Amnistía International: Boletín, junio de 1996

Enfoque

FEDERACIÓN RUSA

[Pie de foto]: Buscando los cadáveres de familiares que han perdido la vida en el conflicto armado de la República de Chechenia. Miles de civiles han muerto como consecuencia de ataques indiscriminados de las fuerzas rusas.

© Heidi Bradner

Promesas sin ningún valor

En la Federación Rusa han continuado ocurriendo graves y generalizadas violaciones de derechos humanos, tanto en tiempo de paz como durante el conflicto armado en la autoproclamada República de Chechenia. La Federación Rusa se convirtió en miembro del Consejo de Europa en febrero de 1996, en momentos en que su gobierno parecía embarcado en una importante campaña diplomática y de relaciones públicas para convencer a la comunidad internacional de que se había acrecentado en el país el respeto a los derechos humanos. Pero los hechos dicen lo contrario: la policía, la administración penitenciaria y las fuerzas armadas en tiempo de paz siguen practicando torturas y malos tratos; las condiciones carcelarias son inhumanas; continúa habiendo presos de conciencia; los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos no reciben protección adecuada; y aún se impone la pena de muerte.

En muchos casos, la falta de leyes y reglamentos pertinentes impide la aplicación de las disposiciones de la Constitución rusa relativas a la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos. Por ejemplo, no existe disposición legal alguna sobre una alternativa civil al servicio militar, lo cual expone a los objetores de conciencia a condenas de cárcel.

Pese a que la Constitución prevé la existencia de un Defensor de los Derechos Humanos, y a que en enero de 1995 el Parlamento nombró para este cargo al ex preso de conciencia Sergey Kovalyov, la Cámara no aprobó la ley que definía sus atribuciones y poderes hasta el 17 de abril de 1996, más de un año después de haber destituido a su titular. La destitución se debió, según parece, a su enérgica oposición al uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las tropas rusas en la República de Chechenia. El 23 de enero de 1996, Sergey Kovalyov renunció a la presidencia de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos, la mayoría de cuyos miembros habían dimitido el 5 de febrero de 1996.

En el marco del conflicto armado en la República de Chechenia se han registrado violaciones de derechos humanos en escala masiva. Desde el estallido de las hostilidades en diciembre de 1994, las autoridades rusas han hecho alarde de un notable desprecio por las reglas que rigen los conflictos armados y la protección de la población civil. Se calcula que han muerto entre 20.000 y 30.000 civiles, en muchos casos como resultado de ataques indiscriminados de las tropas rusas contra zonas residenciales densamente pobladas. Según la Comisión Presidencial, sólo en Grozny, la capital, la cifra de las víctimas de la guerra podría ascender a 27.000.

Hombres, mujeres y niños han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o han sido capturados como rehenes. Se han practicado torturas y malos tratos, especialmente en los llamados ''campos de filtro''. Cientos de personas han sido recluidas sin juicio y se han denunciado violaciones por las tropas rusas.

Chechenia:

La ofensiva contra Sernovodsk

A principios de marzo de 1996, la ciudad chechena de Sernovodsk fue blanco de un intenso ataque de artillería. Se estima que entre 10.000 y 16.000 personas abandonaron Sernovodsk en esos momentos, pero unos 7.000 civiles permanecieron en la ciudad, muchos de ellos personas desplazadas por el conflicto de otras zonas de Chechenia. Las fuerzas rusas, alegando que los rebeldes chechenos habían establecido una base en la ciudad, la bombardearon sin reparar en la vida de los civiles atrapados en ella. Hubo cientos de muertos y heridos. Los cadáveres permanecieron en las calles varios días, pues el nutrido fuego de los francotiradores impedía aproximarse a ellos. Durante el ataque, las autoridades militares rusas se negaron a permitir la entrada de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja a la ciudad.

También se denunció que las tropas rusas llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Un testigo dijo que había visto cómo un grupo de soldados detenían a una joven en la calle y se la llevaban a una casa vecina, donde posteriormente se encontró su cadáver.

Las fuerzas federales rusas efectuaron más ataques indiscriminados contra la población civil de los pueblos chechenos de Samashki y Shali en marzo y abril.

Los «campos de filtro»

A los varones de edades comprendidas entre 16 y 55 años no se les permitía salir de Sernovodsk bajo ningún concepto, sino que eran trasladados a ''campos de filtro'' (centros de reclusión del ejército ruso). Desde el comienzo del conflicto bélico en Chechenia se han denunciado muchos casos de torturas, incluyendo la aplicación de descargas eléctricas, a los detenidos en estos campos. Magomed Maksharipovich Meyriyev, del grupo étnico ingush, fue brutalmente golpeado con puños y pies, con porras y culatas de fusil por soldados rusos en varios lugares, incluyendo los campos de Mozdok y Pyatigorsk, durante el periodo de su detención, que se extendió del 3 de enero al 15 de febrero de 1995. Fue puesto en libertad junto con otras 14 personas que, al parecer, también habían recibido palizas.

