Document - Amnesty International News, October 1993. Vol.23, No.7.
Amnistía Internacional - Boletín Octubre de 1993
Noticias
Pies de fotos de las cuatro páginas de las Noticias:
La huida al exilio de Oh Kil-nam causó al parecer la detención de su esposa Shin Sook-ja y sus dos hijas, Oh Hae-Won y Oh Kyu-won (arriba), en Corea del Norte en 1986. Se desconoce el paradero de las tres.
Marcos Antonio Alves da Silva con uno de los niños de la calle que vivían en la plaza de Candelária.
Ramata Guèye.
Malik al-As’ad, antes de su detención en 1982.
Rustum Ahmad Rustum, antes de su detención en 1982.
Los investigadores excavan una de las cuatro fosas comunes que se cree contienen los restos de los estudiantes y el profesor “desaparecidos” de La Cantuta.
COREA DEL NORTE
Este mes, AI publica un informe sobre violaciones de derechos humanos en Corea del Norte*, con información sobre presos de conciencia, “desapariciones” y las condiciones penitenciarias en los campos de detención. Las pruebas no son en modo alguno completas, pero indican que las violaciones graves de derechos humanos son generalizadas.
La información sobre los asuntos de derechos humanos en Corea del Norte es sumamente limitada y difícil de verificar. No existen medios de comunicación independientes ni grupos de vigilancia de los derechos humanos, y la entrada al país está sujeta a considerables restricciones.
Según la información disponible, cientos de miles de personas han sido víctimas de “desapariciones”, torturas y ejecuciones sumarias; decenas de miles de norcoreanos han sido encarcelados en las últimas décadas. Algunos son presos de conciencia. Pese a que las autoridades lo niegan, en 1991 un funcionario manifestó a AI que había unas 1.000 personas recluidas en tres campos de “reeducación”, y que algunas estaban confinadas por actividades “contra el Estado”. AI cree que actualmente el número de reclusos es mucho más elevado.
Shibata Kozo, de 62 años, es un preso de conciencia. Fue detenido en 1964, pero desde finales de 1990 , cuando trascendió que permanecía confinado en un campo de “reeducación”, no se ha vuelto a saber de él. Su esposa e hijos también podrían estar encarcelados.
Otro preso fue detenido en diciembre de 1982, junto con su esposa y dos hijos, al parecer por funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado. Según fuentes extraoficiales, los cuatro siguen con vida, pero sus familiares llevan 11 años sin poder escribirles.
Las condiciones de los presos políticos son pésimas. Varios ex presos han confirmado que se han producido muertes debidas al frío, al hambre o a la enfermedad.
La pena de muerte es bastante común. Se cree que cada año se ejecuta a unos 100 presos, pero las autoridades se niegan a facilitar cifras oficiales. En algunos casos, se exhibe a los presos condenados a muerte en concentraciones públicas antes de su ejecución. En noviembre de 1992, un hombre supuestamente acusado de “gamberrismo” y “disensión ideológica” fue ejecutado delante de una gran multitud en la ciudad de Hamhung.
La población civil está sometida a un estricto control ideológico por el gobierno y por el partido en el poder, el Partido de los Trabajadores de Corea (PTC). Al parecer, los presos acusados de “disensión ideológica” y otros “delitos contrarrevolucionarios” han sido condenados a muerte y ejecutados. Hay testigos que dicen haber presenciado tales ejecuciones en noviembre de 1992; según fuentes norcoreanas, las ejecuciones son frecuentes.
AI ha instado a las autoridades norcoreanas a que pongan en libertad a todos los presos de conciencia y a que den cuenta de las personas “desaparecidas” que se nombran en el informe de la organización.
* Summary of AI’s concerns in North Korea (Índice de AI: ASA 24/03/93).
ANTIGUA URSS
Despenalización de la homosexualidad en tres repúblicas
Rusia, Kazajstán y Lituania han abolido las leyes heredadas de la antigua Unión Soviética que prohibían las relaciones sexuales entre varones adultos con consentimiento mutuo.
Rusia ha declarado que todas las personas encarceladas en aplicación de la ley —que imponía penas de hasta cinco años de cárcel— serían puestas en libertad. El Ministerio de Justicia manifestó que, en 1992, 25 hombres habían sido encarcelados en Rusia por mantener relaciones homosexuales con consentimiento mutuo. Parece ser que en Lituania y Kazajstán no había ningún preso cumpliendo condenas por este delito.
En la antigua URSS, la falta de estadísticas oficiales y la estigmatización de los delincuentes dificultaban la estimación del número total de juicios. Las fuentes extraoficiales indicaban a menudo que los homosexuales encarcelados eran sometidos a malos tratos y a agresiones sexuales por los demás presos, con la frecuente complicidad de las autoridades.
En diciembre de 1991, Ucrania se convirtió en el primero de los nuevos Estados en despenalizar las relaciones homosexuales con consentimiento, y le siguieron, en 1992, Letonia y Estonia.
TÚNEZ
Muertes de detenidos vinculadas a torturas
Desde abril de 1991, al menos nueve detenidos han muerto en Túnez, algunos, al parecer, a consecuencia de torturas. El gobierno no ha investigado estos casos ni ha puesto a los responsables en manos de la justicia.
Mouldi Ben Omar murió bajo custodia el 17 de enero de 1992. Detenido a principios de noviembre de 1991, estuvo ilegalmente incomunicado 25 días. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, el 4 de diciembre de 1991, declaró que lo habían torturado, y su abogado confirmó que presentaba cicatrices y que caminaba con dificultad. El 18 de enero de 1992, el tribunal accedió a la solicitud de su abogado de que fuera sometido a un examen médico, pero Mouldi Ben Omar no compareció en la vista del 22 de enero. El tribunal hizo constar que su ausencia se debió a que los servicios penitenciarios no habían efectuado su traslado.
