Los nuevos poderes anunciados por el presidente de Egipto pisotean el Estado de derecho y presagian una nueva era de represión, ha dicho Amnistía Internacional. Las modificaciones a la Declaración Constitucional de Egipto que se anunciaron ayer otorgan en la práctica al presidente facultades ilimitadas, impidiendo cualquier impugnación legal de sus decisiones hasta que el próximo año se elija una nueva cámara baja del Parlamento (la Asamblea Popular). Las modificaciones también permiten al presidente emprender las acciones y tomar las medidas que considere necesarias “para proteger al país y los objetivos de la revolución”.
