Amnistía Internacional: Boletín, mayo de 1996

Enfoque

Crisis de refugiados en la región de los Grandes Lagos de África

[Pie de foto]: Refugiados ruandeses recogen agua en Ngara, Tanzania.

©Betty Press/Panos Pictures

No hay regreso sin derechos humanos

La huida de más de dos millones de personas de Ruanda y Burundi y su prolongado exilio constituye una de las crisis de refugiados de mayores proporciones desde la Segunda Guerra Mundial.

En julio de 1994, unos dos millones de ruandeses abandonaron su país para escapar de un genocidio que ya se había cobrado un millón de vidas. La mayoría de los refugiados eran hutus, el grupo étnico mayoritario, que dejaron Ruanda cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) ganó el conflicto que lo había enfrentado con las fuerzas armadas del antiguo gobierno de Ruanda y con grupos de milicias armadas. Tanto éstas como el antiguo ejército habían sido autores de matanzas sin precedentes.

Más de 200.000 burundeses también han buscado amparo fuera de su país. Otros 200.000 se han convertido en desplazados internos. Decenas de miles abandonaron sus hogares a finales de 1993 y en 1994 para escapar de una ola de matanzas generalizadas que comenzó en octubre de 1993, después de que el presidente Melchior Ndadaye fuera asesinado. Se estima que más de 100.000 personas murieron en Burundi desde octubre de 1993. Hasta el día de hoy continúan las matanzas de civiles a manos del ejército y de milicias armadas, tanto tutsis como hutus. Otros millares de personas han comenzado a abandonar sus hogares como resultado directo de estas matanzas.

En 1994, la situación de los refugiados ruandeses captó la atención de los medios de comunicación internacionales y la imagen de las víctimas apareció en las televisiones de todo el mundo. La ayuda humanitaria llegó a borbotones. De la noche a la mañana reverberaron las voces de alarma: venían de los gobiernos que habían cerrado los ojos ante los indicios del inminente genocidio, reconocibles ya desde 1990; los mismos que no habían hecho nada para impedir las matanzas perpetradas entre abril y julio de 1994.

Casi dos años después, son pocos los refugiados que han regresado a Ruanda o Burundi. Dada la magnitud del problema, se han intensificado las presiones para que se organice una devolución masiva de los refugiados, propuesta de modo creciente como única "solución" posible a la crisis —pese a los riesgos que podían correr en su país los que regresaran—. Se ha iniciado un programa de repatriación voluntaria, pero no ha recibido una respuesta favorable entre los refugiados. No se ha prestado suficiente atención a la búsqueda de soluciones a largo plazo para permitir que los refugiados retornen a una vida libre de abusos contra los derechos humanos.

Uno de los principios del derecho internacional es el de la no devolución, por el que ninguna persona debe ser devuelta a un país donde pueda correr el riesgo de que se violen sus derechos humanos. La labor de AI sobre refugiados se deriva de su trabajo para proteger los derechos humanos. La organización se opone a la devolución de cualquier persona a un país donde corra el riesgo de sufrir graves abusos contra sus derechos humanos. En consecuencia, AI trata de velar por que los Estados den protección duradera y efectiva a dichas personas contra el retorno forzado a su patria.

La mayoría de los refugiados siguen a la espera en campos de refugiados de Zaire, Tanzania y Burundi, llenos de temor e inseguridad ante el futuro.

Un grupo de delegados de AI que visitó la región en septiembre de 1995 concluyó que los obstáculos principales para el retorno de numerosos refugiados a Ruanda y Burundi eran la ausencia de justicia y los abusos generalizados contra los derechos humanos.

La mayoría alienta el mismo deseo abrumador: vivir en paz, en su propio país, reunidos con los miembros de su familia que sigan con vida. El respeto por los derechos humanos es la clave de cualquier solución duradera a la crisis de refugiados en la región de los Grandes Lagos. En consecuencia, AI pide a todos los gobiernos que consideren esta situación como una cuestión de derechos humanos y no sólo como un asunto humanitario o político, y que apoyen los derechos humanos como cuestión prioritaria.

[Pie de foto]: Refugiados burundeses en Tanzania. La violencia en Burundi sigue impidiendo el regreso de los refugiados.

©Crispin Hughes/Panos Pictures

[Pie de foto]: Un autobús del ACNUR transporta refugiados a un campo de tránsito en Ruanda.

[Pie de foto]: Esta mujer y sus hijos son algunos de los 200.000 desplazados internos de Burundi.

© Martin Adler/Panos Pictures

A finales de febrero de este año, el número de refugiados ruandeses internados en campos desde julio de 1994 aún alcanzaba a casi 1,7 millones. De éstos, un millón se encontraba en Zaire, 550.000 en Tanzania y 95.000 en Burundi.