Sin embargo, el 21 de enero, unos agentes de policía le habían comunicado a su esposa que Mouldi Ben Omar había muerto la víspera. No se le informó de la causa de la muerte y, cuando la llevaron al cementerio para el entierro, sólo le permitieron verle la cara, que, según dice, presentaba contusiones. Posteriormente, otros detenidos le dijeron que su esposo había muerto el 17 de enero. Los familiares y el abogado de Mouldi Ben Omar han solicitado repetidas e infructuosas veces una autopsia y que se investigue su muerte.
AI ha planteado este caso reiteradamente ante diversas autoridades, sin recibir respuesta.
Por otra parte, AI lleva más de dos años exhortando a las autoridades a que investiguen las muertes de Faisal Barakat, Rachid Chammakhi y otros detenidos que fallecieron después de padecer torturas.
La falta de investigación de estas graves violaciones de derechos humanos indica que éstas son perpetradas con impunidad y toleradas en los máximos niveles del gobierno.
SENEGAL
Torturas y malos tratos en casos políticos
EN mayo, Mody Sy, recientemente elegido miembro del Parlamento representando a un partido de oposición, fue detenido y recluido en la Gendarmerie de Thiong (comisaría paramilitar), en el centro de Dakar. Según parece, allí lo suspendieron entre dos mesas y le aplicaron descargas eléctricas en los dedos y en los órganos genitales, y lo obligaron a confesar haber suministrado las armas empleadas en el asesinato de un destacado abogado y opositor político. Días después, cuando lo trasladaron a la cárcel, Mody Sy tenía todavía los pies entumecidos y cicatrices causadas por las torturas en muñecas y piernas.
El 2 de junio, el abogado de Mody Sy solicitó que se sometiera a su cliente a un examen médico, que no se realizó hasta nueve días después. El abogado aún no ha podido ver el informe médico y, que se sepa, no se ha realizado investigación oficial alguna.
Ese mismo mes, el Fiscal General comunicó a representantes de AI que no había abierto una investigación sobre estos hechos porque no se había presentado ninguna denuncia. Al señalársele que estaba facultado para iniciarla de oficio, indicó que estaba esperando el informe médico.
La vendedora de mangos Ramata Guèye, de 20 años, fue aprehendida el 14 de julio y estuvo detenida dos días, aparentemente para obligarla a revelar el escondite del arma homicida. Cuando salió en libertad, Ramata Guèye tenía serias contusiones en las nalgas y en la mano derecha, así como torcedura de un pulgar. Cinco días después seguía presentando sangre en la orina.
La tortura parece ser una práctica rutinaria en Senegal, pese a que, en el periodo de sesiones de 1991 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este país se comprometió a erradicar tal acto de barbarie.
La renuencia del gobierno a investigar estas denuncias de tortura y la presunta existencia de material especializado para administrar torturas en la Gendarmerie de Thiong añaden fundamento a las insistentes denuncias de que también se aplica la tortura a sospechosos de delitos comunes.
SIERRA LEONA
Excarcelaciones:
AI había pedido
la revisión de sus casos
EN julio, 83 personas recluidas sin cargos ni juicio fueron excarceladas de la Prisión Central de Pademba Road, en Freetown, poco después de que AI exhortara a que se revisaran los casos de 264 presos políticos de dicho centro. Según el gobierno, más de 150 estaban vinculados a las fuerzas rebeldes que combaten en las zonas sur y este del país.
A medida que recuperaba las zonas controladas por los rebeldes, el ejército detenía a un elevado número de civiles, niños incluidos, al parecer sin comprobar si los detenidos habían colaborado con los rebeldes.
Algunos de los reclusos de la Prisión Central, incluyendo varios muchachos de entre 14 y 17 años, podrían estar privados de libertad sin pruebas concretas de su participación en actividades rebeldes. AI ha pedido que se revisen dichos casos y la libertad de los reclusos contra quienes no existan pruebas.
SIRIA
Presos políticos condenados a más de 15 años de cárcel
EN Damasco, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ha condenado a no menos de 34 presos políticos —muchos de ellos presos de conciencia— a penas de hasta 15 años de cárcel.
Tras años de reclusión y de procesos en los que no se respetaron las normas internacionales de imparcialidad, los encausados fueron condenados a penas de entre tres y quince años por su pertenencia o relación con el proscrito Partido de Acción Comunista (PCA). También se les ha privado de sus derechos civiles, lo que podrá ocasionarles dificultades para conseguir empleo o salir del país una vez que sean excarcelados.
Entre los condenados figuran los presos de conciencia Malik al-As’ad y Rustum Ahmad Rustum, de 39 y 40 años respectivamente, que recibieron sendas penas de 15 años de cárcel y que están detenidos desde 1982.
Como a los demás, se les acusó de formar asociaciones y participar en actividades contra el Estado, delitos que conllevan severas penas, incluyendo la muerte. Los condenados no tienen derecho a apelar ante un tribunal superior, y sus sentencias sólo pueden ser revisadas por el Ministerio del Interior, revisión que, a criterio de AI, no constituye un recurso de apelación conforme a las normas jurídicas internacionales.
Los 34 condenados pertenecían a un grupo de más de 500 detenidos políticos, entre ellos presos de conciencia, cuyos procesos vienen desarrollándose desde julio de 1992. A todos se les han formulado los mismos cargos en relación con diversos partidos políticos no autorizados, como el PCA, el Buró Político del Partido Comunista (BPPC), el Partido Baatista Socialista Democrático Árabe, el Partido de la Unión Árabe Socialista de Siria y la Organización Popular Democrática Nasserista.
