Índice AI: NWS 11/69/93/s

Distr: SC/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A:ENCARGADOS DE PRENSA

DE:PRENSA Y PUBLICACIONES

FECHA:22 DE JUNIO DE 1993

SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SEMANAL 69/93

Este Servicio de Actualización Semanal contiene puntos externos sobre Papúa Nueva Guinea, Turquía y El Salvador.

1.INICIATIVAS DE PRENSA

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DERECHOS HUMANOS - LAS INICIATIVAS DE PRENSA RELACIONADAS CON LA CONFERENCIA MUNDIAL SE REALIZARÁN SOLAMENTE EN JUNIO

**NOTICIAS SOBRE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS**

URGENTE - NUEVA INFORMACIÓN: Las declaraciones de Pierre Sané en una entrevista concedida a la revista alemana Der Spiegel han sido tergiversadas. Pierre no pidió que se enviara un Relator Especial a Alemania, tal como se ha publicado. En la entrevista le preguntaron cuál era su opinión sobre una decisión de la ONU, que ya había sido tomada, de enviar un Relator Especial a Alemania para investigar los casos de racismo, y Pierre respondió positivamente. Esperamos enviarles una respuesta más completa lo antes posible, cuando recibamos el texto completo de la entrevista de Der Spiegel aquí en el SI.

NOTA URGENTE: El viernes les enviamos una declaración oral que se pronunciará ante la Sesión Plenaria de la Conferencia Mundial. La declaración NO SE EFECTUÓ el viernes y por el momento no se sabe si se efectuará y en caso de que se efectúe, cuando se hará. Por favor, no la entreguen a la prensa por el momento.

NOTA: Se organizará algún tipo de acción de miembros sobre la Conferencia Mundial. Se pedirá a las Secciones que intenten captar apoyos en las embajadas en Viena. Pónganse en contacto con los coordinadores de campañas si desean más información.

NOTA: Ya funcionan estos números en la Oficina de Prensa de Viena:

Tel: +43 222 219 3574/3573/3572, Fax: +43 1 219 357221.

La oficina de prensa de Amnistía Internacional estará en la caseta de AI, situada frente al "Austria Centre".

Informe Anual - 06:00 horas GMT del 8 de julio

Ya les hemos enviado los resúmenes del Informe Anual, las actualizaciones regionales, el comunicado de prensa audiovisual y el comunicado de prensa convencional.

Indonesia (Aceh) - 28 de julio

Documento y comunicado de prensa que acompañará a la acción sobre los numerosos homicidios políticos masivos.

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

Arabia Saudita - 1 de julio

Se está redactando un punto del Servicio de Actualización Semanal para que acompañe al documento: Saudi Arabia: An Upsurge in Public Executions, Índice AI: MDE 23/04/93. El documento y el punto del servicio de actualización tienen como fecha de publicación el 1 de julio y se enviarán directamente a los medios de comunicación internacionales seleccionados previamente por la Oficina de Prensa del SI. Tengan en cuenta que el documento ha sido enviado en el correo semanal.

2. ASA 34/WU 01/93 EXTERNO

22 de junio de 1993

PAPÚA NUEVA GUINEA: AI HA INSTADO AL GOBIERNO A RECONSIDERAR EL DECRETO SOBRE SEGURIDAD

Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno de Papúa Nueva Guinea a reconsiderar su Ley de Seguridad Interna basándose en que posiblemente tendrá como consecuencia que se cometan violaciones de derechos humanos. La organización ha declarado: "si el decreto se convierte en ley, y se aplica en su forma actual, será prácticamente imposible garantizar que los derechos humanos están debidamente salvaguardados."

La organización internacional siente preocupación por la vaga definición de los que constituye apoyo del "terrorismo" según el decreto, y por los amplios poderes de arresto y detención que otorga a las fuerzas de seguridad. Considera que el decreto podría aplicarse con demasiada facilidad para limitar o reprimir el derecho, internacionalmente reconocido, a las libertades de expresión y de asociación.