El número de refugiados burundeses superaba los 200.000. Algo más de la mitad residían en Zaire y los demás en Tanzania.

Además de éstos, numerosos refugiados, principalmente tutsis, que abandonaron Ruanda en 1959 y 1960 han permanecido en Zaire, en especial en los alrededores de Masisi, zona que también ha sufrido abundante violencia en los últimos años a consecuencia de enfrentamientos entre la comunidad banyarwanda, de origen ruandés, y varios grupos étnicos zaireños. Un número considerable de estos refugiados ha comenzado a regresar a Ruanda.

Numerosos refugiados han quedado separados de sus familias como resultado de lo repentino de su huida o de su expulsión. Muchos desconocen el paradero de sus familiares, o si siguen con vida. El mayor sufrimiento, probablemente, ha tocado a los niños.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y diversas organizaciones no gubernamentales prestan ayuda humanitaria en los campos de refugiados. En algunos de los campos de mayor tamaño se ha desarrollado una vida social activa: los internos han tomado la iniciativa, improvisando pequeños comercios, policlínicas, comedores, centros de recreo, peluquerías, tiendas de artesanía, templos, escuelas y puestos de correos.

Algunos refugiados residentes en Zaire han tratado de ganarse la vida en las localidades de Goma y Bukavu para complementar las raciones que reciben en los campos. Estas iniciativas no siempre son bien acogidas por la población local y, desde julio de 1995, se han implantado medidas para limitarlas. En febrero de 1996, las autoridades zaireñas restringieron aun más la actividad comercial de los refugiados en el marco de un plan para cerrar progresivamente los campos y presionar a los internos para el regreso a Ruanda.

Hasta el momento, el número de refugiados de 1993 y 1994 que han regresado voluntariamente a Ruanda y Burundi ha sido reducido, con excepción de los refugiados ruandeses en Burundi, muchos de los cuales se están viendo obligados a volver a Ruanda debido a la violencia que azota Burundi. Los que desean regresar se presentan a las oficinas del ACNUR y son escoltados a un campo de tránsito dentro de su propio país. Una vez en Ruanda, la mayoría vuelve a la zona de donde es oriunda; pero en Burundi, debido a la inseguridad general, los repatriados deben aguardar a veces semanas en campos de tránsito hasta que pueden desplazarse sin peligro.

Pese a la creciente presión de los países de asilo —especialmente Zaire—, son pocos los refugiados que escogen regresar a Ruanda y Burundi. Una de las razones principales es el riesgo, real o temido, de violaciones de derechos humanos con que se enfrentan los refugiados que regresan. A fin de reunir la confianza necesaria para regresar, necesitan ver que se ha abordado efectivamente la situación de los derechos humanos en su país.

LOS RIESGOS DE RETORNAR A RUANDA

En Ruanda se oye hablar por todas partes del respeto por los derechos humanos; pero los asesinatos, las "desapariciones", la tortura y las detenciones arbitrarias no han cesado. La memoria del genocidio ha creado un clima de terror: a las acciones arbitrarias del Frente Patriótico Ruandés (FPR), a las represalias de la población local, y a que retornen el antiguo ejército y las milicias armadas que continúan sembrando la angustia tanto entre los refugiados en Zaire y Tanzania como entre la población civil de Ruanda. En la esfera gubernamental han surgido profundas diferencias sobre las cuestiones de derechos humanos. Ha aparecido asimismo un cuadro palpable de persecución contra los que se considera que critican o se oponen al gobierno.

DETENCIONES ILEGALES Y MUERTES BAJO CUSTODIA

Se estima que en febrero de este año más de 66.000 personas estaban recluidas sin cargos ni juicio por imputárseles haber participado en el genocidio. Muchas han sido detenidas arbitrariamente. Están en condiciones de hacinamiento en prisiones donde las someten a un régimen que equivale a trato cruel, inhumano o degradante, e incluso tortura. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, más de 2.300 detenidos han muerto en estas cárceles desde julio de 1994. A finales de 1995 se transfirió a cierto número de presos a otros lugares de detención, pero ello no ha subsanado el problema del hacinamiento, ya que las detenciones han continuado.

Vista la actual atmósfera de terror de Ruanda y la actitud generalizada de sospecha hacia los refugiados, se corre el grave riesgo de que un retorno masivo de refugiados dé lugar a otro marcado incremento de las detenciones arbitrarias y la reclusión sin cargos ni juicio en condiciones intolerables.

HOMICIDIOS POLÍTICOS

Durante el actual gobierno han continuado las ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados que no constituyen amenaza alguna para el ejército. Aunque sin las proporciones desmesuradas de las atrocidades cometidas por las antiguas fuerzas armadas y milicias ruandesas entre abril y julio de 1994, matanzas como la de Kanama, que se cobró al menos 110 vidas civiles en septiembre de 1995, y la descubierta en noviembre de 1995 en Nyungwe Forest , donde se encontraron al menos 20 cadáveres, son ejemplo palpable de la total falta de respeto por los derechos humanos que demuestran los miembros del FPR.

