Índice AI: NWS 11/12/92/s (add)

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:Encargados de prensa

De:Prensa y Publicaciones

Fecha:27 de marzo de 1992

ADICION AL SERVICIO DE ACTUALIZACION SEMANAL 12/92

Esta adición al Servicio de Actualización Semanal contiene puntos externos sobre Argelia, Haití, Indonesia y Timor Oriental y dos puntos externos sobre India.

1. INICIATIVAS DE PRENSA

INFORME ANUAL

En la actualidad nos encontramos redactando el material para los medios de comunicación sobre el Informe Anual y nos gustaría informarles de algunos cambios y del calendario provisional.

MATERIALES

Como en años anteriores, habrá un comunicado de prensa, un resumen global, resúmenes regionales y actualizaciones por regiones.

-Comunicado de prensa: reflejará el tema de la impunidad tratado en el informe, e incluirá referencias a cuatro o cinco países por cada región.

-Resumen Global: también reflejará este tema, y puntos destacados de los resúmenes regionales. Incluirá las estadísticas sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo, añadiéndose algunas categorías a las del año anterior. Este año también estamos reuniendo estadísticas sobre víctimas, que mostrarán el número de países en los cuales mujeres, sindicalistas, opositores políticos, etc. fueron víctima de violaciones.

-Resúmenes Regionales: este año los resúmenes regionales también reflejarán el tema de impunidad tratado en el informe anual, además de las tendencias políticas más importantes de la región y un análisis de las violaciones de derechos humanos. Este año también vamos a reunir las estadísticas mencionadas anteriormente por regiones para incluirlas en los resúmenes.

-Actualizaciones por regiones: las actualizaciones por regiones, que cubrirán los principales hechos registrados en los primeros cinco meses de 1992, sólo mencionarán sucesos significativos de derechos humanos en cada región (por ejemplo, Argelia, Turquía).

-Comunicado de prensa audiovisual - incluirá información de todas las regiones.

CALENDARIO

El calendario provisional es el siguiente:

-Resúmenes global y regionales, incluyendo estadísticas, terminados a finales de abril.

-Actualizaciones regionales, terminadas para la primera semana de junio.

-Comunicado de prensa concluído para finales de mayo.

-Hoja de preguntas y respuestas, para enviar a mediados de junio.

-Comunicado de prensa audiovisual para distribuir en junio.

2.MDE 28/WU 04/92 EXTERNO

27 de marzo de 1992

ARGELIA: PREOCUPACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL TRAS SU VISITA DE INVESTIGACIÓN

Los delegados de Amnistía Internacional regresaron la semana pasada de una visita de investigación a Argelia, donde estudiaron posibles violaciones de derechos humanos desde que se declaró el estado de emergencia el 9 de febrero de 1992.

Durante su estancia en el país, los delegados se reunieron con altos funcionarios, entre ellos el anterior ministro de Derechos Humanos, algunos funcionarios del nuevo organismo encargado de supervisar los derechos humanos (Observatoire des droits de l'homme), el actual ministro del Interior y funcionarios de su Ministerio, el gobernador y jefe militar de una de las regiones, y el director de un campo de internamiento. Asímismo, los delegados se entrevistaron con representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados, ex presos, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. Reunieron información acerca de detenciones arbitrarias e internamientos en campos en el desierto, malos tratos y hacinamiento de los detenidos, el nuevo proceso de apelación y las muertes producidas por los disparos realizados por las fuerzas de seguridad.

Según las cifras oficiales que el Ministerio del Interior argelino dio el 12 de marzo de 1992, 6.786 personas permanecían detenidas administrativamente en cinco campos de internamiento en el Sahara, a distancias entre 800 y 3.000 kilómetros de Argel. Desde entonces se han abierto otros dos campos y, según los informes, centenares de presos han sido trasladados allí. El alto coste del viaje y el tiempo necesario para realizarlo hace virtualmente imposible que los familiares visiten a los detenidos. Según los informes, en el campamento de Reggane, las autoridades dejaron de dar autorizaciones de visita cuando los presos se negaron a recibirlas en protesta por su internamiento.

