Document - Amnesty International News, September 1993. Vol.23, No.6.
Amnistía Internacional - Boletín Septiembre de 1993
Enfoque
En 1989 ya se podía ver un tambaleo en la marcha del imponente titán que fuera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El gigantesco Estado, que se extendía desde el Mar Báltico al Océano Pacífico y 5.000 km. de norte a sur, contenía casi 300 millones de habitantes de más de 100 grupos étnicos diferentes. La Unión se componía de 15 repúblicas, que a su vez comprendían 20 repúblicas autónomas y ocho regiones autónomas, constituidas principalmente en base a los grupos étnicos que les daban el nombre.
La reacción no se hizo esperar: el 19 de agosto de 1991, las fuerzas políticas conservadoras sacaron los tanques a las calles de Moscú y otras ciudades principales, anunciando que el presidente Mijail Gorbachov había sido derrocado sin más.
La tentativa de golpe se desbarató en apenas tres días. Las fuerzas militares y de seguridad del Estado no se mostraron dispuestas a apoyar la toma del poder, especialmente vista la fuerza del movimiento de resistencia popular, claramente decidido a luchar por las libertades políticas. El 24 de agosto, el presidente Gorbachov dimitió de su cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y se suspendieron las actividades del Partido.
El fracaso del golpe imprimió nuevo vigor a la tendencia autonomista. En septiembre de 1991, la URSS reconoció la independencia de los Estados bálticos — Estonia, Letonia y Lituania. En diciembre, con una sola excepción, las repúblicas restantes acordaron formar la Comunidad de Estados Independientes (CIS), declarando que la URSS había dejado de existir.
Pero, en muchas de las nuevas repúblicas, las tensiones étnicas que el antiguo aparato estatal apenas si había logrado contener han hecho erupción en conflictos armados. Al volverse cada vez más claras las afiliaciones regionales, el mapa de la antigua URSS ha seguido fragmentándose — y la continuación de los conflictos étnicos hace pensar que las fronteras todavía no están trazadas definitivamente.
La pena de muerte aún no ha sido abolida en ninguna de las nuevas repúblicas. Son pocas las que han redactado una nueva Constitución o código legal; en su gran mayoría se rigen, con algunas enmiendas, por la legislación de la antigua URSS.
Las preocupaciones de AI en la región se han visto dominadas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los conflictos étnicos que afligen a Azerbaiyán, Georgia y Tayikistán. Otros países, como Uzbekistán, parecen estar repitiendo los abusos de la antigua Unión Soviética.
AZERBAIYÁN
La República de Azerbaiyán está situada en Transcaucasia, entre Irán y Rusia, junto al Mar Caspio. La mayoría de los siete millones de habitantes del país son musulmanes de lengua turca, si bien la etnia armenia representa la mayoría de la población en el enclave de Nagorno-Karabaj, actualmente en disputa. La violencia intercomunal en este territorio separatista ha venido escalando desde 1988 hasta convertirse en una guerra que ha costado millares de vidas, muchas de ellas civiles.
Todas las partes en conflicto han sido acusadas de abusos como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios deliberados y arbitrarios de civiles; malos tratos y torturas (incluyendo violación) infligidos a combatientes y no combatientes; y la toma de rehenes, práctica expresamente prohibida en los Convenios de Ginebra de 1949.
La unidad administrativa conocida como Región Autónoma de Nagorno-Karabaj fue creada en 1923 en Azerbaiyán, y está separada de Armenia, al oeste, por un corredor de casi 10 km. La violencia entre las etnias armenia y azerbaiyana de la región se desató tras una serie de manifestaciones celebradas a principios de 1988 para pedir la incorporación a Armenia.
El gobierno directo desde Moscú, impuesto de enero a noviembre de 1989, no consiguió detener la escalada del conflicto y, en septiembre de 1991, los concejos de la región declararon la formación de la República de Nagorno-Karabaj (RNK). El gobierno azerbaiyano tomó represalias declarando nula la autonomía de la región. El 6 de enero de 1992, la RNK declaró su independencia de Azerbaiyán; aún no ha sido reconocida por la comunidad internacional.
Tras la disolución de la Unión Soviética, las tropas de la URSS se retiraron de la región, quedando en su lugar unidades paramilitares armenias — controladas por el Parlamento de la RNK— en conflicto directo con el ejército azerbaiyano. Como resultado de los últimos enfrentamientos, hoy las autoridades de etnia armenia controlan de hecho casi la totalidad del territorio de Karabaj, incluyendo la capital, Stepanakert. Los refugiados de ambas partes se cuentan en cientos de miles. Los informes varían; a finales de 1992, el ministro del Interior de Azerbaiyán estimaba las víctimas armenias en 3.000 y las azerbaiyanas en 4.700.
