Amnistía Internacional: Boletín, abril de 1996

Enfoque

[Pie de foto]: Oficial del ejército entre la multitud, en la ciudad de Shenzhen.

© Sinopix

China: Vivir a la sombra de la represión

La quinta parte de la población mundial está sujeta a la autoridad de un gobierno que desprecia los derechos humanos. Pese a la enorme transformación económica de la última década, China sigue siendo escenario de violaciones de derechos humanos a escala masiva. Muchos de los abusos son consecuencia de la política oficial y de la legislación represiva en vigor; otros violan la legislación nacional cuando las autoridades ejercen su poder arbitrariamente y, con harta frecuencia, quedan impunes.

El gobierno reprime implacablemente la disensión y cualquier otra actividad que se considere una amenaza al orden político establecido. Miles de disidentes políticos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos religiosos o étnicos están encarcelados, en muchos casos por la sola expresión pública de sus convicciones. Cientos de miles de personas —posiblemente muchas más— están detenidas por vía administrativa, a menudo en campos de trabajos forzados, sin que se las haya acusado formalmente de un delito.

La práctica de la tortura sigue siendo endémica, y causa numerosas muertes todos los años. La pena de muerte se usa de forma generalizada y arbitraria como herramienta para amedrentar a la población. En China se registran más ejecuciones anuales que en el resto de los países del mundo. Ciertos programas sociales como la política del control de natalidad se aplican de forma que facilitan los malos tratos.

Quienes tratan de expresar valores nacionales, culturales o religiosos considerados una amenaza para el Estado sufren medidas represivas y tratos brutales a manos de los agentes de éste.

El programa de modernización económica no ha surtido un efecto dinamizante en las estructuras políticas de mando. El gobierno sigue monopolizado por el Partido Comunista Chino (PCC). La Asamblea Nacional Popular, el órgano legislativo nacional, aún no cuenta con suficiente poder, y la judicatura continúa bajo la égida del PCC. Pese a que se han promulgado algunas leyes encaminadas a remediar las violaciones de derechos humanos, no se ve señal alguna de cambios trascendentales en la política oficial sobre derechos humanos o en aquellos aspectos del sistema jurídico que hacen posibles los abusos.

La creciente apertura de China al exterior a través del comercio no se ha visto acompañada de un impulso para colaborar con la comunidad internacional en la esfera de los derechos humanos. Las autoridades sostienen que éstos son cuestión privativa del Estado soberano, y que nadie tiene derecho a interferir en sus asuntos internos.

Pero el mundo no puede seguir ignorando lo que ocurre con la quinta parte de su población. La comunidad internacional debe presionar al gobierno chino para que adopte con urgencia medidas que protejan los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

[Pie de foto]: Personas sentenciadas a muerte en la prefectura de Pehong, provincia de Yunnan, durante una campaña contra estupefacientes.

© Xinhua/Frank Spooner

[Pie de foto]: Yan Zhengxue

© Open Magazine

[Pie de foto]: Ren Wanding

© AP

PENA DE MUERTE

Todos los años se dictan en China miles de condenas de muerte (más que en todos los demás países del mundo juntos), con el objetivo de crear una atmósfera de temor. En muchos casos, la pena capital se aplica arbitrariamente, tras procedimientos que no ofrecen garantías contra los errores judiciales.

Además, China ha continuado ampliando la aplicación de la pena capital. Se estima que hoy en día alcanzan a 68 los delitos punibles con la muerte. Un número creciente de casos se relacionan con delitos no violentos: en 1994, por ejemplo, dos campesinos fueron ejecutados en la provincia de Henan por robar 36 piezas de ganado y maquinaria agrícola por un valor de 9.300 dólares.

Los acusados pueden ser sometidos a juicio sin contar con la asistencia de un abogado y sin saber qué delito se les imputa hasta el momento en que comparecen ante el tribunal. Con frecuencia, la inculpación se decide de antemano. Algunas condenas se dictan únicamente en base a confesiones, con frecuencia obtenidas con tortura. Las ejecuciones pueden llevarse a cabo a los pocos días de dictada la sentencia, y las apelaciones rara vez tienen éxito. A los presos condenados a muerte se los somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como mantenerlos aherrojados desde el momento en que son sentenciados hasta su ejecución.

Algunas ejecuciones se realizan en público; la mayoría, en lugares no demasiado visibles, después de haber hecho desfilar a los presos ante reuniones masivas o de haberlos exhibido transportándolos por las calles en la parte posterior de un camión.

