas y civiles, a la libertad de expresión y de información y a los derechos sindicales, y se pedía a las autoridades que tomaran medidas concretas para corregir la situación y acatar las normas internacionales; también en abril los sindicalistas publicaron otra petición en la que reiteraban preocupaciones similares.

Rachid Ennajar, Monji Souab, Jilani Hammami, Ahmed Berramila, Hedi Hedili, Abdelhamid Ettoumi, Ali Fitati, Kheirddine Bouslah y Abdelmajid Sahraoui fueron detenidos en abril de 1997. Los cuatro primeros estuvieron bajo detención secreta en el Ministerio de Interior y en otros lugares, en algunos casos hasta 14 días y los demás fueron puestos en libertad tras varias horas de interrogatorios. A todos ellos les preguntaron por su conocida o presunta participación en los llamamientos y peticiones arriba mencionados. Abdelmajid Sahraoui ya fue detenido en enero y febrero de 1997 en relación con el primer llamamiento. En ambas ocasiones preguntaron por algunas cartas de protesta que él y otros sindicalistas habían escrito al líder de la ugtt para quejarse de las intromisiones del gobierno en la gestión del sindicato, y por las peticiones ya mencionadas. Las autoridades no sólo se negaron a facilitar información a su familia sobre su paradero durante la detención, sino que también negaron que lo hubieran detenido en la respuesta que dirigieron a las organizaciones sindicales internacionales y a otras ong que habían expresado preocupación por su detención. A principios de mayo, Rachid Ennajar, Monji Souab, Jilani Hammami y Ahmed Berramila comparecieron ante un juez y les acusaron de posesión y distribución de folletos en los que se difundía información falsa susceptible de alterar el orden público y de injuriar a una institución pública.

LA FAMILIA COMO ÁMBITO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA

En los últimos años ha habido muchos casos de esposas y familiares de opositores encarcelados y exiliados detenidos, interrogados y sometidos a torturas y malos tratos y a distintas formas de hostigamiento. Tales prácticas están encaminadas a «castigarlos» por haber permanecido en contacto con sus esposos y familiares exiliados y a presionarles para que pongan fin a dichos contactos.

Los agentes de las fuerzas de seguridad han interrogado, golpeado y maltratado en numerosas ocasiones a los padres, hermanos, hermanas y otros familiares de los opositores islamistas presos y exiliados, tanto en sus domicilios como en el edificio de la Seguridad del Estado del Ministerio de Interior y en las comisarías de policía. Hombres y mujeres de avanzada edad han sido sometidos a ese trato tras haber visitado a sus hijos exiliados en el extranjero. Muchas familias han comunicado a Amnistía Internacional que durante los interrogatorios trataron en vano de explicar a las autoridades que no comparten ni apoyan las ideas políticas de sus familiares exiliados y que sus contactos con ellos se han producido exclusivamente en el contexto de las relaciones familiares. Otras familias han declarado que aun cuando les gustaría seguir en contacto con sus familiares exiliados, han tenido que romper toda comunicación con ellos para eludir la persecución de las autoridades.

En un informe publicado en junio de 1993, Amnistía Internacional describía casos de esposas de opositores encarcelados y exiliados objetos de persecución por unas creencias que les eran atribuidas en virtud de su relación y asociación con presuntos opositores al gobierno. Desde entonces, a medida que ha seguido creciendo el número de hombres encarcelados y exiliados, se ha actuado contra un número creciente de mujeres simplemente por sus vínculos maritales o familiares.

Encarcelamiento como presos de conciencia de las esposas y familiares de opositores encarcelados o exiliados