También se han registrado casos de venganza personal. En el distrito de Kanzenze, en la prefectura rural de Kigali, una mujer que había regresado de Zaire con sus cuatro hijos fue atacada por cuatro hombres. Sólo un niño consiguió escapar: la madre y los otros tres menores fueron asesinados. Los atacantes fueron descritos como supervivientes del genocidio que habían actuado para vengarse de crímenes que atribuían al esposo de la mujer, quien estaba encarcelado por presunta participación en el genocidio.

Las incursiones por la frontera de grupos armados hutus con base en Zaire y Tanzania han constituido otra amenaza, que ha dado lugar a graves abusos, incluyendo homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados.

CONTROL E INTIMIDACIÓN

Los miembros del antiguo ejército ruandés y los líderes políticos en los campos de refugiados han exagerado la magnitud de algunos peligros con los que se enfrentan los que regresan a Ruanda. Uno de sus principales objetivos es prevenir la repatriación voluntaria de refugiados que, temen, estorbaría su campaña contra el actual gobierno ruandés y podría desenmascarar a aquéllos de entre ellos que han jugado un papel decisivo en el genocidio.

Estas tácticas se basan en diseminar información falsa y han provocado que la casi totalidad de los refugiados creen que Ruanda es una tierra de horror donde los repatriados sufren de inmediato torturas o asesinato.

En todos estos abusos se puede ver el factor subyacente de la prolongada parálisis del sistema de justicia ruandés. A principios de marzo, casi dos años después de desatado el genocidio en Ruanda, ni una sola persona había sido llevada ante la justicia por estos crímenes contra la humanidad. Los comités establecidos para recomendar la puesta en libertad de los detenidos contra los que se carece de pruebas apenas funcionan. Las detenciones arbitrarias y la sospecha han reemplazado a la justicia.

REPATRIACIÓN CON GARANTÍAS

No obstante, parece ser que muchos refugiados que regresaron a Ruanda en agosto y septiembre de 1995 lo hicieron sin amenaza para su seguridad personal y no han sido víctimas de abusos.

Por ejemplo, un mecánico, su esposa y su hijo de un mes de edad formaron parte del grupo de 13.000 ruandeses a quienes el ejército zaireño expulsó del campo de refugiados de Mugunga el 20 de agosto de 1995. Los tres regresaron a su localidad natal de Gisa, en el distrito de Rubavu, prefectura de Gisenyi, donde se alojaron en casa de familiares, al estar su vivienda ocupada. Cuando se enteraron de que tenían derecho a reclamar su propiedad, regresaron a ésta; el ocupante ilegal partió a los cuatro días. La pareja declaró que se sentía segura tras el regreso.

Otros no han sido tan afortunados. Según informes recibidos a finales de enero de este año, unos 90 repatriados habían sido detenidos en la prefectura de Kibuye, en la frontera con Zaire.

LOS RIESGOS DE RETORNAR A BURUNDI

La situación en Burundi es bastante diferente de la que impera en Ruanda. Los riesgos de la repatriación son tangibles. En medio de una guerra civil, Burundi está sumida en una anarquía casi total, caracterizada por la violencia, los homicidios por motivos políticos de civiles desarmados pertenecientes a determinados grupos étnicos, y la "limpieza étnica". La mayoría de las víctimas son mujeres, niños y ancianos. Durante 1995, cada mes murieron asesinadas unas 1.500 personas.

En un caso, un plomero de 36 años, oriundo de Bubanza, escapó a Zaire el 5 de mayo de 1995 cuando su localidad fue atacada por milicias tutsis en presencia de tropas del ejército, que no intervinieron para proteger a los vecinos. Este hombre fue uno de los 2.000 refugiados burundeses obligados a repatriarse desde Zaire el 21 de agosto. Mientras se encontraba en el campo de tránsito de Gatumba, se enteró de que su casa había sido destruida, por lo que decidió permanecer en la relativa seguridad del campo de tránsito. Como muchos otros refugiados, se sintió atrapado: no podía regresar a su hogar en Burundi, le habían obligado a salir del campo de refugiados en Zaire, y la frontera con Tanzania estaba cerrada.

A menudo se descuida la consideración de la situación de los desplazados internos, ya que la atención internacional tiende a centrarse en los que se han refugiado en otros países. Dentro de Burundi, especialmente en el norte, hay varios campos para desplazados internos que son blanco frecuente de ataques, incluso cuando los protegen soldados.