La toma de rehenes
Se han recibido numerosos informes sobre la toma de rehenes, muchos de ellos mujeres y niños, por parte de ambas etnias, armenia y azerbaiyana. Algunos han sido capturados por el ejército; otros, por particulares. Los rehenes son canjeados por familiares o amigos en poder de la oposición, o por alimentos o gasolina. Es imposible calcular la cifra exacta de rehenes, pero grupos tanto de Armenia como de Azerbaiyán han compilado listas de centenares de personas desaparecidas o de quienes se sabe que han sido tomadas como rehenes.
Lev Avakov-Leonov, de 85 años, de origen armenio, fue secuestrado en Bakú la tarde del 21 de marzo de 1992, cuando tres hombres y una mujer forzaron su entrada por el balcón de su casa. Lo sacaron de la cama y se lo llevaron; al parecer, golpearon a su esposa que se resistía. Más de un año después, según fuentes no oficiales, Lev Avakov-Leonov no ha sido canjeado ni se lo ha podido localizar. Vistas las crecientes amenazas a su seguridad, su familia abandonó Azerbaiyán en junio de 1992.
La situación de la comunidad de origen armenio residente en Azerbaiyán, y la de los azerbaiyanos en Armenia, se ha vuelto intolerable. Se cree que los únicos armenios que quedan en la capital, Bakú, pertenecen a matrimonios mixtos o tienen nombres que no son fácilmente reconocibles como de origen armenio.
En marzo de este año, el presidente de la Comisión del Estado de Azerbaiyán sobre Rehenes, Prisioneros y Personas Desaparecidas dijo que 75 residentes de Bakú de etnia armenia estaban detenidos en Azerbaiyán.
En febrero de 1992, según informes, seis azerbaiyanos —Saltanat Zulal gyzy Mamedova, de 61 años, sus dos hijas y sus tres jóvenes nietos— fueron detenidos por las fuerzas de etnia armenia. La familia huía de Joyaly, localidad de la zona de Karabaj habitada principalmente por azerbaiyanos, que había pasado al control de las fuerzas armenias. Se cree que unas 300 personas murieron durante el combate en Joyaly, tratándose en muchos casos de civiles desarmados asesinados por las fuerzas armenias cuando intentaban huir. El 25 de febrero de 1993, el procurador general de Azerbaiyán declaró que aún quedaban 30 rehenes.
A las víctimas rara vez se les permite ponerse en contacto con sus amigos o familiares, y su seguridad puede peligrar debido al carácter ilegal y secreto de su detención. Sus captores son libres de actuar impunemente, y se han recibido numerosos informes sobre malos tratos infligidos a rehenes de ambas partes en conflicto.
También se han denunciado malos tratos, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Unos civiles de etnia azerbaiyana que trataban de escaparse de Joyaly afirmaron que los sometieron a malos tratos mientras los mantenían cautivos a principios de 1992: Durdana Agayeva dijo que a ella y a otra mujer las habían golpeado mientras estaban recluidas en una celda junto con unas 30 mujeres en una comisaría de policía de la localidad de Askerán; Gulaya Oruyheva declaró que, durante su detención, vio cómo disparaban a sangre fría contra dos jóvenes azerbaiyanos, golpeaban a otros prisioneros y violaban a una mujer.
Eleanor Grigorián, de etnia armenia, puesta en libertad en marzo de 1992, afirmó que la habían retenido un mes junto con su hijo Dmitry, de cuatro años, y que la habían transferido de una unidad militar azerbaiyana a otra, y en todas ellas la habían violado. Su niño también fue víctima de malos tratos, entre ellos quemaduras con cigarrillos en la mano.
Otros civiles no combatientes han sido asesinados de forma deliberada y arbitraria. Poco después de la matanza de azerbaiyanos en Joyaly, personas de etnia armenia de Maraga, en el nordeste de Karabaj, denunciaron que las tropas azerbaiyanas entraron en su pueblo en abril de 1992, dando muerte a no menos de 45 habitantes no combatientes. Parece que los cuerpos fueron mutilados, y que los supervivientes fueron tomados como rehenes.
Tales incidentes sólo llegan al conocimiento del mundo exterior cuando los presencia algún observador extranjero, y es probable que muchos ataques similares queden anónimos o sin confirmar debido a la inaccesibilidad del lugar y a la situación bélica. Pero las pruebas disponibles hasta ahora reflejan una espantosa constante de ferocidad desatada contra la indefensa población civil.
GEORGIA
La República de Georgia, en Transcaucasia, limita con Rusia, Azerbaiyán, Armenia y Turquía. Aproximadamente el 70 por ciento de los 5,4 millones de habitantes son de origen étnico georgiano. Las tensiones políticas que existen en la república se han visto exacerbadas por el conflicto étnico en Abjasia, república autónoma situada en el noroeste de Georgia.