Las autoridades argelinas declararon que los detenidos podrán recurrir contra su detención. Seis comités regionales de apelación se encuentran en proceso de creación. La apelación, que tiene carácter definitivo, ha de decidirse exclusivamente sobre la base del expediente del detenido, sin que él o su abogado estén presentes o tengan acceso al expediente. Amnistía Internacional siente preocupación porque este proceso de apelación no protege el derecho de los detenidos a la defensa, a ser informados de los motivos de su detención y a ser representados por un abogado en la vista. Amnistía Internacional se opone a la detención administrativa sin cargos ni juicio en todas las circunstancias y pide que todos los detenidos administrativamente sean juzgados sin demora o liberados de inmediato.

La información reunida por Amnistía Internacional de ex presos, sus familias y otros testigos presenciales sugiere que en muchos casos las detenciones se realizaron arbitrariamente y a menudo los detenidos y sus familias fueron sometidos a malos tratos por miembros armados de las fuerzas de seguridad vestidos de uniforme, a veces acompañados de individuos armados y con ropas de civil. Según los informes, los detenidos también fueron golpeados por la policía mientras permanecían recluídos en las comisarías en régimen de incomunicación garde à vue durante varios días, a menudo sin recibir alimentos.

Según las estadísticas oficiales, entre el 12 de enero y el 14 de marzo de 1992, más de 70 civiles murieron a consecuencia de los disparos realizados por fuerzas de seguridad. Las cifras no oficiales son considerablemente más altas. Al parecer, más de 30 miembros de las fuerzas de seguridad también resultaron muertos, presuntamente en atentados perpetrados por miembros de grupos extremistas islámicos.

Los delegados de Amnistía Internacional en Argelia recibieron testimonios de individuos que habían sido heridos y de las familias de algunas de las personas muertas a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad. En algunos casos, la información indica que el empleo de la fuerza por las fuerzas de seguridad en circunstancias que no suponían una amenaza para las vidas de los agentes encargados de hacer cumplir la ley produjo muertos y heridos.

No se han llevado a cabo investigaciones sobre ninguno de los más de 20 casos de personas que resultaron muertas o heridas a manos de las fuerzas de seguridad comunicados a Amnistía Internacional.

La organización ha instado con frecuencia al gobierno argelino a que instituya una investigación pública y exhaustiva cada vez que se produzcan muertos o heridos, a que ponga a disposición de la justicia a cualquier agente encargado de cumplir la ley que haya actuado con negligencia o delictivamente y a compensar a las víctimas.

En la actualidad se están preparando los resultados finales de la visita de investigación y las recomendaciones de Amnistía Internacional que se enviarán al gobierno argelino.

3.ASA 20/WU 02/92 EXTERNO

24 de marzo de 1992

INTERNO

El punto siguiente consiste en información actualizada sobre India que pudimos preparar a tiempo para entregarla a la prensa en la reunión celebrada el martes con ocasión del lanzamiento del informe sobre India - lleva la fecha del martes.

EXTERNO

INDIA: TORTURA, VIOLACIÓN Y MUERTES BAJO CUSTODIA

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA VIOLACIÓN DE BANAPATI DEBBARMA

Una investigación judicial dirigida por el juez S.C. Deb, comisionado del Tribunal Supremo, ha confirmado que Banapati Debbarma, de 25 años de edad, mujer miembro de una tribu de Tripura cuyo caso se describía en el informe de Amnistía Internacional titulado India: Tortura, violación y muerte (Índice AI: 20/06/92/s - véase la página 68), fue violada por soldados de los Rifles de Assam, y el ejército y el gobierno estatal intentaron ocultar el delito.

En junio de 1988, los Rifles de Assam dirigieron una operación de acordonamiento y registro en Ujan Maidan, distrito de Khowai, en busca de miembros del grupo ilegal Voluntarios Nacionales de Tripura. Al menos 14 mujeres de la tribu afirmaron haber sido violadas durante el registro e ingresaron en el hospital del gobierno de Khowai; una de las mujeres declaró que habían atado a su marido. La víctima más joven tenía 12 años de edad. El gobierno estatal rechazó las denuncias pero admitió que algunas mujeres podían haber sido golpeadas. Una investigación emprendida por la policía y los Rifles de Assam llegó a la conclusión de que una mujer había sido "probablemente" violada y otras dos podían haber sido importunadas, pero no se emprendió ninguna investigación oficial. (Véanse las páginas 31 y 32 del informe de Amnistía Internacional).

