Índice AI: NWS 11/05/92/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A: Encargados de Prensa

DE:Prensa y Publicaciones

FECHA:7 de febrero de 1992

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 05/92

Este Servicio de Actualización Semanal contiene puntos externos sobre Haití, El Salvador, Sri Lanka y Bhutan.

1. INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

Filipinas - 26 de febrero de 1992

Comunicado de prensa internacional y posible documento de preguntas y respuestas acompañando a un documento sobre ejecuciones extrajudiciales. Los planes provisionales prevén el lanzamiento de la campaña en Manila.

Túnez - 4 de marzo de 1992(INFORMACIÓN NUEVA)

Documento y comunicado de prensa titulado provisionalmente "El derrumbamiento de los derechos humanos". Más información la próxima semana.

India - 25 de marzo de 1992

Comunicado de prensa internacional para la campaña contra la violación, tortura y muerte bajo custodia. Se prepara un gran lanzamiento internacional en Londres.

Togo - provisionalmente 8 de abril de 1992(INFORMACIÓN NUEVA)

Provisionalmente, se ha fijado para el 8 de abril de 1992 la emisión de un documento y un comunicado de prensa específico sobre impunidad, coincidiendo con el aniversario de la matanza del 10 de abril de 1991.

POSIBLES INICIATIVAS DE PRENSA, TODAVIA POR CONFIRMAR

Sahara Occidental(INFORMACIÓN NUEVA)

El comunicado de prensa provisional que se mencionaba la semana pasada, ahora parece más probable que aparezca como punto de actualización semanal a finales de febrero o principios de marzo.

Sudáfrica

El equipo de investigación está preparando un documento, pero todavía no puede dar una fecha definitiva. Habrá un comunicado de prensa internacional - más adelante les informaremos de la fecha.

NOTA:Debido a que esta semana se celebra un curso de formación para los investigadores, muchos de ellos no estarán disponibles, por lo que el Servicio de Actualización Semanal puede retrasarse la próxima semana.

2. AMR 36/WU 01/92 EXTERNO

7 de febrero de 1992

HAITÍ: AI CONDENA LA EXPULSIÓN DE SOLICITANTES DE ASILO HAITIANOS POR PARTE DE LOS EE UU

AI condena las acciones emprendidas por las autoridades norteamericanas para empezar a repatriar a un gran número de solicitantes de asilo haitianos desde la base naval de EE UU en Guantánamo, Cuba.

AI reconoce que desde el inicio en noviembre del procedimiento de selección en Guantánamo, se ha comprobado la plausibilidad de las peticiones de cierto número de solicitantes de asilo haitianos, y por lo tanto estas personas tienen derecho a dirigirse a los EE UU para presentar una petición de asilo.

Sin embargo, AI reitera su preocupación por las deficiencias en el procedimiento de selección en Guantámano, y sobre todo por la falta de un asesoramiento jurídico adecuado y del derecho a una apelación efectiva contra una decisión negativa. A finales de diciembre de 1991 las autoridades norteamericanas denegaron la solicitud de AI de enviar delegados de la organización a Guantánamo para entrevistar a los solicitantes de asilo y valorar los procedimientos de selección.

En vista de las deficiencias detectadas en los procedimientos de selección que se aplican en Guantánamo, AI siente inquietud porque algunas de las personas descartadas podrían correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos a su vuelta a Haití. La preocupación de la organización en relación con este punto es mayor debido a los recientes informes de violaciones de derechos humanos entre las que figuran ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, tortura y malos tratos, y el atentado del 25 de enero contra una reunión de dirigentes políticos, perpetrado por hombres armados vestidos de civil a quienes las víctimas identificaron como pertenecientes al cuerpo de policía. El primer ministro designado René Théodore, el ex-candidato presidencial Louis Déjoie y otros ocho líderes políticos fueron golpeados y recibieron patadas en la cabeza, y el guardaespaldas de René Thédolore, Yves Jean-Pierre, resultó muerto a causa de los disparos de los asaltantes.

Por lo tanto, la continuación de esta campaña de repatriaciones constituye un motivo de honda preocupación para AI. Más aún, se está llevando a cabo sin garantías fiables para la seguridad de las personas repatriadas.

3. AMR 37/WU 01/92 EXTERNO

7 de febrero de 1992

EL SALVADOR: OFICIALES DEL EJERCITO CONDENADOS A 30 AÑOS POR LA MUERTE DE SACERDOTES JESUITAS

El 2 de enero, un coronel y un teniente del ejército salvadoreño fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de ésta en la Universidad Centroamericana (UCA) en el curso de un registro nocturno efectuado por tropas del Batallón Atlacatl en noviembre de 1989. Amnistía Internacional considera que estas sentencias constituyen un paso importante, pero no obstante siente preocupación por las graves irregularidades registradas durante la investigación y el juicio.