Actualmente, los abjasios, etnia caucasiana diferente de la georgiana, representan una minoría de la población de Abjasia (según el censo de 1989, el 17,8 por ciento; mientras que los georgianos el 45,7 por ciento). Vienen de antiguo las tensiones entre los sectores de la población abjasia que procuran mayor autonomía y el gobierno georgiano, que se ha esforzado por conservar la integridad territorial del país. Varias medidas tomadas a lo largo de los años han agudizado la sensación que tienen ambas partes de que se ha discriminado en su contra.
La fase actual del conflicto armado dio comienzo en agosto de 1992, fecha en que las tropas georgianas incursionaron en Abjasia y se apoderaron de la capital, Sujumi. Las autoridades explicaron que las tropas habían sido enviadas para combatir el saqueo y el sabotaje de la línea ferroviaria y buscar al secuestrado ministro del Interior. Los líderes abjasianos consideraron esto una invasión y trasladaron su centro de operaciones a la ciudad de Gudauta, al norte, que se hallaba bajo su control.
Durante los 10 meses siguientes continuaron produciéndose brotes esporádicos de violencia que se cobraron cientos de vidas de ambos bandos. En julio, tras el recrudecimiento del combate alrededor de Sujumi, el gobierno georgiano impuso la ley marcial por un periodo de dos meses.
Según los informes recibidos, durante los primeros meses del conflicto las fuerzas de Georgia detuvieron a decenas de civiles no combatientes, a veces como rehenes, únicamente debido a que no eran de etnia georgiana. Muchas víctimas afirman que las tropas georgianas forzaron su entrada en sus domicilios y los vecinos, donde cometieron robos y golpearon a los ocupantes, o se los llevaron. Muchos permanecieron prisioneros durante periodos breves y después quedaron en libertad. Otros, se cree, siguen cautivos o han “desaparecido”.
Al parecer, las tropas georgianas tomaron como rehén a un abjasio, Garri Pilia, porque estaba emparentado con un miembro del Parlamento abjasio en Gudauta. Parece que al menos otra persona fue detenida por motivos similares. Se desconoce el paradero de Garri Pilia, y queda sin aclarar la suerte de al menos cinco personas de etnia abjasia detenidas en Sujumi por las tropas de Georgia en octubre de 1992.
Las tropas del ejército georgiano, la Guardia Nacional y un grupo paramilitar conocido como "Mjedrioni" (“Jinetes”) también han sido acusados de practicar torturas y malos tratos, incluyendo violación sexual, y de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Hasta ahora, que se sepa, no se ha puesto en manos de la justicia a ninguno de los presuntos perpetradores de torturas, palizas o asesinatos durante el conflicto abjasio.
Un hombre de etnia abjasia oriundo de Sujumi declaró que las tropas georgianas lo habían detenido junto con unas 35 personas en agosto de 1992. Dice que un miembro del grupo fue asesinado a tiros simplemente por insistir en que residía en “la República de Abjasia”.
Parece que en septiembre de 1992, L.I. Topuridze, inspectora sanitaria de la Guardia Nacional abjasia, fue capturada, sometida a torturas y violada por las tropas georgianas, y murió al día siguiente en un hospital de Sujumi. Según trascendió, un informe forense constató que había recibido varios tiros y tenía varios huesos fracturados y lesiones en la columna vertebral y en la vagina.
Las fuerzas controladas por Abjasia también han sido acusadas de administrar torturas y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, y AI está procurando verificar dichos informes.
La pena de muerte
No se sabe a ciencia cierta cuál es la situación en relación con la pena de muerte en Georgia. El anterior ministro de Justicia declaró que se la había abolido completamente en febrero de 1992. No obstante, fuentes oficiales han afirmado que la abolición no ha sido completa, y el 17 de marzo de 1993 el Parlamento de Georgia promulgó una ley sobre mercenarios que admite la posibilidad de la pena de muerte. En abril, Konstantin Kemulariya, actual ministro de Justicia, comunicó a AI que la pena capital había sido abolida para la mayoría de los delitos, pero no aclaró cuáles la seguían mereciendo.
Las ejecuciones han continuado: al parecer, en abril se ejecutó a cuatro hombres en la cárcel de Dranda — controlada por Georgia— por intentar secuestrar un avión en el aeropuerto de Sujumi.
Las fuerzas leales a las autoridades abjasias de Gudauta también han cometido ejecuciones. Al menos 12 personas acusadas de saqueos en Gagra a principios de octubre de 1992 fueron fusiladas por unidades controladas por la comandancia militar de Abjasia.
TAYIKISTÁN
Durante el gobierno soviético, Tayikistán era la república más pobre y de menor desarrollo económico, con una elevada tasa de desempleo, escasez de viviendas y un historial de explosivas tensiones étnicas.
