News

El gobierno de Sri Lanka debe poner fin a su hostigamiento de periodistas y activistas y tomar medidas contra quienes profieren amenazas, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional en una declaración conjunta. 

Desde las elecciones presidenciales de enero de 2010, el gobierno está llevando a cabo una campaña para silenciar y desacreditar a periodistas y organizaciones no gubernamentales. Un documento filtrado en fechas recientes, que parece ser una lista de vigilancia del gobierno en la que figuran más de 30 periodistas y activistas, plantea graves temores por la seguridad de las personas incluidas en la lista, han afirmado ambas organizaciones. 

“El gobierno de Sri Lanka lleva a cabo una caza de brujas cuidadosamente coordinada con el objetivo de desacreditar a sus detractores”, ha afirmado Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Esto es extremadamente peligroso e irresponsable en un país donde a menudo se ha amenazado y matado a periodistas y activistas.” 

El 4 de marzo, los directores de dos organizaciones srilankesas muy respetadas, Centro para Alternativas Políticas y Transparencia Internacional Sri Lanka, remitieron una carta conjunta al presidente del país, Mahinda Rajapaksa, para expresarle su grave preocupación por una información de prensa sobre la aparente lista de vigilancia del gobierno. En la lista, los directores de ambas organizaciones figuran junto a varias personas en la categoría superior, lo cual hace suponer que significa que están sometidas a una vigilancia especialmente estrecha. 

La noticia de la existencia de la lista de vigilancia del gobierno surgió en plena campaña gubernamental en los medios de comunicación para desacreditar a organizaciones no gubernamentales. En varias declaraciones efectuadas desde el 20 de febrero, diversas autoridades gubernamentales han formulado acusaciones imprecisas y sin demostrar contra varios grupos, afirmando que han intentado “desestabilizar la democracia” en Sri Lanka. 

La preocupación por la seguridad de las personas que figuran en la presunta lista de vigilancia del gobierno es mayor si cabe debido a las amenazas de muerte y los ataques que se han producido con anterioridad, han afirmado las organizaciones. En septiembre de 2008, personas desconocidas lanzaron dos granadas en la casa del director de Transparencia Internacional Sri Lanka. En agosto de 2009, el director del Centro para Alternativas Políticas recibió una amenaza de muerte anónima por correo. Las autoridades no han exigido responsabilidades a nadie por ninguno de estos incidentes. 

Transparencia Internacional Sri Lanka y el Centro para Alternativas Políticas desempeñaron un papel decisivo en la supervisión de las elecciones presidenciales de enero, en las que denunciaron infracciones electorales y el uso indebido por el gobierno de recursos del Estado par hacer campaña en favor del presidente en ejercicio, Mahinda Rajapaksa.   

“Esto hace pensar en represalia por informar sobre infracciones durante las elecciones presidenciales”, ha afirmado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “A pesar de las elecciones y del final de la guerra contra los Tigres Tamiles, al gobierno parece costarle librarse del hábito de la represión.”