The Wire

Octubre de 2005 Vol. 35. Núm. 09

Índice AI: NWS 21/009/2005

Regreso al conflicto: El "reciclado" de los paramilitares colombianos

El 6 de octubre de 2004, en una calle del barrio las Independencias de Medellín, un paramilitar armado mató a tiros a Teresa Yarce. El asesinato se produjo horas antes de cuando estaba previsto que Teresa Yarce testificara ante las autoridades judiciales contra un dirigente paramilitar que había sido detenido. Sólo unas semanas antes, según los informes, había escapado a un intento de secuestro y homicidio por parte de los paramilitares. Teresa Yarce había condenado el presunto desvío de fondos públicos para pagar a dos paramilitares que figuraban en nómina como empleados de servicios públicos.

El asesinato de Teresa Yarce tuvo lugar casi un año después de la teórica desmovilización de más de 860 paramilitares en Medellín en noviembre de 2003. Después de esa fecha se produjeron varias desmovilizaciones a gran escala de grupos paramilitares en todo el país. El gobierno ha asegurado que este proceso ha comportado la desvinculación del conflicto de más de 8.000 paramilitares (de un total de entre 10.000 y 20.000). Se supone que el desarme del resto de los combatientes paramilitares ha de producirse antes de finales de 2005.

Todas las partes involucradas en el conflicto armado de Colombia (que se prolonga desde hace 40 años) –las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos guerrilleros– han cometido graves abusos contra los derechos humanos y han mostrado un patente desprecio por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los homicidios, de las "desapariciones" y de las torturas han sido perpetrados por grupos paramilitares. Más de 2.300 homicidios y "desapariciones" se han atribuido a los paramilitares desde que declararon un alto el fuego unilateral a finales de 2002.

El proceso de desmovilización se regulará por la nueva Ley de Justicia y Paz, puesta en vigor en julio de 2005, y por el Decreto 128, que concede una amnistía de factoa los miembros de los grupos armados ilegales que no estén siendo investigados por abusos contra los derechos humanos. No obstante, debido al alto grado de impunidad existente en Colombia muchos presuntos responsables de tales violaciones pueden eludir –y eluden– las investigaciones. Así pues, la mayoría de los paramilitares desmovilizados se han beneficiado ya de una amnistía de factoen virtud del Decreto 128.

La Ley de Justicia y Paz, que beneficiará a los paramilitares desmovilizados que están siendo investigados por violaciones de derechos humanos, no servirá para garantizar el fin de la crisis de derechos humanos. La ley no cumple las obligaciones internacionales de Colombia de respetar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El grado de impunidad existente en Colombia, que era ya endémico, se verá reforzado. La ley no impedirá que los paramilitares desmovilizados simplemente se reincorporen al conflicto armado. No eliminará el dominio económico, político y criminal ejercido por los paramilitares sobre amplias zonas de Colombia. No identificará tampoco –y menos aún llevará ante la justicia– a las personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, que han utilizado la fuerza económica y militar para respaldar a los paramilitares. En el futuro puede garantizar también la impunidad de las guerrillas responsables de abusos contra los derechos humanos que participen en futuros procesos de paz con el gobierno.

Entre la mayoría de los paramilitares de Medellín, al igual que ocurre con los desmovilizados en otras zonas del país, se encuentran miles de presuntos responsables de abusos contra los derechos humanos que se están beneficiando de amnistías de facto. Estos individuos están empezando a participar como "civiles" en la estrategia contrainsurgente de las fuerzas de seguridad. Ocupan puestos en empresas de seguridad privadas, tanto legales como ilegales. No se está desmantelando a las fuerzas paramilitares: simplemente se las ha "remodelado".

Véase: Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? (AMR 23/019/2005).

Las mujeres luchan por sus derechos en las elecciones afganas

Los afganos eligieron en septiembre una Asamblea Nacional y los consejos provinciales en las primeras elecciones de este tipo que se celebraban desde hacía varias generaciones. Lo hicieron contra el telón de fondo de un conflicto que se prolonga desde hace años y que ha influido en la vida cotidiana de personas que viven en una sociedad repleta de armas, sin seguridad y con unas infraestructuras arrasadas.

Para las mujeres afganas en particular, las elecciones supusieron una oportunidad clave para participar abiertamente en la vida del país, tanto en el papel de candidatas como de votantes. Pero el aprovechamiento de esta oportunidad estuvo preñado de peligros.

Después de que anunciara su candidatura al Parlamento por la provincia de Kandahar, Shaheeda Hossein recibió por teléfono amenazas de muerte de unos desconocidos que le exigían que se retirara de las elecciones; de lo contrario, la matarían. En agosto fue víctima de un intento de asesinato cuando dispararon contra el automóvil en el que viajaba. Shaheeda Hossein encabeza el Foro Independiente de Mujeres por los Derechos de la Mujer, organización cuya labor engloba, entre otras cuestiones, la aplicación de reformas jurídicas, la participación en la vida pública y el derecho a no sufrir actos de violencia.

