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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 62/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍNDICE AI: NWS 11/62/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SIDISTR: SC/PO

FECHA: 30 DE MARZO DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - BURUNDI

INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

**Sudáfrica - 8 de abril** - Informe sobre Bofuzatsuana y comunicado de prensa sobre la lección que debe aprenderse de los sucesos de Bofuzatsuana.

Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94

Sindicalistas - 29 de abril - Comunicado de prensa y artículo de enfoque

Arabia Saudita - 10 de mayo - Informe y comunicado de prensa sobre el trato que reciben los refugiados iraquíes en Arabia Saudita

Burundi - 16 de mayo - VÉASE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y 36/94

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Turquía - 30 de marzo - VÉASE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 46/94 Y 26/94

Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura -25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Informe Anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94

Servicio de Noticias 62/94

AFR 16/WU 05/1994/s

30 de marzo de 1994

BURUNDI: PROSIGUEN LOS HOMICIDIOS

La espiral de violencia, que volvió a estallar la semana pasada en Burundi con la matanza de cientos de civiles, podría reproducirse a menos que el gobierno, los dirigentes políticos y las fuerzas de seguridad dejen de perpetrar o de consentir las violaciones de derechos humanos y empiecen a condenarlas, según ha declarado Amnistía Internacional.

«En Burundi hace falta crear una sólida comisión que investigue sobre la diversidad de violaciones de los derechos humanos que allí se perpetran» ha declarado la organización. «La violencia se reproduce desde hace casi 40 años porque los responsables gozan de absoluta impunidad; nunca han sido identificados mediante una investigación oficial ni procesados por los delitos que han cometido».

Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a colaborar con el gobierno y los ciudadanos de Burundi para llevar a la práctica medidas que pongan fin a los homicidios y eviten que vuelvan a perpetrarse.

«La ayuda exterior serviría además para propiciar el cumplimiento de las recomendaciones de cualquier investigación imparcial orientadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos y evitar la comisión de homicidios en el futuro» ha manifestado Amnistía Internacional.

No deberían facilitarse programas de formación y equipo a las fuerzas armadas de Burundi en tanto no se hayan establecido procedimientos de vigilancia y de establecimiento de responsabilidades que garanticen que el ejército sólo va a emplear tales recursos en su condición de guardián imparcial y humanitario de todos los ciudadanos de Burundi.

Actualmente hay presentes en Burundi dos misiones de organizaciones gubernamentales internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas envió una delegación de investigación compuesta por tres personas, que llegó al país el mismo día que dieron comienzo los últimos homicidios generalizados. Tenía la misión de hacer indagaciones sobre el intento de golpe de estado del año pasado y las matanzas de octubre de 1993. No se sabe con certeza si esta delegación también va a estudiar qué otras actividades podría emprender la ONU en el futuro. A fines de 1993, la Organización para la Unidad Africana (OUA) se comprometió a enviar 180 soldados y 20 civiles para contribuir al restablecimiento del orden en Burundi. Hasta la fecha, un equipo de representantes de la OUA integrado por 15 personas se encuentra en Burundi, según informes, para intentar extender «puentes de paz». Otro equipo militar de la OUA está realizando investigaciones de tipo logístico a raíz del compromiso de la organización de enviar una fuerza de mantenimiento de paz de 180 hombres. Sin embargo, los partidos de oposición anunciaron su renuencia a que entraran fuerzas de la OUA en el país.

Amnistía Internacional acoge con agrado la presencia en Burundi de cualquier observador internacional e independiente que pueda informar de forma continuada sobre la situación de derechos humanos en el país y avisar con rapidez de cualquier nuevo estallido de la violencia. Amnistía Internacional ha declarado que una delegación de esta índole debe notificar a través de canales concretos y adecuados cualquier violación de los derechos humanos que presencie o cualquier denuncia grave que le hagan, y además debe elaborar asiduamente informes globales sobre sus actividades y conclusiones, los cuales deberían hacerse públicos en los ámbitos nacional e internacional.

La última oleada de homicidios dio comienzo el 21 de marzo de 1994, cuando las fuerzas de seguridad, cuyos miembros son predominantemente de etnia tutsi, irrumpieron en las comunidades norteñas suburbanas de Kamenge, Cibitoke y Kinama siguiendo las órdenes de un consejo de seguridad de reciente creación: acabar con la violencia entre los civiles hutu y tutsi. Su misión consistía en desarmar a ciertos residentes particulares de etnia hutu. El ejército rodeó toda la zona y, según ciertos informes, se produjo un cruce intenso de disparos entre civiles armados y el ejército. No obstante, existen cada vez más pruebas independientes y corroboradas que demuestran que el ejército ha perpetrado homicidios arbitrarios contra personas desarmadas únicamente por su etnia.

Amnistía Internacional expresó su consternación por la decisión gubernamental de dar instrucciones al ejército para que irrumpiera en el distrito, donde más de 200 personas desarmadas entre hombres, mujeres y niños habían sido ejecutadas extrajudicialmente por miembros de las fuerzas de seguridad alrededor de dos semanas antes. Estos homicidios que fueron perpetrados con anterioridad, el 6 de marzo de 1994, daban la impresión de ser una demostración de fuerza orquestada por el ejército a raíz de la negativa de algunos civiles hutu residentes en Kamengue a entregar sus armas a los gendarmes, también parece que se hicieron en represalia por la matanza, según informes, de varios gendarmes en un tiroteo previo con algunos civiles armados.

La violencia y la inestabilidad se instalaron en Burundi después que el ejército secuestró y ejecutó sumariamente al presidente Melchior Ndadaye y a otros altos cargos del gobierno y de la Asamblea Nacional en el curso de un golpe de Estado perpetrado el 21 de octubre de 1993. Entre los meses de octubre y diciembre de 1993, hasta un total de 100.000 civiles perdieron la vida. Numerosos civiles hutu fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad, algunos como represalia por los homicidios de individuos tutsi a manos de civiles hutu. La Comisión de investigación establecida por el gobierno en el mes de diciembre aún no ha empezado sus indagaciones sobre el golpe de Estado y los homicidios perpetrados. En diciembre, más de 700.000 personas habían huido a países vecinos y alrededor de 250.000 se encontraban desplazados en el interior de Burundi.