La nueva legislación otorga al Jefe del Estado la facultad de prohibir organizaciones que están, en su opinión, "promoviendo o fomentando el terrorismo, o que podrían fomentarlo o están a punto de hacerlo". Asimismo, los individuos que, según el gobierno, apoyen a organizaciones ilegales, o que expresen su apoyo a éstas en un lugar público, pueden ser condenados a penas de entre tres y siete años de prisión.

Las apelaciones contra la ilegalización de una organización sólo se pueden dirigir al Jefe del Estado y al Consejo Ejecutivo Nacional, organismos que promulgaron el decreto, y no a una autoridad judicial independiente. Lo más preocupante es que un documento firmado por el jefe de policía certificando que un individuo es miembro de una organización proscrita constituye una prueba suficiente a prima facie de su pertenencia a esa organización.

El gobierno ha dicho que el decreto es necesario para combatir problemas de orden público, pero su definición de terrorismo incluye el uso de la violencia con fines políticos. Amnistía Internacional siente preocupación porque los vagos términos usados para describir el apoyo o incitación al "terrorismo" podría permitir que se invocara la ley para reprimir la disidencia política no violenta. También dijo que "en ningún caso, los problemas de criminalidad nunca pueden justificar la aplicación de leyes que puedan tener como consecuencia que se cometan violaciones de derechos humanos".

El decreto también otorga a la policía poder para detener sin orden de arresto y recluir a sospechosos sin cargos durante un periodo de diez días, prorrogable otros 10 días. Amnistía Internacional afirmó que "la larga experiencia en seguir la aplicación de la legislación de seguridad interna en países como Sudáfrica, Malaisia e Irlanda del Norte muestra que cuando las fuerzas de seguridad tienen poder para detener a sospechosos sin cargos ni juicio, frecuentemente se producen nuevas violaciones de derechos humanos, como torturas o malos tratos".

El decreto se presentó urgentemente en el Parlamento en mayo. No obstante, debido a que algunas de sus disposiciones restringen los derechos constitucionales, se requiere la aprobación de cada disposición por mayoría parlamentaria para que el decreto se convierta en ley. Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que revise con carácter de prioridad los términos y disposiciones del Decreto de Seguridad Interna y que cualquier legislación sobre seguridad nacional se refiere sólo a delitos tipificados en el código penal y no viola el derecho a las libertades de opinión, pensamiento, expresión y asociación. La organización ha pedido también al gobierno que esa legislación proporciona garantías adecuadas para la seguridad y el bienestar de las personas arrestadas y detenidas por las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional ha declarado: "Es alarmante que mientras el mundo se reúne en Viena para discutir un incremento de las salvaguardias de derechos humanos, las autoridades de Papúa Nueva Guinea estén planeando suprimir las salvaguardias existentes, socavando así potencialmente los derechos de sus ciudadanos. Muchas de las personas que participan en la Conferencia de Derechos Humanos son supervivientes de violaciones de derechos humanos: algunos fueron víctimas de la legislación de seguridad interna otros países y podrían proporcionar un elocuente testimonio de la forma en que se ha usado esa legislación para suprimir las libertades básicas y de cómo ha tenido ha resultado en torturas y malos tratos".

3. EUR 44/WU 04/93 EXTERNO

22 de junio de 1993

TURQUÍA: CONFIRMADA LA SENTENCIA DE UN ESCRITOR KURDO POR UN TRIBUNAL DE APELACIÓN - GRAVE PASO ATRÁS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Un escritor kurdo se convertirá probablemente en el primer preso de conciencia sentenciado a una larga pena de prisión que Amnistía Internacional adopta en Turquía en más de dos años.