Algunos de los acusados están privados de libertad desde 1980, en aplicación de la legislación del estado de emergencia en vigor desde hace más de 30 años, y no han tenido acceso al mundo exterior ni a asistencia letrada. Al parecer, muchos han sido sometidos a torturas.
AI envió observadores a algunas de las vistas judiciales. La organización ha instado a las autoridades a que pongan en libertad inmediata e incondicional a todos los encausados a quienes se enjuicia por expresar pacíficamente sus convicciones, y ha manifestado su inquietud ante las graves violaciones de su derecho a recibir un juicio con garantías que se han cometido en los casos de todos los acusados.
Dichas violaciones incluyen periodos prolongados de reclusión sin juicio, en algunos casos de hasta 13 años. Además, a los abogados defensores se les restringió el acceso a los expedientes de sus patrocinados y a algunos incluso se les negó el derecho de reunirse con sus clientes en privado y a citar testigos de descargo. El tribunal no investigó las denuncias de tortura ni ordenó la realización de exámenes médicos, y los condenados no tuvieron derecho a apelar contra sus sentencias, ya que las resoluciones del tribunal son definitivas.
Otros presos de conciencia procesados son Mufid Mi‘mari, del BPPC, y Usama ‘Ashur al-‘Askari, del PAC, detenidos desde 1980 y 1982 respectivamente. Doha ‘Ashur al-‘Askari, hermana de Usama y ex estudiante de 29 años, también ha sido procesada, tras su detención en febrero de este año. Había permanecido en la clandestinidad desde 1986, año en que las autoridades decidieron su búsqueda y captura en relación con las actividades del PAC.
Muerte bajo custodia
Salah Jadid, preso de conciencia que llevaba casi 23 años recluido sin cargos ni juicio en Siria, murió repentinamente en prisión el 19 de agosto. Las autoridades comunicaron a la familia que falleció de un choque séptico y fallo renal agudo.
PERÚ
Descubren fosas comunes clandestinas: ¿las víctimas de La Cantuta?
En julio, las autoridades peruanas abrieron cuatro fosas comunes que se cree contenían los restos mortales de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta secuestrados por el ejército hace más de un año, y pese a la solicitud de AI de que se aplazara la investigación. Según un informe independiente, es probable que el empleo de procedimientos inadecuados haya tenido como consecuencia la pérdida o destrucción de pruebas importantes.
De las fosas, poco profundas, fueron exhumados restos humanos carbonizados. Asimismo se encontraron unas llaves, pertenecientes a un despacho y a varios armarios de la Universidad de La Cantuta y al domicilio de uno de los estudiantes “desaparecidos”.
AI se había dirigido a la fiscal de la Nación para solicitar que se paralizara la excavación, en un predio en las afueras de Lima, hasta que se contara con la presencia de expertos en antropología forense. La organización también recomendó que se protegiera el sitio adecuadamente.
Los miembros de una delegación de investigación de AI presenciaron los trabajos. Por su parte, dos expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense —organización no gubernamental— se trasladaron a Lima a invitación de AI para unirse a la delegación de ésta y prestar su asesoramiento especializado.
Sin embargo, el Ministerio Público no les concedió autorización para asistir a la exhumación. Los dos forenses analizaron la información que les proporcionaron testigos presentes durante las investigaciones.
En su informe se manifiesta que los procedimientos empleados durante la excavación de las fosas y la exhumación de los restos fueron inadecuados. Criticaron, en especial, que no se había investigado adecuadamente el escenario del crimen; que no se había protegido el lugar; que la excavación se había llevado a cabo apresuradamente y sin emplear herramientas ni métodos apropiados; que los restos habían sido trasladados sin las precauciones debidas y que no se había procurado la conservación de las pruebas; y que todas estas actuaciones tuvieron lugar sin contar con la presencia de especialistas, incluyendo arqueólogos y antropólogos forenses.
̈ Véanse los documentos de AI: AMR 46/45/92/s, AMR 46/09/93/s y AMR 46/12/93/s
La pena de muerte
En agosto, el Congreso del Perú votó la ampliación de la pena de muerte a los delitos de terrorismo, medida que violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sería contraria a la tradición abolicionista de América Latina.
El proyecto, aprobado por 55 votos contra 21, ha sido incorporado a la nueva Constitución del Perú, y se prevé que sea sometido a referéndum nacional.
Según la nueva disposición, «la pena de muerte sólo podrá aplicarse para delitos de traición a la patria y terrorismo conforme a las leyes internas y a los tratados internacionales de los que forma parte el Perú». Sin embargo, la incorporación al texto constitucional de una aplicación más amplia de la pena de muerte contravendría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Perú en 1978. Dicha Convención prohíbe expresamente toda extensión de la pena, así como su aplicación por delitos políticos o comunes conexos con los políticos.
En opinión de AI, al ampliar la aplicación de la pena de muerte el gobierno del Perú socavaría gravemente el espíritu que viene inspirando el fortalecimiento del sistema americano de protección de los derechos humanos desde hace dos décadas.
ZAIRE
Miles de víctimas de la violencia étnica
Desde agosto de 1992, la violencia étnica en Zaire, instigada o tolerada por el presidente Mobutu Sese Seko y sus partidarios, se ha cobrado la vida de millares de personas y ha dejado a cientos de miles sin hogar.
En la región de Shaba, más de 500 lubas allí establecidos han perdido la vida y más de 100.000 han perdido sus casas a causa de los ataques de los lundas. Según informes, la violencia fue instigada por el ex primer ministro Nguz a Karl-i- Bond y el gobernador regional Kyungu wa Kumwanza, ambos lundas y aliados del presidente Mobutu. Los lundas acusaban a los lubas de apoyar al primer ministro Étienne Tshisekedi —de la oposición—, de explotar las riquezas de Shaba y de quitar puestos de empleo a los lundas.