El último informe (1994-1995) de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos rusa indica que durante el periodo previo al 25 de enero de 1995, en el que se practicaron la mayoría de las detenciones, los civiles eran conducidos a ''campos de filtro'' sin que se los acusase formalmente ni se reconociese su detención por vía alguna. Según fuentes oficiales, un total de 1.325 personas pasaron por los ''campos de filtro'' entre el 11 de diciembre de 1994 y el 22 de julio de 1995. Según las informaciones, todos los puestos de control de carreteras del ejército ruso en Chechenia disponen de una lista común de 958 nombres de personas a las que se busca para ''filtrarlas''. Además, cada puesto ha agregado su propia lista de residentes locales a los que piensa detener y conducir a los ''campos de filtro''.

La toma de rehenes

Las fuerzas leales al presidente checheno, Dzhokhar Dudayev, al que se dio por muerto en abril de 1996 a manos del ejército ruso, también han cometido abusos. En junio de 1995, un grupo de chechenos armados dio muerte a más de 100 civiles en la ciudad de Budennovsk, en el sur de Rusia, durante una operación en la que tomaron unos 1.000 rehenes en el hospital local, sirviéndose de algunos cautivos como escudos humanos en el posterior asalto de las fuerzas rusas al hospital. La legislación internacional prohíbe la toma de rehenes en cualquier circunstancia.

Los chechenos también capturaron rehenes en una serie de incidentes ocurridos a principios de 1996. El 9 de enero, un grupo de chechenos autodenominado ''El Lobo Estepario'' penetró en la localidad rusa de Kizlyar, en Daguestán, y se apoderó del hospital central y del hogar materno-infantil adyacente. Los civiles que residían en los edificios de apartamentos situados alrededor del complejo hospitalario fueron conducidos al recinto del hospital. El líder del grupo, Salman Raduyev, declaró que sus hombres fusilarían a los rehenes si las tropas rusas no se retiraban de la República de Chechenia. Al mismo tiempo, los combatientes chechenos tomaron rehenes en una planta eléctrica vecina a Grozny. Las personas capturadas en Kizlyar fueron conducidas a la localidad de Pervomaiskoye.

AI condenó la toma de rehenes por los combatientes chechenos y pidió que se los pusiera en libertad de forma inmediata y sin infligirles ningún daño.

A mediados de enero, el ejército ruso intentó rescatar a los rehenes y atacó con artillería pesada y misiles ''Grad'', indicando mediante un ataque indiscriminado su intención de poner fin a la crisis provocada por la toma de rehenes, y despreocupándose de la vida de residentes y rehenes. El ejército ruso liberó a 82 cautivos en Pervomaiskoye; posteriormente, los combatientes chechenos pusieron en libertad a los demás. Se desconoce el número de bajas civiles, ya que el ejército ruso no permitió que periodistas y observadores independientes entraran en la localidad hasta después de que los soldados rusos hubieron retirado de las calles los cadáveres de los civiles.

La postura de Amnistía Internacional

Pese a que se emprendieron dos iniciativas de paz, en julio de 1995 y marzo de 1996, el conflicto y las violaciones de derechos humanos contra civiles continuaban en mayo de este año. AI no toma postura alguna frente a los motivos de los conflictos armados ni frente al uso de la fuerza de por sí, pero pide a todas las partes en conflicto que respeten el derecho humanitario internacional. La organización difunde información sobre abusos concretos contra los derechos humanos ocurridos en situaciones de conflicto, incluyendo el asesinato deliberado o indiscriminado de civiles, y actúa para impedirlos.

AI ha exhortado a las autoridades rusas a que inicien una investigación exhaustiva e imparcial de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto checheno y a que lleven a los responsables ante la justicia; también ha instado al gobierno ruso a que observe las disposiciones del derecho internacional humanitario relativas a la protección de civiles durante conflictos armados.

La pena de muerte

El 28 de febrero, al convertirse en miembro del Consejo de Europa, la Federación Rusa asumió oficialmente el compromiso de suspender todas las ejecuciones, con vistas a la abolición total de la pena de muerte en el plazo de tres años. No obstante, y pese a que la comunidad internacional acogió este compromiso como un paso importante en la dirección correcta, parece que las ejecuciones no han cesado. Rusia posee uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo.

A finales de marzo, en el curso de una entrevista, Lev Razgon, de 88 años, escritor encarcelado durante 17 años en la época estalinista y hoy miembro de la Comisión Presidencial sobre Clemencia, declaró que las autoridades rusas estaban «ejecutando a la mayor cantidad posible de personas» y no habían suspendido las ejecuciones. Se supo que 30 personas fueron ejecutadas en febrero de este año. El 1 de abril, el presidente Yeltsin denegó al parecer otras 15 peticiones de clemencia.