En septiembre de 1991, el coronel Guillermo Benavides, director de la academia militar en el momento de las muertes, fue declarado culpable de los ocho delitos de asesinato. El teniente Yusshy Mendoza, que coordinó la operación, fue declarado culpable del asesinato de Celina Ramos, la hija de 15 años de la empleada de la UCA (véase Actualización Semanal 37/91). A ambos se les impuso la pena máxima.

Otros dos oficiales fueron condenados a tres años cada uno por conspiración para la comisión de actos de terrorismo. En septiembre, estos dos oficiales y otros cinco soldados de menor graduación pertenecientes al Batallón Atlacatl habían sido absueltos del delito de asesinato por el tribunal, a pesar de que en el juicio admitieron haber cometido los homicidios. En procesos relacionados, un teniente que ostentaba el segundo nivel de mando en la Academia Militar, fue condenado a tres años por destruir pruebas durante la investigación.

El coronel Benavides es el militar de mayor graduación que ha sido procesado y declarado culpable de una grave violación de derechos humanos en El Salvador. Las condenas, sin precedentes, se anunciaron ocho días después de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo armado de oposición, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que incluía acuerdos destinados a terminar con la impunidad y a garantizar el respeto a los derechos humanos. AI considera que las sentencias son un primer paso de fundamental importancia para la consecución del fin perseguido: que se reconozca la responsabilidad de las fuerzas armadas en las violaciones de derechos humanos.

No obstante, Amnistía Internacional siente preocupación por las numerosas irregularidades registradas en las etapas de investigación y juicio de los procesos. Por ejemplo, no llegó a esclarecerse cómo los nueve oficiales y soldados procesados fueron identificados originalmente como los únicos sospechosos por la Comisión de Honor militar a principios de 1990. Más tarde, la Comisión negó que hubiese hecho una selección definitiva de sospechosos, pero la investigación subsiguiente se limitó al ámbito definido por la Comisión. Aunque importantes pruebas circunstanciales indicaban que el coronel Benavides podría haber actuado obedeciendo órdenes de sus superiores, no se probó la posible implicación de oficiales de más alto rango. Al parecer, el día antes de producirse las muertes, altos mandos militares celebraron una reunión en la que se dio la orden de asesinar a los sacerdotes, pero los oficiales participantes en esa reunión no fueron llamados a testificar. El personal militar obstaculizó las investigaciones dando información falsa o contradictoria al tribunal y ocultando o destruyendo importantes pruebas.

Amnistía Internacional, que asistió como observadora a la fase oral del juicio en septiembre 1991, también siente inquietud ante las aparentes contradicciones en el veredicto del jurado. El jurado absolvió a los siete soldados de menor graduación que admitieron haber llevado a cabo los homicidios bajo las órdenes del coronel Benavides, a pesar del hecho de que tanto las leyes salvadoreñas como la legislación internacional establecen que un soldado no puede ser absuelto si ha obedecido una orden manifiestamente ilegal. En una decisión aparentemente contradictoria, el teniente Mendoza fue declarado culpable de la muerte de Celina Ramos, aunque otro de los acusados había admitido haber disparado a Celina y a su madre con la misma ráfaga. Amnistía Internacional concluyó que el veredicto, que absolvía a los que apretaron el gatillo y limitó la investigación sobre las responsabilidades en la cadena de mando, parecía influído por consideraciones políticas.

En este caso se adoptaron medidas sin precedentes para responsabilizar a los militares de sus actos, en gran medida debido a la importancia de las víctimas y a la presión internacional ejercida sobre las autoridades. Sin embargo, centenares de asesinatos y desapariciones de salvadoreños menos prominentes, presuntamente perpetrados por las fuerzas armadas y de seguridad salvadoreñas a lo largo de los doce años de guerra, nunca se investigaron ni castigaron. Más aún, el resultado reciente de otros juicios menos conocidos indica que a pesar del hito que suponen las sentencias en el caso de los jesuitas, sigue existiendo una falta de voluntad política para procesar a los violadores de derechos humanos dentro del ejército.

Amnistía Internacional cree que deberían proseguirse las investigaciones para determinar el grado de la presunta participación de altos mandos del ejército en la planificación, consentimiento u ocultación de los homicidios de la UCA. Familiares y colegas de los sacerdotes asesinados han pedido a la Asamblea Legislativa la creación de una comisión de investigación con ese mismo propósito. Amnistía Internacional cree que todas las personas cuya participación en cualquier etapa de las muertes quede probada, deben ser juzgadas con el fin de enviar el mensaje inequívoco de que en el futuro las violaciones de derechos humanos no volverán a permitirse.

4. ASA 37/WU 02/92 EXTERNO

7 de febrero de 1992

SRI LANKA: AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A QUE LOS SOLDADOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES DE CIVILES SEAN JUZGADOS

Amnistía Internacional ha escrito al gobierno de Sri Lanka instando a que los soldados que presuntamente masacraron a 67 civiles en junio de 1991 comparezcan ante un tribunal.