TORTURA

La tortura es endémica en China. Se la emplea tanto con presos políticos como con presos comunes. Los métodos de tortura más generalizados son las palizas brutales, los azotes, golpes y puntapiés, el uso de picanas que administran fuertes descargas eléctricas, el empleo prolongado de esposas o grilletes de manera que causan dolores intensos, y la suspensión por los brazos, a menudo combinada con palizas.

Es común que se torture a los sospechosos de delitos comunes para que "confiesen". A principios de 1995, cuatro muchachas menores de 16 años y dos hombres jóvenes fueron torturados en Fuxin, provincia de Liaoning, por un funcionario de la Seguridad Pública empeñado en que "confesaran" su "conducta vandálica y promiscua".

ABUSO DE PODER

Yan Zhengxue, pintor de 50 años, era diputado en una Asamblea Popular local de la provincia de Zhejiang. El 2 de julio de 1993, una disputa en apariencia insignificante con un conductor de autobús en Pekín lo precipitó en un mundo de abuso del poder desenfrenado por parte de los funcionarios del gobierno.

El conductor llamó a la policía, que llevó a Yan Zhengxue a la comisaría del distrito de Haidian. Una vez allí, tres agentes lo golpearon brutalmente sin la menor explicación. Avanzada la noche, lo arrojaron a la calle, en un estado tal que prácticamente no podía moverse. Un transeúnte lo llevó a un hospital, donde recibió tratamiento para múltiples contusiones y cortes.

Yan Zhengxue presentó una queja contra sus agresores ante el tribunal local. Finalmente, en abril de 1994, con la ayuda de una vigorosa campaña pública, uno de sus torturadores fue enjuiciado y condenado a una pena suspendida de un año de cárcel, y al pago de compensación a la víctima.

Unos días después, Yan Zhengxue fue detenido y acusado falsamente de haber hurtado una bicicleta en 1993. En abril de 1994 lo condenaron, sin cargos ni juicio, a dos años de "reeducación mediante el trabajo", que cumple actualmente en un campo de trabajos forzados. Sus torturadores siguen libres.

Los trabajos forzados y la "admisión de culpa" son elementos fundamentales de la política penal china, y a menudo conducen al maltrato de los presos. Los perpetradores suelen ser "presos de confianza", encargados por las autoridades de supervisar a los demás internos. A principios de 1995, la presa política Tong Yi fue golpeada repetidamente por dos "presas de confianza" en el campo de trabajos forzados de Hewan, en Wuhan, provincia de Hubei, por quejarse del prolongado horario de trabajo. Cuando denunció la paliza a las autoridades del campo, fue golpeada nuevamente, en más de diez ocasiones, por otras reclusas.

Las autoridades chinas han creado un aparato legislativo represor que atrapa, con el encarcelamiento o la intimidación, a los disidentes políticos, defensores de los derechos humanos, miembros de grupos religiosos y étnicos y muchas otras personas. Cuando esas medidas no resultan suficientes, las autoridades recurren a otros aspectos de la ley para conseguir los mismos fines.

En la mayoría de los casos políticos, los juicios son una mera formalidad y los acusados son condenados antes de comparecer: las autoridades políticas deciden la culpabilidad y la pena. En todos los juicios se ponen grandes trabas a los derechos de la defensa.

Wei Jingsheng, que ha criticado abiertamente al gobierno, fue detenido a principios de abril de 1994. Pasó casi 20 meses recluido sin cargos. Lo privaron de libertad por expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas y de derechos humanos, y por mantener contactos con ciudadanos extranjeros. El 21 de noviembre de 1995 lo acusaron formalmente de "conspirar para derrocar al gobierno" , y le impusieron una pena de 14 años de cárcel tras un juicio al que no se dio acceso a observadores independientes. Anteriormente había pasado más de 14 años como preso de conciencia, habiendo quedado en libertad condicional en septiembre de 1993.

DISIDENTES POLÍTICOS

En junio de 1989, las autoridades chinas enviaron tropas y tanques para "despejar" la Plaza Tiananmen, en Pekín, y aplastar el movimiento democrático popular. Hubo muchos muertos. En la ofensiva que siguió, cientos recibieron largas penas de cárcel por delitos "contrarrevolucionarios", sumándose así a los miles encarcelados durante la última década por propugnar reformas políticas o por formar pequeñas agrupaciones políticas. Desde 1994, muchas personas que han tratado de impulsar cambios actuando dentro de los estrechos carriles legales también han sido detenidas arbitrariamente.

ACTIVISTAS SINDICALES

Los trabajadores chinos sólo pueden afiliarse a un sindicato, la Federación Nacional China de Sindicatos (FNCS). Quienes han tratado de organizar agrupaciones independientes han sido encarcelados o detenidos sin cargos.