Fuentes no oficiales indican que en 1995 se ejecutó a 90 personas, si bien la cifra oficial presentada al Consejo de Europa fue de 16. AI registró al menos 28 ejecuciones en 1995. Otros 34 condenados se enfrentaban a su inminente ejecución en noviembre de 1995, después de que el presidente Yeltsin rechazara sus peticiones de clemencia. Sólo cinco presos obtuvieron la gracia presidencial en el curso del año pasado.

La noticia de la suspensión de las ejecuciones llegó demasiado tarde para Nikolay Pozhedayev, ejecutado el 18 de enero de 1996 tras pasar seis años en la antesala de la muerte. Al menos 710 condenas a muerte siguen pendientes de ejecución en la Federación Rusa. AI ha instado al gobierno ruso a que vele por que todos los órganos pertinentes de la administración pública y del poder judicial sean informados de que se ha declarado una suspensión. AI ha pedido a las autoridades que respeten la suspensión y hagan honor al compromiso de abolir la pena en el plazo de tres años, y ha exhortado al presidente de Rusia a que conmute todas las condenas de muerte y otorgue clemencia a los presos del pabellón de la muerte.

Torturas y malos tratos

AI ha recibido numerosos informes sobre torturas y malos tratos infligidos a presuntos delincuentes que se hallaban bajo custodia policial en diversas partes de la Federación Rusa, y también en el contexto del conflicto checheno. El informe 1994-1995 de la Comisión Presidencial sobre Derechos Humanos rusa indicaba que más de 20.000 funcionarios del Ministerio del Interior habían sido objeto de sanciones disciplinarias en 1994 por violar la ley en el curso de investigaciones e interrogatorios. Había motivos para pensar que esta cifra subestimaba considerablemente la escala real de tales violaciones. Se había casi duplicado el número de funcionarios acusados de practicar detenciones ilegales, emplear la fuerza contra sospechosos y testigos, y falsificar pruebas. La Comisión llegó a la conclusión de que, con el pretexto de combatir la delincuencia, se estaban ampliando los poderes de los órganos de seguridad y de orden público en detrimento de los derechos y garantías proclamados en la Constitución rusa.

Las minorías étnicas se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Sultan Kurbanov, checheno de 31 años residente en Moscú, fue detenido el 16 de enero en su casa por dos policías que deseaban interrogarlo en la jefatura de policía y dijeron lo pondrían en libertad al cabo de dos horas. Sin embargo, lo condujeron a un depósito de mercancías del distrito de Kuntsevsky, en Moscú, donde unos 10 agentes se apearon de un autobús y lo golpearon con palos y porras. Según describió, usaron repetidamente armas de metal para asestarle golpes en las piernas y en el cuerpo, así como en la cabeza y la cara.

Esa noche, una mujer lo encontró tendido en una calle del distrito de Kuntsevsky, «herido y medio muerto». La policía local se negó a ayudarla, pero le permitió telefonear a la familia de la víctima. Un familiar de Sultan Kurbanov lo condujo al Hospital Metropolitano nº 1 de Moscú, donde acertó a oír cómo las enfermeras comentaban órdenes de la dirección del hospital de no prestar asistencia médica a personas de origen checheno. El familiar declaró que la víctima era de origen osetio, y se le administraron cuidados médicos, incluyendo puntos de sutura en heridas que presentaba en la cara y la cabeza.

Los refugiados

Las disposiciones legales relativas a los refugiados y solicitantes de asilo son inadecuadas. Muchos de ellos se enfrentan a la repatriación a países donde corren peligro de que se violen sus derechos humanos. Elgudzha Khutayevich Meskhia, opositor del gobierno de Georgia, pidió asilo político en Rusia, pero lo devolvieron por la fuerza a su país tras detenerlo en Rusia a petición de las autoridades de Georgia. AI temía que lo maltrataran o torturaran al regresar a su país.

Las condiciones penitenciarias

Las condiciones en algunas cárceles, especialmente para los reclusos que aguardan juicio, equivalen a trato cruel, inhumano o degradante. Los presos están alojados en condiciones de hacinamiento, y en millares de casos carecen de una cama individual y se ven obligados a dormir por turnos, a menudo sin ropa de cama. Muchas celdas están sucias e infestadas, y carecen de luz y ventilación adecuadas. Los alimentos y los medicamentos son a menudo insuficientes. Con la insalubridad se propagan rápidamente los problemas pulmonares, circulatorios y cutáneos, especialmente la tuberculosis y la sarna. También abundan las enfermedades mentales.

En julio de 1995, en la localidad de Novokuznetzk, región de Kemerovo, 11 presos murieron de fiebre térmica en una cárcel atestada. Hasta 25 personas ocupaban celdas construidas para 10, y la temperatura ambiente alcanzaba entre 48 y 51 °C. El año anterior se había producido un intento de suicidio colectivo, como reacción a las brutales palizas que se propinaban en la cárcel.

