LLAMADA INTERNACIONAL

Noviembre de 2002

ETIOPÍA

«Desaparece» un detenido perteneciente al grupo étnico oromo

En junio de 2002, Ziad Hussein Abarusky y otras cuatro personas pertenecientes al grupo étnico oromo fueron detenidos en la ciudad de Dire Dawa, en el este de Etiopía, donde permanecen recluidos en régimen de incomunicación.

Según informes, Ziad Hussein Abarusky ha sufrido torturas brutales que no le permiten caminar. Se le ha negado recibir atención médica.

A la familia de Ziad Hussein Abarusky no se le ha permitido visitarlo, aunque sí llevarle alimentos a la prisión. El 9 de septiembre se les indicó que en lo sucesivo se abstuvieran de llevarle comida, dado que el preso ya no se encontraba allí. Las autoridades penitenciarias se negaron a informar a los familiares de su paradero y hasta la fecha éstos siguen sin saber dónde se halla.

Ziad Hussein Abarusky, conocido ex deportista, jugó en el equipo nacional etíope de fútbol y ha sido entrenador auxiliar del equipo nacional (en la fotografía) que participó en el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA celebrado en Argentina en 2001. Actualmente es entrenador titular del equipo de fútbol de Babur en Dire Dawa.

Las detenciones de estas cinco personas se produjeron tras el atentando con bomba perpetrado en junio contra el edificio donde está ubicada la oficina de los servicios ferroviarios de Dire Dawa. Aunque no hubo víctimas, la onda expansiva causó daños en una de las oficinas del edificio y en un compartimento de tren. El Frente de Liberación Oromo reivindicó la autoría del atentado. Todos los detenidos trabajan en la ciudad de Dire Dawa en la línea ferroviaria que une Etiopía con Yibuti.

El Frente de Liberación Oromo ha estado luchando contra las fuerzas gubernamentales en la región de Oromia desde que abandonó la coalición de gobierno en Etiopía en 1992. Miles de miembros del grupo étnico oromo han permanecido recluidos sin cargos ni juicio durante varios años por su presunta vinculación con el Frente de Liberación Oromo. Se han recibido numerosos informes según los cuales presuntos miembros del Frente de Liberación Oromo y manifestantes antigubernamentales han sido objeto de malos tratos o torturas bajo custodia. El caso de Ziad Hussein Abarusky y sus colegas forma parte de una práctica habitual de detenciones sin cargos ni juicio de presuntos opositores o detractores del gobierno.

Escriban a las autoridades preguntando por el paradero de Ziad Hussein Abarusky. Ínstenles a que lideren de forma inmediata a Ziad Hussein Abarusky y a sus colegas a menos que los vayan a acusar formalmente de un delito común reconocible por el que los vayan a juzgar. Pidan que se investiguen las denuncias de torturas.

Envíen los llamamientos al primer ministro de Etiopía: His Excellency Meles Zenawi, Prime Minister, Prime Minister’s Office, P O Box 1031, Addis Ababa, Etiopía. Fax: +251 1 552 020. (Advertimos que les puede resultar difícil obtener línea de fax; les rogamos que insistan hasta conseguirla.)

*********************

ESTADOS UNIDOS

Otro delincuente menor de edad se enfrenta a la pena capital

Lawrence Jacobs será nuevamente juzgado en enero de 2003 por un delito que presuntamente habría cometido cuando contaba 16 años de edad. La fiscalía va a pedir que lo condenen a muerte. En el anterior juicio se le acusó de asesinar en 1996 a Nelson Beaugh y a su madre, Della Beaugh de 75 años de edad, en 1996.

