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AMNISTÍA INTERNACIONAL

SERVICIO DE NOTICIAS 86/94

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A: ENCARGADOS DE PRENSAÍndice de AI: NWS 11/86/94/s

DE: OFICINA DE PRENSA DEL SI DISTR: SC/PO

FECHA: 26 DE ABRIL DE 1994

ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNOS - RUANDA Y CHINA

INICIATIVAS DE PRENSA - INTERNO

COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES

Sindicalistas - 29 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62/94

Arabia Saudita - 10 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 62/94

Burundi - 17 de mayo - VÉANSE SERVICIOS DE NOTICIAS 81/94, 53/94 y 36/94

China - 1 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94

Paquistán - 29 de junio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94

COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS

China - 5 de mayo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 81/94. El artículo sobre China adjunto tiene como fecha de publicación el 5 de mayo. Acompañará al documento: China: Death Penalty Figures recorded for 1993, Índice AI: ASA 17/15/94.

PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA

Informe anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94

Servicio de Noticias 86/94

ÍNDICE AI: AFR 47/WU 04/94

26 DE ABRIL DE 1994

COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES MILITARES Y GUBERNAMENTALES DE RUANDA EN LAS ATROCIDADES

Amnistía Internacional pidió hoy a las autoridades militares y gubernamentales y a los líderes políticos de Ruanda que condenen de forma enérgica y pública las matanzas que se están produciendo y que tomen medidas inmediatas para acabar con ellas.

En contra de la idea generalizada de que los conflictos étnicos y la anarquía son la causa de las decenas de millares de muertes que se han producido en Ruanda, miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno están ordenando las matanzas o tolerándolas, según Amnistía Internacional.

La organización ha afirmado: «Debe identificarse a los dirigentes responsables de estas atrocidades y hacerlos responder de sus actos. La comunidad internacional debe dejar claro que los responsables de las muertes no escaparán a la justicia».

«Si el conflicto tuviera sólo raíces étnicas, las fuerzas armadas, dominadas por los hutu no habrían ejecutado extrajudicialmente a varios ministros hutu, entre ellos al primer ministro Agathe Uwilingiyimana y a otros dirigentes de la oposición».

Cada día se producen nuevos informes de matanzas y atrocidades en Ruanda. Amnistía Internacional ha sabido hoy que la milicia financiada por el gobierno y las fuerzas de seguridad están matando a individuos seleccionados de entre un grupo de más de 5.000 personas que se habían refugiado en un estadio deportivo huyendo de los combates que tienen lugar en la localidad de Cyangugu, en el sureste del país.

Los refugiados, que no tienen techo ni alimentos, son seleccionados a intervalos regulares para ser ejecutados. Según informes, se ha matado a decenas de miles de civiles desde que el presidente Juvénal Habyarimana murió en un atentado contra el avión en que viajaba el día 6 de abril.

Desde que comenzó la guerra entre el Frente Patriótico Ruandés (FPR) y las fuerzas del gobierno en octubre de 1990, Amnistía Internacional ha hecho numerosos llamamientos y recomendaciones a las autoridades de seguridad y del gobierno para que eviten los homicidios y lleven a los responsables antes los tribunales. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias también ha hecho llamientos similares.

En lugar de poner en práctica esas recomendaciones, el partido gobernante, al que pertenecía el presidente Juvénal Habyarimana, el Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRND), armó y movilizó a sus seguidores, especialente a la sección juvenil, conocida como Interahamwe, para que atacaran y mataran a simpatizantes o presuntos simpatizantes del Frente Patriótico Ruandés.

Durante los dos últimos años, el MRND ha estado aliado a la Coalición para la Defensa de la República (CDR), compuesta exclusivamente por hutu. La sección juvenil del CDR, conocida localmente como Impuzamugambi, ha orquestado una violenta campaña contra cualquier hutu que apoye el Acuerdo de Paz de Arusa, que incluye compartir el poder con el FPR dominado por los tutsi, y contra todos los tutsis. Más de 2.300 personas habían sido asesinadas con total impunidad antes de la última oleada de homicidios.

En los últimos meses Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos según los cuales los militares y las autoridades gubernamentales han estado proporcionando armas a Interhamwe e Impuzamugambi, que estos grupos están usando ahora en su campaña de homicidios. Las matanzas que se están produciendo en Kigali y en otras partes del país están siendo llevadas a cabo principalmente por simpatizantes del MRND y del CDR, en colaboración con miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente los de la guardia presidencial, la Gendarmería y otras unidades de las fuerzas armadas ruandesas. La mayor parte de los homicidios son de motivación política y tienen como fin acabar con todos los seguidores y simpatizantes de los partidos opuestos al MRND y al CDR.