En octubre de 1995 había en Rusia al menos 274.700 personas recluidas en cárceles y centros de detención preventiva construidos para alojar únicamente a 173.800. Algunos presos han pasado años aguardando juicio en tales condiciones.

Presos de conciencia y objeción al servicio militar

No existe aún una alternativa civil al servicio militar. Actualmente, el servicio militar es obligatorio en Rusia para varones de edades comprendidas entre 18 y 27 años. La objeción de conciencia al servicio militar ha sido reconocida por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y culto. Este derecho también se reconoce en la Constitución rusa. No obstante, el Parlamento no ha promulgado aún la legislación necesaria para facilitar su ejercicio en la práctica ni ha enmendado el Código Penal para que sus disposiciones reflejen este imperativo constitucional, y los jóvenes siguen arriesgándose a ir a parar a la cárcel cuando se niegan a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia. El 8 de diciembre de 1995 se intentó impulsar una ley sobre servicio civil alternativo, pero la mayoría de los diputados de la Duma (Asamblea Legislativa) votaron en contra del proyecto. No obstante, la legislación rusa permite promulgar una ley por decreto presidencial.

AI vio con preocupación la detención de Vadim Hesse, el 25 de enero de 1996, por intentar registrar su objeción de conciencia al servicio militar en la Federación Rusa. En aplicación del artículo 80 del Código Penal, lo acusaron formalmente de «eludir el llamamiento ordinario al servicio militar activo». El 5 de diciembre de 1995, Vadim Hesse, de 18 años, había elevado un recurso a la Oficina de Alistamiento Militar del distrito de Noginsk, región de Moscú, solicitando la sustitución de su servicio militar por uno civil. Al parecer, el jefe militar del distrito aceptó el recurso, pero de todos modos expidió a su nombre una orden de alistamiento para el servicio militar ordinario, que debía comenzar a cumplir el día 15 de enero. El joven se negó a presentarse en el lugar de alistamiento. El 25 de enero, el Tribunal de Distrito de Noginsk resolvió la apelación de Vadim Hesse contra su orden de alistamiento. Según parece, unos policías lo detuvieron ese mismo día a las 6 de la tarde en su apartamento; una vez en la comisaría, le mostraron una orden de detención expedida por el fiscal del distrito de Noginsk. AI lo adoptó como preso de conciencia, y pidió su libertad inmediata e incondicional. Vadim Hesse fue excarcelado hacia mediados de marzo.

AI insta al futuro presidente de la Federación Rusa y al gobierno de Rusia a considerar primordial la mejora de la situación de los derechos humanos en Rusia, tanto en tiempo de paz como en el contexto del conflicto armado en la República de Chechenia. También exhorta al gobierno a que cumpla los compromisos que contrajo en materia de derechos humanos al incorporarse al Consejo de Europa en febrero de 1996.

AI pide al gobierno que coopere estrechamente con los órganos internacionales pertinentes, así como con las ONG nacionales, a fin de desarrollar un programa de acción exhaustivo para el cumplimiento de todos sus compromisos en materia de derechos humanos.

Dicho programa debe incluir los siguientes puntos:

C disponer y respetar la suspensión de las ejecuciones y abolir por completo la pena capital en el plazo de tres años;

C reformar el sistema legal y de justicia;

C proteger a las minorías nacionales;

C mejorar las condiciones de reclusión;

C promulgar legislación que instituya un servicio alternativo al militar;

C respetar la libertad de reunión y de culto;

C poner en libertad a todos los presos de conciencia y velar por que todos los presos políticos y posibles presos de conciencia sean juzgados con prontitud e imparcialidad.

[Pie de foto]: Un tanque ruso dispara contra posiciones chechenas

en Grozny.

© Anthony Suau/Network

[Pie de foto]: Alexander Nikitin y su esposa

(arriba, izquierda) después de su detención en San Petersburgo.

© Bellona Foundation

[Pie de foto]: El centro de detención en espera de juicio, SIZO ''Matrosskaya Tishina'', de Moscú, en agosto de 1995. Esta celda fue construida para 35 reclusos, pero 140 hombres se apiñan en 70 metros cuadrados. El hacinamiento es la norma en las prisiones rusas.

Un recluso de la prisión de Butyrka, en Moscú, escribió: «En varias ocasiones me he sentido tan mal que he rogado a Dios que me deje morir. No creo que el infierno sea tan terrible como éste creado por el hombre. Dios es misericordioso, no como las personas...»

© Centro para la Reforma Penitenciaria de Moscú

El caso de Alexander Nikitin

Alexander Nikitin (arriba), ex oficial de la marina rusa que colaboró en un informe de la Fundación Bellona —un grupo no gubernamental noruego—, sobre los peligros de los residuos nucleares de la Flota del Norte, fue detenido el 6 de febrero por los Servicios Federales de Seguridad (SFS) en San Petersburgo. Ha sido acusado formalmente de traición en aplicación del artículo 64 del Código Penal ruso, que dispone condenas de 10 a 15 años de cárcel, o la pena de muerte, para las personas declaradas culpables de tales actos. La detención de Alexander Nikitin forma parte de la reciente persecución de ambientalistas vinculados con la Fundación Bellona.

