05 January 2011
Las autoridades francesas deben poner fin a la estigmatización de la población romaní

Cientos de familias marginadas romaníes de origen rumano y búlgaro corren el riesgo de quedarse sin hogar este invierno en Francia, como consecuencia de las continuas amenazas de desalojo a las que se enfrentan.
El sentimiento anti romaní y las prácticas discriminatorias llevadas a cabo por funcionarios públicos franceses han sido generalizadas y se han intensificado a lo largo de 2010.

En julio, el presidente Nicolas Sarkozy se refirió a los asentamientos romaníes “irregulares” como “fuentes de tráfico ilegal, que degradan profundamente las condiciones de vida, (y) de explotación de menores con fines de mendicidad, prostitución y delincuencia”. En una reunión ministerial, el presidente de Francia ordenó el desmantelamiento de dichos asentamientos “en un plazo de tres meses” y pidió reformas legislativas para acelerar el proceso de expulsión de la comunidad romaní fuera del país.

El 5 de agosto, el Ministerio del Interior francés hizo llegar una circular sobre política a todas las autoridades locales, refiriéndose a los asentamientos romaníes como una “prioridad” en materia de desmantelamientos. La circular del 5 de agosto llegó después de otras instrucciones previas dictadas conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inmigración, en las que se diseñaban los pasos específicos que las autoridades locales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley debían seguir para (i) desmantelar los asentamientos ilegales, (ii) identificar a los habitantes que no tuviesen nacionalidad francesa y la condición de inmigrante regular, (iii) identificar violaciones del orden público, y, en tales casos, (iv) llevar a cabo las medidas necesarias para expulsar de Francia a dichos habitantes. Como respuesta a la protesta pública generalizada sobre el efecto discriminatorio que supone centrarse en un único grupo étnico para un programa de desalojos, el Ministerio retiró la circular del 5 de agosto, que estaba dirigida específicamente contra la comunidad romaní, y el 13 de septiembre la sustituyó por una orden para desmantelar “todos los asentamientos ilegales” ubicados en territorio francés.

A pesar de que el lenguaje específicamente discriminatorio de la circular del 5 de agosto fue retirado, las diferentes instrucciones de políticas y circulares existentes y publicadas en 2010, cuando se observan juntas, parecen dedicar un esfuerzo considerable a la identificación de asentamientos ilegales, al desmantelamiento de los mismos, y a la expulsión de sus habitantes fuera de Francia siempre que sea posible. Estas medidas, puestas en práctica, van dirigidas de forma desproporcionada contra la población romaní de Bulgaria y Rumania.

Los actos de discriminación perpetrados contra la comunidad romaní en Francia han despertado gran preocupación en numerosos organismos internacionales y ONG, incluido el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la Comisión Europea y Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

En su blog, "Do not stigmatise Roma", Thomas Hammarberg escribió el 15 de septiembre de 2010: “La repatriación de ciudadanos romaníes de la UE se ha convertido en una práctica habitual en muchos países europeos. En Francia, la campaña para combatir la delincuencia se ha centrado específicamente en la comunidad romaní de origen rumano y búlgaro, pero presionar a las familias romaníes entre los Estados miembros no ofrece ninguna solución al problema”.

La comunidad romaní de Francia vive generalmente en condiciones de extrema pobreza en asentamientos insalubres que suelen carecer de electricidad y agua corriente. Tienen dificultades para acceder a puestos de trabajo, así como al sistema educativo y sanitario. La retórica y las acciones del gobierno han desencadenado una mayor exclusión de la población romaní, que ahora vive al margen de la sociedad en asentamientos construidos junto a autopistas, lejos de zonas urbanizadas, y, en algunas ocasiones, en medio de bosques. Muchas personas romaníes viven en la clandestinidad y con el temor a ser encontrados, desalojados, y a tener que buscar un nuevo hogar. Muchas de las personas romaníes víctimas de desalojos también se enfrentan a la amenaza de ser expulsados de Francia.

Christèle, representante de la ONG local Imediat y colaboradora en un asentamiento romaní en Villeneuve-le-Roi, en París, informó recientemente a Amnistía Internacional de que las condiciones de vida estaban empeorando con la llegada del invierno.

El clima de estigmatización y discriminación de la comunidad romaní se ha intensificado en la segunda mitad de 2010, avivado por las declaraciones de dirigentes políticos y por las directrices oficiales emitidas para el desalojo y la expulsión de dicha población. Claudia Charles, abogada de GISTI, grupo para la información y el apoyo a la población inmigrante, ha dicho a Amnistía Internacional: “El acoso, las amenazas y la destrucción siempre han existido. La diferencia es que ahora lo vemos por todas partes”.