En agosto, Zohra Sahel, candidata en la provincia septentrional de Balkh, sobrevivió a un atentado contra su vida, cuando unos motoristas sin identificar trataron de matarla aplastándola con sus motos. Zohra Sahel sufrió graves lesiones. Hablando con unos periodistas, Zohra Sahel afirmó que "unas personas no identificadas me advirtieron por teléfono que retirara mi candidatura".

Una cuarta parte de los escaños de la Asamblea Nacional y de los 34 consejos provinciales están reservados para mujeres. Cabe esperar que este ejemplo de participación de las mujeres en la vida pública les permitirá ocupar puestos de forma gradual en la policía, la magistratura y otros cargos públicos. La presencia de mujeres en estos sectores es fundamental para facilitar la igualdad de género en toda la sociedad afgana, lo que a su vez contribuirá a crear un entorno más favorable para el acceso de las mujeres a la justicia.

Desde el inicio de la campaña el 17 de agosto, la violencia política ha ensombrecido estas elecciones. En lo que va de año, la violencia se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas. En los meses previos a los comicios, los caudillos militares trataron de ampliar su poder a nivel local. Algunos de ellos, que pudieron presentarse a las elecciones, recurrieron a la fuerza armada y al abuso de poder para amenazar a los votantes y a los candidatos. La violencia en el sur y en el este fue invariablemente obra de los talibanes y otros grupos insurgentes, que rechazan por completo las elecciones, incluido cualquier tipo de participación de las mujeres.

AI ha instado al gobierno recién elegido a que se comprometa públicamente a hacer realidad para todas las mujeres la Constitución afgana de 2004, que promete la igualdad de derechos para todas las personas. La organización está pidiendo ahora a todas las personas que se presentaron a las elecciones a la Asamblea Nacional que colaboren con el gobierno para hacer realidad los derechos de las mujeres. Debe garantizarse la justicia para las mujeres que han sufrido abusos en el pasado. La Asamblea recién elegida debe condenar de forma inequívoca toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la ejercida en el seno de la familia, ya se sustente en decisiones de sistemas de justicia informales o de agentes del Estado.

La tortura que degrada la justicia cuando Estados Unidos trata de atajar la "amenaza terrorista"

Estoy en una jaula como un animal. Nadie me ha preguntado si soy un ser humano.

Wazir Mohammed, taxista afgano detenido en Bagram (Afganistán) y en Guantánamo (Cuba), y puesto en libertad a finales de 2003

Nos dijeron: "Si volvéis a jurar por Dios, os romperemos todos los huesos" [...]Nos taparon la boca con cinta adhesiva y nos metieron la cabeza en una bolsa.

Ahmad al-Badrani, periodista de televisión de Reuters recluido por las fuerzas estadounidenses en Irak en 2004

Las fotografías de militares estadounidenses humillando y aterrorizando a presos iraquíes indefensos en Abu Ghraib conmocionaron al mundo entero cuando se publicaron en 2004. Pero los abusos que desvelaban no eran un hecho aislado. Las imágenes se publicaron después de numerosas denuncias de tortura y malos tratos procedentes de centros de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo.

El derecho a no sufrir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes –uno de los derechos humanos más aceptado universalmente– está siendo socavado. En la "guerra contra el terror", los gobiernos no sólo están utilizando la tortura y los malos tratos, sino que aducen además que están justificados y son necesarios.

El gobierno estadounidense ha argumentado que, dada la magnitud de la amenaza terrorista, ya no es aplicable el marco jurídico internacional. Altos cargos estadounidenses afirman también que, si bien detestan la tortura, algunas formas de malos tratos son aceptables. Han aprobado técnicas como la privación del sueño, el uso de capuchas, la desnudez forzada, el acoso con perros y la reclusión durante largos periodos en posturas extremadamente dolorosas.

Hablan de "interrogatorios coercitivos", pero cuando se le da paso a la tortura, siempre existirá la tendencia a intensificarla. Si una bofetada no surte efecto, se recurrirá a una paliza. Pero si la paliza no surte efecto tampoco, ¿a qué se recurrirá después? La tortura es cruel e inhumana, y degrada a todas las personas.

AI está realizando una campaña para poner fin a la tortura y a los malos tratos en la "guerra contra el terror". Pedimos a Estados Unidos que ocupe un lugar de vanguardia en la defensa de los valores de la dignidad humana. El gobierno estadounidense ha traicionado estos valores en su "guerra contra el terror" y otros Estados se han apresurado a seguir su ejemplo.

Los simpatizantes de AI están trasladando los mensajes de la campaña a los conciertos de rock y a los mercados, al Festival Antirracista de Atenas, a parlamentos y embajadores. Han organizado funciones de teatro callejero, mítines públicos y otros actos, respaldados por sitios web, mensajes electrónicos y cartas.

Pueden unirse a la campaña poniéndose en contacto con la Sección de AI de su país o visitando el sitio www.amnesty.org/torture.

