Bahréin - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Bahréin

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Bahrain is now live »

Jefe del Estado
rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno
Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Pena de muerte
retencionista
Población
0,8 millones
Esperanza de vida
75,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
13/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88,8 por ciento

El gobierno tomó medidas para promover los derechos humanos y mejorar las condiciones de algunos trabajadores y trabajadoras migrantes. Sin embargo, continuó tratando como delito las críticas a la familia real y no investigó presuntas torturas cometidas en 2008. Un hombre seguía en peligro de ejecución.

Información general

En noviembre se estableció por decreto real una institución nacional de derechos humanos, cuyo mandato incluía la sensibilización sobre los derechos humanos en Bahréin y la presentación de propuestas de reforma jurídica. El gobierno manifestó que estaba considerando la posibilidad de retirar algunas reservas formuladas por Bahréin al ratificar tratados internacionales de derechos humanos. Dijo también que iba a introducir varias reformas jurídicas y a impartir formación en derechos humanos a los funcionarios del sistema judicial y de otras instituciones.

En marzo, las fuerzas de seguridad dispararon e hirieron a manifestantes que protestaban en Sitra y Al Duraz contra presuntas apropiaciones de tierras y en favor de la excarcelación de presos condenados tras las violentas protestas de 2007 y 2008. Las autoridades negaron que se hubiera hecho uso excesivo de la fuerza y dijeron que las fuerzas de seguridad habían intervenido al volverse las protestas violentas.

Sistema de justicia: juicios y excarcelaciones

En marzo comparecieron ante el Tribunal Penal Superior tres activistas chiíes: Hassan Meshaima, Abd al Jalil al Singace y Mohammad Habib al Muqdad. Junto con otras 32 personas, algunas de ellas juzgadas in absentia, estaban acusados de financiar o planear actos de violencia con objeto de derrocar al gobierno. Trece de los acusados, que habían sido detenidos el 15 de diciembre de 2008 y habían aparecido luego en televisión “confesando”, denunciaron haber estado recluidos en régimen de incomunicación y sufrido tortura. Dijeron que les habían aplicado descargas eléctricas, los habían golpeado estando colgados de los brazos y los habían tenido atados de pies y manos durante largos periodos. En abril, antes de que concluyera el juicio, todos los acusados quedaron en libertad gracias a un real indulto. En total fueron 178 los presos excarcelados en virtud del indulto, entre ellos presos políticos.

Las autoridades no investigaron presuntas torturas practicadas a detenidos a finales de 2008.

Libertad de expresión

El gobierno siguió siendo especialmente sensible a las críticas a la monarquía. Continuaba pendiente ante la Cámara de Representantes una reforma de la Ley de Prensa y Publicaciones de 2002, propuesta en 2008. Si se aprobaba, dejarían de imponerse penas de prisión a las personas declaradas culpables de criticar al rey o “incitar al odio contra el régimen”.

En enero, el ministro de Información y Cultura bloqueó diversos sitios web, blogs y foros de discusión, incluidos algunos acusados de “incitar al odio y la violencia sectaria”. Al parecer, al concluir el año continuaban bloqueados centenares de sitios web.

  • En enero se presentaron cargos contra Abdul Hadi al Khawaja, defensor de los derechos humanos, en aplicación de los artículos 92, 160, 165 y 168 del Código Penal por haber criticado a la familia real. Se lo acusó de animar al uso de la fuerza para cambiar el sistema político, incitar al odio contra los gobernantes del país y generar descontento difundiendo deliberadamente rumores. También se le prohibió viajar al extranjero. Él negó las acusaciones. En abril se retiraron los cargos en virtud del indulto real.
  • En febrero, Lamees Dhaif fue acusada de delitos tipificados en el Código Penal por haber publicado artículos sobre presunta corrupción judicial en el periódico Al Waqt. Si era declarada culpable de insultar a una autoridad pública, podía ser condenada a prisión o a pagar una multa. Al terminar el año, el caso seguía siendo investigado.

Derechos de las personas migrantes

En mayo, el gobierno anunció una revisión del sistema de patrocinio, conocido como kafala, por el que se contrataba a los trabajadores migrantes extranjeros. El nuevo sistema, que entró en vigor el 1 de agosto, permitía a los trabajadores extranjeros cambiar de empleo sin tener que pedir previamente permiso a sus patrones. Hasta entonces, el kafala les impedía cambiar de empleador y salir del país, lo que facilitaba su explotación y otros abusos de los empleadores, como no pagarles el sueldo. La reforma no se aplicaba a los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres, que estaban especialmente expuestos a sufrir abusos a manos de sus empleadores.

Pena de muerte

En noviembre, el Tribunal de Casación confirmó una condena de muerte impuesta en 2007 al ciudadano de Bangladesh Jassim Abdulmanan por asesinato con premeditación. La ejecución estaba pendiente de su ratificación por el rey.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • En marzo, Amnistía Internacional asistió como observadora al juicio de las 35 personas acusadas de terrorismo. Ese mismo mes, una delegada de la organización participó en una conferencia internacional sobre trata de seres humanos.