Comunidades romaníes víctimas de desalojos forzosos
Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional en París y Marsella en septiembre y octubre de 2010 revelan que muchos de los desalojos llevados a cabo en asentamientos romaníes por parte de las autoridades violaron las normas internacionales de derechos humanos.

La población romaní que vivía en los asentamientos desmantelados y algunas ONG locales comunicaron a Amnistía Internacional que las casas fueron destruidas tan solo unos minutos después de que sus habitantes romaníes fueran desalojados. Las autoridades locales no les habían consultado ni les habían ofrecido ninguna alternativa adecuada de alojamiento.

Los habitantes de los asentamientos romaníes y las ONG locales dijeron a Amnistía Internacional que nadie les había explicado las órdenes de desalojo, ni las habían traducido a alguna de las lenguas habladas por la comunidad romaní. En muchos casos, ni siquiera tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias. Les dijeron que intentasen buscar otro sitio donde construir sus nuevas casas. Ante esta situación, resulta muy difícil que la población romaní pueda emprender acciones legales contra su desalojo.

M., padre de cuatro hijos y habitante de un asentamiento ilegal en Marsella, contó a Amnistía Internacional: “Dos días antes de la demolición [de la vivienda], vinieron y nos dijeron que teníamos que irnos de aquí. No les importaba adónde; simplemente nos dijeron que nos marchásemos. Y una mañana vimos las excavadoras. Entraron en nuestra casa, tiraron por la ventana todo lo que había dentro, y comenzaron a derribarla”.

Adrian, que vivía con su familia en un asentamiento romaní en los bosques de Villeneuve-le-Roi, en París, dijo: “Logramos llevarnos la mayoría de nuestras pertenencias, pero no todo. Teníamos miedo, porque empezaron a demoler las casas cuando todavía estábamos dentro [...]. Comenzaron a derribar los barracones a patadas y con la ayuda de barras de hierro, mientras nosotros intentábamos recoger nuestras cosas [...]. El día que la policía nos desalojó, tuvimos que dormir a la intemperie, sobre colchones tirados en el suelo”.

 

Desalojos forzosos
Un desalojo forzoso es la expulsión de una o varias personas, en contra de su voluntad, de su hogar o de las tierras que ocupan sin consultar con las personas afectadas y sin ofrecerles una alternativa adecuada de alojamiento, independientemente de si alquilan, poseen, ocupan o son usufructuarios de la tierra o la vivienda en cuestión.

Las consecuencias de los desalojos son catastróficas. Por lo general, tras un desalojo forzoso las personas pierden sus objetos personales y sus relaciones sociales, y se enfrentan a grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo y a otros servicios, tales como el sistema educativo o la sanidad. Es muy probable que las personas desalojadas se queden sin hogar y que sus condiciones de vida empeoren.

No todos los desalojos llevados a cabo por la fuerza son desalojos forzosos, siempre y cuando se proporcionen las salvaguardias necesarias.

 

Luchando por una vida digna
Los delegados de Amnistía Internacional se reunieron en París y Marsella con miembros de la comunidad romaní, que informaron del círculo vicioso de marginalización y exclusión en el que se encuentran en Francia y otros Estados miembros de la Unión Europea donde algunas de estas personas habían vivido anteriormente. La mayoría de ellos intentan vivir de lo que pueden: reciclando chatarra, como jornaleros, o mendigando en las calles. Pero ninguna de estas soluciones ofrece una fuente de ingresos estable ni una forma de vida digna.

C., mujer romaní de un asentamiento en Massy, en París, dijo a Amnistía Internacional que muchas de las personas que viven en el campamento quieren trabajar pero no encuentran empleo: “Por supuesto que queremos trabajar. Incluso los que van a mendigar por las calles y no hablan francés tienen carteles con mensajes escritos como ‘Pedimos trabajo, queremos trabajar, queremos ganarnos la vida’”.

Algunos padres y madres romaníes también hablaron con Amnistía Internacional sobre su preocupación por la educación de sus hijos. Contaron que como les obligan a desplazarse con tanta frecuencia, la mayoría de las veces sus hijos no pueden matricularse en el colegio, o se tienen que enfrentar a obstáculos burocráticos cuando intentan inscribirse. Todo ello hace prácticamente imposible que puedan ir a la escuela.

Christèle, representante de la ONG Imediat, de París, dijo a Amnistía Internacional que, de los 30 niños y niñas a los que ella misma ayudó a intentar matricularse en el colegio en los últimos tres meses, tan solo tres han conseguido ser aceptados.

Foto: Asentamiento romaní en los bosques de Villeneuve-le-Roi, París. © Juan Pablo Gutierrez 

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