Es preciso que se enuncie claramente y se acepte sin reservas que los desplazados internos tienen derecho a que se garanticen plenamente sus derechos humanos.

[Pie de foto]: Activistas españoles de derechos humanos —entre ellos, miembros de AI— a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Ginebra, tras una larga marcha a pie desde Barcelona. Una vez allí, hicieron entrega de un llamamiento por la paz y los derechos humanos en Burundi y Ruanda, dirigido al secretario general de las Naciones Unidas.

[Pie de foto]: Refugiado ruandés en Tanzania.

©Howard Davies/Panos Pictures

PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

En la región de los Grandes Lagos, la comunidad internacional se ha enfrentado con una de las mayores crisis de refugiados del mundo moderno y no se ha mostrado a la altura del reto que ésta le ha planteado.

Cuando un país de asilo enfrenta un influjo repentino y masivo de refugiados, su capacidad para contender con la situación sufre enormes embates. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones intergubernamentales tienen la responsabilidad de suministrar al país de asilo los recursos necesarios para que éste siga protegiendo de forma efectiva y duradera a los que corren peligro. La prolongada presencia de tantísimos refugiados de Ruanda y Burundi ha sido devastadora en los países de asilo —principalmente Zaire, Tanzania y Burundi— y ha afectado su economía, su medio ambiente y su seguridad. En conjunto, la comunidad internacional no ha compartido la responsabilidad por la crisis de refugiados en la región de los Grandes Lagos, que ha recaído principalmente en los tres países mencionados.

El 19 de agosto de 1995, Zaire inició la devolución a Ruanda y Burundi de miles de refugiados. En cinco días se obligó a unas 15.000 personas a regresar a su país. Uno de los móviles atribuidos a Zaire para explicar que, primero, repatriara a estos refugiados y, después, fijara la fecha límite del 31 de diciembre de 1995 para la devolución de los demás, es que el gobierno zaireño trataba de atraer mayor ayuda material de la comunidad de países donantes de ayuda. Con la llegada de ayuda y otros recursos a Zaire, el gobierno retiró el plazo. Sea cual sea el motivo de esta conducta, la situación ha sentado un peligroso precedente, que podría alentar a otros países a proceder así. Los países donantes de ayuda deben velar por que ningún Estado se sienta justificado cuando recurre a la devolución de refugiados y pone en peligro sus vidas para conseguir que otros Estados cumplan sus obligaciones.

El pasado febrero se registró otro acontecimiento alarmante: Zaire anunció su intención de cerrar progresivamente los campos de refugiados, y destacó tropas en el perímetro de algunos campos. El ACNUR —sometido a intensas presiones por los países donantes de ayuda para que repatrie a los refugiados— pareció cooperar con estas medidas, al continuar alentando la devolución sin considerar con suficiente cuidado las condiciones de seguridad dentro de Ruanda.

AI ha venido pidiendo desde 1994 que se establezcan misiones de observadores de los derechos humanos tanto en Ruanda como en Burundi. Pese a las numerosas dificultades anticipadas, y encontradas, por las operaciones internacionales de derechos humanos, la experiencia de Ruanda, donde la ONU desarrolla una operación de derechos humanos, ha demostrado que los observadores pueden tener un papel positivo en las zonas afectadas por abusos generalizados y que su presencia ha contribuido a calmar los temores de la población de Ruanda, así como de los refugiados que consideran la repatriación.

Por contraste, la situación en Burundi se ha deteriorado progresivamente pero no se ha iniciado una operación equivalente a la de Ruanda con miras a tranquilizar a población, pese a las reiteradas promesas de la ONU y de la Unión Europea. El respeto por los derechos humanos es la clave de cualquier solución efectiva de la crisis de refugiados en la región de los Grandes Lagos.

AI ha pedido a todos los gobiernos y organizaciones interesadas que respeten plenamente las salvaguardas internacionles sobre protección de refugiados, y que no devuelvan o ejerzan presión sobre los refugiados para que regresen a un país donde corren el riesgo de enfrentarse a graves abusos.

Asimismo, AI ha pedido a los Estados del mundo que reconozcan que la implantación de un sistema de justicia con garantías en Ruanda y Burundi es un requisito fundamental para el regreso voluntario de los refugiados, así como para la protección de los derechos humanos a largo plazo.

El 20 de febrero, AI publicó un informe*, que presentó en Ginebra, donde se reunió con representantes del ACNUR para discutir sus preocupaciones sobre la repatriación voluntaria y libre de riesgos de los refugiados. AI solicitó al ACNUR que denunciara públicamente cualquier incumplimiento de las obligaciones internacionales hacia los refugiados por parte de países de asilo como Zaire, y pidió que no se minimizaran los riesgos del retorno a Ruanda. AI expresó su temor de que un regreso masivo de refugiados a Ruanda diese lugar a nuevos abusos.

