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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 39/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/39/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 1 DE MARZO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - RUMANIA Y DINAMARCA

NOTA: Adjuntamos un punto interno sobre Colombia, con fecha de publicación, que es el texto de un anuncio que el SI colocará en una revista colombiana después del lanzamiento de la campaña. Los encargados de prensa pueden emplearlo como una guía para los anuncios de las Secciones en los medios de comunicación nacionales, aunque les recordamos que puede sufrir modificaciones.

INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Mujeres - 8 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 161/26

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Corea del Sur - 9 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 32/94

Jordania - 22 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 37/94

Sudáfrica (Bofuzatsuana) - 11 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94

Turquía - 6 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 26/94

Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Colombia - 16 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 123 + AUs AMR 23/56+57/93/ s

Sudáfrica - 23 de marzo - POSPUESTO INDEFINIDAMENTE

Arabia Saudita - 10 de mayo - TENGAN EN CUENTA EL CAMBIO DE FECHA - les mantendremos informados.

Burundi - 16 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94.

INTERNOServicio de Noticias 39/94

ÍNDICE AI: AMR 23/WU 01/1994

NO PUBLICAR ANTES DEL 16 DE MARZO DE 1994

Anuncio prensa colombiana, Campaña Colombia (marzo 94)

Dos jóvenes en el Cauca. En un cementerio, se arrodillan frente a la sepultura de un ser querido, tal vez un hermano, tal vez el padre o la madre. Uno de los 20 indígenas páez masacrados en diciembre de 1991 en la finca El Nilo, cerca de Caloto.

Se sabe que en esta matanza participaron agentes de la policía porque hubo testigos presenciales. Dos años después no han sido llevados ante la justicia. Ni siquiera han sido suspendidos de sus cargos.

No es la primera vez que los culpables quedan sin castigo. Existen pruebas abrumadoras de la participación de personal policial y militar en violaciones de derechos humanos continuas y generalizadas, pero rara vez se les hace responder ante la justicia.

En enero, dos suboficiales de la Armada Nacional informaron al Fiscal General de la Nación que una unidad de inteligencia naval de Barrancabermeja había dado muerte a cerca de un centenar de sindicalistas, educadores, activistas de derechos humanos y otras personas, por orden de un oficial de alta graduación.

¿Podemos confiar en que se haga responder de sus actos a los asesinos y al oficial que dio la orden de matar? La impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad es cada día mayor porque ningún gobierno se ha propuesto realmente hacer que actúen de conformidad con la ley. Tampoco ha cumplido el actual gobierno la promesa de disolver las fuerzas paramilitares, que continúan sembrando el terror en las zonas rurales.

Todos los días se reciben en Amnistía Internacional nuevos informes de personas inocentes abatidas a tiros, torturadas o "desaparecidas" por motivos políticos. Pero los asesinos siguen libres... libres para matar de nuevo. En 1988 se dictó una orden de prisión contra un oficial del ejército en relación con el asesinato de 21 trabajadores bananeros en Urabá. Poco tiempo después, lo ascendieron. En octubre de 1993, este mismo oficial se atribuyó la responsabilidad de la matanza de trece civiles en Riofrío, Valle del Cauca.

Y la matanza continúa...

Los abusos de la guerrilla

La violencia política no es exclusiva de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares. Los principales grupos guerrilleros matan deliberada y arbitrariamente, secuestran y toman rehenes.

Amnistía Internacional se opone a estos abusos de los grupos armados con la misma energía con la que censura los asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad y la falta de acción del gobierno. Nuestra condena se fundamenta en el derecho humanitario internacional.

Las normas internacionales son claras. Nadie debe torturar ni dar muerte a sus prisioneros: todas las personas privadas de su libertad deben ser tratadas humanitariamente. Nadie debe matar de forma deliberada y arbitraria a personas indefensas: debe respetarse la vida de civiles, enfermos y heridos, y la de los que están detenidos o se han entregado. Nadie debe tomar rehenes.

Es hora de actuar

El gobierno colombiano dice que está haciendo frente al problema de las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional no acepta esta afirmación. Mientras los asesinatos políticos queden impunes, no cesará la violencia.

Esta situación tiene solución. Lo que se necesita es la voluntad política de pasar a la acción. Ahora.

Recomendamos al gobierno que:

Acabe con la impunidad: que lleve a los responsables ante la justicia

Disuelva las fuerzas paramilitares

Proteja a los defensores de los derechos humanos

Cree una comisión investigadora independiente

Recomendamos a los grupos guerrilleros que:

Paren el asesinato de prisioneros y civiles

Abandonen la práctica de tomar rehenes

El reciente informe de Amnistía Internacional, Violencia política en Colombia: mito y realidad, detalla numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas en el país y expone lo que a nuestro criterio debe hacerse para ponerles punto final.

Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1 8DJ, Reino Unido

Servicio de Noticias 39/94

ÍNDICE AI: EUR 39/WU 01/1994

1 DE MARZO DE 1994

RUMANIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE PREOCUPACIÓN POR LA PROPUESTA DE REVISIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Amnistía Internacional teme que las disposiciones propuestas en el proyecto de ley para la revisión del Código Penal rumano vulnerarán las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Rumania.

El 16 de febrero, Amnistía Internacional escribió a Adrian Nastase, presidente de la Cámara de Diputados, expresando su preocupación por varias disposiciones que, en caso de entrar en vigor, impondrían restricciones arbitrarias y excesivas al derecho a la intimidad, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación y podrían provocar el encarcelamiento de personas que serían consideradas presos de conciencia.

En los meses de marzo, abril y diciembre de 1993, Amnistía Internacional escribió a las autoridades rumanas expresando su preocupación por el artículo 200 del Código Penal rumano que permite la detención, procesamiento y encarcelamiento de los adultos que realicen actos homosexuales libremente consentidos en privado. Al mismo tiempo, Amnistía Internacional pidió la liberación de los presos acusados o condenados en virtud de esta ley.

Amnistía Internacional instó al gobierno de Rumania a que reformara el Código Penal para garantizar que la legislación propuesta para regular los delitos sexuales no permita el encarcelamiento de las personas sólo por su homosexualidad.

Amnistía Internacional siente preocupación por la enmienda al artículo 200 del proyecto de ley de revisión del Código Penal, la cual ha sido remitida a la Cámara de Diputados, debido a que no se atiene a este criterio. El párrafo 1 de este artículo afirma: "Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo que causen escándalo público serán sancionadas con hasta cinco años de cárcel".

Este proyecto de ley incorpora una norma legal ─el escándalo público─ a la ley vigente. Amnistía Internacional considera que la violación de esta norma podría llevar a interpretaciones judiciales variadas y contradictorias. La organización teme que la expresión "que causen escándalo público" podría interpretarse para permitir en Rumania el procesamiento de adultos a causa únicamente de la realización de actos homosexuales libremente consentidos en privado, los cuales, si fueran realizados en circunstancias similares por heterosexuales, no constituirían delito.

Amnistía Internacional consideraría esto una violación del principio de no discriminación consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por Rumania. Este principio garantiza a todas las personas una protección eficaz e igual frente a las discriminaciones por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otras circunstancias.

Asimismo, Amnistía Internacional consideraría el procesamiento de adultos por la realización de actos homosexuales libremente consentidos en privado una interferencia en la intimidad de las personas, lo cual también vulneraría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula que nadie será objeto de injerencias arbitrarias, o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

El párrafo 5 del proyecto de ley de revisión del artículo 200 afirma que "convencer o seducir a una persona para practicar los actos contenidos en los párrafos anteriores, así como la propaganda, asociación u otras formas de proselitismo llevados a cabo con el mismo objeto serán penalizados con periodos de reclusión de entre uno y cinco años."

Amnistía Internacional considera que la formulación de esta disposición también es vaga y que su aplicación podría provocar el procesamiento de personas únicamente por ejercer su derecho universalmente reconocido a la libertad de expresión y al derecho a la libertad de reunión y asociación.

Amnistía Internacional también teme que al penalizar el ultraje (artículo 239), las injurias contra el Estado o la nación (artículo 236) y la divulgación de noticias falsas (artículo 168), el proyecto de ley propuesto podría vulnerar la libertad de expresión garantizada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estas disposiciones no sólo afectarían específicamente al derecho de los periodistas rumanos a la libertad de expresión y a su derecho a transmitir información e ideas sin interferencia de la autoridad pública, sino también al derecho de otros rumanos a recibir esta información.

La organización instó a los miembros de la Cámara de Diputados a que rechazaran el proyecto de ley. Asimismo, Amnistía Internacional pidió al Parlamento rumano que aboliera el artículo 200, párrafos 1 y 4 del Código Penal y que garantizara que las futuras leyes penales no pondrán en peligro el derecho a la intimidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, ni el derecho a la información, consagrados en la Constitución rumana; la organización también pidió al Parlamento que las leyes aprobadas se ajusten a los tratados internacionales sobre derechos humanos que Rumania ha ratificado.

Servicio de Noticias 39/94

ÍNDICE AI: EUR 18/WU 01/1994

1 DE MARZO DE 1994

DINAMARCA: AMNISTÍA INTERNACIONAL EXPRESA SU SATISFACCIÓN POR LA RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO CONTRA LA PENA DE MUERTE

Amnistía Internacional escribió hoy a Poul Nyrup Rasmussen, primer ministro danés, expresando su satisfacción por la ratificación por el gobierno danés del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El protocolo pretende la abolición de la pena de muerte y para Amnistía Internacional esta medida es un importante avance hacia la completa erradicación de esta pena en todo Europa y, con el tiempo, en todo el mundo.

Amnistía Internacional espera que el gobierno danés se una al llamamiento de las organizaciones de derechos humanos para que otros Estados europeos firmen y ratifiquen esta norma.