Durante el apogeo del movimiento democrático, grupos de trabajadores de varias ciudades formaron federaciones autónomas de trabajadores como alternativa a la FNCS. Estos grupos fueron proscritos sin demora tras la ofensiva del 4 de junio de 1989, y sus organizadores, detenidos y enjuiciados por delitos "contrarrevolucionarios". Desde entonces, también se ha detenido a otros activistas sindicales.

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los defensores de los derechos humanos reciben el mismo trato despiadado. Ren Wanding fue detenido en Pekín en 1989. Veterano de las campañas en pro de los derechos humanos, es uno de los muchos que han alzado su voz valerosamente. En 1991 fue condenado a siete años de cárcel por "propaganda e incitación contrarrevolucionarias". Los cargos se basaron en sus llamamientos a que se respetasen los derechos humanos, la libertad de expresión y el imperio del Derecho. En 1994 se detuvo a no menos de ocho personas que trataron de registrar oficialmente la Asociación de Derechos Humanos en Shanghai. Algunas fueron condenadas a periodos de "reeducación mediante el trabajo" sin habérseles formulado cargos ni habérselas sometido a juicio. Muchos residentes de Tíbet han sido hostigados o encarcelados por recoger o distribuir información sobre derechos humanos.

En Pekín, entre marzo y mayo de 1995, varios grupos que incluían a conocidos intelectuales y ex presos de conciencia firmaron peticiones a las autoridades en las que pedían un mayor grado de democracia y la implantación de reformas en la esfera de los derechos humanos. Más de 50 firmantes fueron detenidos. Algunos recobraron la libertad tras ser interrogados, pero los sometieron a vigilancia o se les ordenó abandonar Pekín. Se cree que al menos 10 seguían detenidos sin cargos en septiembre de 1995.

GRUPOS RELIGIOSOS

En China también se coarta la libertad de culto. Durante los últimos dos años se ha intensificado la represión contra las actividades religiosas que se realizan sin autorización del gobierno. Muchas reuniones pacíficas que no contaban con permiso oficial han sido dispersadas por la policía, y los asistentes han sido sometidos a palizas, amenazas y detenciones. En abril de 1995, en la provincia de Jiangxi, 30 fieles católicos fueron detenidos en relación con la organización de una misa de Pascua en la montaña de Yi Jia Shan, partido de Chongren. Posteriormente, algunos fueron encarcelados; entre ellos, Rao Yanping, de 18 años, que fue condenada a una pena de cuatro años de cárcel.

REPRESIÓN REGIONAL

China tiene numerosas regiones de gran diversidad cultural, donde ciertos grupos étnicos se ven atrapados por los tentáculos de leyes y reglamentos represivos que les niegan el derecho a expresar pacíficamente sus aspiraciones nacionales, religiosas o culturales.

En Baren, un partido rural donde reside la comunidad uighur, en el este de la provincia de Xinjiang, varias semanas de protestas culminaron en abril de 1990 con encuentros violentos entre las fuerzas de seguridad y los miembros de la comunidad uighur congregados en una mezquita. Hubo varios muertos. Se desató entonces una brutal ofensiva en la que se cree que varios miles de personas fueron detenidas en todos los rincones de la región. Muchas fueron torturadas. Posteriormente, tres fueron condenadas a muerte y ejecutadas.

REPRESIÓN EN EL TÍBET

Miles de tibetanos han sido detenidos arbitrariamente y muchos han sido torturados desde que, en septiembre de 1987, se reanudaran las manifestaciones preconizando la independencia del Tíbet. Decenas de manifestantes han resultado muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. A otros los han encarcelado por realizar actividades pacíficas como gritar lemas, hacer ondear la bandera nacional tibetana y distribuir folletos independentistas. Muchos niños y jóvenes han sido encarcelados y torturados.

Phuntsog Nyidron, monja de 28 años del convento de Michungri, fue condenada en 1989 a una pena de nueve años de cárcel por organizar una breve y pacífica manifestación independentista en Lhasa. La pena fue aumentada posteriormente a 17 años porque Phuntsog Nyidron había grabado canciones nacionalistas en la cárcel.

En 1995, muchos monasterios y conventos del Tíbet fueron blanco de redadas policiales después de que se celebraran actos de protesta contra las nuevas restricciones impuestas a la libertad de culto. A principios de 1995 había más de 650 presos políticos en las cárceles del Tíbet, en su gran mayoría monjes y monjas detenidos únicamente por expresar de forma pacífica su apoyo al ideal de independencia para Tíbet.