En 2001, la Corte Suprema de Luisiana anuló el fallo de culpabilidad y la condena de muerte impuesta en 1998. Se basó en el hecho de que se había negado a Lawrence Jacobs su derecho a un jurado imparcial al seleccionarse como miembros del jurado a personas que mostraron una clara predisposición a solicitar la pena capital. En la resolución dictada en apelación se aseguraba asimismo que la acusación había actuado de forma aparentemente racista al rechazar a varios posibles miembros del jurado de raza negra durante la constitución de dicho órgano. Lawrence Jacobs es negro. Las dos víctimas de asesinato eran blancas.

El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas que en el momento de cometerse el delito eran menores de 18 años.

Escriban cartas manifestando su preocupación por que la fiscalía del distrito de Luisiana va a solicitar que Lawrence Jacobs sea condenado a muerte nuevamente. En sus misivas, reconozcan la gravedad del delito y el sufrimiento que éste haya podido causar, pero señalen también que en caso de imponerse la pena solicitada se estaría contraviniendo el derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena capital contra personas que en el momento de delinquir eran menores de 18 años de edad.

Envíen los llamamientos al fiscal del distrito de Luisiana: District Attorney Paul Connick, Jefferson Parish District Attorney’s Office, 200 Derbigny Street, Gretna, Louisiana 70053, Estados Unidos. Fax: +1 504 368 4562.

********************

BIELORRUSIA

Se está pagando cara la oposición

«No nos excedimos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión dado que es imposible excederse en el ejercicio de algo que no existe en Bielorrusia.»

Esta declaración fue prestada en juicio por el periodista Pavel Mozheiko el 21 de junio de 2002, tres días antes de ser condenados éste y el director de la publicación para la que trabaja, Nikolai Markevich, a dos y dos años y medio, respectivamente, de «limitación de libertad». Los dos periodistas fueron declarados culpables de difamar por escrito al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de septiembre de 2001, en un artículo inédito del periódico independiente Pagonia, cuyas oficinas están radicadas en Grodno.

Los dos hombres fueron declarados culpables por el Tribunal de Distrito de Leninsky en Grodno, ubicado en la frontera occidental de Bielorrusia con Polonia. Fueron acusados, con arreglo al artículo 367.2 del Código Penal, de plantear un motivo de preocupación compartido por muchas personas según el cual el presidente Lukashenko y su círculo inmediato de personas designadas para el gobierno estarían presuntamente implicados en la «desaparición» en 1999 de varias figuras destacadas de la oposición. La sentencia por la que se declaraba culpables a los dos periodistas suscitó una amplia condena internacional, a pesar de que éstos obtuvieron una reducción de la pena de un año en un juicio de apelación celebrado a mediados de agosto de 2002.

Nikolai Markevich, de 40 años de edad, y Pavel Mozheiko, de 23, han sido trasladados a las dependencias de cuarteles bajo vigilancia ubicados en las regiones de Mogilov y Gomel, en el lejano oriente de Bielorrusia, a cientos de kilómetros de sus hogares. Los hombres deberán realizar trabajos forzados durante el periodo de pena que les queda por cumplir y están obligados a regresar todas las tardes al cuartel, donde, según informes, las condiciones son deficientes.

Nikolai Markevich y Pavel Mozheiko no son los únicos periodistas perseguidos por haber criticado al presidente Lukashenko durante las elecciones presidenciales del pasado año. El 16 de septiembre de 2002, un tribunal de Minsk condenó al director del periódico independiente Rabochy, Viktor Ivashkevich, a dos años de «limitación de libertad» tras ser declarado culpable de difamar al presidente durante el periodo preelectoral en un artículo del periódico. El artículo en cuestión, titulado El ladrón debe ir a la cárcel, se acusaba al gobierno de corrupción. En el momento de redactarse este documento (mediados de octubre de 2002) Viktor Ivashkevich no había sido recluido en un centro de trabajos forzados, pero se espera que lo lleven a un lugar apartado de Minsk para que no pueda ejercer como periodista.

AI considera que estos tres periodistas son presos de conciencia.