Pueden encontrar más información en la última publicación promocional de AI: Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas. No más tortura ni malos tratos en la "guerra contra el terror"(ACT 40/010/2005).

"Cómo se arrancan confesiones ..." según las autoridades ucranianas

A pesar de las promesas del gobierno, las torturas a manos de la policía siguen siendo un problema endémico en Ucrania.

En agosto de 2001, la policía detuvo a Mikhailo Koval y a su hijo Dmitrii Brik debido a una discusión por la propiedad de una taladradora. En la comisaría de policía golpearon a Mikhailo Koval en la cabeza y en el pecho con un arma de fuego y una botella de plástico llena de agua. Los golpes le fracturaron una costilla. A Dmitrii le golpearon los oídos con las palmas de las manos y le reventaron un tímpano. Se los amenazó a los dos con violarlos y tenderles una trampa y encarcelarlos por posesión de drogas.

Golpear a los detenidos es al parecer un procedimiento habitual utilizado por los agentes de policía ucranianos. En el foro del sitio web del Ministerio del Interior, los agentes hablan sin ningún reparo de esta cuestión. En una conversación titulada "Cómo se arrancan confesiones…", un agente de policía escribe lo siguiente: "Has pegado al delincuente… Lo has metido con uno de tus hombres [en una celda]. Éste no tiene más que explicarle en detalle el sloniky el lompara que se venga abajo."

El slonikes una forma de tortura en que se obliga a las víctimas a llevar una máscara de gas con el fin de ocasionarles una asfixia parcial, mientras que el lomconsiste en colgar a las víctimas de una barra metálica. Aunque el agente asegura que estos métodos se usan sólo como una forma de amenaza, según un estudio realizado en 2004 por el Instituto de Investigaciones Sociales Kharkiv, éstas y otras formas de tortura, como la aplicación de descargas eléctricas o de golpes con libros voluminosos o botellas de agua, se están utilizando en Ucrania contra personas bajo custodia policial. En el estudio se entrevistó a personas que habían estado en esta situación: el 62,4 por ciento afirmó haber sufrido malos tratos durante la detención; el 32,8 por ciento había recibido patadas y puñetazos, y el 3,8 por ciento aseguró haber sido objeto de tortura y malos tratos con material especial. Se informaba también de amenazas y presiones psicológicas, como servirse de otros presos para atemorizar a los detenidos con la descripción de torturas.

Unos agentes de policía detuvieron el 17 de mayo de 2003 a Aleksei Zakharkin. Durante la semana siguiente le dieron palizas, lo sometieron a graves torturas y lo obligaron a firmar una confesión en la que se declaraba culpable de un atraco. En su denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Aleksei Zakharkin afirmaba que lo habían colgado de una barra metálica, le habían rociado los ojos con gas y lo habían obligado a ponerse una máscara de gas. En ocasiones le cerraban la entrada de aire de la máscara, impidiéndole por completo la respiración. El séptimo día intentó suicidarse cuando lo amenazaron con seguir torturándolo.

El gobierno ucraniano, elegido en enero de 2005, ha prometido introducir cambios en el sistema de justicia penal con el fin de cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, continúan las denuncias de tortura y malos tratos bajo custodia policial. En julio de 2005, el presidente Victor Yushchenko pidió al ministro del Interior que se asegurara de que "en el plazo de seis meses nadie pueda utilizar la palabra tortura". Si, como afirma el presidente Yushchenko, Ucrania va a iniciar en 2007 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, estas prometedoras palabras tendrán que ir acompañadas de acciones decisivas que acerquen a Ucrania a las normas de derechos humanos del Consejo de Europa.

Las minorías étnicas, blanco de ataques en Irán

Las provincias árabes y kurdas sacudidas por un aumento del derramamiento de sangre al sofocar las fuerzas de seguridad del Estado una oleada de protestas

Según los informes, se han registrado decenas de muertos, centenares de heridos y cientos de detenciones como consecuencia de una brutal represión del malestar social en las zonas kurdas del oeste de Irán.

Los disturbios comenzaron en la ciudad de Mahabad a principios de julio después de que las fuerzas de seguridad iraníes mataran a tiros a un activista de la oposición kurda, Shivan Qaderi, y a otros dos hombres. Según los informes, las fuerzas de seguridad ataron el cadáver de Shivan Qaderi a un jeep y lo arrastraron por la calle.

Miles de kurdos tomaron las calles para protestar por estos homicidios, y durante los días siguientes se produjeron manifestaciones en toda la región. La reacción oficial fue brutal e inmediata. El 15 de julio, según los informes, las fuerzas de seguridad dispararon con fuego real contra una multitud de manifestantes. Se enviaron a la región numerosas tropas y helicópteros de reconocimiento armado.