LO QUE USTED PUEDE HACER

Pida a su gobierno que emplee su influencia para que se restablezcan en Ruanda y Burundi la justicia y el respeto por los derechos humanos, de modo que los refugiados puedan regresar a sus hogares con seguridad y dignidad.

Pídale también que recuerde a los gobiernos de Zaire y Tanzania su obligación de proteger de forma efectiva y duradera a los refugiados hasta que puedan repatriarse sin correr peligro.

* Véase Ruanda y Burundi: Regreso de los refugiados: rumores y realidades (Índice de AI: AFR 02/01/96/s).

Amnistía Internacional: Boletín, mayo de 1996

Noticias

FRANCIA

[Pie de foto]: Makomé M´Bowole (derecha), joven zaireño de 17 años que murió mientras se hallaba bajo custodia.

© Sipa

Policía condenado por muerte bajo custodia

Un agente de la policía francesa, Pascal Compain, ha sido condenado a ocho años de cárcel por dar muerte con un arma de fuego a un joven zaireño de 17 años que se hallaba bajo su custodia. En el juicio, celebrado en febrero ante el Tribunal Penal de París, el fiscal pidió una pena mínima de 10 años por homicidio, pero el jurado declaró a Pascal Compain culpable del cargo menor de infligir heridas mortales en forma no intencional. Dado el periodo que ya ha pasado en detención preventiva, es probable que el agente quede en libertad dentro del plazo de un año.

El 6 de abril de 1993, Makomé M´Bowole fue abatido de un tiro a quemarropa mientras lo interrogaban en la comisaría de Grandes-Carrières, de París. Lo habían detenido con dos amigos por sospecharse que habían robado cigarrillos de una tabaquería. Makomé M´Bowole rechazó los cargos. Dos de los tres sospechosos eran menores de edad, y la fiscalía ordenó que se retirase la orden de custodia contra éstos y que se notificase a sus padres. El detective Pascal Compain ignoró la orden y prosiguió interrogando a Makomé M´Bowole. Poco despúes, éste moría de un tiro a la cabeza.

Durante el juicio, Compain —que había sido suspendido del servicio activo y llevaba casi dos años en detención preventiva— dijo que había sacado su revólver para intimidar al adolescente porque éste estaba gritando y lo había insultado. Las declaraciones formuladas antes a la policía indicaban que Compain había alegado: «Quería asustarlo». Compain adujo que el revólver se había disparado accidentalmente cuando Makomé M´Bowole trató de agarrarle la mano. Sin embargo, dos agentes que prestaron declaración afirmaron que, pese a hallarse en una sala contigua, no habían oído nada que indicara que se estaba produciendo un forcejeo. Cuando recibió la bala, Makomé M´Bowole se hallaba sentado, y las pruebas balísticas demostraron que le habían apretado el revólver contra la sien. La fiscalía indicó que era necesaria una presión de seis kilos para disparar el gatillo.

Durante el juicio, el fiscal criticó a otros dos agentes que vieron a Compain empuñando el arma, y manifestó: «Imploro a todos los funcionarios del Estado: que ninguno vuelva jamás a empuñar un arma, real o de imitación, cargada o descargada, en una comisaría».

La muerte de Makomé M´Bowole se sumó a otros dos incidentes ocurridos en un periodo de cuatro días en los que menores desarmados resultaron muertos por disparos de policías. La noticia desencadenó disturbios callejeros en París y otras ciudades importantes. Las personas detenidas durante los disturbios presentaron numerosas quejas sobre malos tratos acompañados, en algunos casos, de insultos raciales.

El juicio representó una piedra de toque para muchos grupos antirracistas y miembros del público preocupados por el elevado número de incidentes de este tipo ocurridos en Francia. La pena fue la más prolongada que se haya impuesto a un policía por un delito cometido en el desempeño de su tarea, y el periodo de detención preventiva fue de una duración sin precedentes. Muchos de los grupos antedichos, así como los familiares de Makomé M´Bowole, manifestaron que el hecho de que la condena se hubiese basado en un delito de menor gravedad era una parodia de la justicia.

Una delegación de AI visitó Francia en el mes de abril, ocasión en que se reunió con los ministros de Justicia y del Interior franceses y con altos cargos del Ministerio de Defensa para expresar la preocupación de la organización ante una serie de incidentes en los que la policía ha disparado contra personas desarmadas o ha sometido a malos tratos a personas que se hallaban bajo su custodia.

NIGERIA

Más activistas de derechos humanos detenidos por criticar al gobierno militar

Otros cuatro nombres se han agregado al catálogo de defensores de derechos humanos y periodistas detenidos por sus críticas al régimen militar nigeriano.

