Ruanda - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Ruanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Rwanda is now live »

Jefe del Estado
Paul Kagame
Jefe del gobierno
Bernard Makuza
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10 millones
Esperanza de vida
49,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
167/143 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
64,9 por ciento

Las autoridades ejercieron un férreo control sobre el espacio político antes de las elecciones de 2010, y la imprecisa legislación sobre ideología del genocidio reprimió indebidamente la libertad de expresión. El colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos continuaba aplicando la autocensura para evitar enfrentamientos con las autoridades. Los tribunales convencionales seguían sin ofrecer garantías procesales, a pesar de que habían continuado las mejoras en el sistema de justicia ruandés. Ruanda intentó abordar algunas deficiencias de su sistema de justicia penal que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda había citado cuando se negó a transferir causas a este país en 2008. Ningún país extraditó a sospechosos de genocidio a Ruanda.

Información general

Los donantes internacionales, satisfechos con los avances en el plano económico y el acercamiento de Ruanda a la República Democrática del Congo, apenas trataron públicamente la cuestión de las violaciones de derechos humanos.

Las relaciones entre Ruanda y la República Democrática del Congo mejoraron tras el acuerdo de paz alcanzado a comienzos de año para poner fin a la rebelión del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, respaldado por Ruanda. En enero, Ruanda colaboró con las fuerzas gubernamentales congoleñas en una ofensiva militar conjunta contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda en la provincia de Kivu Septentrional. Las operaciones militares contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda fueron objeto de duras críticas desde el punto de vista de los derechos humanos (véase el apartado sobre República Democrática del Congo). Suecia y Países Bajos no reanudaron la asistencia presupuestaria directa que habían retirado en diciembre de 2008, tras la publicación de un informe de la ONU que demostraba el apoyo de Ruanda al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo.

En noviembre, Ruanda se integró en la Commonwealth y restableció las relaciones diplomáticas con Francia.

Libertad de expresión

La libertad de expresión continuaba sometida a graves restricciones.

Periodistas

En agosto, el gobierno promulgó una ley de medios de comunicación que imponía excesivas restricciones a la libertad de prensa, como la exigencia de que los periodistas ruandeses tuviesen una licenciatura o titulación en periodismo como condición previa para ejercer la profesión. Algunos periodistas que criticaban al gobierno continuaban excluidos de las ruedas de prensa ofrecidas por las autoridades gubernamentales.

  • El 25 de abril, el gobierno ruandés suspendió el servicio de la BBC en lengua kinyarwanda tras la retransmisión del avance de un programa en el que se iba a hablar sobre el perdón después del genocidio de 1994. El gobierno alegó, sin fundamento, que la retransmisión suponía la negación del genocidio, constitutiva de delito penal en Ruanda. En el anuncio se oía cómo Faustin Twagiramungu, ex candidato presidencial, se oponía a las iniciativas para que todos los hutus pidiesen perdón por el genocidio, ya que no todos habían participado en él. También incluía la intervención de un hombre de origen étnico mixto que reflexionaba sobre por qué el gobierno no había permitido que los familiares de las personas muertas a manos del Frente Patriótico Ruandés llorasen su pérdida. Tras negociaciones entre la BBC y el gobierno, el servicio se reanudó en junio.

Legislación sobre ideología del genocidio

Las autoridades utilizaron leyes sobre ideología del genocidio de redacción imprecisa para silenciar la disidencia, incluidas las críticas al Frente Patriótico Ruandés gobernante y las peticiones de justicia por los crímenes de guerra cometidos por él. Según informes, en agosto de 2009 había 912 personas encarceladas (356 en espera de juicio y 556 declaradas culpables y condenadas) por cargos relacionados con la ideología del genocidio. Algunas personas fueron absueltas, a menudo tras un prolongado periodo de detención preventiva.