Las fuerzas de seguridad del Estado desencadenaron una oleada de detenciones. En una ocasión incluso irrumpieron al parecer en una boda y detuvieron a 30 de las personas invitadas por presunta participación en las manifestaciones. Entre los detenidos se encuentran destacados activistas y defensores kurdos de los derechos humanos. La Dra. Roya Toloui, activista de los derechos de las mujeres, fue detenida en su domicilio el 2 de agosto, al parecer acusada de "perturbar la paz" y "atentar contra la seguridad nacional". Mahmoud Salehi, portavoz del Comité de Organización para la Creación de Sindicatos, fue detenido durante las primeras horas del 4 de agosto. Dos periódicos kurdos han sido clausurados.

Muchas de las personas detenidas siguen recluidas sin cargos y corren peligro de sufrir tortura y malos tratos.

Las detenciones masivas y el uso excesivo de fuerza forman parte de los abusos reiterados perpetrados por las autoridades contra las minorías étnicas de Irán, país donde aproximadamente la mitad de la población es persa y el resto se compone de grupos étnicos como los kurdos, los árabes y los azeríes (pueblo de habla turca). En un reciente informe de la ONU se afirmaba que las autoridades negaban servicios básicos a las minorías étnicas y religiosas y que, en ocasiones, confiscaban sus tierras. La marginación de estas comunidades ha provocado malestar social, originando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, un aumento de la violencia y un clima de irritación y desconfianza.

En abril de 2005, en la provincia de Khuzestán, donde viven la mayoría de los árabes iraníes, empezó a correr el rumor de que existía un plan del gobierno para dispersar a la población árabe del país. Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente una manifestación de miles de personas en la ciudad de Ahvaz, ocasionado la muerte de hasta 54 personas y un número mayor de heridos. Se cree que las fuerzas de seguridad han aplicado en la zona una política de tirar a matar, después de que se alegara que los manifestantes habían matado a siete agentes.

Al empeorar la situación, las fuerzas de seguridad acordonaron al parecer algunas zonas de la ciudad y cortaron el agua, el suministro eléctrico y las comunicaciones telefónicas. El 12 de junio, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, se produjeron cuatro explosiones de bomba en Ahvaz y otras dos en Teherán, causando hasta 10 muertos y casi 90 heridos. Se ha detenido a centenares de personas durante las oleadas de detenciones que se prolongaron durante todo el verano.

El gobierno iraní ha acusado a los gobiernos británico y estadounidense de instigar el descontento de las comunidades kurda y árabe. Sin embargo, mientras las minorías étnicas de Irán sigan siendo marginadas y sus protestas sofocadas, el ciclo de violencia parece condenado a prolongarse.

AI enciende la llama de la esperanza en la RCI

Miembros y personal de AI en la ceremonia de apertura de la reunión del Consejo Internacional, el máximo órgano de gobierno de la organización, que se celebró en agosto de 2005 en Morelos (México).

Amnistía = Activismo

¿Qué es? Amnistía = Activismo es un proceso de discusión de todo el movimiento sobre cuál es el tipo activismo de AI y cómo debería ser para conseguir el máximo efecto positivo sobre los derechos humanos.

A lo largo del próximo año y medio esperamos conseguir la participación en el proceso de activistas de AI de todos los países y nos gustaría entrevistar a activistas de AI de todo el mundo. Si desean contarnos sus experiencias como activistas, pónganse en contacto con Brian Dooley, en bdooley@amnesty.org, o Liam Mahony, en liammahony@comcast.nety trataremos de entrevistarlos.

Llamada Internacional

Yemen

Llamamiento al presidente para que conmute dos penas de muerte

Fuad ‘ Ali Mohsen al-Shahari (izquierda) y Hammoud Murshid Hassan Ahmad (derecha) –que probablemente es un preso de conciencia– fueron condenados a muerte tras juicios injustos. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al presidente de Yemen para que conmute sus penas y ponga en libertad a Hammoud Murshid Hassan Ahmad inmediatamente, si se trata de un preso de conciencia. El presidente concede indultos para conmemorar el fin del ramadán, que este año se celebra a comienzos de noviembre.

Fuad al-Shahari fue detenido en mayo de 1996 y pasó aproximadamente un mes recluido en régimen de incomunicación. Durante ese periodo, presuntamente lo torturaron y maltrataron hasta que se confesó culpable del asesinato de un capitán del Departamento de Seguridad Política. Lo condenaron a muerte en noviembre de 1996. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por el Tribunal Supremo. En agosto de 2004, tras una persistente campaña de Amnistía Internacional, el presidente de Yemen ordenó al parecer al fiscal general que se revisara el caso de Fuad al-Shahari. Sin embargo, más de un año después, todavía no hay más información sobre su suerte, y continúa en peligro inminente de ejecución.

Hammoud Murshid Hassan Ahmad fue detenido sin orden judicial en julio de 1994, en relación con un asesinato que al parecer había tenido lugar 12 años antes, cuando era capitán en el ejército de la ex República Democrática Popular de Yemen. Lo condenaron a muerte en agosto de 1995, sin que contara con la asistencia de un abogado. No se tuvieron en cuenta las pruebas de que se hallaba fuera del país en el momento del asesinato. La condena fue reducida por el Tribunal Supremo en mayo de 2003 a 12 años de prisión y el pago de una diya (que también se conoce como "dinero de sangre", y se paga a la familia de la víctima) de 13.000 dólares estadounidenses. Ni él ni su familia están en condiciones de pagar la diya y, si no la pagan, se podría volver a imponer la pena de muerte. Amnistía Internacional cree que la acusación contra Hammoud Hassan respondió a motivos políticos, y que puede ser un preso de conciencia.