CONTROL DE NATALIDAD

Son muchas las personas, especialmente mujeres, que sufren abusos como consecuencia de la política china sobre control de la natalidad que viene aplicándose desde 1979 de manera implacable. Las mujeres que conciben en infracción del plan son secuestradas y obligadas a abortar o esterilizarse. Según informes, los infantes nacidos en contravención de las cuotas oficiales son asesinados por médicos que ceden a las presiones de las autoridades, y algunas parejas que se niegan a acatar el sistema de cuotas ven sus hogares arrasados. Los familiares de quienes no consiguen pagar las multas impuestas por tener demasiados hijos son mantenidos como rehenes hasta que se efectúa el pago. Y los que ayudan a una familia a tener hijos por encima de su cuota son castigados con rigor.

Una mujer soltera de la provincia de Hebei que había adoptado a uno de sus sobrinos fue detenida en varias ocasiones para obligar a su hermano a pagar multas por exceder la cuota de hijos. En noviembre de 1994, estuvo siete días detenida con otras doce personas y, al parecer, fue torturada.

[Pie de foto]:En junio de 1989, las autoridades chinas enviaron tropas para aplastar el movimiento democrático popular de Pekín.

© David Turnley / Detmit Free Press / Black Star

El gobierno chino se ha mostrado receptivo a la opinión mundial. Lamentablemente, aquéllos que tienen un mayor contacto con los líderes chinos —los gobiernos y las compañías comerciales extranjeras— han optado por ignorar las cuestiones de derechos humanos.

En foros internacionales como la ONU, los gobiernos se han doblegado ante la presión política y se han abstenido de criticar a China. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU no ha adoptado una sola resolución que censure la matanza de civiles ocurrida durante la ofensiva de 1989 ni las muchas y bien documentadas violaciones de derechos humanos que la siguieron.

Una y otra vez, el gobierno chino ha tratado de desviar las críticas y eludir el escrutinio de su historial de derechos humanos. Las autoridades afirman reconocer la universalidad de los principios de derechos humanos establecidos por la ONU. Al mismo tiempo, sin embargo, sostienen empecinadamente que los Estados deben ser libres de aplicar dichos principios de conformidad con sus propias circunstancias culturales, históricas y políticas.

China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Como tal, goza de considerable influencia y comparte la responsabilidad de defender las normas de derechos humanos internacionales. Para poder convertirse de lleno en miembro de la comunidad internacional, China debe aceptar la mayor responsabilidad y apertura que conlleva tal participación.

La comunidad internacional también debe estar a la altura de sus responsabilidades. Los gobiernos del mundo, las organizaciones regionales como la Cooperación Económica para Asia y el Pacífico y los socios comerciales de China tienen medios de aplicar presiones sostenidas sobre las autoridades chinas para que respeten los derechos humanos. Hasta ahora, no han demostrado ni la voluntad ni la imaginación necesarias para hacerlo.

Las compañías que mantienen lazos comerciales con China pueden y deben contribuir a la tarea. Deben velar por que sus prácticas en este país sean ejemplares, respetando los derechos humanos de sus empleados, especialmente el derecho a la libertad de información y asociación; deben ejercer presión sobre las autoridades chinas en todas las ocasiones posibles para que introduzcan garantías para la protección de los derechos humanos y para que pongan fin al ejercicio arbitrario del poder por los agentes del Estado; y deben fomentar la toma de conciencia sobre los principios fundamentales de derechos humanos diseminando información sobre estos derechos, promoviendo códigos de ética comercial y apoyando todas las iniciativas que se presenten en materia de educación en derechos humanos.

RECOMENDACIONES

AI pide al gobierno chino que:

• Establezca una comisión nacional de investigación encargada de examinar exhaustivamente las circunstancias en que ocurren las violaciones de derechos humanos y las medidas legales y de otra naturaleza necesarias para erradicarlas.

• Ponga fin a la impunidad velando por que todos los abusos se investigan de manera exhaustiva, pronta e imparcial y los perpetradores son llevados ante la justicia.• Haga cesar y prevenga la tortura introduciendo garantías para los derechos de los presos y prohibiendo todos los actos de tortura y malos tratos.

• Ponga fin a la detención y el encarcelamiento arbitrarios, dejando en libertad a los presos de conciencia.

• Vele por que los juicios reúnan las debidas garantías estipuladas en las normas internacionales.

• Deje de aplicar la pena de muerte.

• Elimine los abusos derivados de la política de control de la natalidad.

• Adopte medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos.

• Ratifique los tratados internacionales de derechos humanos y coopere con los mecanismos de la ONU.

AI pide a la comunidad internacional y a quienes mantienen contactos con China que:

• Alienten al gobierno chino a que ratifique los tratados internacionales de derechos humanos e invite a los expertos en derechos humanos de la ONU y de las organizaciones de derechos humanos pertinentes a que visiten China para investigar cuestiones de derechos humanos.