El 27 de marzo, el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa declaró inconstitucionales los actos de los SFS que limitan la libertad de elección de abogado en el caso de Alexander Nikitin o en el de cualquier otra persona acusada de revelar secretos de Estado.

Amnistía Internacional: Boletín, junio de 1996

Noticias

ISRAEL/AUTORIDAD PALESTINA

Civiles atrapados

en espiral

de violencia

La espiral de violencia política que se desencadenó en febrero en Israel, los Territorios Ocupados y el Líbano afectó principalmente a la población civil y causó una escalada de las violaciones de derechos humanos. En febrero y marzo, grupos islámicos opuestos al proceso de paz entre Israel y la Autoridad Palestina cometieron cuatro atentados suicidas con bombas. Dos artefactos explosivos estallaron en sendos autobuses de Jerusalén, otro en un centro comercial muy concurrido de Tel Aviv, y un cuarto en un lugar transitado próximo a Ashkelon, arrojando un total de 63 víctimas mortales, incluidos los perpetradores, de las cuales 45 eran civiles.

Las medidas implantadas por Israel y la Autoridad Palestina como respuesta a los atentados asestaron un golpe demoledor a la ya delicada situación de los derechos humanos en la región. Unas 1.000 personas fueron detenidas, 300 por Israel y 700 por la Autoridad Palestina. Se denunciaron actos de tortura por ambas partes.

El Servicio General de Seguridad israelí viene torturando sistemáticamente a los presuntos partidarios de los grupos de oposición palestinos que detiene.

El número de denuncias de torturas cometidas por el servicio de seguridad de la Autoridad Palestina ha aumentado.

Casi sin excepción, las personas detenidas por la Autoridad Palestina han quedado recluidas al margen de todo proceso legal. Rara vez han sido acusadas formalmente, y en algunos casos no han tenido acceso a abogados. Sólo se conoce un caso de enjuiciamiento, celebrado de noche ante el Tribunal de Seguridad del Estado, y a todas luces injusto.

Tras los atentados Israel ha aumentado la reclusión por vía administrativa, como en el caso de familiares de los autores de los atentados, al parecer privados de libertad sólo por razones de parentesco. Algunas de sus casas han sido destruidas.

En el sur del Líbano, el conflicto entre Israel y Hezbolá (Partido de Dios) escaló de forma espectacular. Tras la muerte de un adolescente en una explosión en el sur del Líbano —atribuida a Israel, que lo niega—, Hezbolá disparó cohetes contra ciudades del norte de Israel. Tres días después, Israel emprendió un ataque de envergadura contra una serie de blancos en territorio libanés, causando la huida de unas 400.000 personas del sur del Líbano, mientras Hezbolá continuaba sus ataques en el norte de Israel. Al decretarse el alto el fuego a finales de abril, más de 170 civiles libaneses habían perdido la vida y unos 350 habían resultado heridos. Entre las víctimas figuraban los 100 civiles que murieron en el bombardeo de las instalaciones ocupadas por un batallón de la fuerza de paz de la ONU integrado por tropas de Fiji, en Qana, en el sur del Líbano. Unos 40 civiles israelíes resultaron heridos en ataques de Hezbolá durante el mes de abril, y miles de personas abandonaron sus casas en el norte de Israel. Desde el comienzo de la operación ''Uvas de la ira'' han muerto unos 15 miembros de Hezbolá, pero ningún soldado israelí.

AI envió una delegación en abril y mayo, y sus miembros han escrito al gobierno israelí, a la Autoridad Palestina, a Hezbolá y a Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) expresando alarma por la escalada de abusos.

[Pie de foto]: Los restos de un autobús afectado por un atentado suicida en Jerusalén, el 3 de marzo de 1996.

© Press Association

[Pie de foto]: Un miembro de la Cruz Roja libanesa corre a ponerse a cubierto tras el impacto de un cohete israelí en Nabatiyeh, en el sur del Líbano, el 17 de abril de 1996.

© Press Association

INDONESIA

Preso de conciencia muere en prisión

El 12 de marzo murió en la cárcel el preso de conciencia Thomas Wainggai, mientras cumplía su pena en la prisión de Cipinang, en Yakarta. Se cree que la causa del fallecimiento fue un cáncer de estómago. Thomas, de 59 años de edad, llevaba ocho años privado de libertad, simplemente por haber expresado pacíficamente su convicción de que la provincia indonesia de Irian Jaya, donde residía, debía ser independiente.