Escriban cartas instando al presidente a conmutar las penas de muerte impuestas a Fuad’ Ali Mohsen al-Shahari y Hammoud Murshid Hassan Ahmad, y a poner en libertad a éste último, si se trata de un preso de conciencia.

Envíen sus llamamientos a: His Excellency General ‘Ali Abdullah Saleh, President of the Republic of Yemen, Sana’a, Yemen. Fax: +967 127 4147.

Guinea

Ejecuciones inminentes

El comerciante de diamantes Malick Condé y un agente de policía, Cléophace Lamah, fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte el 26 de agosto por el Juzgado de lo Penal de Conakry. Uno de los abogados defensores declaró que los dos harían uso de su derecho de apelación ante un tribunal de segunda instancia. Si la apelación judicial fuese rechazada, pedirían el indulto al presidente. Amnistía Internacional teme que las penas sean confirmadas, en cuyo caso, Condé y Lamah podrían ser ejecutados en cualquier momento.

Los habían juzgado junto con otras dos personas, que fueron condenadas a cuatro años de prisión. Los cuatro habían sido detenidos en octubre de 2000 y acusados de asesinato.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar a comienzos de agosto, Ousmane Camara, ministro de Seguridad, rodeado de jefes de policía de Guinea, declaró que su departamento sería implacable, y que quienquiera que matase deliberadamente sería a su vez ejecutado. Manifestó: "Guinea no debe ser refugio de bandidos, [...] en adelante se aplicarán a los delincuentes que cometan asesinatos castigos que irán desde cadena perpetua a eliminación física [...] La pena de muerte existe en Guinea, y el ministro de Justicia y yo estamos totalmente de acuerdo."

Una amplia variedad de delitos, incluido el asesinato, conllevan la pena de muerte preceptiva en Guinea. La ejecución es por pelotón de fusilamiento. En 2001 siete personas fueron fusiladas cuando se reanudaron las ejecuciones, que no se habían llevado a cabo desde 1984.

Escriban cartas pidiendo que se conmuten las penas de muerte impuestas a Malick Condé y Cléophace Lamah. Exhorten al gobierno a declarar una suspensión de las ejecuciones y a tomar medidas que lleven hacia la abolición de la pena de muerte, de acuerdo con la tendencia mundial a abolir este castigo, la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante.

Envíen sus llamamientos a : Mamadou Sylla, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, face à l’Immeuble La Paternelle, Conakry, Guinea. Fax : +244 41 16 17.

República Democrática del Congo

Adolescente condenado a muerte

En mayo de 2003, un tribunal militar de la República Democrática del Congo condenó a muerte en Goma, localidad del este del país, al agente de policía Isongo Zabenge, que a la sazón tenía 16 años y era, por tanto, menor de edad.

Isongo, junto con un adulto, trató de robar a un soldado a punta de pistola. El tribunal lo declaró culpable de robo a mano armada y de asesinato. Esta sentencia fue ilegal en virtud de la legislación nacional, ya que según el Código Penal Militar de la República Democrática del Congo, la justicia y jurisdicción militares no son aplicables a los menores de 18 años.

Isongo Zabenge se encuentra recluido en la Cárcel Central Munzenze, en Goma. Las condiciones de reclusión son extremadamente duras, e incluso constituyen un peligro para la vida. Los presos y los detenidos preventivos pasan días, y hasta semanas enteras, sin comida.

En la República Democrática del Congo no se han llevado a cabo ejecuciones desde enero de 2003, a pesar de que se siguen dictando condenas a muerte con regularidad. En 1999 se introdujo una suspensión nacional de la pena de muerte, pero fue cancelada en septiembre de 2002, al tiempo que terminaba el juicio de los individuos acusados de participar en el asesinato del ex presidente Laurent-Désiré Kabila y tras el descubrimiento de otro presunto complot para asesinar a su hijo, el presidente Joseph Kabila.

Escriban cartas pidiendo la anulación de la pena de muerte impuesta a Isongo Zabenge, agente de policía menor de edad, ya que sólo tenía 16 años en el momento de cometerse el delito y de ser juzgado. Insten al gobierno a suspender de nuevo la ejecución e imposición de la pena de muerte y a firmar y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como compromisos orientados hacia la abolición de la pena de muerte, de acuerdo con la tendencia mundial a abolir este castigo, la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante.