En Kivu del Norte, según parece, los ataques lanzados en marzo por los grupos étnicos hunde y nyanga contra el grupo banyarwanda fueron instigados por el gobernador regional. Éste insinuó que los banyarwandas no eran zaireños, y prometió que las fuerzas de seguridad colaborarían en su “exterminio”. Al menos 3.000 personas, en su mayoría banyarwandas, han sido asesinadas y unas 200.000 han debido abandonar sus hogares.
Pese a que el gobernador y el vicegobernador fueron cesados a finales de julio, no se han investigado oficialmente las muertes. Según parece, miembros las fuerzas de seguridad participaron en ataques contra los banyarwandas.
Hasta agosto no se había tomado medida alguna contra los responsables de los ataques en Shaba y Kivu del Norte, debido, al parecer, a que las víctimas eran simpatizantes de partidos políticos opuestos al presidente Mobutu.
Se anuncia amnistía general en Burundi
En junio, el nuevo presidente de Burundi, Melchior Ndadaye, anunció una amnistía general que se cree beneficiará a más de 500 presos políticos. Tras su ratificación por el Parlamento, la amnistía se aplicará gradualmente durante un periodo de seis meses.
Melchior Ndadaye es el primer presidente burundés del grupo étnico hutu. La población hutu, mayoritaria, ha padecido gravísimos abusos a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente del grupo étnico tutsi.
Entre los presos políticos a quienes se espera ver en libertad en aplicación de la amnistía se cuentan unos 400 hutus acusados de participar en un ataque rebelde lanzado a finales de 1991. De ellos, cerca de 80 fueron condenados en 1992 en juicios celebrados sin las debidas garantías, en los que se dictaron cinco sentencias de muerte.
No obstante, también ha trascendido que la amnistía paralizará las investigaciones de las violaciones de derechos humanos perpetradas por civiles y por las fuerzas de seguridad. Desde 1965, éstas han llevado a cabo cientos de miles de ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional - Boletín Octubre de 1993
Llamada
BRASIL
El 23 de julio, siete “niños de la calle” y un joven que vivía con ellos cayeron abatidos a tiros —al parecer, a manos de la policía— en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Sólo en el primer semestre de este año, al menos 328 niños y adolescentes han sido asesinados en el estado de Río de Janeiro.
Los pistoleros abrieron fuego al amanecer contra un grupo de 50 niños y adolescentes que dormían al descubierto en la vecindad de la iglesia de Candelária. Cinco murieron instantáneamente; otros dos fueron asesinados en el recinto del Museo de Arte Moderno. Una octava víctima murió cuatro días después como consecuencia de las heridas recibidas.
Tras la indignación suscitada a nivel nacional e internacional por el incidente, conocido como la matanza de Candelária, cuatro hombres —entre ellos tres agentes de policía— han sido acusados formalmente de los homicidios, y se busca a otros sospechosos.
Las víctimas han sido identificadas como Paulo Roberto de Oliveira, de 11 años; Anderson Thome Pereira, de 13; Marcelo Candido de Jesus y Valderino Miguel de Almeida, ambos de 14 años; dos jóvenes de 17 años conocidos como Gambazinho y Nogento; Paulo José da Silva, de 18 años, y Marcos Antonio Alves da Silva, de 22.
En las zonas urbanas del Brasil, tanto niños como adultos son víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de “escuadrones de la muerte”, integrados con frecuencia por policías vestidos de civil. Dichos grupos reciben ayuda económica de comerciantes locales, empeñados en “limpiar” el vecindario eliminando a indeseables sociales, ladrones y rapiñeros, y también a niños de la calle que pueden haberse visto empujados a una vida delictiva.
El Ministerio de Justicia anunció que la policía federal investigaría las actividades de los “escuadrones de la muerte” en Río de Janeiro y otros estados. En la mayoría de los casos registrados hasta la fecha, las autoridades policiales no han llevado a término las investigaciones, o no han llevado a los culpables ante la justicia.
n Rogamos escriban aplaudiendo las medidas para investigar la matanza de Candelária y exhortando a las autoridades a que protejan a los niños testigos. Pidan que se investiguen todos los casos similares y se enjuicie a los responsables: Presidente Itamar Franco/ Palácio do Planalto/ Brasília D.F./Brasil.
MYANMAR
U Shwe Ohn, de 70 años, abogado y presidente de un partido político proscrito por la junta militar, fue detenido en diciembre de 1992 por poner en tela de juicio el papel del ejército en la vida política y por propugnar la entrega del poder a los representantes elegidos por el pueblo.
Los informes indican que en febrero le impusieron una pena de un año de cárcel, pero AI no dispone de otros detalles de su juicio ni de los cargos que se formularon en su contra.
Las críticas de U Shwe Ohn a la intervención de los militares en los asuntos del Estado aparecieron en un escrito dirigido a la Convención Nacional, convocada a principios de año por el Consejo de Estado para la Restauración del Orden Público (CEROP) —junta militar que constituye el máximo órgano de gobierno— con el cometido de sentar los principios para la redacción de una nueva Constitución. El CEROP había fijado ya su propio principio, que confería al ejército un papel destacado en la futura vida política de Myanmar.
Tras reafirmar el control militar sobre Myanmar en 1988, el CEROP abolió la constitución y desde entonces rige los destinos del país mediante la ley marcial. Aunque permitió la celebración de elecciones en 1990, se negó posteriormente a convocar a los parlamentarios electos.