Thomas Wainggai fue detenido el 14 de diciembre de 1988 junto con otras 60 personas, entre las que se contaba su esposa Teruko, durante una ceremonia pacífica en la que se izó una bandera en Jayapura, capital de Irian Jaya. La ceremonia proclamaba la independencia de Irian Jaya con el nuevo nombre de ''Melanesia Occidental''. Thomas Wainggai fue acusado en aplicación de la amplia Ley Antisubversión y, en septiembre de 1989, fue condenado a una pena de 20 años de cárcel. Teruko, acusada de coser la bandera de ''Melanesia Occidental'', pasó cinco años en la cárcel, hasta noviembre de 1993.

Un funcionario de la prisión de Cipinang declaró en septiembre de 1995 que la salud de Thomas Wainggai era «bastante buena». Apenas cinco meses después, Thomas moría camino del hospital. Los informes indican que tres días antes había pedido, en vano, que lo hospitalizaran.

El cadáver, trasladado por avión a Irian Jaya, fue sepultado el 18 de marzo. Las fuerzas de seguridad impidieron que el público presentase sus respetos, lo que derivó en desórdenes en Abepura, localidad cercana a Jayapura. Al menos tres personas, incluido un policía, perdieron la vida y más de 100 fueron detenidas. La mayoría quedaron en libertad después del interrogatorio, pero a mediados de abril 39 seguían recluidas por su actuación en los disturbios.

‚ América ha sido la primera región del mundo en crear un instrumento vinculante que prohíbe las ''desapariciones''. En marzo de este año entró finalmente en vigor la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Las ''desapariciones'' no han cesado en América. AI se ocupó de más de 200 casos en 1995. La organización ha pedido a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que ratifiquen sin demora esta Convención.

‚ Tras la promulgación de una nueva ley en marzo de 1996, AI teme que en los próximos meses se lleven a cabo en Filipinas las primeras ejecuciones en 20 años. La legislación prevé la ejecución de los condenados a muerte mediante inyección letal. La pena de muerte fue reimplantada en 1993 como reacción ante el elevado índice delictivo. Desde entonces, más de 150 personas han sido condenadas a la pena capital.

[Pie de foto]: Thomas Wainggai cuando estudiaba en los Estados Unidos de América (izquierda) y tras ser condenado en 1989 (derecha).

COSTA DE MARFIL

Nueva ley, invocada contra la oposición

Decenas de opositores del gobierno han sido condenados a penas de cárcel en Costa de Marfil, en aplicación de una ley promulgada en 1992 que no se había invocado anteriormente. La ley en cuestión prevé que las personas que convoquen reuniones o que las presidan deben responder ante las autoridades de cualquier acto de violencia que ocurra durante su celebración, aun cuando no sean personalmente responsables de incitar a la violencia o de perpetrarla.

Las autoridades recurrieron a esta ley en el contexto de la creciente agitación política que precedió a las elecciones presidenciales de octubre de 1995. Los comicios, en los que resultó reelegido el presidente Henri Konan Bédié, fueron boicoteados por los principales partidos de oposición, disconformes con la exigencia de que todos los candidatos presidenciales hubiesen residido en el país durante un periodo mínimo de cinco años previo a las elecciones y que fueran hijos de padres marfilenses. Según la opinión general, el propósito de la ley no era sino impedir la candidatura del ex primer ministro Alassane Ouattara.

En septiembre, pese a la prohibición gubernamental, se celebraron nuevas manifestaciones de la oposición en las semanas previas a las elecciones. Al menos 10 personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas por los disparos de las fuerzas de seguridad, que practicaron cientos de detenciones cuando varias manifestaciones derivaron en actos de violencia y destrucción de propiedades.

Más de 200 personas acusadas según esta ley siguen recluidas, varios meses después de su detención, a la espera de juicio. Algunas de ellas y de las que ya han sido condenadas son probablemente presos de conciencia. Por ejemplo, el 12 de octubre de 1995, nueve personas detenidas en Abiyán en el curso de una manifestación que derivó en violencia fueron condenadas a un año de cárcel, aun cuando el fiscal reconoció que no había pruebas de su intervención en actos violentos. Seis de ellas quedaron libres en enero tras resolverse su apelación, pero las tres restantes siguen en prisión.

AI ha pedido la libertad de todos los presos de conciencia, y el enjuiciamiento pronto e imparcial de todos aquellos contra quienes se puedan formular cargos concretos.

Llamada Internacional

IRÁN

El jeque Makki Akhound, que posiblemente es preso de conciencia, cumple una pena de tres años de cárcel que le fue impuesta tras un juicio sin garantías. También se cree que fue condenado a recibir 75 azotes. Durante su detención inicial en régimen de incomunicación, parece que fue sometido a brutales torturas.