Envíen sus llamamientos a: M. Honorius Ksimba Ngoy, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, Place de l’Indépendance, Kinshasa Gombe, República Democrática del Congo. Correo electrónico: minjustrdc@yahoo.fr

Sudán

Menor en peligro de ejecución

Nagmeldin Abdallah, de 17 años, puede ser ejecutado en cualquier momento. Lo condenaron por el asesinato de un comerciante en la ciudad de Al-Damazin, estado del Nilo Azul, en el este de Sudán. Cuando lo detuvieron y lo acusaron de asesinato, en mayo de 2003, tenía 15 años.

Nagmeldin Abdallah fue juzgado por el tribunal penal de Al-Damazin. No dispuso de un abogado en el momento del juicio debido a que su familia no podía costearlo. Más tarde obtuvo asistencia letrada y su abogado ha presentado recientemente un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional. Nagmeldin Abdallah se encuentra actualmente recluido en la prisión de Port-Sudan, en el este del país, aguardando la decisión del Tribunal.

La nueva Constitución Provisional de Sudán, ratificada en julio, no abolió la pena de muerte en el país, en particular en lo que se refiere a los menores de 18 años. La Constitución dispone que: "No se impondrá la pena de muerte a personas menores de 18 años de edad o a personas que hayan alcanzado la edad de 70 años, excepto en casos de desagravio o de hudud". Con esta última excepción la primera salvaguardia se vuelve poco menos que inútil, ya que los delitos hudud incluyen el asesinato y el robo por encima de cierto monto. Esta disposición es incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por Sudán, que prohíben la ejecución de menores.

No existe un registro oficial de ejecuciones o de condenados a muerte en espera de ejecución en Sudán. Sin embargo, todos los años Amnistía Internacional recibe información sobre personas condenadas a muerte, a menudo tras juicios injustos, por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Escriban cartas instando a las autoridades a que anulen la pena de muerte impuesta a Nagmeldin Abdallah y a que conmuten todas las penas de muerte dictadas contra menores, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del derecho internacional. Pidan que la Constitución Provisional de Sudán y el Código Penal sudanés sean enmendados para impedir que pueda imponerse la pena de muerte.

Envíen sus llamamientos a: Lieutenant-General Omar Hassan Ahmad al-Basir, President of the Republic of Sudan, President’s Palace, PO Box 281, Khartoum, Sudán. Fax: +249183 779977.

Actualizaciones

Quedan en libertad prisioneros de guerra marroquíes

El 18 de agosto quedaron en libertad 404 prisioneros de guerra marroquíes que habían estado en poder del Frente Polisario durante bastante más de dos decenios. Estas personas habían continuado privadas de libertad durante casi 14 años después del cese de las hostilidades armadas entre Marruecos y el Frente Polisario. Amnistía Internacional había pedido repetidas veces la puesta en libertad de estos prisioneros.

En el contexto de este conflicto, y según la información disponible, unos 250 marroquíes siguen "en paradero desconocido". También se desconoce el paradero de cientos de saharauis que "desaparecieron" a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes, principalmente en los años setenta.

Suspensión de ejecución en Uzbekistán

Se ha suspendido la ejecución de Iskandar Khudaiberganov (también conocido como Khudoberganov) tras llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones como Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura en Uzbekistán. Iskandar ha enviado saludos desde la prisión por intermedio de su hermana, Dilobar Khudaiberganova, que ha hecho campaña incansablemente en su favor. Agradeció las acciones que se realizaron para apoyar su causa y manifestó que incluso los funcionarios de la prisión conocían la campaña de Amnistía Internacional. Como resultado de esa campaña, las condiciones de encarcelamiento han mejorado y ahora, según los informes recibidos, los condenados a muerte pueden hacer ejercicio al aire libre 30 minutos al día.

Sin embargo, el estado de salud de Iskandar Khudaiberganov es muy precario. Mientras esperaba la ejecución contrajo tuberculosis. Su hermana dijo a Amnistía Internacional en agosto: "Le llevamos medicinas, pero no sirve de nada porque en su celda el aire está viciado, y necesitaría buenos alimentos para recuperar la salud pero la comida que les dan a los condenados a muerte es terrible."

Como consecuencia de la presión generada por la campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en Uzbekistán, el presidente Islam Karimov promulgó el 1 de agosto un decreto ley en virtud del cual la pena de muerte queda abolida a partir del 1 de enero de 2008. Amnistía Internacional pide ahora a las autoridades que conmuten inmediatamente todas las penas de muerte y suspendan la imposición de esta pena. AI continúa instando a las autoridades a abandonar el secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte. La organización ha pedido, por ejemplo, que revelen a los familiares de los presos ejecutados el lugar donde sus seres queridos están sepultados y que se publiquen estadísticas completas sobre la aplicación de la pena de muerte en Uzbekistán.

Véanse Llamada Internacional, de octubre de 2004, y The Wire, de noviembre de 2004.

Pena de muerte para la violación en Liberia

El ministro de Justicia de Liberia, Kabineh Jan’eh, presentó en agosto un proyecto de ley sobre la violación con el fin de mejorar la anticuada e insensible legislación del país respecto a éste y otros delitos de naturaleza sexual. El proyecto de ley define la violación con más claridad y prevé penas más duras para los acusados, incluida la imposición de la pena de muerte a discreción del poder judicial.