El 22 de marzo de 1990, el Tribunal Supremo pidió a su Comisionado, el Juez Deb, que investigara las denuncias. El juez examinó a ocho mujeres de la tribu a lo largo de nueve días. Una de ellas era Banapati Debbarma. El Comisionado emitió el siguiente informe:

"Banapati Debbarma tiene 25 años. Es tan pobre que a veces no tiene ni para comer. Jawans (soldados) de los Rifles de Assam acostumbraban a visitar Ujan Maiden y después de hacer algunas preguntas sobre los Voluntarios Nacionales de Tripura, solían golpear a su marido y a los hombres jóvenes de la aldea. Por eso, cuando veían que los jawans se acercaban al poblado los hombres corrían a esconderse en la jungla movidos por el miedo. Una noche, al ver llegar a los jawans, todos los hombres jóvenes y el marido de Banapati huyeron a esconderse en la jungla. Ella se retiró a descansar a su choza con Debaki, Hiranmala y Rajkannya, y cuando estaban durmiendo, 4 ó 5 jawans de los Rifles de Assam irrumpieron en la choza rompiendo la puerta delantera. Las mujeres se despertaron con el ruido de las botas. Los jawans cogieron a Banapati y ella se quedó perpleja cuando uno de ellos empezó a violarla. Debido a su asombro, la joven no se percató de en qué momento las otras 3 mujeres huyeron de su choza por la puerta trasera internándose en la jungla. Después de ser violada por dos jawans perdió el conocimiento y por lo tanto no sabe si los otros jawans también la violaron. Por la mañana recobró el sentido. Las otras 3 mujeres volvieron y ella les contó que después de ser violada por dos jawans perdió el conocimiento".

El Juez Deb señaló que todo apuntaba a un caso de delito violento, y que algunos altos funcionarios que habían emitido informes absolviendo a los Rifles de Assam de cualquier responsabilidad en la mayoría de los delitos denunciados no se habían presentado ante él. Concluía su informe de 137 páginas con los siguientes resultados:

"(1) Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 1988, en Ujanmaiden algunos jawans (soldados) de los Rifles de Assam violaron en grupo al menos a Radhika, Banapati, Sonakali y Subhalaxmi, y también a Pravati y Laximiti, y un soldado de los Rifles de Assam molestó a Panchalaxmi y (2) el estado de Tripura y los oficiales del Ejército están intentando echar tierra sobre los delitos mencionados y la investigación policial se ha dirigido en esa dirección".

4.AMR 36/WU 02/92 EXTERNO

27 de marzo de 1992

HAITÍ: REPRESENTANTES DE AI EN VISITA DE INVESTIGACIÓN

Tres representantes de Amnistía Internacional se encuentran actualmente en Haití realizando una visita de investigación. Los delegados se centrarán sobre preocupaciones relativas a los derechos humanos en Haití desde el golpe de estado militar que tuvo lugar la noche del 29 al 30 de septiembre de 1991. Entre los motivos de preocupación de la organización se encuentran los constantes informes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y golpes a detenidos, que en su mayoría son partidarios del derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide.

En aplicación de la política habitual de Amnistía Internacional, sus representantes no podrán hacer declaraciones públicas sobre su visita. A su vuelta, informarán al Comité Ejecutivo Internacional de la organización.

5.ASA 20/WU 03/92 EXTERNO

27 de marzo de 1992

INTERNO

El gobierno indio ha contestado al informe sobre tortura, violación y muertes bajo custodia, emitiendo una respuesta formal y a través de entrevistas de medios de comunicación. Ya hemos tenido ocasión de analizar en profundidad sus comentarios y hemos elaborado una respuesta. El encargado de prensa del SI la enviará a las agencias internacionales. Les animamos a que ustedes la envíen a cualquier medio que muestre interés, y planteen estos puntos en todas las reuniones que mantengan con funcionarios. También añadimos el texto de un editorial aparecido en el periódico Deccan Herald (Bangalore) que creemos puede ser útil para contrarrestar las críticas que puedan surgir contra el informe.