El modelo más extendido es el de las detenciones breves reiteradas con interrogatorios, a menudo acompañadas de palizas, torturas y malos tratos, entre ellos la agresión sexual. A las mujeres, además, a menudo se les obliga a comparecer ante la policía, la gendarmería y los puestos de la Guardia Nacional o el Ministerio de Interior periódicamente —cada semana, diariamente o incluso dos veces al día—. En estos interrogatorios les suelen preguntar acerca de los contactos con sus esposos exiliados y sobre sus medios de vida. La minuciosidad de las preguntas indica que están sometidas a una estricta vigilancia; con frecuencia se les pregunta cómo consiguen el dinero para comprar ropa nueva o las carteras escolares de sus hijos, o incluso para comprar comida para sus esposos encarcelados. Cualquier persona, incluso familiares, que les preste cualquier tipo de ayuda económica, por pequeña que sea, puede ser procesada junto a ellas por «recaudación de fondos no autorizada»⁷. De esta manera, la mera supervivencia se ha convertido en algo cada vez más difícil para muchas mujeres y niños. Esta situación, que contradice de lleno el discurso de las autoridades tunecinas en favor de los derechos de la mujer, ilustra hasta qué punto para el gobierno tunecino la familia y el matrimonio se han convertido en ámbitos en los que proseguir con política, sin tener en cuenta los derechos humanos básicos. El grado de control impuesto a la libertad de conciencia y de asociación hace que los derechos de la mujer se subordinen a la política del Estado y que no se considere a las mujeres personas dotadas de sus propios derechos.

Mahjouba Boukhris, enfermera de 35 años y madre de tres niños, cuyo esposo cumple una condena de 12 años de cárcel impuesta en 1992, fue sentenciada a siete años y tres meses de prisión en noviembre de 1996 acusada de recaudación no autorizada de fondos y de participar en una banda «terrorista». La única «prueba» presentada por la acusación fueron las declaraciones policiales que, según ella dijo más tarde al tribunal, la obligaron a firmar mediante coacción, en las que admitía haberse reunido con otros simpatizantes del grupo islámico al Nahda y haber participado en la recaudación de dinero para familias de presos unos años antes.

Latifa Drissi, de 28 años, madre de una niña de 12 y de un niño de ocho, fue sentenciada a dos años y dos meses de cárcel en julio de 1995 por apoyar una asociación no autorizada y por recaudación no autorizada de fondos. A Nabiha Tourjman, funcionaria de 24 años, se le impuso la misma sentencia en ese mismo juicio.

Las esposas de los opositores islamistas no son los únicos objetivos a los que apunta la represión estatal dirigida a presionar a sus familiares masculinos. Alia Cherif-Chammari, abogada y activista de los derechos de la mujer, fue objeto de vigilancia constante, hostigamiento e intimidación antes y después de la detención de su esposo, Khemais Chammari (anteriormente mencionado). Le retiraron el pasaporte y le impidieron abandonar el país, le desconectaron el teléfono y el fax, tanto los del domicilio como los de la oficina. Este tipo de hostigamiento continuó cuando su esposo quedó en libertad condicional a finales de 1996, y se prolongó hasta abril de 1997.

Los anteriores son sólo unos pocos ejemplos de una constante violación de los tratados internacionales de derechos humanos y de una aplicación deliberadamente torticera de la legislación tunecina a fin de encarcelar a presos de conciencia por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Violaciones contra la integridad física y mental

Aparte de otras formas de tortura y malos tratos, la policía ha presionado también a algunas mujeres para que se divorcien de sus esposos encarcelados o exiliados.

El caso de Samira Ben Salah sirve de ejemplo. Su terrible experiencia comenzó después de que su esposo, un partidario de al Nahda buscado por las autoridades, huyó del país en 1991. Ella fue objeto de frecuentes detenciones e interrogatorios y en octubre de 1992 la condenaron a seis meses de cárcel, durante los cuales sus cuatro hijas, con edades entre los ocho años y los 18 meses, quedaron al cuidado de unos familiares. Tras su salida de prisión en mayo de 1993, la detuvieron periódicamente y la torturaron y maltrataron durante los interrogatorios, que a menudo tuvieron lugar en el propio Ministerio de Interior; en varias ocasiones, la desnudaron, la agredieron sexualmente, la amenazaron con violarla y le ordenaron que se divorciara de su esposo. Tras más de dos años sufriendo este tipo de torturas y amenazas, accedió a presentar una demanda de divorcio con la esperanza de que de esta manera se libraría de nuevas persecuciones, pero poco antes de la vista para la petición de divorcio, en octubre de 1996, las fuerzas de seguridad le informaron de que tendría que casarse con un hombre de su elección. En ese momento, decidió ponerse en contacto con un abogado para presentar una denuncia formal y retirar su petición de divorcio. Al mismo tiempo, algunas organizaciones internacionales y conocidas personalidades intercedieron en su favor ante las autoridades tunecinas que prometieron resolver el problema. El tribunal anuló su petición de divorcio y para cuando el presidente Ben Ali visitó Alemania en noviembre de 1996, las autoridades le habían garantizado a Samara Ben Salah que le permitirían salir de Túnez con sus cuatro hijas y reunirse con su esposo exiliado en Alemania. Finalmente abandonó Túnez en diciembre de 1996.