• Cuando sea posible, dialoguen con las autoridades chinas sobre cuestiones de derechos humanos, y apliquen presiones sobre ellas a fin de que acaten las normas de derechos humanos internacionales.

• Usen todas las oportunidades posibles al desarrollar vínculos culturales y económicos con China para crear un entendimiento de los derechos humanos común.

• Velen por que no se efectúan transferencias de seguridad a China cuando haya motivos fundados para creer que éstas contribuirán a la comisión de detenciones arbitrarias, tortura o malos tratos.

Amnistía Internacional: Boletín, abril de 1996

Noticias

BAHREIN

[Pie de foto]: Las fuerzas del orden patrullan una localidad cerca de Manama donde a principios de año dos explosivos estallaron en hoteles, en el marco de una nueva ola de protestas contra el gobierno que comenzaron el pasado noviembre.

© AP

Cientos de detenidos en ola de protesta

Cientos de personas fueron detenidas a raíz de una serie de actos de protesta realizados en Bahrein en enero de 1996. Algunos eran escolares de apenas siete años de edad, que recobraron la libertad varios días después. Detuvieron también a nueve destacados clérigos musulmanes chiitas y líderes de la oposición. La mayoría de los detenidos fueron puestos en régimen de incomunicación, en peligro de que los torturaran. Esta última ola de detenciones puso de manifiesto el continuado desprecio del gobierno por los derechos de los presos políticos y de otros que podrían ser presos de conciencia. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad comenzaron cuando los manifestantes protestaban contra la clausura de varias mezquitas donde a finales de 1995 y enero de este año, prominentes figuras religiosas chiitas habían pedido públicamente el restablecimiento de la Constitución y del Parlamento, disuelto en 1975.

Hubo detenciones en masa. Muchas otras personas fueron detenidas después de dos atentados con explosivos ocurridos en Manama el 17 de enero y el 11 de febrero; en el último, tres personas resultaron heridas. Las fuerzas de seguridad han seguido practicando detenciones, especialmente en las localidades chiitas, después de que los grupos de oposición anunciaran que aumentarían sus protestas al acabar el Ramadán, el 19 de febrero.

Las autoridades anunciaron que el número de personas detenidas desde enero era de unas 260, pero abogados y fuentes de la oposición afirman que hubo unos 2.000 detenidos que, en su gran mayoría, fueron llevados de sus domicilios en redadas nocturnas o aprehendidos en controles callejeros. La mayoría carecieron de acceso a familiares o abogados. En algunos casos se tomó como rehenes a familiares para obligar a las personas buscadas a entregarse a las autoridades. AI cree que muchos de los detenidos pueden ser presos de conciencia.

Los nueve clérigos y líderes habían sido detenidos durante los disturbios del año pasado y habían permanecido recluidos sin cargos ni juicio hasta que los pusieron en libertad en septiembre. Volvieron a detenerlos en enero de este año. Uno de ellos fue el jeque ´Abd al-Amir Mansur al-Jamri, prominente musulmán chiita y erudito religioso, y miembro de la Asamblea Nacional disuelta en 1975. El gobierno anunció que sometería a los nueve a juicio por «instigación y organización de violencia». A finales de enero, el jeque al-Jamri y dos de sus compañeros, Hassan Meshema´a y Abdul Wahab Hussein, se declararon en huelga de hambre y fueron ingresados brevemente en el Hospital Militar de Manama. Al parecer los han vuelto a llevar a la prisión principal de al-Qual´a.

En una carta al gobierno, AI ha pedido la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por expresar pacíficamente sus convicciones. La organización también ha solicitado información sobre los detenidos políticos, incluyendo detalles de los cargos en su contra, y ha pedido garantías de que se les va a someter sin dilación a juicios celebrados de conformidad con las normas internacionales. También ha pedido que se le asegure que todos los detenidos son tratados humanitariamente y que tienen acceso a sus familiares y abogados, y la atención médica necesaria. AI se ha dirigido repetidamente por escrito al gobierno bahriní solicitando una reunión con éste, así como autorización para realizar una visita de investigación a Bahrein, pero hasta la fecha no ha recibido una respuesta positiva.

SENEGAL

Persiste la tortura con impunidad y continúan los abusos contra los derechos humanos en Casamancia

Pese a que las autoridades senegalesas lo niegan, la práctica de la tortura sigue siendo generalizada y, al parecer, tolerada, al menos a cierto nivel de los mandos del país. Son frecuentes las torturas a detenidos comunes y políticos bajo custodia policial, y los responsables rara vez son enjuiciados.