Aunque la legislación incluía algunos actos que podían constituir apología del odio, no exigía que existiese vinculación con alguna actuación genocida y su redacción era sumamente imprecisa. Por ejemplo, establecía penas de entre 10 y 25 años de cárcel por “deshumanizar” a un grupo de personas al “reírse de la desgracia de otra persona” o “promover el resentimiento”. Establecía condenas de entre 5 y 12 años y medio de prisión para las personas de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años y penas de hasta 12 meses en un centro de rehabilitación para personas menores de esa edad.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos continuaba aplicando la autocensura en su trabajo para evitar enfrentamientos con las autoridades. Según informes recibidos, seguía habiendo miembros del Frente Patriótico Ruandés gobernante infiltrados en algunas ONG.

Libertad de asociación

El gobierno dificultó activamente el registro de nuevos partidos políticos de la oposición. Tras varios aplazamientos, el Partido Social Imberakuri se registró en agosto, pero, a finales de 2009, el Partido Verde continuaba esperando a poder registrarse y tenía dificultades para conseguir autorización policial para sus reuniones.

Presos de conciencia

El ex ministro Charles Ntakirutinka continuaba en la prisión central de Kigali, cumpliendo una condena de 10 años cuyo fin estaba previsto para 2012. Había sido declarado culpable, en un juicio sin garantías, de incitar a la desobediencia civil y de asociarse con elementos delictivos. El ex presidente Pasteur Bizimungu, acusado conjuntamente con él, había quedado en libertad en 2007 gracias a un indulto presidencial.

Sistema de justicia

Ruanda intentó abordar algunas de las deficiencias de su sistema de justicia penal, puesto en entredicho por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 2008 al negarse a transferir causas a Ruanda. En mayo, Ruanda modificó la ley de transferencias de 2007 para permitir a testigos que residían en el extranjero testificar mediante una conexión de vídeo, declaración jurada o ante un juez de una jurisdicción extranjera. La modificación también establecía la asistencia letrada gratuita para personas acusadas que hubieran sido transferidas o extraditadas y careciesen de recursos. Se estableció en el Tribunal Supremo un servicio especial de protección de testigos para estos casos, a fin de dar respuesta a la preocupación que suscitaba que algunos testigos de la defensa se mostrasen reacios a dirigirse a la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Al finalizar el año estaba pendiente de aprobación un anteproyecto de ley que aclaraba la naturaleza de las “disposiciones especiales” vinculadas a las condenas a cadena perpetua. La abolición de la pena de muerte en 2007 llevó a la introducción de dos tipos de condenas a cadena perpetua: cadena perpetua y cadena perpetua con disposiciones especiales, que se cumpliría en régimen de aislamiento. El anteproyecto de ley establecía que los presos estuvieran recluidos en celdas individuales durante 20 años, lo que suscitó preocupación por el hecho de que algunos presos estarían sometidos a reclusión en régimen de aislamiento durante periodos prolongados. Ruanda no tenía capacidad para mantener a los reclusos en celdas individuales. El anteproyecto de ley permitiría a los internos hacer ejercicio y recibir visitas sólo de sus familiares más directos, y violaba el derecho a la salud en caso de urgencia médica, ya que un preso condenado no podía acceder a tratamiento médico fuera de la cárcel sin contar con la aprobación de tres médicos penitenciarios.

En octubre había 62.821 personas encarceladas. El hacinamiento en las prisiones continuaba constituyendo un problema, pese a la importante reducción de la población reclusa debido al programa de reintegración mediante servicio comunitario y a las excarcelaciones anuales de presos.

Procedimientos ante tribunales del sistema gacaca

Se aceleraron los juicios ante tribunales gacaca –cuyos procedimientos incumplían las normas internacionales de imparcialidad procesal–, con el fin de concluir todos los casos pendientes antes de diciembre. En algunas zonas se prorrogó la fecha límite del 31 de julio establecida para presentar nuevas acusaciones ante tribunales gacaca. Según informes, algunos juicios con arreglo al sistema gacaca estaban viciados por acusaciones falsas, corrupción y dificultades para llamar a los testigos de la defensa. En diciembre se amplió hasta finales de febrero de 2010 la fecha límite para poner fin a la aplicación del sistema gacaca, pues estaban pendientes varios recursos y revisiones. Tras la finalización de este sistema, las nuevas acusaciones debían presentarse ante tribunales convencionales.