EXTERNO

INDIA: REACCIÓN ANTE LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL AL INFORME DE AI SOBRE TORTURA, VIOLACIÓN Y MUERTES BAJO CUSTODIA.

Amnistía Internacional desafía al gobierno indio a que empiece a tratar seriamente los problemas de tortura, violación y muertes bajo custodia sobre los que la organización aportaba documentación en su último informe.

La organización de derechos humanos ha dicho que, "de hecho, el gobierno ha respondido a un informe que no hemos escrito".

- La respuesta del gobierno trata los puntos de insurrección armada, pero ignora el asunto del que versa el informe: el acuciante problema de la tortura que forma parte de la política habitual de todos y cada uno de los 25 estados indios.

De hecho, cuando el informe hace referencia a la situación en el Punjab, Jammu y Cachemira y el noreste del país, AI condena explícitamente las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por opositores armados al gobierno, entre ellas la tortura, los homicidios y la toma de rehenes.

- El gobierno ha acusado a AI de "estridente injusticia y evidente inexactitud", pero no ha señalado ni una sola inexactitud.

- El gobierno ha declarado que AI no ha investigado ninguna de las 415 muertes bajo custodia enumeradas en el informe. Este informe es el producto de tres años de investigación que ha incluído escritos a funcionarios de los 25 estados así como al gobierno central, y que ha dado como resultado detalles explícitos de la detención, muerte y cualquier acción oficial emprendida por esas 415 personas. Hasta ahora el gobierno no ha discutido ni uno sólo de los casos específicos del informe de AI.

- El gobierno ha dicho que el informe es desequilibrado en su tono y contenido, pero se trata de un informe sobre India desde India, basado exclusivamente en fuentes del país. Las críticas gubernamentales de que AI no ha ido a India a recopilar esta información, sólo destacan el hecho de que el gobierno se ha negado repetidamente a permitir la entrada de AI en el país para realizar investigaciones.

- El gobierno ha criticado este informe por considerarlo parte de una campaña contra India. De hecho, este informe es la base de una campaña sobre India cuyo fin es proteger a todos los ciudadanos indios de las violaciones de derechos humanos que ocurren diariamente y las cuales abogados, jueces, activistas que trabajan en favor de las libertades civiles e incluso algunos funcionarios gubernamentales y policiales, llevan años trabajando por erradicar.

- El gobierno afirma que el informe no se recibió en Nueva Delhi hasta la segunda semana de marzo. De hecho, el Secretario General de AI entregó el informe al jefe de la delegación india en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 20 de febrero. Más adelante se entregó una copia al Alto Comisionado en Londres. Más aún, la mayoría de los casos descritos en el informe han sido planteados a funcionarios gubernamentales estatales y centrales a lo largo de los últimos tres años.

INDIA: EDITORIAL EN EL QUE SE CRITICA LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL; DECCAN HERALD, BANGALORE, 26 DE MARZO DE 1992