En Casamancia, región del sur de Senegal donde las fuerzas de seguridad combaten contra separatistas armados, miembros del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamancia (MFDC), se han venido cometiendo violaciones de derechos humanos en escala masiva desde que se reanudara la lucha armada en enero de 1995. Muchos civiles desarmados sospechosos de apoyar al MFDC han sido detenidos sin juicio y torturados o ejecutados extrajudicialmente, o han ''desaparecido'' después de que los aprehendieran en sus domicilios o en controles de caminos en Casamancia. Algunos detenidos podrían ser presos de conciencia, aprehendidos sin disponerse de pruebas de su participación personal en actos de violencia.

El MFDC también ha cometido abusos contra civiles desarmados sospechosos de colaborar con las autoridades senegalesas. Los pobladores locales que se han negado a pagar rescate a los rebeldes han sido sometidos a palizas y, en algunos casos, han sido asesinados.

Senegal ha ratificado prácticamente la totalidad de los tratados internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos y, pese a ello, en su territorio se siguen violando los derechos humanos impunemente. AI ha exhortado a las autoridades senegalesas a que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los presos detenidos en el marco del conflicto en Casamancia cuando no haya pruebas de su participación personal en actos de violencia, y a que adopten medidas urgentes para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.Véase Índice de AI: AFR 49/03/96/s.

ISRAEL / TERRITORIOS OCUPADOS / Autoridad Palestina

[Pie de foto]: La presidenta de la Sección israelí con Yossi Sarid, ministro para el Medio Ambiente, y Roni Milo, alcalde de Tel Aviv.

[Pie de foto]: Escolares de primaria de Rafah, Gaza, durante una clase de educación en derechos humanos.

Pierre Sané, secretario general de AI, encabezó la delegación que, a mediados de febrero, visitó Israel, los Territorios Ocupados y las zonas bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina. Los delegados se reunieron con autoridades y ONG israelíes y palestinas y miembros de AI, y mantuvieron conversaciones con parlamentarios israelíes y palestinos. Asimismo se reunieron con personal y estudiantes de las universidades de Cir Zeit, Nablús y Tel Aviv, y asistieron a lecciones sobre educación en derechos humanos en una escuela primaria de Rafah, Gaza, y otra secundaria en Tel Aviv. La educación en derechos humanos es uno de los principales centros de trabajo de AI en Oriente Medio, siguiendo el objetivo de la organización de usarla para prevenir y reducir las violaciones de derechos humanos. Fue asimismo tema principal de la visita, que subrayó ante israelíes y palestinos la necesidad de que los derechos humanos no sean sacrificados en aras del proceso de paz.

PAPÚA NUEVA GUINEA

Inminente reanudación de ejecuciones después de 40 años

La reanudación de las ejecuciones en Papúa Nueva Guinea parece inminente. El joven Charles Ombusu fue condenado a muerte en febrero de 1995 por homicidio intencionado y violación. La decisión del Tribunal Supremo sobre la apelación se esperaba para finales de febrero. La última ejecución en el país se llevó a cabo en 1954.

En 1991, en respuesta al deterioro de la situación del orden público, Papúa Nueva Guinea reintrodujo la pena de muerte por homicidio intencionado. Esta decisión del Parlamento obedeció a la indignación pública ante el incremento de la delincuencia violenta, y a las presiones de los principales inversionistas extranjeros. La medida se adoptó sin tomar en consideración la vigorosa oposición a la pena de muerte manifestada por destacadas figuras públicas del país;entre ellos, Sir Julius Chan, primer ministro.

AI se opone sin reservas a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el mayor de los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. AI ve con especial preocupación que la legislación de este país no ofrece suficientes garantías para impedir la ejecución de delincuentes juveniles. AI ha instado al gobierno a que disponga la abolición de la pena de muerte y a que vele por que, mientras tanto, no se lleven a cabo ejecuciones.

Véase: Papua New Guinea: The Death Penalty-not the Solution (Índice de AI: ASA 34/01/96).

Llamada Internacional

TURQUÍA

[Pie de foto]:

© Anadolu Ajansi

Mahmut Kaçar, empleado de correos, fue detenido en Ankara el 10 de noviembre de 1994 cuando interrumpió la ceremonia anual en honor de la figura de Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía. Mahmur Kaçar se había acercado al presidente Süleyman Demirel y sus ministros con el Corán en la mano y gritando: «Los llamo a abrazar el Corán... Vuélvanse hacia Dios».