El jeque Makki Akhound, de 30 años, casado y padre de tres hijos de corta edad, fue detenido en la primera mitad de 1994. Después de pasar unos seis meses en régimen de aislamiento, fue sometido a un juicio sin garantías ante el Tribunal Especial para Clérigos por cargos aparentemente relacionados con sus vínculos con el gran ayatolá Shirazi, importante figura religiosa iraní, o con simpatizar con sus ideas. En 1995 y 1996, decenas de seguidores de personalidades religiosas iraníes fueron detenidos, incluyendo al menos 23 partidarios del gran ayatolá Shirazi. Algunos han sido puestos en libertad, otros siguen bajo investigación, y otros han sido enjuiciados y condenados a penas de cárcel.

Según los informes, el jeque Makki Akhound padece varias enfermedades que incluyen úlceras, hipertensión y problemas cardiacos y nerviosos. No se le ha permitido consultar a un médico ni a un abogado de su elección. Se cree que necesita asistencia médica urgente.

+ Por favor, escriban pidiendo que se aclaren los motivos de su detención y los cargos que se le imputan; que se investiguen de inmediato las denuncias de que ha sido torturado; que se lo trate con humanidad, se le permita recibir tratamiento médico y, de ser un preso de conciencia, se lo ponga en libertad: Leader of the Islamic Republic/H.E. Ayatollah Sayed 'Ali Khameini/ c/o The Presidency/ Palestine Avenue/ Azerbaijan Intersection/ Teherán/ Irán.

[Pie de foto]: El jeque Makki Akhound

VIETNAM

Dong Tuy, preso de conciencia de 63 años de edad, tiene la salud muy quebrantada y necesita tratamiento médico urgente. El 12 de agosto de 1995 fue condenado a 11 años de cárcel después de haber pasado ya 13 años recluido, de 1975 a 1988, debido a sus opiniones políticas pacíficas. AI ha pedido que se le preste atención médica adecuada y que se lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional.

Desde su encarcelamiento, Dong Tuy ha sufrido una serie de enfermedades agravadas o causadas por la dureza de las condiciones penitenciarias. Padece problemas estomacales y pulmonares, sarna, beriberi, hipertensión, problemas de concentración y temblores en las extremidades.

Dong Tuy fue vicepresidente del ''Movimiento para Unir al Pueblo y Cimentar la Democracia'', organización formada en 1992 que propugnaba cambios pacíficos en Vietnam. En noviembre de 1993 fue detenido junto con otros ocho miembros del grupo cuando trataban de organizar una conferencia internacional sobre desarrollo y democracia en la ciudad de Ho Chi Minh. Tras ser acusados de «intentar derrocar al gobierno», fueron condenados a penas de cárcel que oscilaron entre los cuatro y los 15 años. AI ve con preocupación que no los hayan sometido a un juicio con las debidas garantías. Tras una apelación, sus condenas fueron confirmadas. Según los informes, cuando les preguntaron si deseaban pedir clemencia, los acusados respondieron que lo que querían era justicia.

+ Por favor, escriban al presidente, en francés o inglés, expresando grave inquietud por la salud de Dong Tuy y pidiendo su libertad inmediata e incondicional: President Le Duc Anh/Office of the President/36 Ngo Quyen/Hanoi/República Socialista de Vietnam.

REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA

Ali Sadriu, activista político de etnia albanesa de la provincia de Kosovo, en la República Federal de Yugoslavia, fue detenido el 6 de marzo y golpeado por agentes de policía, hasta que perdió el conocimiento. Estuvo recluido en la ciudad de Uro×evac, donde fue interrogado sobre sus actividades como líder local de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), principal partido político de la etnia albanesa de la provincia.

Según los informes, los policías que lo golpearon le dijeron varias veces que debía abandonar la provincia. Ali Sadriu fue puesto en libertad el mismo día, sin cargos, en un estado muy precario. Al parecer, presentaba graves contusiones en todo el cuerpo, especialmente en la región lumbar, y necesitó tratamiento médico. Ésta era la sexta vez que detenían a Ali Sadriu para interrrogarlo sobre sus actividades políticas.

La LDK propugna la concesión del estatuto de Estado independiente a la provincia de Kosovo, donde la población de etnia albanesa representa más del 85 por ciento, y siempre ha defendido medios pacíficos para alcanzar este objetivo. Los activistas políticos de etnia albanesa de la provincia de Kosovo son blanco frecuente de hostigamiento o malos tratos por parte de la policía.

Muchas personas de etnia albanesa han huido de la persecución en Kosovo. Según los informes, la policía, en la que predominan los serbios, ha amenazado en numerosas ocasiones a los albaneses y les ha exhortado a marcharse.

+ Por favor, pidan una investigación imparcial y exhaustiva del trato recibido por Ali Sadriu y el enjuiciamiento de los responsables a: Slobodan Milosevic/ Presidente de la República de Serbia/ Andriev venac 1/11000 Belgrado/ Yugoslavia.