Sin embargo, hasta la fecha el suyo es el único caso que ha tenido un final feliz; otras mujeres que han presentado denuncias por los malos tratos de los que han sido objeto y solicitado la devolución de sus pasaportes no sólo no han tenido éxito, sino que han sufrido nuevos hostigamientos. En los últimos meses, a varias mujeres les han interrogado sobre los contactos con sus abogados y les han preguntado de dónde han sacado el dinero para pagarles y para qué quieren el pasaporte.

Algunas mujeres, esposas de opositores políticos islamistas exiliados, han informado de que la policía les ha presionado para que se divorcien de sus esposos. Una mujer contó a Amnistía Internacional:

Traté de resistirme a esas presiones diciéndoles (a la policía) que ya no tengo ningún contacto con mi esposo y que no quiero tener nada que ver con él, pero que no me quiero divorciar de él para que no pueda volver a casarse, para castigarle por haberme causado tantos problemas. Pero si descubren que aún me comunico con él todo se acabará, me meterán en la cárcel.

Docenas de mujeres han informado a Amnistía Internacional de que las desnudaron, las amenazaron con violarlas y las agredieron sexualmente durante los interrogatorios en el Ministerio de Interior y en puestos de la Guardia Nacional de todo el país. Sus nombres y datos no se incluyen en este informe para no violar aún más su derecho a la intimidad.

Al menos dos mujeres han informado de que la policía les pidió someterse a exámenes ginecológicos y que les amenazó con procesarlas por adulterio si se descubría que estaban embarazadas. Una mujer, madre de cuatro niños, informó de que dos guardias nacionales la llevaron al ginecólogo y la obligaron a someterse a ese examen. Además de la humillación del examen médico obligado, esto provocó mucha angustia y sufrimiento psicológico en la mujer, que vive en una pequeña ciudad del sur de Túnez y a quien le preocupaba lo que la gente de su comunidad, que sabe que su esposo salió del país hace varios años, podría pensar al conocer que había sido sometida a una prueba de embarazo. Por el momento, la policía continúa citándola, no puede abandonar su ciudad natal sin la autorización policial, incluso para visitar a su familia en una ciudad cercana, y no puede salir del país.

Llevar el hijab (pañuelo islámico para la cabeza), o incluso un pañuelo corriente, es considerado por las autoridades una prueba de que sus portadoras pertenecen o apoyan a grupos políticos islámicos. Como consecuencia del hostigamiento e intimidación de las fuerzas de seguridad, especialmente desde 1992 y 1993, las mujeres dejaron de llevar el hijab y a menudo lo sustituyeron por un pañuelo corriente. Sin embargo, en los últimos años se ha ejercido una creciente presión sobre las mujeres para que dejen de usar esta prenda. A las mujeres que trabajan en el sector público se las amenazó con el despido si no dejaban de ponerse el pañuelo para la cabeza, aun cuando sólo lo llevaban fuera del lugar de trabajo, y a algunas las despidieron. A algunas mujeres a las que citaron para ser interrogadas o a las que arrestaron en la calle y las llevaron al Ministerio de Interior o a comisarías de policía les quitaron el pañuelo a la fuerza.

Los casos de graves violaciones de derechos humanos contra las mujeres como este son generalizados y Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos los han puesto de manifiesto repetidamente ante las autoridades tunecinas. El hecho de que tales prácticas continúen muestra a las claras que las autoridades tunecinas, que a menudo enfatizan su apoyo a los derechos de la mujer⁸, no dudan en violar estos mismo derechos con impunidad.