El nuevo proyecto de ley cuenta con el apoyo de AI en tanto que cambia la definición de violación para aclarar que un acto sexual realizado sin libre consentimiento es un delito que la sociedad condena y que se debe castigar a quienes lo perpetran. También prevé una protección mayor para niños y niñas. No obstante, AI se opone a la imposición de la pena de muerte como castigo para la violación o cualquier otro delito.

AI está colaborando con grupos de la sociedad civil para propugnar la abolición de la pena de muerte y ganarse el apoyo del nuevo gobierno, cuya entrada en funciones está prevista para enero de 2006.

[pie de foto imagen principal] Más de 38 organizaciones, incluida AI, se han unido para formar la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. La coalición organiza todos los años un día de acción, el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra el 10 de octubre. Este año las actividades se centrarán en África. Para obtener más información y participar, consulten www.worldcoalition.org.

Un ex condenado a muerte en Nigeria describe los tormentos a que fue sometido

Arthur Judah Angel pasó nueve años condenado a muerte en la prisión nigeriana de Enugu, tras lo cual se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Fue puesto en libertad cinco años después, en el año 2000, cuando unos activistas de derechos humanos que lo habían visitado en la cárcel apelaron al gobernador del estado para que lo indultara.

Arthur estuvo recluido más de dos años en espera de juicio, y fue condenado a muerte por asesinato en 1986. Lo trasladaron al tristemente famoso pabellón para condenados a muerte de la prisión de Enugu, en el sur de Nigeria. Allí esperó a que lo ejecutaran en una celda sin ventanas, de 2 x 2,5 m. Compartió este espacio, con sus camas de cajas de cartón y un solo balde por único aseo, hasta con otros 13 condenados a muerte.

Mientras estuvo en el pabellón de los condenados a muerte, Arthur fue testigo de numerosas ejecuciones en masa por fusilamiento o ahorcamiento. Cada mes –y en ocasiones cada semana– se ejecutaba a grupos de entre 25 y 50 personas, sobre todo durante el gobierno del ex dirigente militar general Ibrahim Babangida. Arthur presenció también torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de forma regular. "Aquello parecía el infierno. Nos torturaban física y psicológicamente", señala. Arthur cree que se libró de sufrir semejante trato porque su familia le visitaba a menudo. Los que no tuvieron tanta suerte murieron como consecuencia de sus heridas. Otros fallecieron por ataques cardíacos o enfermedades infecciosas, que proliferaban en la prisión.

A pesar del tiempo que pasó condenado a muerte, Arthur no abriga ningún tipo de resentimiento ni deseos de venganza. "La religión y la pintura formaron parte de mi proceso de curación y han cambiado mi vida", dice. En su opinión, Nigeria debe abolir la pena de muerte. Cree que Nigeria ha perdido a mucha gente debido a la política de pena de muerte seguida por el gobierno, gente valiosa que podría haber contribuido al desarrollo de la sociedad, pero que en vez de ello fue ejecutada tras pasar años condenada a muerte.

Arthur es uno de los muchos miles de nigerianos cuyas vidas han peligrado a causa de la pena de muerte. Tuvo la suerte de salvarse, mientras decenas de personas han sido ejecutadas durante años, sobre todo bajo los ex regímenes militares. A pesar de que un gobierno civil asumió el poder en 1999 bajo la presidencia de Olusegun Obasanjo, la pena de muerte sigue presente en el cuerpo legislativo y la nueva legislación penal islámica en vigor en 12 estados del norte desde 1999 la impone obligatoriamente para ciertos delitos.

Según las últimas estadísticas del gobierno, en la actualidad hay más de 400 presos condenados a muerte en Nigeria. El debate nacional que se desarrolló durante 2003 y 2004 sobre la pena de muerte puso de manifiesto el grado de división de la población sobre esta materia. Los abolicionistas afirmaban que el sistema judicial no estaba en condiciones de impartir justicia, mientras que los partidarios de mantener la pena de muerte aseguran que es un instrumento disuasorio capaz de evitar delitos y que forma parte de los sistemas jurídicos basados en la religión.

En julio de 2005, el subcomité de la Conferencia Nacional de Reformas Políticas recomendó en su informe final que "la pena capital se reserve a los jóvenes hallados culpables de delitos atroces, como el robo a mano armada y el sectarismo religioso".

[Aviso sobre la posible inserción en la Revista de AI de este artículo de Nigeria y el último, de Senegal: Son todo una "cita/testimonio", motivo por el que va el texto en cursiva y la referencia en redonda –son "opiniones", no política de AI; se sugiere agregar cintillo-modelo]

j Obstáculos a la abolición en Nigeria: una perspectiva jurídica

Por Olawale Fapohunda

La cuestión principal que predomina en el debate nacional sobre la pena de muerte es la preocupación por la delincuencia, la seguridad y la religión. La gente tiene la impresión de que la delincuencia ha aumentado en toda Nigeria y que la policía nigeriana está perdiendo la batalla contra ella. Esta impresión ha ocasionado una sensación generalizada de temor e inseguridad. La pena de muerte se considera una solución a lo que se considera un fracaso del sistema de justicia penal.