El 14 de febrero de 1995, el Tribunal Penal de Ankara lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por «insultar al fundador de la República», sentencia que confirmó el Tribunal de Apelaciones el 17 de abril. Mahmur Kaçar cumple su pena en la cárcel de Kirehir. Las palabras que le merecieron tal suerte no propugnaban la violencia, y AI lo considera preso de conciencia.Mahmur Kaçar fue interrogado por la policía durante 12 días, un periodo bastante mayor que el permitido por el Código de Procedimiento Penal turco para casos relacionados con este "delito". Durante el juicio, afirmó que mientras estaba bajo custodia lo habían torturado con agua fría a presión y electricidad.

Por favor, pidan la libertad inmediata e incondicional de Mahmut Kaçar: President Süleyman Demirel/Cumhurbaskanligi/06100 Ankara/Turquía.

MÉXICO

Aurora Nazario Arrieta tiene 15 años de edad. El 2 de noviembre de 1995, tres agentes de la policía la violaron cerca de su domicilio de Cuetzalán, en el estado de Puebla. La joven, que pertenecía a la comunidad indígena nahuátl de San Miguel Tzinacapán, iba caminando frente a la comisaría del pueblo cuando el comisario y otros tres agentes la arrastraron adentro del edificio. Le ordenaron desvestirse y, cuando se negó, uno de los hombres le quitó la ropa por la fuerza. Después la empaparon con agua y la condujeron a una celda, donde el comisario y otros dos agentes la violaron. El cuarto hombre permaneció a la puerta montando guardia. Aurora Nazario sufrió múltiples hematomas y laceraciones. Después de violarla, la amenazaron con la muerte y con represalias contra su familia si revelaba lo ocurrido, y la dejaron ir.

Esa tarde, la mujer para la que Aurora Nazario trabajaba como empleada doméstica presentó una queja ante el representante del ministerio público en Cuetzalán, y la violación fue certificada por un médico. Al día siguiente, los tres agentes ofrecieron dinero a la familia de Aurora Nazario para que retiraran la acusación. Éstos no fueron detenidos pese a que ese día todavía se encontraban en la localidad. Siguen libres, sin que se conozca su paradero.

Por favor, escriban pidiendo que se proteja a Aurora Nazario y a su familia y se investiguen exhaustivamente las acusaciones de violación contra los tres policías, a: Ernesto Zedillo Ponce de León/Presidente de México/Palacio Nacional/06067 México D.F./México.

[Pie de foto]: Aurora Nazario Arrieta

LIBIA

El abogado libio Jum´a ´Ateyqa ha estado detenido arbitrariamente desde 1990. Fue aprehendido en marzo o abril de 1990 y enjuiciado ante un tribunal de lo penal en Trípoli en relación con el asesinato de un funcionario diplomático libio, ocurrido en Roma en enero de 1985. Pese a que el tribunal lo absolvió, lo han mantenido privado de su libertad en forma ilegal en la cárcel Abu Salim, en Trípoli. Según los informes, Jum'a 'Ateyqa sufre problemas de salud, incluyendo una deficiencia hepática, y diabetes.

Jum'a 'Ateyqa, casado y con hijos, fue detenido primeramente en 1973 y pasó ocho meses en la cárcel, al parecer porque se sospechaba que pertenecía a un grupo izquierdista ilegal. Tras su puesta en libertad, ejerció su profesión de abogado y defendió a presos políticos. Abandonó Libia en 1978 y cursó estudios de posgrado en Italia. Allí, al parecer, se unió a un grupo de oposición libio, el Movimiento Nacional Democrático.

Posteriormente se trasladó a Marruecos, y después a Iraq, donde residió hasta 1988, año en que, tras la declaración de una amnistía general en Libia, regresó a este país con su familia. Varios otros ex activistas de la oposición también retornaron a su patria por esas fechas. Algunos de los que habían residido en Italia fueron más tarde detenidos en relación con el asesinato de un funcionario diplomático libio. Según informes, tras ser torturados durante el interrogatorio, declararon que Jum'a 'Ateyqa había participado en el asesinato; sin embargo, el tribunal que lo enjuició lo absolvió por falta de pruebas.

Por favor, pidan al jefe de Estado la libertad de Jum'a 'Ateyqa: Colonel Mu'ammar al-Gaddafi/Leader of the Revolution/ Office of the Leader of the Revolution/ Trípoli/Libia.

Última hora

Siguiendo intensas presiones internacionales, Kenia puso fin en febrero al régimen de incomunicación al que estaban sometidos Koigi wa Wamwere, Charles Kuria Wanwere y G.G. Njuguna Ngengi, que volvieron a recibir las dietas especiales prescitas por sus médicos. Sus casos fueron objeto de la Llamada de marzo. Les rogamos sigan enviando llamamientos para que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a los tres presos de conciencia.