Familias rotas

Para muchas mujeres cuyos esposos están en el exilio, la vida en Túnez se hace cada vez más difícil: están sometidas a estricta vigilancia, son objeto de frecuentes detenciones e interrogatorios, no pueden trabajar, las amenazan con encarcelarlas si alguien las ayuda económicamente, o si se descubre que están en contacto con sus esposos, no les conceden el pasaporte y no les permiten abandonar el país. Sus detenciones y largos periodos de encarcelamiento y las repetidas redadas policiales han dejado a sus hijos traumatizados.

Las mujeres se ven enfrentadas a un terrible dilema: aceptar que no volverán a ver a su esposo y que sus hijos crecerán privados de la compañía del padre, o tratar de escapar ilegalmente, lo que conlleva el riesgo de un largo encarcelamiento si las descubren. En ambos casos, la unidad familiar queda destruida debido a la política del Estado.

A muchas de ellas les gustaría abandonar Túnez, tanto para eludir la represión como para reunirse con sus esposos en el exilio, pero no pueden conseguir un pasaporte para ellas y para sus hijos. Aicha Dhaouadi y Tourkia Hamadi son sólo dos ejemplos⁹. Después de que sus esposos, ambos partidarios de al Nahda, huyeron de Túnez en 1992, las detuvieron, las interrogaron y maltrataron frecuentemente y, en 1995, ambas fueron encarceladas durante nueve y seis meses, respectivamente. Durante su encarcelamiento otros familiares tuvieron que hacerse cargo de sus hijos. Desde su excarcelación, a principios de 1996, han tenido que presentarse ante la policía periódicamente y no han podido abandonar el país. Amnistía Internacional y otras organizaciones emprendieron acciones a su favor y, en abril de 1997, el gobierno tunecino informó a Amnistía Internacional de que «en el marco de la dimensión humanitaria de la actuación del gobierno tunecino, a Aicha Dhaouadi y Tourkia Hamadi se les ha concedido el pasaporte para permitirles reunirse con sus esposos, a pesar de su activismo en el seno de un movimiento secreto y extremista»¹⁰. De esta manera, el derecho de toda persona a la libertad de movimiento, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 13), es considerado por las autoridades tunecinas como un derecho que puede denegarse arbitrariamente o concederse como «gesto humanitario». En el momento de redactarse este informe, Aicha Dhaouadi y Tourkia Hamadi habían obtenido su pasaporte pero no el de sus hijos y, por lo tanto, no podían abandonar el país.

Jalila Jalleti, enfermera especializada en pediatría y madre de cuatro niños, fue objeto de frecuentes detenciones, interrogatorios, palizas y torturas, y se le indicó que se divorciara de su esposo, partidario de al Nahda que en 1990 había abandonado Túnez. A finales de 1992 estuvo 17 días bajo detención secreta y de nuevo la golpearon y maltrataron y le fracturaron una pierna. La condenaron a un año de cárcel, durante el cual unos familiares suyos tuvieron que hacerse cargo de sus hijos. Igual que otras en su misma situación, desde su excarcelación ha perdido el empleo, está obligada a presentarse ante la policía hasta cinco veces al día, continúa sufriendo hostigamientos y no se le permite abandonar el país.

Zohra Sad Allah, madre de tres niños cuyo esposo estuvo cuatro años encarcelado y posteriormente abandonó el país en 1995, y Mounia Daikh, madre de tres niños y cuyo esposo salió de Túnez hace varios años, continúan siendo objeto de hostigamiento. Ambas han sido repetidamente detenidas y maltratadas durante los interrogatorios, la policía ha irrumpido en sus domicilios, incluso por la noche, y no se les permite abandonar el país.

Al tener pocas esperanzas de conseguir un documento válido que les permita viajar, algunas mujeres han tratado de salir del país por otros medios. Souad Charbati, madre de cuatro niños cuyo esposo había huido del país varios años antes, intentó salir ilegalmente de Túnez pero fue arrestada y encarcelada. La arrestaron en agosto de 1995 en Tataouine cuando, según los informes, trataba de pasar al país vecino Libia, y la condenaron a siete años de cárcel, que actualmente sigue cumpliendo; unos familiares suyos se han hecho cargo de sus hijos.