U Shwe Ohn es presidente de la Liga Democrática para las Razas Nacionales del Estado de Shan, partido político que fue proscrito en febrero de 1992. Es un preso de conciencia, detenido sólo por expresar pacíficamente sus opiniones políticas no violentas.
n Rogamos escriban al presidente del CEROP, pidiendo la libertad inmediata e incondicional de U Shwe Ohn: Senior General Than Shwe/Chairman, State Law and Order Restoration Council/ Ministry of Defence/Signal Pagoda Road/ Rangún /Unión de Myanmar.
EN LIBERTAD
Liana Barsegyan, secuestrada junto con su hermana en abril de 1992 en Azerbaiyán, ha sido liberada. Su caso apareció en el Boletín de agosto. No hay noticias del paradero de su hermana, Ulyana.
Amnistía Internacional - Boletín Octubre de 1993
Enfoque
Permiso para matar
asesinatos políticos
y "desapariciones"
Durante los últimos 30 años, millones de hombres, mujeres y niños han sido asesinados o han “desaparecido” sin dejar rastro. No son víctimas de la guerra sino de sus propios gobiernos, quienes los escogen como blanco debido a sus convicciones políticas o a su origen étnico, o simplemente porque son pobres o porque a las autoridades no les conviene que residan en cierto lugar.
Sólo en 1980, las fuerzas de seguridad iraquíes dieron muerte a cientos de miles de personas. Entre 1981 y 1986, las fuerzas de seguridad de Uganda segaron más de 100.000 vidas en el Triángulo de Luwero. Decenas de miles murieron o “desaparecieron” en Sri Lanka y Sudán. Otros miles cayeron abatidos en Burundi, Chad, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Indonesia y Perú. La lista no es exhaustiva y, en numerosos países, las matanzas han continuado en la década del 90.
A finales de los años 80, a medida que las juntas militares y los regímenes totalitarios se veían reemplazados por gobiernos elegidos democráticamente, fue escuchándose la promesa de un “nuevo orden mundial”, una era en la que los gobiernos rendirían cuentas escrupulosamente ante sus pueblos, respetarían la ley, y protegerían y fomentarían los derechos humanos. Pero la promesa resultó hueca. Todos los años, los agentes de los gobiernos continúan dando muerte o haciendo “desaparecer” a decenas de miles de personas.
En Ruanda, entre finales de 1990 y principios de 1993, más de 3.000 personas murieron a manos de fuerzas gubernamentales, grupos civiles y guerrilleros en el marco del conflicto armado en el norte del país. Durante los últimos 18 meses, la guerra civil que se viene librando en Tayikistán —a la que el mundo ha hecho oídos sordos— se ha cobrado 20.000 vidas; las fuerzas gubernamentales y paramilitares han sido responsables de centenares de homicidios políticos y “desapariciones”. Pese a las promesas de reforma en las prácticas de derechos humanos del gobierno turco, las fuerzas de seguridad se han visto claramente involucradas en muchos de los cientos de homicidios políticos que han tenido lugar en ese país desde 1991.
En Sudáfrica, el proceso de reformas políticas destinado a poner fin al apartheid se ha visto acompañado de un horrible derramamiento de sangre. Desde 1990, año en que dieron comienzo las negociaciones, más de 10.000 sudafricanos han perdido la vida en incidentes en los que participaron las fuerzas de seguridad o, más frecuentemente, grupos armados que actúan con el apoyo tácito de las autoridades.
La proliferación de los conflictos nacionalistas, secesionistas y religiosos ha suspendido una espada de Damocles sobre todas las regiones del mundo. Basta un macabro ejemplo, el de los cientos de miles de hombres, mujeres y niños asesinados durante la sangrienta y compleja guerra en BosniaHerzegovina, para revelar la parodia que es el “nuevo orden mundial”.
Los gobiernos asesinan y secuestran a sus propios ciudadanos sin sufrir las consecuencias. ¿Cómo se las arreglan? Algunos ni siquiera se molestan en justificar sus actos; otros se esfuerzan por encubrirlos. Recientemente, en Afganistán, Chad, Etiopía e Iraq se han descubierto fosas comunes que contienen millares de víctimas de homicidios políticos y “desapariciones” sin documentar.
En su gran mayoría, los gobiernos se limitan a mentir o a minimizar los hechos. En junio de 1989, cuando los tanques del ejército chino avanzaron contra los manifestantes democráticos en Pekín, la carnicería resultante fue capturada por las cámaras de televisión, que difundieron las imágenes por todo el mundo. Al menos 1.000 personas perdieron la vida; se localizaron centenares de cadáveres en morgues y hospitales. Pero el gobierno afirmó que no se había producido muerte alguna y, posteriormente, declaró que únicamente 200 civiles habían muerto durante los enfrentamientos entre soldados y manifestantes.
Algunos gobiernos tratan de acallar las críticas aduciendo que la violencia constituye un fenómeno endémico en sus sociedades, o que es fruto de tensiones étnicas. Pero es natural que la violencia resulte endémica en cualquier sociedad en que se violen los derechos humanos, y la violencia intercomunitaria a menudo es provocada o exacerbada por las políticas oficiales.
En 1992, más de 700 personas fueron asesinadas en Kenia durante enfrentamientos étnicos que parecen haber sido orquestrados políticamente. Las pruebas indican que uno de los grupos responsables recibía apoyo y recursos económicos de altos cargos del gobierno. El grupo era conocido como los “guerreros kalenjines”, referencia al grupo étnico del presidente del país.
Más de 130 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Bombay, capital del estado indio de Maharashtra, durante los disturbios que estallaron tras la destrucción de la mezquita de Babri Masjid, en Ayodhya, en diciembre de 1992. La mayoría de las víctimas eran miembros de la comunidad musulmana, y los testigos presenciales afirmaron que la policía ayudó a las turbas hindúes que los atacaron.