Marruecos/Sáhara Occidental

Actualización

Kelthoum Ahmed Labid El-Ouanat, cuyo caso se publicó en el Boletín de mayo, y otros cinco presos de conciencia saharauis han sido puestos en libertad. Los seis fueron detenidos tras las manifestaciones pro independencia celebradas en Smara y otras ciudades del Sáhara Occidental. Todos ellos habían sido condenados a 20 años de cárcel por el Tribunal Militar marroquí en julio de 1993.

GUATEMALA

Delegación de AI pide al gobierno el enjuiciamiento de miembros de las fuerzas armadas ante tribunales civiles

Una delegación de AI visitó Guatemala en marzo de este año y realizó investigaciones sobre la actual situación de los derechos humanos en el país. Durante su visita de 20 días, los delegados visitaron Ciudad de Guatemala y los departamentos de Quetzaltenango, El Quiché y Alta y Baja Verapaz. Mantuvieron reuniones con organizaciones locales de derechos humanos, con la Misión de la ONU en Guatemala (MINUGUA) y con representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

AI se entrevistó también con víctimas de abusos pasados y presentes, incluyendo supervivientes de las matanzas de la década de 1980. Los delegados visitaron las excavaciones de algunos cementerios clandestinos que contienen los restos de cientos de víctimas de las campañas de contrainsurgencia del gobierno, durante las cuales, en los últimos 20 años, se ejecutó extrajudicialmente a millares de civiles, en su mayoría indígenas. La Procuraduría de Derechos Humanos informó a la delegación de AI que se estaban tramitando más de 40 denuncias formales y que en algunos casos ya se habían realizado las exhumaciones pertinentes.

La delegación no observó avances en la investigación judicial de estas matanzas con vistas a llevar a los responsables ante la justicia. Casi todas las acciones relacionadas con la excavación de los cementerios clandestinos han estado a cargo de los familiares de las víctimas, equipos independientes de peritos forenses y organizaciones locales de derechos humanos.

AI también ha documentado casos recientes de abusos, incluyendo amenazas y actos de intimidación por miembros de las fuerzas armadas, de integrantes del Comité Voluntario de Defensa Civil —anteriormente conocido por ''Patrullas de Autodefensa Civil''— y de Comisionados Militares [agentes civiles de las fuerzas armadas]. Entre los blancos de estas acciones se han contado defensores de los derechos humanos, abogados, fiscales y familiares de víctimas que han presentado denuncias contra miembros de las fuerzas armadas participantes en violaciones de derechos humanos.

La visita de AI tuvo lugar apenas dos meses después del acceso al poder del nuevo gobierno, en enero de este año, y después de que el nuevo presidente Álvaro Arzú declarase en su discurso inaugural que uno de sus objetivos era luchar contra la impunidad.

AI ha propuesto medidas concretas para abordar el problema de la impunidad en Guatemala, sin solucionar desde hace mucho tiempo. Una de estas medidas consiste en enmendar la legislación existente de modo que permita que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles que se imputan a miembros de las fuerzas armadas sean juzgados ante tribunales civiles y no ante tribunales militares. La organización pone en duda la imparcialidad de los juicios celebrados ante tribunales militares contra miembros del sector castrense acusados de violaciones de derechos humanos, habida cuenta de que los emolumentos de los jueces militares provienen del presupuesto del Ministerio de Defensa y que, en muchos casos, los jueces militares son miembros activos de las fuerzas de seguridad y residen en bases militares.

[Pie de foto]: Monumento a las más de 200 personas asesinadas en 1982 en Río Negro, Baja Verapaz.

TRIBUNALES INTERNACIONALES DE JUSTICIA PENAL

Primeros juicios ante tribunales penales internacionales en 50 años

El 7 de mayo de 1996 comenzó el primer juicio celebrado ante un tribunal internacional de justicia penal desde los juicios de Nuremberg y Tokio. Dusan Tadic, guardián de un ''campo de la muerte'' serbio en Bosnia, comparece ante el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, un tribunal especial de la ONU que celebra sus sesiones en La Haya. Se ha fijado para el próximo mes de julio el comienzo de los juicios ante el Tribunal para Ruanda, otro tribunal especial de la ONU, que se reunirá en Tanzania.

Los miembros de AI han venido apoyando la labor de estos tribunales desde su creación por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1993 y 1994, respectivamente. AI continuará pidiendo a los gobiernos que promulguen la legislación necesaria para permitirles cooperar con los dos Tribunales y velar por que éstos reciban fondos adecuados para su labor a largo plazo.

En abril de 1996, los Estados que habían promulgado leyes que facultaban a su judicatura y a su policía para cooperar con el Tribunal para la Antigua Yugoslavia eran: Alemania, Australia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Dinamarca, España, EE UU, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. Los siguientes Estados habían promulgado legislación relacionada con el Tribunal para Ruanda: Australia, Dinamarca, EE UU, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza. La República de Corea, Singapur y Venezuela han comunicado a los Tribunales que no les es necesario promulgar nueva legislación para cooperar con ellos.