Radhia Aouididi, de 27 años, también tenía un largo historial de detenciones y hostigamiento. La arrestaron por primera vez en 1984 y en 1987 volvieron a detenerla; continuó siendo hostigada y detenida periódicamente después de que su novio abandonó el país en 1992. No podía obtener el pasaporte e incluso le retiraron su documento de identidad. En noviembre de 1996, trató de salir de Túnez con un pasaporte falso, pero la arrestaron en el aeropuerto junto con Samia Ben Karmi, estudiante argelina que viajaba con ella. A ambas las golpearon, maltrataron y amenazaron con violarlas durante la detención secreta. Actualmente permanecen detenidas a la espera de juicio. Radhia Aouididi intentaba solicitar asilo en Francia, donde reside su novio.

Los seis hijos de Ali Khelifi y su esposa, ambos refugiados en Francia, no pueden salir de Túnez para reunirse con sus padres. Desde que éstos huyeron del país en 1992, los seis niños han estado al cuidado del hermano de Ali, que ya tiene nueve hijos y que además se ocupa de los seis niños de otro hermano fallecido. Un vecino del hermano de Ali en Túnez, a quien acusaron de haber dado dinero al hermano de Ali para ayudarle a cuidar de los 21 niños, fue condenado a un año de cárcel y a una cuantiosa multa en febrero de 1997.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

A pesar de la excarcelación de algunos presos de conciencia durante los últimos 18 meses, noticia que Amnistía Internacional acoge con satisfacción, continúan violándose los derechos humanos con exasperante frecuencia. Tras años de violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas y de impunidad para sus perpetradores, que han culminado en la represión de los defensores de derechos humanos, para la mayoría de las víctimas carece de sentido presentar denuncias formales y para los defensores de derechos humanos cada vez es más difícil llevar a cabo cualquier actividad en favor de aquéllas. De esta manera, a las víctimas de violaciones de derechos humanos se les niega el derecho a la reparación, conforme establecen el artículo 2 (3) del PIDCP y el artículo 7 (1)(a) de la Carta Africana.

El hecho de que las autoridades tunecinas no tomen ninguna medida concreta para abordar las preocupaciones sobre los derechos humanos que repetidamente les han planteado las organizaciones de derechos humanos tunecinas e internacionales, así como las propias víctimas y sus abogados, contrasta de forma notoria con el compromiso que frecuentemente han declarado de respetar y promover los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha continuado planteando sus preocupaciones a las autoridades tunecinas y llamando su atención sobre casos de violaciones de derechos humanos, y les ha instado a que garanticen que estas violaciones se investigarán. Otras organizaciones de derechos humanos también han expuesto repetidamente sus preocupaciones ante las autoridades tunecinas. En octubre de 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó también su preocupación por la situación de los derechos humanos en Túnez e hizo una serie de recomendaciones al gobierno tunecino. Hasta la fecha, las autoridades tunecinas han hecho poco o nada para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional ni de otras organizaciones de derechos humanos.

Una vez más, Amnistía Internacional insta al gobierno tunecino a que emprenda acciones concretas para cumplir sin más dilación las recomendaciones que previamente le ha hecho, las incluidas en su último informe de noviembre de 1995, que acompañan a este informe, así como las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, para que corrijan la constante de graves violaciones de derechos humanos e impidan que se repita en el futuro.

APÉNDICE: RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional insta urgentemente a las autoridades tunecinas a que:

- Pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia.

- Deroguen o enmienden todas las leyes que autorizan el encarcelamiento de presos de conciencia.

- Pongan en libertad o vuelvan a juzgar conforme a las normas internacionales a todos los presos políticos condenados en juicios que no reunieron las debidas garantías.

- Pongan fin a la imposición del control administrativo sobre los presos de conciencia tras su puesta en libertad.

- Garanticen que a los detenidos no se les mantendrá detenidos en régimen de incomunicación prolongadamente, que a las familias de los detenidos se les informará inmediatamente del lugar de detención de sus familiares y que a los detenidos aún no juzgados se les permitirá acceder sin dilación a sus abogados, familias y médicos independientes

- Garanticen que todas las denuncias de tortura y malos tratos, y todas las muertes bajo custodia se investigarán de forma exhaustiva e imparcial y que todas las conclusiones de las investigaciones se harán públicas.