Pocos son los gobiernos que ordenan abiertamente los homicidios políticos y las “desapariciones”, prefiriendo servirse, en cambio, de operaciones secretas y complicadas maniobras de encubrimiento. Es frecuente que los homicidios políticos se cometan en circunstancias bastante controvertidas, y únicamente el comportamiento de las autoridades y la existencia de una constante de incidentes similares indican la probabilidad de que las muertes hayan sido deliberadas e ilegales.
En Irlanda del Norte (Reino Unido), las fuerzas de seguridad han dado muerte, desde 1982, a decenas de personas en circunstancias poco claras que han dado lugar a acusaciones de que, en lugar de detener a las personas sospechosas de pertenecer a grupos armados de la oposición, se las estaba asesinando deliberadamente. La continua negativa del gobierno a realizar investigaciones independientes de estas muertes ha añadido fundamento a las acusaciones. En un caso, la investigación detallada de la actuación de la policía fue encomendada a un alto cargo del cuerpo de policía de otra región, pero los resultados fueron disimulados. Pese a que la investigación descubrió pruebas de mala conducta en el seno de la policía, el gobierno se negó a procesar a los agentes involucrados, alegando motivos de “seguridad nacional” e “interés público”.
En Colombia, las fuerzas de seguridad eliminan a sus opositores sin recurrir a la justicia. El gobierno ha atribuido muchos de los miles de asesinatos y “desapariciones” a “escuadrones de la muerte” a los que dice no poder controlar. Pero, una y otra vez, ha quedado demostrado que los “escuadrones de la muerte” actúan con el apoyo de las fuerzas armadas colombianas y, a menudo, forman parte integral de la estrategia de contrainsurgencia castrense.
En Sudáfrica se han venido acumulando las pruebas que vinculan a los “escuadrones de choque” responsables de los homicidios políticos con operaciones secretas de la policía y el ejército.
En muchos países, los vínculos entre los “escuadrones de la muerte” y las fuerzas de seguridad han quedado al descubierto. No obstante, los gobiernos siguen adhiriéndose al mito de que los “escuadrones de la muerte” son grupos independientes a los que les resulta imposible controlar.
Un ex soldado salvadoreño ha explicado cómo funcionan estos grupos: «A principios de 1980, me presenté voluntario para lo que en El Salvador se llama un “escuadrón de la muerte”. Sin embargo, según mi experiencia, el escuadrón de la muerte no tiene existencia independiente fuera de los militares y de las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Es simplemente una forma de servicio más que se ordena hacer al personal militar cuando no está uniformado.»
Los conflictos internos sirven de marco y, frecuentemente, de excusa para los asesinatos. Centenares de civiles palestinos, inclusive niños, han muerto a manos de las fuerzas israelíes desde 1987, año en que dio comienzo el levantamiento palestino conocido como la Intifada. Por lo general, las investigaciones de estas muertes han resultado inadecuadas, y rara vez han tenido como resultado el enjuiciamiento de los responsables.
Allan Huglstad, comandante del ejército danés que representó a AI en una visita a la Franja de Gaza en mayo de 1993, presenció un tiroteo en que los soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de niños en la calle: «Estos jóvenes no hacían más que observar, como yo, a una patrulla de soldados israelíes que avanzaban hacia nosotros. Cuando aún se hallaban a más de cien metros, los soldados abrieron fuego en nuestra dirección. No oí ningún aviso, y no parecía que los soldados corrieran riesgo alguno.»
La participación de los gobiernos en homicidios políticos y “desapariciones” no se limita a la muerte o el secuestro de la víctima. Un complejo sistema asegura que la verdad no salga a la luz y que los culpables escapen a la justicia. En noviembre de 1992, mientras continuaba la ola de homicidios políticos en Sudáfrica, el gobierno promulgaba la Ley Complementaria de Indemnidad, que garantiza, de hecho, la impunidad de los violadores de derechos humanos. En la India, la legislación especial promulgada en aquellos estados donde se registra actividad insurgente permite que las fuerzas de seguridad tiren a matar sin temor a ser sometidas a «juicio, pleito o cualquier otra actuación judicial».
En ocasiones, los gobiernos dan efecto retroactivo a la impunidad. Cuando llega a su fin un periodo de graves abusos, las autoridades cierran las puertas tras sí, pretextando que la decisión de no castigar las violaciones de derechos humanos se ha tomado en aras de la “reconciliación nacional”.
En marzo de 1993, la Comisión de la Verdad, designada por la ONU, publicó un informe sobre los abusos perpetrados por las fuerzas del gobierno y de la oposición en El Salvador. El informe atribuía a las fuerzas gubernamentales la responsabilidad de violaciones de derechos humanos masivas durante los 12 años de guerra civil. Menos de una semana después, el gobierno decretó una amnistía sumamente amplia que eximía de procesamiento a quienes hubieran cometido delitos contra los derechos humanos con anterioridad a 1992. La ley de amnistía sienta un peligroso precedente para el futuro, y continúan observándose graves violaciones: los cadáveres mutilados que siguen apareciendo en la calle indican que los “escuadrones de la muerte” no se han quedado de brazos cruzados.
En Camboya, el Acuerdo de Paz de 1991 no dispuso el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades masivas cometidas en el pasado. En mayo de 1993, el Parlamento de Mauritania promulgó una ley que concedía total inmunidad procesal a los miembros de las fuerzas de seguridad por todos los delitos cometidos entre 1989 y 1992, periodo en el que más de 400 mauritanos fueron sometidos a ejecuciones extrajudiciales y otras decenas “desaparecieron”.
