Sri Lanka - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Socialista Democrática de Sri Lanka

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Sri Lanka is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Mahinda Rajapaksa
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
20,2 millones
Esperanza de vida
74 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
21/18 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,8 por ciento

En torno a 300.000 civiles tamiles quedaron desplazados por el conflicto armado y fueron posteriormente recluidos en campos del gobierno. Las personas sospechosas de tener vínculos con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil –más de 12.000– fueron recluidas por separado. Muchas estuvieron detenidas en régimen de incomunicación, en ocasiones en lugares que no estaban habilitados para albergar presos o en lugares secretos de detención. Antes del fin del conflicto en mayo, la población civil estuvo atrapada durante meses sin alimentación, alojamiento, atención médica ni sistemas de saneamiento adecuados, y sin acceso a ayuda humanitaria. Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil utilizaron civiles como escudos humanos y recurrieron a las amenazas y la violencia para impedir que huyeran de la zona de conflicto. La artillería del gobierno mató e hirió a civiles, incluidos pacientes de hospitales y profesionales de la medicina. El gobierno no abordó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y continuó con las torturas y las desapariciones forzadas. En el sur se siguió deteniendo sin cargos a centenares de tamiles durante periodos prolongados, en virtud de la legislación especial sobre seguridad. Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio, ataques, amenazas y encarcelamiento. Aumentaron los homicidios policiales de presuntos delincuentes.

Información general

En mayo, el gobierno de Sri Lanka declaró la victoria sobre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, poniendo fin a más de 25 años de conflicto. Pero con el cese de los enfrentamientos no acabaron las violaciones de derechos humanos ni el uso que hacía el gobierno de la draconiana legislación sobre seguridad.

Conflicto armado

Tanto el gobierno de Sri Lanka como los Tigres de Liberación de Eelam Tamil violaron el derecho internacional humanitario. El gobierno utilizó armamento pesado indiscriminadamente en zonas con gran densidad de población civil. Los Tigres de Liberación reclutaron por la fuerza a adultos y niños para utilizarlos como combatientes, usaron a civiles como escudos humanos ante el avance de las fuerzas gubernamentales y atacaron a civiles que intentaban escapar. Hubo poca información independiente sobre lo que ocurría en las zonas de conflicto debido a las restricciones al acceso de los medios de comunicación, la ONU y los organismos de ayuda humanitaria. Según cálculos de la ONU, miles de civiles murieron en los enfrentamientos. Personas desplazadas informaron de desapariciones forzadas de hombres jóvenes separados de sus familias por el ejército cuando la población civil entraba en territorio del gobierno y era sometida a escrutinio para identificar a combatientes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

El gobierno no inició la reapertura de la carretera A9 –la única ruta terrestre a la península de Jaffna– hasta julio, restringiendo así el acceso de la población civil a los suministros humanitarios durante la primera mitad del año. Los vehículos privados estuvieron prohibidos hasta finales de diciembre.

Personas internamente desplazadas

A finales de mayo, la población civil desplazada por los enfrentamientos estaba confinada en campos del gobierno en el norte y el este, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Había miles de civiles más, desplazados en fases anteriores del conflicto. En un primer momento, el gobierno de Sri Lanka prohibió el acceso de los organismos de ayuda humanitaria a los campos recién creados, gestionados por el ejército, pero fue relajando gradualmente las restricciones para permitir la llegada de material de ayuda humanitaria. Al personal de estos organismos se le prohibió hablar con las personas desplazadas. Las visitas de periodistas se controlaban estrictamente, y no se permitía la vigilancia independiente de los derechos humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja perdió el acceso a las personas desplazadas cuando el gobierno le ordenó que disminuyese sus actividades tras acabar el conflicto. Al finalizar el año se habían relajado las restricciones a la libertad de circulación, pero más de 100.000 personas continuaban en los campos.