El 30 de enero, el gobierno hizo público el informe preliminar de la Comisión Presidencial de Investigación sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Kokkadichcholai, Distrito de Batticaloa, el 12 de junio de 1991. El informe concluía que los soldados de un campamento local del ejército habían matado deliberadamente a 67 civiles en represalia por la muerte, ese mismo día, de dos de sus colegas a causa de una explosión producida por una mina. El informe confirmaba la información publicada por Amnistía Internacional en un informe de septiembre de 1991 sobre violaciones al noreste de Sri Lanka.

Según los informes, el ministro de Industria, Ciencia y Tecnología dijo a los periodistas que el gobierno está esperando el informe completo antes de decidir qué acción emprenderá. Al parecer, un oficial declaró que cinco soldados, entre ellos un oficial, se encontraban bajo custodia militar y podrían ser sometidos a consejo de guerra.

En una carta al Consejero Presidencial sobre Asuntos Exteriores, fechada el 4 de febrero de 1992, Amnistía Internacional instaba al gobierno a crear una comisión investigadora independiente para garantizar que se llevan a cabo investigaciones eficaces e imparciales sobre todos los casos de violaciones de derechos humanos, entre ellos las decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones registradas en Sri Lanka durante los últimos nueve años.

5. ASA 14/WU 01/92 EXTERNO

10 de febrero de 1992

BHUTAN: AI VE CON SATISFACCIÓN LA LIBERACIÓN DE PRESOS POLITICOS, PERO SIGUE SINTIENDO PREOCUPACIÓN POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS PERPETRADAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Amnistía Internacional recibe con satisfacción las noticias de la liberación de 313 presos políticos el 4 de febrero de 1992, a raíz de una amnistía decretada por el Rey de Bhutan. Las excarcelaciones de febrero elevan a 1.348 el número de presos políticos cuya liberación ha anunciado el gobierno en sucesivas amnistías desde principios de 1990.

Entre los presos liberados el 4 de febrero figuraban Jogen Gazmere y Sushil Pokhrel, dos de los seis presos de conciencia detenidos durante más de dos años sin cargos ni juicio. Otros tres presos de conciencia - Ratan Gazmere, Bakti Prasad Sharma y Biswanath Chhetri - fueron liberados el 17 de diciembre del año pasado, el Día Nacional de Bhutan. Amnistía Internacional sigue pidiendo la liberación incondicional de Tek Nath Rizal, que en la actualidad inicia su tercer año detenido en espera de juicio en la prisión de Wangdi Phodrang. El gobierno responsabilizó a los seis hombres de iniciar la oposición en el sur de Bhutan sur a la política gubernamental de "integración nacional". La organización sigue preocupada porque entre 200 y 300 presos políticos continúan detenidos sin cargos ni juicio, por presuntas "actividades contra la nación".

Amnistía Internacional también siente preocupación por los informes recibidos a lo largo de 1991 sobre los centenares de personas de lengua nepalí residentes en el sur de Bhutan, que sufrieron detención, malos tratos y en algunos casos torturas, entre ellas violación, a cargo de las fuerzas de seguridad. Los opositores al gobierno, denominados "anti-nacionales" por las autoridades, al parecer también han matado arbitraria y deliberadamente a civiles. Estos hechos han ocurrido en el contexto de la oposición existente en el sur de Bhutan a la política gubernamental de "integración nacional" y a la elaboración del censo nacional iniciada en 1988, a raíz del cual muchas personas de lengua nepalí residentes en esa zona han sido clasificadas de inmigrantes ilegales. Según los informes algunos han sido expulsados a la fuerza de sus casas y de sus tierras. Después de los disturbios generalizados a finales de 1990, centenares de personas de origen nepalí fueron arrestadas bajo sospecha de ser "anit-nacionales" - miembros o simpatizantes de grupos de oposición, entre ellos el Partido Popular de Bhutan (BPP), organización política fundada en India en junio de 1990.

Amnistía Internacional visitó Bhutan por primera vez en enero de 1992, respondiendo a una invitación del Rey Jigme Singye Wangchuck. Durante su estancia en ese país, la delegación de tres miembros tuvo una audiencia con el Rey, se reunió con ministros y funcionarios para hablar de derechos humanos y también vistió el distrito de Samchi, al sur de Bhutan. La delegación de Amnistía Internacional expresó su preocupación por la prolongada detención sin cargos ni juicio de presuntos opositores al gobierno y por los informes de tortura y malos tratos, muertes bajo custodia y la costumbre de tener a los presos encadenados.

Después de la visita de la delegación, un equipo de alto nivel encabezado por el ministro del Interior llevó a cabo investigaciones sobre denuncias de expulsiones forzadas, palizas y violaciones en dos distritos del sur de Bhutan. El equipo ha declarado que en un distrito se había producido abuso de autoridad y violación de leyes tanto por parte de la administración civil como de las fuerzas de seguridad, aunque muchas denuncias eran "infundadas y muy exageradas". El Consejo de Ministros ha ordenado que las denuncias por escrito sean dirigidas al Tribunal Supremo para que las personas responsables de violaciones de la ley puedan ser juzgadas.