Indice AI: NWS 22/001/2005

Llamada Internacional

enero de 2005

México

Violación e impunidad

Según informes, Valentina Rosendo Cantú (derecha) e Inés Fernández Ortega (izquierda), pertenecientes al grupo indígena tlapaneca, fueron violadas por miembros del ejército mexicano en febrero y marzo, respectivamente, de 2002 en el estado de Guerrero. Otras cuatro mujeres indígenas han presentado también denuncias de violación a manos de soldados en Guerrero en los últimos 10 años. Sin embargo, en ninguno de estos casos se ha llevado a los responsables ante la justicia. En lugar de tomar medidas para realizar investigaciones exhaustivas e imparciales, los militares encargados de investigar las denuncias de violación ha intentado refutar éstas, haciendo que la carga de la prueba recaiga en las víctimas, y han hecho caso omiso de las normas internacionales.

En todos estos casos se han recibido informes sobre la existencia de graves irregularidades en los procedimientos de investigación en relación con la presentación y atención de la denuncia, la inspección del escenario del delito, las ruedas de reconocimiento, la protección de los testigos y la realización de exámenes médicos. No ha habido prácticamente ninguna supervisión de los procedimientos ni rendición de cuentas.

No sólo el sistema de justicia militar ha sido incapaz de administrar justicia, sino que Valentina Rosendo e Inés Fernández recibieron también una mala atención médica y fueron sometidas a exámenes periciales deficientes.

La impunidad y la discriminación existentes en torno a estos casos han afectado directamente a las mujeres y a las comunidades indígenas de Guerrero, donde la fuerte presencia militar les recuerda el trauma sufrido y les infunde temor. Otras mujeres son reacias a presentar denuncias. En el informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar(AMR 41/033/2004), Amnistía Internacional pone de manifiesto las irregularidades de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales militares mexicanos y revela hasta qué punto el sistema de justicia militar es inadecuado para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Escriban al gobierno mexicano para pedirle que garantice que se inician investigaciones y enjuiciamientos por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en el sistema de justicia civil, como han recomendado los mecanismos internacionales de derechos humanos. Ínstenle también a que restringa la administración de justicia militar y tome medidas para prevenir la violencia contra las mujeres por medio de rendición de cuentas, transparencia y ausencia de impunidad.

Envíen sus llamamientos a:

Lic. Vicente Fox Quesada

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Residencia Oficial de "Los Pinos", Col. San Miguel Chapultepec

México D.F., C.P. 11850

México

Fax: + 52.55 50911113

Correo-e: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Turkmenistán

Internado a la fuerza en un hospital psiquiátrico

Gurbandurdy Durdykuliyev (derecha), de 63 años, se encuentra recluido a la fuerza en un hospital psiquiátrico desde febrero de 2004. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y teme, además, por su salud.

En enero de 2004, Gurbandurdy Durdykuliyev envió una carta al presidente Niyazov y al gobernador de la región balcánica de Turkmenistán instándoles a autorizar una manifestación pacífica contra la política del gobierno. Les pidió que se abstuvieran de utilizar la fuerza contra los manifestantes. Anteriormente había criticado la política del presidente Niyazov en entrevistas con Radio Liberty, emisora de radio que funciona con financiación estadounidense, y había hablado abiertamente de la necesidad de formar un partido político de oposición en el país.

Según informes, en febrero de 2004 seis profesionales médicos y seis agentes de policía vestidos de civil se llevaron a Gurbandurdy Durdykuliyev de su casa, situada en Suvchy, pueblo del oeste de Turkmenistán. Actualmente se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico del este del país, a centenares de kilómetros de su casa.

Se le ha diagnosticado oficialmente "paranoia agresiva" pero varios miembros del personal medico del hospital informaron a su familia de que no habían encontrado ninguna señal de enfermedad mental, sino que las autoridades les habían presionado para que dijeran lo contrario.

Su esposa obtuvo por fin permiso para visitarlo en abril. Sin embargo, el personal del hospital la advirtió que, si pasaba información sobre el caso a los medios de comunicación internacionales, no se le permitiría volver a verlo. Cuando cruzó el país en octubre para visitarlo otra vez, se le negó el acceso a él.

El gobierno de Turkmenistán no tolera ningún tipo de disidencia. No se permiten las actividades de ningún partido político de oposición ni organización de derechos humanos, y los disidentes sufren habitualmente persecución.

Escriban a las autoridades para pedirles que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones al preso de conciencia Gurbandurdy Durdykuliyev.

Envíen sus llamamientos al presidente de Turkmenistán:

Prezident Turkmenistana Saparmurad A. Niyazov

Apparat Prezidenta

744000 Ashgabat

Turkmenistán

Fax: +993 12 35 51 12

Myanmar

Encarcelado por expresar sus opiniones

U Sein Hla Oo, de 66 años, director de periódico y miembro del Parlamento por la Liga Nacional para la Democracia, lleva más de 10 años privado de libertad. Fue encarcelado por hablar con diplomáticos y periodistas extranjeros sobre la situación política del país y por estar en posesión de documentos elaborados por grupos políticos de oposición en el exilio.

La Liga Nacional para la Democracia obtuvo más del 82 por ciento de los votos en las elecciones celebradas en Myanmar en 1990, pero las autoridades se negaron a cederle el poder. Sus miembros y partidarios sufren reiteradamente encarcelamiento, detención por breves periodos y acoso. U Sein Hla Oo ocupaba un algo cargo en ella.

Detenido en agosto de 1994 y condenado a siete años de prisión, U Sein Hla Oo está cumpliendo también una pena anterior de prisión que le fue impuesta por considerar las autoridades que había "incumplido su promesa y realizado en secreto actividades contra el gobierno". Se encuentra recluido en una prisión del norte del país, situada a siete días de viaje de lugar donde vive su familia. Según informes, padece hipertensión arterial y hernia. Las personas encarceladas lejos de sus familias dependen de éstas para conseguir algo más de comida y medicinas.

En noviembre de 2004, las autoridades suspendieron la pena a casi 10.000 presos. Se cree que alrededor del 40 por ciento de ellos eran presos políticos, muchos de los cuales iban a ser excarcelados en breve.. No obstante, sigue habiendo en las prisiones más de 1.300 personas que fueron sometidas a un juicio injusto, a menudo en aplicación de legislación de seguridad y únicamente por actos pacíficos de disidencia. Encontrarán información sobre otras personas encarceladas injustamente en Myanmar en el informe Myanmar: Facing imprisonment: Prisoners of concern to Amnesty International(Índice AI:: SA 16/007/2004), disponible también en el sitio web de Amnistía Internacional (http://www.amnesty.org/)

Escriban a las autoridades para pedirles que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones al preso de conciencia U Sein Hla Oo, así como a los demás presos encarcelados por la expresión pacífica de sus opiniones. Expresen su preocupación por el hecho de que fuera condenado en un juicio injusto, en aplicación de legislación que se ha utilizad para hacer callar a los disidentes, y pidan que se suspenda esta legislación y otras leyes de seguridad.

Envíen sus llamamientos al jefe del gobierno:

Senior General Than Shwe

State Peace and Development Council

Ministry of Defence

Dagon Post Office, Yangon

Myanmar.********