El rechazo expresado por el señor SB Chavan, ministro del Interior de la confederación, ante el último informe de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos en India, por considerar que se funda en meras especulaciones sin comprobar, no puede superar con éxito la prueba de una lectura atenta del informe. El informe, que examina las denuncias de tortura por la policía y de violación y muertes bajo custodia en el país, documenta meticulosamente los casos de 415 personas que murieron bajo custodia policial en el período de 1985 a 1991. Aún así, el señor Chavan insiste en que Amnistía debería haber aportado ejemplos específicos en lugar de recurrir a "conjeturas y meras alegaciones". Estas afirmaciones confirman la política habitual del Ministerio del Interior de ignorar deliberadamente los hechos que organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales le plantean. Más aún, la acusación de trabajar sobre información recogida indirectamente es insincera, teniendo en cuenta las negativas del gobierno a permitir que organizaciones reputadas hiciesen comprobaciones legítimas de primera mano de la situación de los derechos humanos en el país. El pretexto de la jurisdicción soberana que el gobierno esgrime con frecuencia frente a esas demandas, ha parecido a gran parte del mundo exterior una simple estratagema para evitar tener que rendir cuentas de las responsabilidades. El argumento de la privación de los derechos de la mayoría silenciosa por parte de grupos terroristas y otras organizaciones ilegales, presentado por Nueva Delhi en una sesión reciente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, es muy válido, pero no puede justificar el uso por parte del gobierno de métodos que están fuera de la legalidad. Un gobierno que trabaje en un marco operativo constitucional democrático, tiene que cumplir las normas de conducta con mucho más rigor que cualquier grupo de individuos. A ese respecto, ningún organismo de derechos humanos auténtico ha justificado el terrorismo o la violencia separatista en India o en cualquier otra parte. En el último informe, AI expresa su condena por el uso de métodos extra-legales por grupos opositores al gobierno.

La conclusión del informe de que la tortura es un práctica extendida y rutinaria en todos y cada uno de los 25 estados de la India, sin tener en cuenta las opiniones políticas de los partidos en el poder, es un escalofriante indicio del sistema moral y constitucional del país. No sólo cita casos de asesinato y violación por la policía, sino que analiza las causas de la persistencia de tortura generalizada y sugiere un programa de nueve puntos (sic) para potenciar la protección de los derechos humanos en el país. La afirmación de que una prensa vigilante, un poder judicial libre y un enérgico sistema democrático en el país, constituyen salvaguardias suficientes de los derechos humanos de sus ciudadanos, no parece que sea absolutamente correcta. A menos que el gobierno, como se dice en el informe, demuestre voluntad política y decisión para cambiar su política y sus acciones en relación con los derechos humanos, la India seguirá sin resolver este asunto vital.

6.ASA 21/WU 02/92 EXTERNO

27 de marzo de 1992

INDONESIA Y TIMOR ORIENTAL: PERSONAS QUE PROTESTABAN POR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TIMOR ORIENTAL ACUSADAS DE SUBVERSIÓN

Amnistía Internacional todavía está esperando una respuesta del gobierno indonesio en relación con la asistencia de observadores de Amnistía Internacional a los juicios de 13 personas de Timor Oriental detenidas en relación con la matanza de noviembre de 1991 en Santa Cruz. A cuatro de los detenidos se les acusa de subversión; los otros nueve están procesados en virtud de las disposiciones legales que definen "expresar hostilidad, odio o desprecio" hacia el gobierno como delito.

Amnistía Internacional escribió al ministro de Asuntos Exteriores Ali Alatas el 12 de marzo de 1992, pidiéndole permiso para visitar el país con el fin de acudir como observadora a los juicios. La carta expresaba la opinión de que, en caso de ser declarados culpables, algunos o todos los acusados serían presos de conciencia, encarcelados por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación. En la carta también se expresaba preocupación porque los juicios podían incumplir las normas internacionales de un juicio justo.

Amnistía Internacional advertía que una declaración consensuada emitida el 4 de marzo de 1992 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, instaba a las autoridades a que mejoraran la situación de los derechos humanos en el territorio y pedía al gobierno que facilitara el acceso a Timor Oriental a las organizaciones humanitarias suplementarias y a las organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional expresaba su profunda inquietud por la respuesta del gobierno ante la matanza de Santa Cruz. En estos incidentes, las tropas abrieron fuego contra los participantes en una manifestación pacífica matando entre 100 y 200 civiles desarmados. En una importante decisión sin precedentes, a finales de febrero el gobierno anunció que tomaría medidas disciplinarias contra miembros de las fuerzas armadas y que ocho oficiales serían procesados en consejo de guerra. En las últimas semanas no se ha recibido más información sobre estos procesos. El gobierno ha seguido insinuando que las personas que participaron en la manifestación, que expresaban su oposición al gobierno indonesio en Timor Oriental, "provocaron" la matanza. Los presuntos organizadores, junto a otras personas que organizaron protestas en Yakarta, Bali y otros lugares de Indonesia, han sido detenidos y algunos están siendo juzgados.