Nosa Igiebor, jefe de redacción de la revista semanal independiente Tell; el jefe tradicional Gani Fawehinmi, destacado abogado que se ocupaba de casos relacionados con derechos humanos y encabezaba el Partido Conciencia Nacional (PCN); Femi Falana, otro destacado abogado de derechos humanos y presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; y Femi Aborisade, ex activista sindical y prominente miembro del PCN, fueron aprehendidos entre diciembre de 1995 y febrero de 1996. Todos ellos son presos de conciencia.

Según parece, Nosa Igiebor, detenido el 23 de diciembre de 1995, fue privado de su libertad debido a las frecuentes críticas contra el gobierno nigeriano publicadas en Tell. George Mbah, jefe adjunto de la revista, cumple una pena de 15 años tras un juicio militar a todas luces injusto celebrado en 1995.

El día de su detención, el pasado 30 de enero, el jefe Gani Fawehinmi iba a hablar en una reunión política pública y, según declararon otros miembros del PCN, se proponía llamar a un boicoteo de las elecciones municipales fijadas para finales de marzo y pedir que se acelerase el fin del régimen militar. Femi Aborisade, jefe interino del PCN después de la detención del jefe Gani Fawehinmi, fue detenido el 14 de febrero. Un decreto militar promulgado el día anterior había declarado delito penal las actividades para «menoscabar, impedir, retrasar o perjudicar» el periodo de transición a un gobierno civil, periodo que el gobierno había fijado en tres años y que había sido muy criticado. El PCN había iniciado una campaña para pedir la libertad de su líder y protestar contra la base no partidaria de las elecciones locales. Femi Falana fue detenido el mismo día que Femi Aborisade. No se han hecho públicos los motivos de su detención.

No se han formalizado cargos contra ninguno de los cuatro, y se cree que permanecen en detención administrativa en aplicación del Decreto de Seguridad del Estado de 1984. Los han sometido al régimen de incomunicación y les han negado atención médica necesaria. AI ha pedido la libertad inmediata e incondicional de los cuatro detenidos.

[Pie de foto]: Femi Falana

CUBA

Aumenta el hostigamiento y se recortan las libertades

Recientemente, las autoridades cubanas han emprendido una intensa ofensiva contra el derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión. De modo creciente, el gobierno viene hostigando e intimidando a miembros de los grupos no gubernamentales afiliados al Concilio Cubano, coalición formada por defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, sindicalistas, grupos de mujeres, grupos políticos y otros.

Desde octubre de 1995, fecha en que se formó la coalición, decenas de sus miembros han sido detenidos y se les ha advertido que, de no interrumpir sus actividades o abandonar el país, se les podrían imponer diversos cargos penales o políticos. Algunos también han afirmado que ellos y sus familiares han recibido amenazas de violencia. Una solicitud de autorización oficial para realizar una conferencia en el mes de febrero desencadenó una escalada de detenciones. La mayoría de los miembros de la coalición fueron puestos en libertad, pero dos fueron acusados formalmente y condenados, y otros, entre ellos el periodista Rafael Solano, podrían ser sometidos a juicio.

A finales de febrero, el Dr. Leonel Morejón Almagro, delegado nacional del Concilio Cubano, y Lázaro González Valdés, uno de los cuatro vicedelegados nacionales, fueron sometidos a juicio por cargos penales de menor cuantía y condenados a penas de seis y 14 meses de cárcel respectivamente. Tras una apelación, la pena del Dr. Morejón fue aumentada a 15 meses. AI considera que los cargos obedecieron a motivos políticos y que los dos hombres son presos de conciencia, y ha pedido su libertad inmediata e incondicional.

Hace ya varios años que los miembros de grupos no oficiales cubanos vienen enfrentando problemas, incluyendo frecuentes intentos de intimidación y, en algunos casos, penas prolongadas de cárcel. Pese a que muchos han solicitado el reconocimiento oficial y no han sido declarados ilegales, a estos grupos nunca se les ha permitido actuar oficialmente.

Para más información reciente, véase Cuba: Ofensiva del gobierno contra la disidencia (Índice de AI: AMR 25/14/96/s).

NOTICIAS BREVES

En enero fueron puestos en libertad en virtud de una amnistía 20 hombres encarcelados tras una manifestación contra el gobierno celebrada en julio de 1995 en Turkmenistán. Entre ellos figuraron Yovshan Annakurban y Mukhammed Muradly, periodistas y posibles presos de conciencia, acusados de provocar la manifestación. Habían sido condenados por gamberrismo. Otros siete hombres detenidos al mismo tiempo fueron condenados por delitos relacionados con narcóticos. (Véase Turkmenistán: Medidas de persuasión, índice de AI: EUR 61/03/96/s.)