El 9 de junio de 1993, la Sala Novena del Tribunal de Apelaciones de Turquía confirmó la sentencia de dos años de prisión impuesta a Edip Polat por "difundir propaganda separatista", en virtud del artículo 8/2 de la Ley Antiterrorista. La sentencia fue impuesta por el Tribunal de Seguridad del Estado, de Ankara, por un libro de Edip Polat titulado "Hicimos un Nevroz de cada amanecer" (el Nevroz es el Año Nuevo kurdo). El libro contiene recuerdos de la vida en la prisión de Diyarbakir a mediados de los años ochenta.

La sentencia supone un retroceso para los derechos humanos en Turquía. En una decisión a la que se dio mucha publicidad, el parlamento turco abolió en abril de 1991 los celebres artículos 141 y 142 del código penal turco, en virtud de los cuales centenares de presos de conciencia habían sido encarcelados durante los años ochenta. La sentencia impuesta a Edip Polat en junio le convertirá en el primer preso de conciencia turco adoptado por Amnistía Internacional desde la abolición de estos artículos en abril de 1991.

Edip Polat fue condenado en aplicación de la Ley Antiterrorista, que no incluía los artículos 141 y 142, pero contenía también disposiciones en virtud del artículo 8/2 que condenaba la "propaganda separatista" incluso si implicaba la expresión de una opinión no violenta.

En la actualidad están en marcha varios procesos similares en virtud del artículo 8/2 de la Ley Antiterrorista: el Tribunal de Apelaciones ha confirmado una sentencia de cinco meses impuesta a Salih Bal por un artículo que apareció en febrero de 1992 en la revista Medya Günesi, de la que es director. Actualmente está pendiente del dictamen del Tribunal de Apelaciones una sentencia de dos años de prisión impuesta por el Tribunal de Seguridad del Estado, de Estambul, a Osman Aytar, director general de publicaciones de Medya Günesi por otro artículo de la revista. Por otra parte, se espera que el Tribunal de Apelaciones emita pronto un dictamen sobre una sentencia de dos años de prisión impuesta por el Tribunal de Seguridad del Estado, de Ankara, a Doğu Perinçek, dirigente del Partido de los Trabajadores, por discursos efectuados durante la campaña de las elecciones generales de octubre de 1991.

Todas estas condenas contravienen el articulo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del que Turquía es Estado parte y que, en virtud de la Constitución turca, forma parte de la legislación turca.

Amnistía Internacional siente preocupación porque personas como Edip Polat están siendo procesadas aún por la expresión pacífica de sus opiniones. La organización ha pedido en muchas ocasiones al gobierno turco que tome medidas urgentes para derogar el artículo 8 de la legislación antiterrorista.

Ninguno de los mencionados se encuentran bajo custodia en este momento, pero se espera que se emitan órdenes de detención contra Edip Polat y Salih Ball en un futuro próximo.

4. AMR 29/WU 05/93 EXTERNO

22 de junio de 1993

EL SALVADOR: CONTINÚAN LOS HOMICIDIOS PERPETRADOS POR "ESCUADRONES DE LA MUERTE"

Amnistía Internacional ha escrito al presidente de El Salvador en relación con la detención de varios agentes de policía acusados de abrir fuego en una manifestación de ex combatientes inválidos en El Salvador el 20 de mayo. Al menos un manifestante murió a consecuencia de los disparos.

Amnistía Internacional recibió con satisfacción las rápidas medidas tomadas para detener a los presuntos responsables por considerarlas un paso hacia el fin de la pauta de impunidad que ha persistido en El Salvador. No obstante, la organización expresó su preocupación porque esas medidas podrían ser socavadas por el reciente anuncio del presidente de que el gobierno no investigará las actividades de los "escuadrones de la muerte", nombre usado normalmente para designar a los escuadrones que matan por orden del gobierno y a los pistoleros civiles con los que colaboran.

Amnistía Internacional cree que, lejos de ser únicamente un fenómeno propio de los ochenta, los homicidios sistemáticos del tipo de los cometidos por los escuadrones de la muerte continuaron hasta la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992. Desde entonces han seguido produciéndose con impunidad amenazas de muerte y asesinatos que llevan la marca de los homicidios cometidos por los "escuadrones de la muerte" oficiales.