Cuando reina la impunidad, cuando las fuerzas de seguridad quedan sin castigar por los homicidios políticos y “desapariciones” de que son autoras cotidianas, se desintegra la confianza pública en el Estado de derecho y ningún sistema judicial puede actuar efectivamente.
En algunos países, la impunidad ha desatado una epidemia de homicidios y secuestros a la que han sucumbido, sistemáticamente eliminados, miembros de las capas urbanas menos privilegiadas, campesinos y muchos otros de los sectores marginales de la sociedad. Las autoridades nacionales y locales se han convertido en cómplices de homicidios políticos y “desapariciones” a través de sus vínculos extraoficiales con pistoleros a sueldo y vigilantes civiles.
En Brasil, cientos de personas —agricultores, líderes de comunidades rurales, dirigentes sindicales e indígenas— han sido deliberadamente asesinadas por sicarios contratados por terratenientes locales, con el visto bueno o la asistencia de las autoridades. Los asesinos han burlado la justicia en casi todos los casos. La impunidad se ha extendido a los “escuadrones de la muerte” que han matado a centenares de “niños de la calle” sólo en el último año, y a los policías uniformados que han abatido a tiros a presuntos delincuentes.
Por tratarse de un fenómeno de carácter internacional, la impunidad exige que se la combata a nivel internacional. La decisión de establecer un tribunal internacional de crímenes de guerra para enfrentar la situación en la antigua Yugoslavia debería constituir un primer paso hacia la creación de un tribunal penal internacional, con jurisdicción mundial, competente para enjuiciar a los que violan los derechos humanos y el derecho humanitario.
Los “derechos humanos” se han convertido en un concepto del que todos los gobiernos pretenden ser paladines, pero pocos defienden en la práctica. En todas partes del mundo, las autoridades continúan ordenando o tolerando homicidios políticos y “desapariciones”. Estos gobiernos deben tomar la decisión de poner fin al baño de sangre. Hay una serie de medidas efectivas para ello: medidas preventivas para impedir que las violaciones ocurran y, de ocurrir, investigaciones adecuadas y la decisión férrea de llevar a los culpables ante la justicia. Sólo nos despertaremos de la pesadilla de los homicidios políticos y las “desapariciones” cuando los gobiernos, individual y colectivamente, demuestren su voluntad política de poner manos a la obra.
AI EN ACCI”N
Este mes, AI emprende una campaña internacional para poner fin a los homicidios políticos y las “desapariciones”.
Aunque la campaña se dirige principalmente a los gobiernos, también se pide a los grupos políticos armados de todo el mundo que den los pasos mínimos necesarios para cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos fundamentales.
Cuando los gobiernos del mundo pisotean los derechos fundamentales de sus ciudadanos e ignoran los abusos que ocurren en otros países, son los ciudadanos quienes deben pasar a la acción. Una presión pública coordinada puede cambiar la situación hasta en los regímenes más represivos. ¡Únase hoy mismo a nuestra campaña!q
El lenguaje del terror
La expresión “ejecución extrajudicial” describe un homicidio deliberado e ilegal cometido por orden o con la complicidad de un gobierno. La expresión “asesinato político” incluye además los homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por grupos políticos armados.
Algunos homicidios gubernamentales se realizan dentro del marco legal. Los soldados o los agentes de la policía pueden matar en defensa propia, o cuando emplean la mínima fuerza necesaria para proteger vidas. Igualmente, la ejecución de una persona condenada a muerte en un juicio justo, no es universalmente reconocida como ilegal —aunque para AI la pena de muerte viola los principios internacionales de derechos humanos y debe ser abolida.
Pero cuando un gobierno ordena un homicidio ilegal o éste tiene lugar como resultado de una política oficial; cuando lo cometen fuerzas apoyadas por el gobierno; o cuando las autoridades se niegan a investigar el delito o enjuiciar a los culpables, se trata de una ejecución extrajudicial —un asesinato político— del que el gobierno es responsable.
Algunos gobiernos simplemente hacen “desaparecer” a sus oponentes. En todo el mundo, cientos de miles de personas se han desvanecido sin dejar rastro después de ser detenidas por soldados, agentes de la policía u otros representantes del gobierno. Muchos —probablemente la mayoría— de los “desaparecidos” son asesinados secretamente mientras están bajo custodia, pero los gobiernos eluden la responsabilidad de estas muertes negando que las víctimas hayan sido detenidas.
Las “desapariciones” nunca constituyen incidentes aislados. Exigen un alto grado de organización, con la participación de numerosas personas en posición de autoridad. Primero hay que escoger y localizar a la víctima. Después hay que ponerla bajo custodia. Se requiere un sistema que asegure el secreto, tanto de la identidad de la víctima como de los hechos. También se requiere un sistema, en el que participen numerosos abogados, que entorpezca los esfuerzos de familiares, amigos, abogados y activistas de derechos humanos que tratan de localizar a los “desaparecidos”.
Las “desapariciones” castigan a los que quedan atrás. Sin información sobre la suerte de sus seres queridos, las familias se aferran a la esperanza de que se hallen aún con vida; algunas emprenden una vida entera en busca de un rastro del familiar perdido.
Muy pocos “desaparecidos” han vuelto a aparecer. Aunque en 1991, por ejemplo, más de 300 presos marroquíes fueron puestos en libertad después de pasar hasta 18 años detenidos en secreto, esto es, lamentablemente, la excepción. En este mismo país sigue sin conocerse la suerte de más de 500 “desaparecidos”.
MYANMAR
Durante años, los miembros de las minorías étnicas de las zonas rurales remotas y montañosas del país han estado a merced de las fuerzas armadas, los tatmadaw. Miles de personas han sido asesinadas por presunto apoyo a los rebeldes armados. Cientos de miles han sido obligadas a servir de porteadores o a realizar otras labores no retribuidas para los tatmadaw.