El 6 de marzo, una delegación de AI presentó, durante una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile, un nuevo informe sobre el legado de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973 a 1990). A la fecha de publicarse este documento, que advierte de los peligros de correr un velo sobre los abusos pasados, se estudiaban medidas legales que tendrían por efecto proteger a quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante ese periodo. (Véase Boletín de febrero de 1996.)

El consejo militar que gobierna aGambiaha implantado decretos arbitrarios y retroactivos que permiten la reclusión indefinida de detenidos políticos. Una delegación de AI que visitó el país en enero vio con preocupación que el consejo militar (que se hizo con el poder en julio de 1994) restableció la pena de muerte, que había sido abolida en 1993. Personas que son posiblemente presas de conciencia han sido acusadas formalmente de traición y podrían ser ejecutadas.

LLAMADA INTERNACIONAL

MYANMAR

Los comediantes myanmaros U Pa Pa Lay y U Lu Zaw (en la fotografía) han recibido sendas penas de siete años de cárcel. Fueron detenidos junto con seis bailarines de un cuerpo de danza que actuaron durante una ceremonia celebrada el 4 de enero para marcar el Día de la Independencia. El acto había tenido lugar en la residencia de Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el principal partido de oposición de Myanmar. Posteriormente, los bailarines fueron puestos en libertad, pero dos de los organizadores del grupo, U Myint Thein y U Aung Soe, recibieron sendas penas de siete años de cárcel debido únicamente a sus actividades políticas pacíficas.

Los cuatro fueron acusados en aplicación de una ley que dispone la imposición de siete años de cárcel y una multa a cualquiera que «cause o intente causar la subversión de la moralidad o la conducta de un grupo de personas o del público en general, o la subversión de la seguridad o de la reconstrucción de la estabilidad de la Unión...». U Pa Pa Lay ya había sido detenido en 1991 y había cumplido dos años de cárcel por hacer un chiste de contenido político. El juicio de los cuatro, celebrado en la cárcel de Mandalay, no contó con las garantías mínimas de imparcialidad.

En Myanmar son comunes la tortura y los malos tratos tanto durante el interrogatorio como después de la condena.

Por favor pidan al jefe de Estado la libertad inmediata e incondicional de U Pa Pa Lay, U Lu Zaw, U Myint Thein y U Aung Soe: Senior General Than Shwe/ Chairman/State Law and Order Restoration Council/c/o Ministry of Defence/Signal Pagoda Road/ Rangún/ Unión de Myanmar.

REPÚBLICA DOMINICANA

El Dr. Narciso González, profesor de universidad, periodista y padre de cuatro hijos, "desapareció" la noche del 26 de mayo de 1994 después de salir de un cine de Santo Domingo. Aún se desconoce su paradero.

Según testigos presenciales, el Dr. González, de 54 años, fue obligado a subir a un vehículo oficial. Al parecer, lo detuvieron miembros de la base militar conocida como J-2, que lo llevaron a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, donde lo torturaron antes de ser conducido a una comisaría de policía. Se teme que murió mientras lo trasladaban desde la comisaría al Palacio de la Policía Nacional.

El Dr. González había participado en actividades políticas desde los 60, y escribía columnas de sátira política en la prensa. En uno de sus artículos, publicado unos días antes de las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 1994, criticaba al presidente Balaguer. Posteriormente, pidió que se cerrasen las puertas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde trabajaba, como protesta contra las elecciones, por fraudulentas. También se refirió a la corrupción oficial y al fraude electoral durante una conferencia que dictó en la Universidad.

En respuesta a los llamamientos de AI, el jefe de la Policía Nacional en esa fecha afirmó que el Dr. González negó la detención, pero dijo que se estaban haciendo pesquisas para averiguar su paradero. No se sabe de ninguna investigación oficial independiente.

Por favor, pidan que se inicie de inmediato una investigación imparcial de la "desaparición" del Dr. González: Dr. Joaquín Balaguer Ricardo/ Presidente de la República/ Palacio Nacional/ Santo Domingo/ República Dominicana.

MARRUECOS/SÁHARA OCCIDENTAL

Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat, de 24 años, cumple una pena de 20 de años de cárcel, impuesta tras un juicio sin garantías celebrado en julio de 1993. Había sido detenida en Smara el 10 de octubre de 1992 durante una ola de manifestaciones que estalló en varias ciudades del Sáhara Occidental por la independencia de éste y la libertad de detenidos y "desaparecidos" saharauis. Los manifestantes también protestaban contra la celebración de elecciones parlamentarias marroquíes en el Sáhara Occidental (según los términos de un referéndum patrocinado por las Naciones Unidas, programado para 1992 pero después postergado). AI considera a Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat presa de conciencia.