Amnistía Internacional argumentó que la necesidad de una investigación especial sobre las actividades de los "escuadrones de la muerte" se subrayaba en el reciente informe de la Comisión de la Verdad, que pedía que se tomaran medidas "decisivas para erradicar este lamentable fenómeno" que aún suponía una amenaza para la sociedad. [La Comisión de la Verdad destacó también los estrechos vínculos existentes entre los militares, los asesinos a sueldo y los extremistas dentro de la comunidad empresarial salvadoreña y algunas familias acaudaladas en los homicidios atribuidos a los "escuadrones de la muerte"].

La carta continuaba señalando que existían indicios de que los homicidios al estilo de los "escuadrones de la muerte" están aumentando de nuevo. Tanto el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos como la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) habían documentado homicidios en los que el motivo más probable era político. Aunque en la mayoría de los casos no hay pruebas que vinculen estos homicidios con organismos militares o estatales, el hecho de que el gobierno no haya tomado medidas para investigar o procesar a los responsables sugieren como mínimo la existencia de aquiescencia.

Por otra parte, los serios indicios que han surgido en el pasado mostrando la participación de las estructuras del Estado en las acciones de los "escuadrones de la muerte" nunca se han investigado debidamente. Amnistía Internacional lamentó las afirmaciones oficiales de que se habían realizado investigaciones sobre los "escuadrones de la muerte" en el pasado, porque no existían pruebas concretas de la que esas investigaciones se hubieran llevado a cabo.

La organización dijo que estaba convencida de que la amenaza de los "escuadrones de la muerte" sólo cesará si hay una investigación especial sobre los homicidios -tanto de los casos pasados como de los nuevos, de los casos políticos y de los que no lo son- en los casos en los que existan indicios de que la víctima fue elegida para ser asesinada. La investigación debe intentar establecer responsabilidades en los casos individuales, las estructuras de las fuerzas responsables y sus posibles vínculos con las organizaciones del Estado. Los resultados de la investigación deben hacerse públicos, y se debe informar de todos los pasos que se den para identificar y procesar a los responsables y para desmantelar las estructuras que hay detrás de esos homicidios. Si no se toman esas medidas se corre el riesgo de fomentar ese tipo de homicidios y de perpetuar un clima de impunidad y de temor.

Amnistía Internacional instó a que se llevaran a cabo investigaciones completas sobre pasadas violaciones de derechos humanos para esclarecer todos los hechos de cada caso, y para identificar y procesar a los responsables. Con el fin de hacer esto posible, la organización reiteró su llamamiento al presidente para que derogara la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Amnistía Internacional pidió también que se estableciera un mecanismo para investigar los casos de varios millares de detenidos que "desaparecieron" durante la guerra civil y resaltó la importancia de que se haga saber a los familiares de los "desaparecidos" la suerte que corrieron sus seres queridos.

Finalmente, la organización instó al presidente a que dijera públicamente cuándo y cómo se pondrán en marcha las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, incluida una reforma del sistema judicial que garantice su independencia e imparcialidad.

Amnistía Internacional reconoció los avances en el respeto a los derechos humanos desde la firma de los acuerdos de paz, pero señaló que es demasiado pronto para juzgar si estos cambios son permanentes porque las violaciones de derechos humanos no habían sido erradicadas. La falta de investigaciones eficaces y el hecho de que no se procese a los responsables sigue constituyendo un grave problema. La reciente detención de cinco policías es un paso positivo, si las investigaciones esclarecen totalmente los hechos y los responsables de homicidios ilegítimos son juzgados. Amnistía Internacional instó al presidente a mostrar que el gobierno de El Salvador se ha comprometido a acabar con la impunidad y a erradicar las violaciones de derechos humanos poniendo en marcha las medidas expuestas en la carta.