Escriban al presidente Alexander Lukashenko solicitando la liberación inmediata e incondicional de los tres periodistas: President Alyaksandr Lukashenko, Ul. Karla Marksa 38, 220016 Minsk, República de Bielorrusia.

Fax: +375 172 26 06 10

*******************

Actualización de casos incluidos en Llamadas Internacionales

Kuwait: Concesión de indulto a cuatro reclusas

El 15 de septiembre, el emir de Kuwait concedió un indulto a cuatro presas de conciencia, Ibtisam Berto Sulaiman al-Dakhil, Intisar Rasan Khallati, Zannuba 'Abd al-Khadr 'Ashur y Samira Juma. Las cuatro mujeres, acusadas de colaborar con las fuerzas iraquíes, habían sido condenadas en juicios injustos ante el Tribunal de la Ley Marcial y distintos Tribunales de Seguridad del Estado en 1991. No obstante, sigue habiendo decenas de presos políticos de origen iraquí, palestino y bidun encarcelados en el país, condenados en juicios injustos tras la retirada de las fuerzas iraquíes en 1991.

Se cree que las cuatro mujeres, condenadas todas ellas a ser expulsadas del país, permanecerán recluidas hasta que se halle un país idóneo que esté dispuesto a ofrecerles el derecho de residencia. Según informes, una de las mujeres ha señalado que está al tanto de los denodados esfuerzos realizados por los miembros de AI, quienes llevan trabajando sobre sus casos desde 1993 para conseguir su liberación. Ibtisam Berto Sulaiman al-Dakhil y Intisar Rasan Khallati fueron objeto de la Llamada Internacional de noviembre de 1996 y agosto de 1998.

Si desean ampliar la información consulten el documento Kuwait: Three years of unfair trials (Índice AI: MDE 17/001/1994).

China: Primera visita en cuatro años

Por primera vez en cuatro años se ha permitido que el preso de conciencia Tohti Tunyaz, de etnia ligur, procedente del noreste de China, reciba la visita de su hijo.

«¡Cuánto has crecido!», dijo Tohti Tunyaz a su hijo, quien se había desplazado desde su casa en Japón, hasta el noreste de China para visitar a su padre. A Tohti Tunyaz se le llenaron los ojos de lágrimas al ver que su hijo había crecido tanto que lo sobrepasaba en altura.

Sigan enviando llamamientos a las autoridades chinas solicitando la liberación inmediata e incondicional de Tohti Tunyaz. Si desean ampliar la información consulten la Llamada Internacional de agosto de 2002.

Malaisia: Varios presos de conciencia continúan recluidos pese a ganar una apelación judicial

Seis detractores del gobierno detenidos en abril de 2001 en aplicación de la Ley de Seguridad Interna permanecen recluidos sin cargos ni juicio pese a la sentencia dictada por un Tribunal Federal, relativa a algunos de ellos, según la cual su detención inicial durante 60 días había sido ilegítima. Saari Sungib, Tian Chua, Hishamuddin Rais y Mohamad Ezam Mohd Nor (a la izquierda y en el centro de la fotografía), quienes llevan ya dos años recluidos en aplicación de la Ley sobre Secretos de Estado, fueron informados de que necesitarían presentar individualmente una solicitud de hábeas corpus en relación con las órdenes de detención de dos años de duración dictadas posteriormente por el ministro del Interior.

En la resolución judicial no se incluyó a Lokman Nor Adam y Badrul Amin Bahron (a la derecha de la fotografía), y aún siguen en prisión.

Sigan enviando llamamientos al ministro del Interior solicitando la liberación inmediata e incondicional de estos presos de conciencia: Minister of Home Affairs, Dato Abdullah Haji Ahmad Badawi, Ministry of Home Affairs (Menteri Dalam Negeri), Aras 13, Blok D1, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 65202 Putrajaya, Selangor, Malaisia. Fax: +60 3 8886 8014.

Si desean más información sobre estos casos, consulten la Llamada Internacional de abril de 2002.