Tras su detención, permaneció 10 meses recluida en secreto, sin acceso a su familia o abogado y sin atención médica, y parece que la torturaron. El 29 de julio de 1993 fue sometida con otras cinco personas a juicio, a puerta cerrada, por cargos de amenazar la seguridad externa del Estado y causar incendios. Los seis encausados, que no habían tenido acceso a un abogado, fueron condenados en base a declaraciones hechas a la policía, las cuales, según manifestaron ante el Tribunal Militar, les habían obligado a firmar con torturas.

Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat admitió su participación en manifestaciones pacíficas, pero negó haber cometido actos violentos. Después del juicio, la volvieron a incomunicar hasta noviembre de 1993, cuando se le permitió la primera visita de su familia.

Por favor, pidan al ministro de Justicia la libertad inmediata e incondicional de Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat: Abderrahmane Amalou/ Ministre de la Justice/ Ministère de la Justice/ Palais de Mamounia/ Rabat/ Marruecos.

ACCIÓN MÉDICA

Profesionales de la salud: una fuerza para el cambio

Uno de los principales obstáculos para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos es el ocultamiento de las pruebas médicas por parte de los gobiernos, que aplican presión sobre los médicos para que redacten informes engañosos o se abstengan de presentar informes. Un documento publicado por AI este mes*, analiza estos problemas y estudia algunos de los cambios necesarios para reforzar el papel de las pruebas médicas. El informe marca el comienzo de una campaña que se desarrollará este año.

Desde hace más de dos décadas AI ha contado entre sus miembros a profesionales de la salud. Tras la Conferencia para la Abolición de la Tortura en 1973, la primera reunión internacional de AI sobre este tema, se formaron grupos de médicos y enfermeros para documentar y sacar a la luz actos de tortura y promover los derechos humanos y los principios de ética médica. Hoy en día, hay Grupos de AI de profesionales de la salud en más de 30 países. Representantes de esta red se reunieron en Londres en mayo de 1995 y adoptaron la Declaración de Londres. Ésta hace un llamamiento para que se defiendan y fomenten los derechos humanos en todo el mundo; para que se aplique la experiencia clínica y la ética profesional en la defensa de los derechos humanos; para que las asociaciones y sociedades profesionales defiendan a las personas que corren peligro de que se violen sus derechos humanos; y para que los profesionales de la salud actúen para abordar la cuestión de las violaciones contra los derechos humanos.

La Declaración de Londres también invita a todos los profesionales de la salud a unirse a AI en el trabajo para conseguir estas metas.

* Índice de AI: ACT 75/01/96/s

AI PRESENTA EN TAILANDIA SU CAMPAÑA SOBRE CHINA

0 [Pie de foto]: La policía antidisturbios impide en Bangkok que el secretario general de AI, Pierre Sané, haga entrega ante la Embajada china del informe de AI sobre violaciones de derechos humanos en este país. Una delegación de AI viajó a Tailandia para dar inicio a una campaña mundial que incluirá la participación de miembros de AI de más de 70 países en manifestaciones públicas, recogida de firmas y trabajo de cabildeo ante gobiernos. El 13 de marzo, día del lanzamiento, dos miembros de la delegación de AI fueron retenidos en Bangkok para impedir que tomaran parte en una conferencia de prensa. Las autoridades chinas reaccionaron con hostilidad: rehusaron reunirse con delegados de AI tanto en Pekín como en Bangkok. Pierre Sané declaró: «Pueden cerrarnos las puertas, pero no pueden silenciarnos».

SIRIA

Preso de conciencia recobra la libertad y muere

El preso de conciencia Karim al-Haj Hussain fue puesto en libertad el 24 de diciembre de 1995. Al día siguiente falleció, al parecer, de meningitis tuberculosa. Lo habían hospitalizado una semana antes, tras una huelga de hambre de tres días, pero parece que había sido dado de alta debido a que su enfermedad ya no respondía al tratamiento. Su pena de cárcel se había cumplido en agosto de 1995, aunque seguía retenido ilegalmente.

Karim al-Haj Hussain había sido detenido en agosto de 1987 y recluido varios años sin cargos ni juicio antes de ser sometido a juicio ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. El 27 de febrero de 1994 lo condenaron a ocho años de cárcel por sus vínculos con el Partido de Acción Comunista. Karim al-Haj Hussain no empleó ni propugnó la violencia, y AI considera que fue encarcelado únicamente debido a sus actividades políticas pacíficas. El Tribunal Supremo no está obligado a seguir las reglas procesales del sistema judicial sirio para los casos penales comunes, y sus procedimientos distan mucho de conformarse a las normas internacionales de imparcialidad procesal.

AI teme que la muerte de Karim al-Haj Hussain pueda haber sido resultado de la falta de tratamiento médico adecuado durante su encarcelamiento, y ve con alarma que lo hayan obligado a permanecer en la cárcel después de cumplida su condena.