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Rumania debe poner fin a los desalojos forzosos de familias romaníes

Las familias romaníes de Miercurea Ciuc llevan seis años viviendo un verdadero suplicio.

© Amnistía Internacional

26 January 2010

Las autoridades rumanas deben poner fin al desalojo forzoso de familias romaníes y reasentar de inmediato a las que llevan años viviendo en condiciones peligrosas junto a vertederos de basura, plantas de tratamiento de aguas residuales o zonas industriales a las afueras de las ciudades, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“En todo el país se está desalojando a familias romaníes de sus hogares contra su voluntad. Cuando esto ocurre, no sólo pierden sus casas, sino también sus bienes, sus contactos sociales y su acceso al trabajo y a los servicios públicos” afirmó Halya Gowan, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

“La práctica sistemática del desalojo forzoso, sin el debido procedimiento de consulta, notificación y ofrecimiento de alojamiento alternativo, perpetúa la segregación racial y vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Rumania.”

En el documento Treated like waste: Roma homes destroyed, and health at risk, in Romania, Amnistía Internacional narra un desalojo masivo en concreto para poner de relieve las terribles condiciones que soporta la comunidad romaní.

En 2004, más de un centenar de romaníes, entre los que había familias con niños de corta edad, fueron desalojados a la fuerza por las autoridades municipales de un edificio situado en el centro de Miercurea Ciuc, capital del departamento de Harghita, en el centro de Rumania.

La mayoría de estos romaníes fueron reasentados por las autoridades en barracones metálicos ubicados en las afueras de la ciudad, detrás de una planta de tratamiento de aguas residuales. Algunos decidieron trasladarse a un vertedero de basuras cercano en lugar de quedarse a vivir junto a una planta de aguas negras.

Erszebet, que vive cerca de la planta de tratamiento con su esposo y sus nueve hijos, contó a Amnistía Internacional cómo es la vida en un barracón metálico: “Es estrecho, cuando toda la familia se va a dormir no cabemos. No podemos bañarnos; no podemos asearnos. Es demasiado pequeño. No queremos que las niñas mayores se bañen delante de su padre”.

Las casetas y barracones metálicos provisionales están cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales, dentro de la zona de protección de 300 metros establecida por la legislación rumana para alejar las viviendas de posibles riesgos de intoxicación. No proteger el derecho a la salud también vulnera las obligaciones nacionales e internacionales de Rumania.

Ilana dijo a Amnistía Internacional: “Las casas están invadidas por ese olor. Por la noche [...] los niños se tapan la cara con la almohada. No queremos comer cuando notamos ese olor [...] tenía otro hijo que murió con cuatro meses [...] No quiero perder a mis otros hijos”.

“El suplicio de las familias romaníes dura ya seis años -afirmó Halya Gowan-. Es el momento de que las autoridades locales les proporcionen una vivienda adecuada y próxima a instalaciones y servicios en una ubicación segura y saludable.”

“Algo tiene que ocurrir ya. Se tiene que dar ejemplo; hay que poner fin a los desalojos forzosos y garantizar el derecho a la vivienda. Y las autoridades de Miercurea Ciuc pueden y deben hacerlo.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Rumania que reforme su legislación sobre vivienda para que incorpore las normas internacionales de derechos humanos, con especial atención a la vivienda.

En Rumania hay casi 2,2 millones de romaníes, que representan el 10 por ciento de la población total. Como consecuencia de la discriminación generalizada, tanto por las autoridades como por la sociedad en su conjunto, el 75 por ciento de la población romaní vive en la pobreza, a diferencia de la población rumana (24 por ciento) y la comunidad de origen húngaro, la minoría más numerosa en Rumania (20 por ciento). Los índices de salud y las condiciones de vida de los romaníes están entre los peores del país.

Aunque una parte de la población romaní vive en estructuras permanentes con seguridad de tenencia, el gobierno considera que otras muchas viviendas habitadas desde hace tiempo por los romaníes son “provisionales” y no oficiales, y sus habitantes están más expuestos al desalojo porque no tienen ninguna prueba de tenencia.

El desalojo forzoso vulnera las obligaciones contraídas por Rumania en virtud de normas internacionales y regionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigen que todas las personas tengan un grado mínimo de seguridad de tenencia y les garantizan protección legal frente al desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

Pide al alcalde de Miercurea Ciuc que proteja a las familias romaníes de la ciudad que han sido desalojadas a la fuerza

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