Justicia internacional

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

Con arreglo a la Resolución 1901 del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda de concluir todos los juicios en primera instancia se prorrogó hasta finales de junio de 2010. La detención de dos sospechosos inculpados por el Tribunal, Grégoire Ndahimana e Idelphonse Nizeyimana, y su transferencia a Arusha desde la República Democrática del Congo y Uganda, respectivamente, supusieron el comienzo de una creciente cooperación internacional entre países para apoyar la meta de que se hiciese justicia por el genocidio.

Jurisdicción universal: sospechosos de genocidio residentes en otros países

En numerosos países, como Bélgica, Canadá, Finlandia y Estados Unidos, se llevaron a cabo procedimientos judiciales contra sospechosos de genocidio. Continuaron las vistas de extradición de sospechosos de genocidio en Finlandia, Suecia y Reino Unido. Ningún país extraditó a sospechosos de genocidio para que fuesen juzgados en Ruanda.

Debido a las preocupaciones relativas a la protección de los testigos de la defensa y a los temores de injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, un fallo de un Tribunal Superior de Reino Unido anuló la decisión inicial de ese país de extraditar a cuatro ruandeses a quienes se buscaba en Ruanda por cargos de genocidio. Finlandia no concedió la extradición de François Bazaramba y decidió que sería juzgado en ese país en virtud de la jurisdicción universal (véase el apartado sobre Finlandia). Miembros del tribunal viajaron a Ruanda para oír las declaraciones de testigos de la acusación. Suecia se convirtió en el primer país en conceder una extradición, pero la orden de extradición de Sylvère Ahorugeze quedó en suspenso mientras no se resolviese el recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El gobierno ruandés informó de que se estaba investigando en todo el mundo a más de 500 personas sospechosas de genocidio. También afirmó que algunos países africanos no habían colaborado con las investigaciones.

Impunidad

No se enjuiciaron los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Frente Patriótico Ruandés y el Ejército Patriótico Ruandés antes, durante y después del genocidio. No se iniciaron nuevos procesamientos ni investigaciones penales con respecto a excombatientes del Ejército Patriótico Ruandés acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda no dictó auto de procesamiento contra ningún comandante del Frente Patriótico Ruandés implicado en estos abusos. Tampoco reclamó el sumario del Ejército Patriótico Ruandés transferido al gobierno de Ruanda y que había dado lugar al procesamiento de dos jefes de rango inferior, a pesar de la preocupación suscitada por que el juicio, cuyo fallo se dictó en octubre de 2008, incumplió las normas internacionales sobre juicios con las debidas garantías, y por que quienes ordenaron los homicidios no fueron procesados.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

A finales de diciembre, la cámara baja del Parlamento ruandés rechazó una enmienda al Código Penal que habría tipificado como delito las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su promoción. Tras la importante presión ejercida por la sociedad civil ruandesa y la comunidad diplomática, el ministro de Justicia hizo una declaración pública afirmando que no se criminalizaría la homosexualidad, dado que la orientación sexual constituía un asunto privado.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Expiró la fecha límite para la repatriación voluntaria de personas refugiadas ruandesas desde Uganda. Se había expresado el temor de que la repatriación no fuera voluntaria, dado que, según el acuerdo de repatriación firmado el 22 de abril por los gobiernos de Ruanda y Uganda y el ACNUR, estaba previsto que la asistencia de Uganda a los refugiados ruandeses finalizase el 31 de julio. Algunas personas refugiadas denunciaron que las habían obligado a dejar de cultivar sus tierras. El fin de esta asistencia podía haber obligado a que regresasen a Ruanda refugiados que seguían teniendo un justificado temor a ser perseguidos.

Informes y visitas de Amnistía Internacional