- Garanticen que los responsables de violaciones de derechos humanos serán puestos en manos de la justicia.

En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones pormenorizadas al gobierno tunecino para que adopte medidas concretas a fin de garantizar que los casos de tortura y muertes bajo custodia se investigan sin dilación, imparcialmente y con independencia. La organización ha sugerido varias medidas concretas que el gobierno tunecino podría tomar para cumplir estas recomendaciones. A la organización le sigue preocupando que estas recomendaciones no se hayan cumplido.

Amnistía Internacional cree que al poder judicial debería permitírsele cumplir su cometido con independencia e imparcialidad:

- La independencia del poder judicial respecto del control o influencia del ejecutivo debe ser absoluta.

- Los jueces y magistrados deben garantizar que todas las denuncias de tortura, malos tratos y violaciones de los procedimientos previos al juicio se investigarán sin demora, exhaustiva e imparcialmente.

- Los tribunales no deben admitir confesiones u otras pruebas obtenidas mediante tortura o coacción.

- Los jueces deben garantizar la aplicación de las normas internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificadas por Túnez y que, de acuerdo con la Constitución tunecina, prevalecen sobre la legislación nacional.

- Los jueces deben negarse a condenar a personas con arreglo a leyes que violan las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Túnez.

Además, Amnistía Internacional insta a las autoridades tunecinas a que cumplan las recomendaciones hechas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en octubre de 1994 [véase Doc. ONU: M/CCPR/C/52/COM/TUN/3], algunas de las cuales coinciden con las formuladas por Amnistía Internacional; entre ellas están las siguientes:

- [E/párrafo.14] «El Comité recomienda que se adopten medidas para reforzar la independencia de las instituciones que se ocupan de los derechos humanos en Túnez» con el fin de «reducir así la distancia existente entre el derecho y la práctica y fomentar la confianza del público en esas instituciones». La labor de «toda comisión que se ocupe de investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos debe ser transparente y sus resultados deben darse a conocer al público». Además, «recomienda también que se adopten medidas para reforzar la independencia del poder judicial, particularmente frente al ejecutivo».

- [E/párrafo.15] «Recomienda encarecidamente al Estado Parte que considere la posibilidad de ratificar el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de adherirse a él»

- [E/párrafo.16] respecto a los informes sobre tortura y malos tratos a los detenidos, el Comité recomienda encarecidamente «que se someta a un control más riguroso el proceso de detención y encarcelamiento; que se proceda a investigaciones sistemáticas, oportunas y abiertas de las denuncias; que se enjuicie y castigue a los culpables, y que se ofrezcan recursos judiciales a las víctimas». Indica que «es preciso que se sigan estrictamente los procedimientos de registro, en particular la pronta notificación a los familiares de las personas detenidas y la observancia del máximo de diez días de la detención preventiva. También es preciso adoptar medidas para garantizar la realización automática de exámenes médicos cuando haya denuncias de abusos y a autopsias completas cuando mueran personas que estén detenidas». Por último, el Comité insta a que «siempre que se realicen investigaciones, las conclusiones deberán hacerse públicas».

- [E/párrafo.19] El Comité recomienda «que se adopten medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión de conformidad con el artículo 19 del Pacto» y en particular «deben revisarse y, en su caso, enmendarse las disposiciones del Código de la Prensa que protegen indebidamente a la política del Gobierno y a sus funcionarios contra toda crítica».

- [E/párrafo.20] El Comité también recomienda que se revisen la Ley sobre las Asociaciones, la Ley de Pasaportes y la Ley sobre los partidos políticos «a fin de hacerlas plenamente compatibles con las exigencias de la Convención» y que «respecto a la libertad de religión, el Comité recomienda que se proceda a una vigilancia rigurosa e independiente del ejercicio de este derecho por todos los grupos existentes en Túnez».

Debe tenerse en cuenta, además, que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su 42 reunión de febrero de 1995, instó a los «a los Estados Partes a que tengan debidamente en cuenta, al aplicar las disposiciones de los Pactos, [incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] las observaciones formuladas al finalizar el examen de sus informes por el Comité de Derechos Humanos ...»