Muchos, inclusive niños y mujeres encintas, han muerto de agotamiento o como consecuencia de brutales malos tratos. Otros han sido asesinados por desobedecer órdenes, o porque estaban agotados, o porque se los obligó, a punta de pistola, a abrir camino por terrenos sembrados de minas.
Una mujer cuyo primo fue abatido a tiros junto con su hijo de dos años por negarse a hacer de porteador para las tropas le dijo a AI que la familia no había protestado.«No hay manera de quejarse de nada que haga el gobierno».
Los abusos de los grupos armados
Los grupos políticos armados han cometido actos repugnantes por todo el mundo. Han torturado, violado y mutilado a civiles desarmados. Han dado muerte de forma deliberada y arbitraria a personas que no representaban amenaza alguna y que no formaban parte de la maquinaria de represión estatal, y han tomado como rehenes a espectadores inocentes —a veces a cambio de concesiones, otras veces para matarlos.
Es preciso poner fin a tales atrocidades y hacer que los responsables comparezcan ante los tribunales; pero no se puede permitir que el Estado emplee estos actos como pretexto para asesinar y hacer “desaparecer”.
En la provincia de Aceh, en Indonesia, un grupo armado conocido como Aceh Merdeka ha luchado por la independencia local desde mediados de los años 70. Desde el resurgimiento del conflicto armado en 1989, los miembros del grupo han venido cometiendo abusos, entre ellos, el asesinato arbitrario de presuntos informantes civiles.
La reacción del gobierno indonesio a las actividades de Aceh Merdeka ha sido violenta y brutal. Se enviaron a la zona millares de soldados, incluyendo unidades élite de contrainsurgencia. El arrasamiento de pueblos y los asesinatos a sangre fría se volvieron rutinarios, cobrándose unas dos mil vidas civiles. Algunas personas fueron ejecutadas públicamente, mientras que otros centenares “desaparecieron” y fueron asesinados secretamente, abandonándose sus cadáveres descompuestos y frecuentemente mutilados en lugares públicos, a modo de advertencia.
Hasta hace poco, AI no se ocupaba de los grupos políticos armados, si bien publicaba información sobre las torturas y los asesinatos de prisioneros cometidos por tales grupos y censuraba sus crímenes. En 1991, AI decidió oponerse activamente al fenómeno mundial de los homicidios deliberados y arbitrarios y la toma de rehenes por estos grupos.
En América, los grupos políticos armados han escogido como blanco a civiles desarmados, especialmente en el Perú, donde el Partido Comunista, “Sendero Luminoso”, ha dado muerte a miles de personas en su lucha para derrocar al gobierno.
En Oriente Medio, las fuerzas kurdas que controlan partes del norte de Iraq han cometido decenas de secuestros y homicidios. Abusos similares han sido perpetrados por grupos palestinos armados —como Fatah y Hamas— en Israel y los Territorios Ocupados.
El Partido de los Trabajadores Kurdos, en Turquía, y el grupo armado vasco ETA, en España, han dado muerte de forma deliberada y arbitraria a civiles. En Irlanda del Norte (Reino Unido), los miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y de grupos protestantes leales a la Unión, como el Cuerpo de Voluntarios del Ulster y la Asociación para la Defensa del Ulster, han cometido homicidios selectivos y arbitrarios.
En África, la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO) lleva casi 20 años asesinando y mutilando a prisioneros y lanzando ataques contra civiles desarmados. Los líderes de la RENAMO se han negado constantemente a frenar estos abusos e, incluso, niegan que ocurran.
Los grupos políticos armados no tienen un sistema judicial preestablecido que respetar, ni tratados internacionales de derechos humanos que cumplir. No obstante, algunos grupos armados de oposición han sido respaldados por los gobiernos, y éstos sí tienen la obligación legal de observar las normas internacionales. Durante la década del 80, EE UU suministró apoyo político, material y táctico a la “Contra”, grupo armado que operaba en Nicaragua y que secuestró y asesinó a centenares de campesinos en su lucha contra el gobierno sandinista. Las fuerzas de seguridad sudafricanas han prestado un apoyo similar a la RENAMO.
AI no toma partido respecto a la legitimidad de la rebelión armada, pero considera que nadie —ya sea soldado del gobierno o rebelde— tiene el derecho de tomar rehenes o de torturar o asesinar a los que se encuentran en su poder. Éste es el principio fundamental en que se basa el derecho humanitario internacional. Cuando se viola este principio, muere toda esperanza de alcanzar la paz o la justicia.
Pies de fotos:
Iraq: Más de 5.000 personas fueron aniquiladas en el ataque químico contra la localidad de Halabja, perpetrado por las fuerzas de seguridad iraquíes en marzo de 1988.
Franja de Gaza: Rana Abu Tuyer, de 11 años, abatida de un tiro por agentes de seguridad israelíes cuando iba a comprar leche.
Colombia: Los cadáveres de los miembros de una comisión que investigaba asesinatos y “desapariciones” yacen en una carretera del Magdalena Medio. Los miembros de la comisión fueron emboscados y asesinados por un “escuadrón de la muerte” en 1989.
Filipinas: Chris Batan investigaba violaciones a los derechos humanos y fue asesinado en febrero de 1993 por una de las decenas de fuerzas paramilitares semioficiales del país.
Bosnia Herzegovina:
Unas mujeres presencian cómo descargan los cadáveres de sus esposos. Cientos, posiblemente miles, de civiles han sido asesinados por fuerzas regulares e irregulares, y miles de personas han “desaparecido” en la antigua Yugoslavia desde el comienzo de la brutal guerra civil en junio de 1991. Todas las partes del conflicto han cometido abusos graves.