Abusos cometidos por grupos armados

Tigres de Liberación de Eelam Tamil

Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil reclutaron a niños y niñas como combatientes y castigaron a las personas que se resistían al reclutamiento forzoso. Impusieron un riguroso sistema de tránsito que impidió a miles de familias de la región de Wanni trasladarse a zonas más seguras. A medida que se intensificaba el conflicto y disminuía el territorio controlado por ellos, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil impidieron activamente la huida de la población civil, con medidas tales como disparar contra quienes intentaban escapar.

Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil también atacaron deliberadamente a civiles y lanzaron ataques indiscriminados fuera de la zona de conflicto, incluidos atentados suicidas con bomba y un ataque aéreo sobre Colombo.

  • El 10 de marzo, un atentado suicida con bomba contra una procesión religiosa musulmana en el sur de Sri Lanka causó la muerte de 14 civiles y heridas a 50.

Grupos armados aliados con el gobierno

Para llevar a cabo su estrategia de contrainsurgencia, el gobierno recurrió a grupos armados aliados, como el Partido Democrático Popular de Eelam, la Organización Popular de Liberación de Eelam Tamil y el Frente Tamil de Liberación Popular. Sus miembros fueron responsables de desapariciones forzadas y toma de rehenes para pedir rescate, homicidios ilegítimos y reclutamiento de niños y niñas soldados procedentes de, entre otros lugares, campos de personas desplazadas internamente. Padres y madres del distrito de Batticaloa acusaron a miembros y mandos del Frente Tamil de Liberación Popular leales a su ex dirigente V. Muralitharan (conocido como Karuna) de reclutamiento de niños y niñas de la zona. Las violentas luchas intestinas entre partidarios de las dos facciones causaron víctimas mortales entre la población civil.

Desapariciones forzadas

El gobierno continuó llevando a cabo desapariciones forzadas como parte de su estrategia de contrainsurgencia. Se recibieron informes de desapariciones forzadas en muchas partes del país, especialmente en Colombo y en el norte y el este de Sri Lanka.

Detención y reclusión arbitrarias

Las fuerzas de seguridad recurrieron a la normativa de excepción para detener y recluir a miles de tamiles presuntamente vinculados a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Se detuvo a personas en diversas situaciones, como en campos para personas desplazadas, durante operaciones de registro y en controles de seguridad por todo el país.

  • El 26 de marzo, más de 300 personas, en su mayoría tamiles, fueron detenidas en una operación de registro llevada a cabo entre las seis de la tarde y las seis de la mañana en la ciudad de Gampaha, a unos 24 kilómetros al noroeste de Colombo.

Centenares de personas continuaron detenidas sin cargos en calabozos policiales y cárceles del sur en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo y de la normativa de excepción por su presunta vinculación con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil; en noviembre, 20 de ellas quedaron en libertad por falta de pruebas.

  • El 18 de septiembre, en torno a 36 presos tamiles, que estaban en huelga de hambre para protestar por su prolongada detención sin juicio en la cárcel de Welikada, afirmaron que los guardas de la prisión los habían golpeado. En noviembre, 22 presos tamiles resultaron heridos, 7 de ellos de gravedad, a consecuencia de palizas propinadas por guardas penitenciarios.

Ejecuciones extrajudiciales

Los homicidios de presuntos delincuentes cometidos por la policía aumentaron cuando el presidente Mahinda Rajapaksa ordenó que se tomaran medidas enérgicas contra la delincuencia organizada. Sólo en julio, al menos cinco presuntos líderes de bandas delictivas fueron secuestrados y murieron.

  • A mediados de agosto, miles de srilankeses salieron a la calle para protestar por el homicidio de dos hombres jóvenes a manos de la policía en Angulana, un barrio residencial de Colombo, tras ser acusados de acoso por una mujer que tenía relación con la policía. Según los testigos, los jóvenes fueron golpeados y sometidos a otras torturas antes de ser trasladados a la comisaría; sus cadáveres fueron hallados al día siguiente.

Impunidad

Las investigaciones por violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas armadas se estancaron y las causas judiciales no prosperaron, al negarse los testigos a comparecer por temor a las represalias. En junio se disolvió la Comisión Presidencial de Investigación creada para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2006 sin que hubiera completado las tareas asignadas en su mandato. De los 16 casos que se le habían remitido sólo se investigaron 7 y se completaron los informes sobre 5. Los informes no se hicieron públicos ni las investigaciones dieron lugar a procesamientos.

Personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos continuaban ocupando puestos de responsabilidad en el gobierno. Según informes, el ministro de Integración Nacional, Vinayagamoorthy Muralitharan (alias Karuna), y el ministro principal de la Provincia Oriental, Sivanesathurai Chandrakanthan (alias Pillayan), fueron responsables del secuestro de adolescentes para convertirlos en niños y niñas soldados, y de la toma de rehenes, la tortura y el homicidio ilegítimo de civiles y personas presuntamente vinculadas a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Ambos hombres eran ex miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. No se llevó a cabo una investigación oficial sobre las denuncias de abusos.

  • En septiembre, el Tribunal Supremo dejó en libertad bajo fianza a Joseph Douglas Peiris y otros cuatro agentes de policía que habían recurrido sus condenas relacionadas con desapariciones forzadas llevadas a cabo en julio de 1989. En agosto, un tribunal de Gampaha los había condenado a cinco años de trabajos forzados por secuestrar a dos hermanos (uno de los cuales murió) con intento de asesinato y mantener a los jóvenes bajo custodia ilegal. Los delitos se cometieron en el contexto de las operaciones de contrainsurgencia del gobierno. La causa se había prolongado durante 20 años.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques y amenazas.

  • Sinnavan Stephen Sunthararaj, del Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo, fue secuestrado por hombres uniformados en mayo, horas después de quedar en libertad tras pasar dos meses bajo custodia policial sin cargos. Al finalizar el año continuaba en paradero desconocido.
  • En mayo, las fuerzas armadas de Sri Lanka detuvieron a cinco médicos que declaraban como testigos presenciales de víctimas civiles en la última fase del conflicto armado. En julio, al parecer fueron obligados a retractarse públicamente de sus informes anteriores sobre ataques del ejército srilankés contra civiles. Cuatro de los cinco médicos quedaron en libertad en agosto y se les permitió reanudar su trabajo. El quinto, el doctor Sivapalan, quedó en libertad a finales de diciembre.
  • En agosto, Paikiasothy Saravanamuttu, director del Centro de Alternativas Políticas, con sede en Colombo, recibió en su casa una carta anónima en la que lo amenazaban de muerte si la Unión Europea retiraba la reducción arancelaria establecida por el Sistema de Preferencias Generalizadas, que peligraba debido al incumplimiento de los compromisos de derechos humanos adquiridos por Sri Lanka. En septiembre fue detenido e interrogado por la policía en el aeropuerto internacional de Bandaranaike.

Periodistas

Los periodistas fueron víctimas de homicidio, agresión física, secuestro, intimidación y hostigamiento por parte de personal del gobierno y de miembros de grupos armados. Apenas se tomaron medidas para investigar los ataques o procesar a los responsables.

  • Lasantha Wickrematunge, que criticaba abiertamente al gobierno y ocupaba el cargo de director del diario Sunday Leader, murió abatido por disparos cuando iba de camino al trabajo el 8 de enero.
  • El 1 de junio, atacantes no identificados secuestraron y agredieron a Poddala Jayantha, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Periodismo de Sri Lanka. Sus atacantes lo llamaron traidor, le afeitaron la barba, lo golpearon con barras de hierro, le rompieron una pierna y le aplastaron los dedos, afirmando que lo hacían para impedirle escribir.
  • El 31 de agosto, el periodista y preso de conciencia Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam fue condenado a 20 años de trabajos forzados por cargos de terrorismo relacionados con unos artículos que había escrito en 2006 y en los que criticaba el trato dispensado por el ejército a la población civil en el este de Sri Lanka. Sus compañeros V. Jasiharan y V. Vallarmathy quedaron en libertad en octubre, tras pasar 19 meses recluidos. Los cargos se retiraron cuando accedieron a no presentar una demanda contra las autoridades por violación de derechos fundamentales.

Informes y visitas de Amnistía Internacional