De mayo a diciembre de 1992, el país se vio desgarrado por una sangrienta guerra civil entre fuerzas divididas por factores políticos y geográficos. El conflicto se cobró hasta 20.000 vidas y dejó sin hogar a más de medio millón de personas. Hasta el día de hoy siguen librándose combates esporádicos entre las fuerzas del gobierno y los grupos de oposición islámicos, especialmente a lo largo de la frontera con Afganistán.
El conflicto culminó en diciembre de 1992 cuando las fuerzas del gobierno reconquistaron la capital, Dunshabe, que estaba en manos de fuerzas subordinadas a una coalición opositora. Parece que, durante las semanas siguientes, centenares de civiles desarmados, principalmente de las regiones de Garm y Pamir — donde la oposición al gobierno es intensa— fueron ejecutados extrajudicialmente o “desaparecieron” tras ser puestos bajo custodia. Los asesinatos y “desapariciones” se han imputado al Ministerio del Interior y al Frente Popular de Tayikistán, grupo paramilitar que encabezó el ataque contra la capital y al que se han otorgado funciones de mantenimiento del orden.
El pasado diciembre, por ejemplo, parece que unos soldados uniformados del Ministerio del Interior pararon autobuses en Dushanbe para efectuar controles de identidad, hicieron bajarse a unas 20 personas oriundas de Garm y Pamir y las fusilaron en el acto. Muchas personas detenidas en el aeropuerto o en sus domicilios han sido encontradas muertas en la calle o en la morgue municipal. Otros, simplemente, han “desaparecido”.
El 27 de enero, un grupo de hombres que, se cree, eran agentes del Frente Popular, irrumpieron en el domicilio de la familia Rizvonov, en Dushanbe, y mataron a tiros a 11 personas, entre ellas una octogenaria y un niño de cuatro años. Al día siguiente, miembros armados del Frente Popular detuvieron a tres hermanos de la familia Jaydashoyev en su piso de Dushanbe. Les dieron una paliza brutal con culatas de rifle, los tiraron en la parte posterior de un automóvil y se los llevaron a las afueras de la ciudad. Allí, en la ribera del río Dushanbinka, los hicieron formar fila y los fusilaron a sangre fría. Dos perdieron la vida; el más joven, a quien sólo habían alcanzado en las piernas, cayó detrás de sus hermanos, y lo dejaron por muerto. Una vez que los soldados se hubieron retirado, se arrastró hasta un edificio de apartamentos próximo y se puso en contacto con su familia.
Funcionarios del gobierno declararon públicamente que las fuerzas de seguridad habían sido autorizadas a llevar a cabo ejecuciones sumarias. En febrero, Sangak Safarov, líder del Frente Popular, hizo saber a unos periodistas que las unidades armadas del Frente Popular tenían orden de disparar en el acto contra “saqueadores y merodeadores”.
Tras la publicación, en el mes de mayo, de un informe de AI que expone estos abusos en Tayikistán, el Ministerio del Interior acusó a la organización de tener por fin principal «la publicación y difusión de material difamatorio». El Ministerio acusó al gobierno anterior de actos de persecución política y a AI de «llorar lágrimas de cocodrilo» por aquéllos que habían sido encarcelados y golpeados, agregando que «las cárceles son lugares para guardar a los delincuentes, y no sanatorios para convalecientes».
UZBEKISTÁN
Uzbekistán, república predominantemente musulmana, está situada entre Kazajstán y Turkmenistán. La población de Uzbekistán — que asciende a 20,3 millones— se compone de un 69 por ciento de etnia uzbeka, 10 por ciento de etnia rusa, y minorías considerables de tártaros, kazakos, tayiks y turcos.
Sin embargo, desde mediados de 1992 ha venido tomando vigor la ofensiva contra los opositores del gobierno. A los activistas de la oposición se los ha detenido por llamar al derrocamiento del gobierno, se los ha sometido a juicio por difamar al presidente, o se los ha declarado culpables de delitos que, según se cree, nunca cometieron.
En uno de estos casos, se teme que un líder de la oposición haya “desaparecido” después de su detención. No hay duda de que la “detención administrativa” por periodos breves continúa empleándose para castigar a quienes ejercitan el derecho a la libertad de asociación.
Opositores del gobierno y periodistas que trabajan por cuenta propia han sido agredidos en la calle por desconocidos. El domicilio de un activista de derechos humanos ha sido atacado con explosivos, y el de un conocido periodista ha sido incendiado en circunstancias dudosas. Y, sin embargo, las autoridades no parecen haber tomado mayores medidas para investigar estos incidentes.
La República de Uzbekistán parece haber sufrido un proceso de regresión, volviendo a observarse abusos que hacen recordar las prácticas que empleaba la Unión Soviética en materia de derechos humanos con anterioridad a las reformas.