HONDURAS

La lucha contra la impunidad avanza pese a grandes reveses

[Pie de foto]: Antropólogos forenses examinan restos exhumados en octubre de 1995.

Afrontando la fuerte resistencia de aquellos a quienes se imputan los abusos cometidos en el pasado en Honduras, y pese a graves reveses, la lucha contra la impunidad sigue haciendo avances en este país.

En julio de 1995, la Oficina del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos dio el paso sin precedentes de formalizar cargos contra 10 militares por violaciones de derechos humanos cometidas a principios de los 80. Frente a los cargos de detención ilegal e intento de asesinato, relacionados con la ''desaparición temporal'' de seis estudiantes en 1982, los militares alegaron que estaban amparados por las leyes de amnistía promulgadas por el Congreso Nacional, pretensión que fue desmentida enérgicamente por organizaciones de derechos humanos y otros entes profesionales.

En octubre de 1995 se expidieron órdenes de detención contra tres de los 10 oficiales, pero éstos pasaron a la clandestinidad, con la asistencia, según se dijo, de personal militar. El 5 de enero de este año, la Corte de Apelaciones dictaminó que las leyes de amnistía protegían a los oficiales, opinión que causó consternación entre organizaciones de derechos humanos, agrupaciones religiosas y familiares de las víctimas. Sin embargo, el 19 de enero la Corte Suprema de Justicia anuló por unanimidad la decisión de la Corte de Apelaciones, manifestando que había actuado rebasando los límites de su competencia.

Durante 1995 se realizaron más exhumaciones de restos de víctimas de ''desapariciones'' ocurridas en la década de 1980. A finales del año se habían exhumado siete cadáveres. Una vez que se hayan identificado claramente los restos, se iniciarán actuaciones contra los presuntos responsables de las muertes.

Su esfuerzo por enjuiciar a los presuntos responsables de abusos pasados ha valido amenazas de muerte a Leo Valladares, Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Roy Edmundo Medina, juez del caso de los 10 oficiales, y miembros de organizaciones locales de derechos humanos. El edificio donde se celebraron las actuaciones judiciales recibió impactos de bala.

AI sigue instando a las autoridades a que continúen investigando enérgicamente los abusos pasados y a que sometan prontamente a juicio a los presuntos responsables, para que se pueda hacer justicia. La organización también ha reiterado sus llamamientos para que las autoridades protejan adecuadamente a todas las personas que hayan participado en el esfuerzo por sacar a la luz los abusos cometidos por los militares en el pasado.

ALEMANIA

Detenidos denuncian malos tratos policiales

AI ha seguido recibiendo informes que indican que agentes de la policía alemana, y en algunos casos funcionarios penitenciarios, han hecho un uso excesivo o injustificado de la fuerza para detener o inmovilizar a sospechosos, y han sometido a las personas bajo su custodia a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La mayoría de las víctimas eran extranjeras, y hay pruebas de que algunos malos tratos denunciados tuvieron motivos raciales. Las víctimas han sufrido hematomas, cortes y fracturas. En un caso, el de Binyamin Safek, AI considera que los malos tratos infligidos constituyeron torturas.

Según denuncia elevada a las autoridades de Francfort, el 10 de abril de 1995 hacia las 8.45 de la tarde, Binyamin Safek, ciudadano turco nacido en Alemania, detuvo el automóvil en el que se trasladaba con un amigo. Dos policías se aproximaron en un vehículo y les dijeron que no podían estacionarse en ese lugar. Al asegurarles Binyamin Safek que sólo tardarían un par de minutos, uno de los agentes respondió: «Arranca, negro de mierda».

Binyamin Safek se quejó del lenguaje racista empleado por el agente, y los policías le ordenaron bajarse del auto. Una vez afuera, lo arrojaron al suelo y lo esposaron.Binyamin Safek fue llevado a la comisaría de policía y, según declaró, durante una hora le asestaron golpes y puñetazos en la cara, el pecho, la cabeza y los brazos. El acompañante de Binyamin Safek telefoneó a los padres de éste, que acudieron a la comisaría en busca de su hijo. Allí les dijeron que no se encontraba en el recinto. A las 9.45 de la noche lo encontraron en la calle. Binyamin Safek pasó una semana hospitalizado.

Actualmente se está investigando a Binyamin Safek por resistirse a la autoridad estatal.

AI se ha dirigido a las autoridades alemanas para plantear este caso y las otras muchas denuncias que ha recibido entre abril de 1995 y enero de este año, y para solicitar que las investigaciones de estos incidentes se realicen de manera pronta e imparcial.

Véase Índice de AI: EUR 23/02/96/s.