A esto se añaden las críticas generalizadas contra el trato que da el sistema de justicia penal a las víctimas de la delincuencia, sobre todo cuando son mujeres o menores. Se ha señalado con frecuencia que el sistema judicial ha marginado a las víctimas y que no responde a sus necesidades, sino a las de los delincuentes. Esto ha comportado un endurecimiento de la actitud hacia ellos.

Se necesita una mayor educación pública para asegurar que la mayoría de la población nigeriana percibe como es debido toda la problemática de la pena de muerte. En un sentido amplio, el debate sobre la pena de muerte en Nigeria parece girar sobre qué hacer con los presuntos responsables de robos a mano armada. Resulta irónico que, por un lado, se registre una pérdida de confianza en el sistema de justicia penal y que, por otro, exista la disposición a aceptar las limitaciones del sistema respecto al trato de los delincuentes.

La religión es otro obstáculo para la abolición. Hay que reconocer que muchos seguidores de la fe islámica consideran que el debate sobre la pena de muerte tiene como fin minar su fe. Dado el elevado número de musulmanes existente en Nigeria, esta cuestión podría tener graves consecuencias para la paz y la seguridad nacional, si no se aborda de forma estratégica.

Por lo que a mí se refiere, el obstáculo más importante es la limitada voluntad política para abolir la pena capital. Es cierto que el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, se ha comprometido personalmente a abolir la pena de muerte. Sin embargo, trasladar su compromiso personal a la política oficial del gobierno constituye un gran reto.

Olawale Fapohunda es socio gestor del Consorcio de Recursos Jurídicos de Nigeria y secretario del Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte. Las opiniones recogidas aquí son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la política de AI.

Uganda eliminará la imposición obligatoria de penas de muerte

En una sentencia histórica dictada el 10 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional de Uganda falló a favor de suprimir las leyes que establecen la imposición obligatoria de penas muerte.

En septiembre de 2003, más de 400 condenados a muerte presentaron una petición ante el Tribunal Constitucional en la que impugnaban sus penas de muerte, alegando que eran inconstitucionales, inhumanas y degradantes. La petición se basaba en los artículos 24 y 44 de la Constitución de Uganda, que prohíbe la tortura y los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.

Al comunicar la decisión unánime de los cinco jueces que examinaron la petición, el magistrado Galdino Okello observó que la pena de muerte como tal no es inconstitucional cuando se define como la pena máxima para un delito. Sin embargo, los jueces resolvieron que las leyes que establecen la imposición obligatoria de penas de muerte interfieren en la discrecionalidad de un juez al impartir justicia. Dichas leyes son inconstitucionales y deben ser modificadas por el Parlamento.

Las partes que presentaron la petición han apelado la sentencia y ahora están esperando a que el Tribunal Supremo examine su caso.

En Uganda, la pena de muerte es por ahorcamiento. En abril de 1999 fueron ejecutados 29 hombres. En marzo de 2003 se ejecutó a tres militares en unas circunstancias en que la rapidez del juicio, sin posibilidad de apelación, equivalió a un juicio sin las debidas garantías. En mayo de 2005 había 555 presos condenados a muerte en Uganda. AI acoge positivamente este paso para poner fin a la imposición obligatoria de penas de muerte, pero la organización se opone a la pena capital en todos los casos.

Un ejemplo para África Occidental

Seydi Gassama, director de la Sección Senegalesa y coordinador de la Coalición para la Abolición de la Pena de Muerte, escribe sobre la abolición de la pena de muerte en Senegal

En mayo de 2000, el nuevo presidente, Abdoulaye Wade, prometió que estaba dispuesto a considerar la posibilidad de abolir la pena de muerte, pero sólo si la opinión pública era favorable. Pidió a su secretario personal que iniciara un debate nacional sobre la cuestión. La batalla por la opinión pública era, por tanto, fundamental. En junio de 2002 creamos la Coalición para la Abolición de la Pena de Muerte en Senegal (CAPM). Preparamos al público, conseguimos su participación y, por último, nos granjeamos su apoyo. Con el anuncio de la aprobación por el gabinete de un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte, grupos religiosos, profesionales del derecho y ciudadanos particulares se sumaron al debate. Las opiniones eran en gran medida favorables a la abolición, incluso por parte de los grupos religiosos. El gobierno no tenía nada que temer; la ley se votó con una aplastante mayoría.

El derecho a la vida está consagrado en la Constitución de Senegal. La Constitución exige al Estado que proteja este derecho y, por consiguiente, es nuestra principal garantía contra [una posible revocación de la nueva ley sobre la abolición de la pena de muerte]. Hay además acuerdos internacionales, sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que forman parte del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, nuestra principal prioridad es la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Esta ratificación se ha demorado, pero no se ha debido a una falta de voluntad de las autoridades.

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