El 16 de marzo de 1992 empezó en Yakarta el juicio de Fernando de Araujo, un hombre de Timor Oriental residente en Bali. Los extractos de la acusación contra Fernando de Araujo no contienen referencia a actos que conlleven el uso o apología de la violencia ni a otros actos que pudieran interpretrarse como delitos según las normas internacionales. En su lugar, enumeran una serie de conversaciones telefónicas en las que el acusado informaba de actos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad y discutía la posibilidad de celebrar manifestaciones de protesta. La acusación declara que tras la matanza de Santa Cruz, el acusado pidió que se enviasen noticias de las muertes a embajadas extranjeras en Yakarta y a organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional. La misma acusación asegura que las conversaciones tenían como objeto "obtener la simpatía del mundo exterior por las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Timor Oriental". El acusado está procesado en virtud de la Ley Antisubversiva indonesia, cuya pena máxima es la muerte.

Las alegaciones contra Joao Freitas da Camara, también acusado de subversión en Yakarta, al parecer se refieren principalmente a la organización de una manifestación pacífica en Yakarta en protesta por la matanza de Santa Cruz. Otras personas que actualmente están siendo juzgadas en Yakarta, Domingus Barreto, Agapito Cardoso y Virgilio da Silva Guterres, al parecer están acusadas de participar en la manifestación y de portar pancartas "insultantes para el gobierno indonesio".

Los juicios de Francisco Miranda Branco y Gregorio da Cunha Saldanha comenzaron el 12 y 14 de marzo en Dili. A ambos se les acusa de subversión y de formar parte de una organización estudiantil que presuntamente apoya a Fretelin, organización implicada en la oposición armada al gobierno indonesio en Timor Oriental. Pero aparentemente, las pruebas sobre las que se basan estas acusaciones consisten en la participación de ambos en la organización de protestas pacíficas contra el gobierno indonesio en Timor Oriental, entre ellas la procesión al cementerio de Santa Cruz.

"Es preocupante que los esfuerzos por difundir información sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad hayan sido presentados como pruebas de actividad subversiva", ha dicho Amnistía Internacional.

Además, Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación porque los juicios políticos en Indonesia y Timor Oriental no cumplen las normas internacionales en materia de justicia. Con respecto a los juicios de Dili, estas preocupaciones crecieron cuando se prohibió la entrada a los tribunales a los abogados de Francisco Miranda Branco y Gregorio da Cunha Saldanha, miembros del Instituto de Asistencia Jurídica, con base en Yakarta, cuando se iniciaron los juicios el 12 y 14 de marzo. Aparentemente los abogados fueron rechazados por no tener un permiso para ejercer en Timor Oriental, decisión que los abogados refutaron con fundamentos legales. El Juez del Tribunal Supremo Ali Said anunció el 22 de marzo que los abogados del Instituto de Asistencia Jurídica obtendrían permiso para acceder a los tribunales.

Pero hay otros aspectos del trato dispensado por las autoridades a los detenidos en relación con la matanza de Santa Cruz que constituyen motivo de gran preocupación. El 28 de febrero, el gobierno anunció la liberación condicional de 17 individuos de Timor Oriental encarcelados tras las protestas en defensa de los derechos humanos registradas en Yakarta. Informes posteriores indicaban que los 17 detenidos fueron trasladados a un centro de detención del gobierno en Yakarta para recibir "educación" de oficiales del ejército. Amnistía Internacional ha pedido información sobre las situación actual de los 17, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna de las autoridades. En Timor Oriental se cree que 24 detenidos que las autoridades dijeron que serían liberados aún están confinados en lugares sin especificar a las afueras de Dili. El 9 de marzo, el jefe militar de Timor Oriental, General de Brigada Theo Syafei, comunicó a la prensa que cada uno de esos 24 presos había sido asignado a un jefe de compañía, y que "se les iba a dar orientación, se les iba a educar para convertirles en buenos indonesios".