No está claro si el secretario general del MRND, Joseph Nzirorera, y el dirigente del CDR, Jean-Bosco Barayagwiza, apoyan los homicidios o se oponen a ellos. No obstante, no se tienen noticias de que hayan condenado las matanzas o pedido a sus seguidores que acaben con ellas. Al parecer, la guardia presidencial está al mando del comandante Ntabakunze, que es también jefe del batallón Kanombe, de Kigali. Al parecer, las autoridades del gobierno local están animando a los seguidores del MRND y del CDR a matar a sus oponentes. Según informes, a algunos miembros de la oposición que se negaron a participar en las matanzas, como los prefectos de Butare y Kibungo, los han matado.

Un hutu que huyó recientemente de Ruanda ha declarado a Amnistía Internacional: «La comunidad internacional está equivocando las causa de las matanzas. No son únicamente étnicas. Hay una campaña para eliminar a todos los hutu, especialmente a los de la zona del sur de Ruanda, que se opongan a la campaña y para exterminar a todos los tutsi. Es por eso por lo que han matado a ministros hutu y a otras autoridades gubernamentales, mientras algunos miembros de partidos de oposición se han puesto del lado de los asesinos y su vida no corre peligro»

Algunos gobiernos extranjeros tienen también cierta responsabilidad en las matanzas que se están produciendo. Se sabe que Francia, Sudáfrica y Egipto han proporcionado al gobierno de Ruanda armas que casi con total certeza se han usado para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.

La Decisión tomada el 21 de abril por las Naciones Unidas de retirar la mayor parte de sus fuerzas de pacificación de Ruanda dejó a muchos civiles ruandeses en manos de las fuerzas del FPR. Esto puede hacer que parezca que estos civiles son partidarios del FPR, lo cual puede hacerles correr un grave riesgo si el FPR se retira de las zonas que controla. Por otra parte, con la retirada de la ONU y de otros grupos de ayuda extranjeros, quedan en Ruanda pocos observadores independientes para informar de los abusos contra los derechos humanos o proteger a las posibles víctimas de ellos.

El FPR inició la guerra en 1990 desde la vecina Uganda, país que sirvió repetidamente como base de retaguardia y lugar de aprovisionamiento. El propio FPR ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos, según informes, homicidios de represalia contra civiles cometidos desde el 7 de abril. Amnistía Internacional ha pedido a los jefes del FPR que eviten que sus propios combatientes lleven a cabo homicidios deliberados y arbitarios de civiles desarmados.

ÍNDICE AI: ASA 17/WU 07/94

NO PUBLICAR ANTES DEL 5 DE MAYO DE 1994

CHINA: LAS CIFRAS REALES DE PENA DE MUERTE PROBABLEMENTE SUPERAN CON MUCHO A LAS DOCUMENTADAS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL, LAS MÁS ELEVADAS QUE HA REGISTRADO LA ORGANIZACIÓN HASTA EL MOMENTO

Las cifras documentadas por Amnistía Internacional sobre pena de muerte en China en 1993 son las más elevadas que la organización ha registrado nunca en un año, con al menos 2.564 personas condenadas a muerte y más de 1.419 ejecutadas.

Amnistía Internacional ha afirmado: "Incluso estas cifras están probablemente muy por debajo de las verdaderas, que las autoridades chinas consideran un "secreto de Estado".

Un indicio de la escala de las ejecuciones es el hecho de que sólo en un día -el 25 de noviembre de 1993- fueran ejecutadas un total de 140 personas en 17 ciudades diferentes de la provincia de Henan, en la zona central de China. La mayoría fueron sentenciadas a muerte por delitos violentos, pero muchas otras fueron ejecutadas por delitos no violentos como el robo o la malversación, que en otros países se castigan sólo con multas o con la cárcel.

En la edición de mayo de 1994 de un documento semestral ilustrado sobre las sentencias de muerte en China, Amnistía Internacional detalla la información de que dispone sobre las sentencias de muerte impuestas de julio a diciembre de 1993. Entre los condenados a muerte hay personas declaradas culpables de delitos no violentos, que abarcan desde aceptar sobornos hasta vender fertilizantes químicos adulterados.

Las cifras de Amnistía Internacional sobre los últimos años muestran que el número de sentencias de muerte y ejecuciones aumenta enormemente durante las campañas para combatir la delincuencia. También se incrementa en fechas clave, como el 26 de junio, Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Drogas, y en enero, cuando se acerca el festival del Año Nuevo Chino, como advertencia a los posibles delincuentes.

Esta misma pauta surgió en los días previos al 1 de octubre, Día Nacional de China, lo cual explica en parte el dramático incremento de las cifras de que dispone Amnistía Internacional respecto a septiembre de 1993.

Otro factor que contribuyó al elevado número de sentencias de muerte impuestas en septiembre fue la puesta en marcha por parte de las autoridades de una campaña nacional contra la delincuencia en la segunda mitad de agosto. Como consecuencia de ello, decenas de funcionarios han sido ejecutados recientemente por delitos que abarcan desde aceptar sobornos hasta la extorsión y la malversación.

China destaca por el grado en el que usa la pena capital. Según las cifras registradas por Amnistía Internacional en 1992, en China se llevaron a cabo el 63 por ciento de las ejecuciones que tuvieron lugar en el mundo ese año. Sin embargo, ni en China ni en ningún otro lugar existen pruebas de que las ejecuciones actúen como factor disuasorio y propicien la disminución del número de delitos.

Amnistía Internacional reitera el llamamiento que en septiembre de 1993 efectuó a las autoridades chinas para que, en ausencia de una decisión política de abolir la pena de muerte en China en el presente, las autoridades suspendan todas las ejecuciones hasta que se revisen los procedimientos jurídicos para garantizar a todos los acusados el derecho a un juicio justo.

La organización ha pedido también que se acabe con los malos tratos a los presos condenados a muerte, especialmente con el uso de grilletes en las manos y los pies y con la detención en régimen de incomunicación de esos presos. Amnistía Internacional ha pedido también que se prohíba el uso de órganos de presos ejecutados para trasplantes sin su libre y pleno consentimiento.

La organización de derechos humanos se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerar que constituye la forma más extrema de trato cruel, inhumano y degradante, y que viola el derecho a la vida, tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. NOTA DE EDAI: Les adelantamos este comunicado de prensa sobre China, que hemos recibido como artículo del Servicio de Noticias 86/94, que les enviaremos próximamente.

ÍNDICE AI: ASA 17/WU 07/94

NO PUBLICAR ANTES DEL 5 DE MAYO DE 1994

CHINA: LAS CIFRAS REALES DE PENA DE MUERTE PROBABLEMENTE SUPERAN CON MUCHO A LAS DOCUMENTADAS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL, LAS MÁS ELEVADAS QUE HA REGISTRADO LA ORGANIZACIÓN HASTA EL MOMENTO

Las cifras documentadas por Amnistía Internacional sobre pena de muerte en China en 1993 son las más elevadas que la organización ha registrado nunca en un año, con al menos 2.564 personas condenadas a muerte y más de 1.419 ejecutadas.

Amnistía Internacional ha afirmado: "Incluso estas cifras están probablemente muy por debajo de las verdaderas, que las autoridades chinas consideran un "secreto de Estado".

Un indicio de la escala de las ejecuciones es el hecho de que sólo en un día -el 25 de noviembre de 1993- fueran ejecutadas un total de 140 personas en 17 ciudades diferentes de la provincia de Henan, en la zona central de China. La mayoría fueron sentenciadas a muerte por delitos violentos, pero muchas otras fueron ejecutadas por delitos no violentos como el robo o la malversación, que en otros países se castigan sólo con multas o con la cárcel.

En la edición de mayo de 1994 de un documento semestral ilustrado sobre las sentencias de muerte en China, Amnistía Internacional detalla la información de que dispone sobre las sentencias de muerte impuestas de julio a diciembre de 1993. Entre los condenados a muerte hay personas declaradas culpables de delitos no violentos, que abarcan desde aceptar sobornos hasta vender fertilizantes químicos adulterados.

Las cifras de Amnistía Internacional sobre los últimos años muestran que el número de sentencias de muerte y ejecuciones aumenta enormemente durante las campañas para combatir la delincuencia. También se incrementa en fechas clave, como el 26 de junio, Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Drogas, y en enero, cuando se acerca el festival del Año Nuevo Chino, como advertencia a los posibles delincuentes.

Esta misma pauta surgió en los días previos al 1 de octubre, Día Nacional de China, lo cual explica en parte el dramático incremento de las cifras de que dispone Amnistía Internacional respecto a septiembre de 1993.

Otro factor que contribuyó al elevado número de sentencias de muerte impuestas en septiembre fue la puesta en marcha por parte de las autoridades de una campaña nacional contra la delincuencia en la segunda mitad de agosto. Como consecuencia de ello, decenas de funcionarios han sido ejecutados recientemente por delitos que abarcan desde aceptar sobornos hasta la extorsión y la malversación.

China destaca por el grado en el que usa la pena capital. Según las cifras registradas por Amnistía Internacional en 1992, en China se llevaron a cabo el 63 por ciento de las ejecuciones que tuvieron lugar en el mundo ese año. Sin embargo, ni en China ni en ningún otro lugar existen pruebas de que las ejecuciones actúen como factor disuasorio y propicien la disminución del número de delitos.

Amnistía Internacional reitera el llamamiento que en septiembre de 1993 efectuó a las autoridades chinas para que, en ausencia de una decisión política de abolir la pena de muerte en China en el presente, las autoridades suspendan todas las ejecuciones hasta que se revisen los procedimientos jurídicos para garantizar a todos los acusados el derecho a un juicio justo.

La organización ha pedido también que se acabe con los malos tratos a los presos condenados a muerte, especialmente con el uso de grilletes en las manos y los pies y con la detención en régimen de incomunicación de esos presos. Amnistía Internacional ha pedido también que se prohíba el uso de órganos de presos ejecutados para trasplantes sin su libre y pleno consentimiento.

La organización de derechos humanos se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerar que constituye la forma más extrema de trato cruel, inhumano y degradante, y que viola el derecho a la vida, tal como proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.