Taiwán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Taiwán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Taiwan is now live »

Jefe del Estado
Ma Ying-jeou
Jefe del gobierno
Wu Den-yih (sustituyó a Liu Chao-shiuan en septiembre)
Pena de muerte
retencionista

En marzo, Taiwán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En diciembre, una ley de aplicación estableció la revisión de todos los reglamentos, las leyes, las ordenanzas y las medidas administrativas a fin de garantizar que se adecuaban a los pactos en un plazo de dos años. Para vigilar esta aplicación se crearía un procedimiento de elaboración de informes sobre derechos humanos en el ámbito nacional.

Pena de muerte

Continuó sólo de facto la suspensión del uso de la pena de muerte iniciada en 2006, a pesar de que en 2008 la ministra de Justicia había anunciado su intención de avanzar hacia la abolición. El tribunal de última instancia confirmó la condena a muerte de 13 personas, lo que elevó a 44 el número total de personas encarceladas pendientes de ejecución. Había 79 personas condenadas a muerte.

Con la ratificación de los pactos internacionales, se esperaba que el número de delitos punibles con la muerte disminuyese de 52 (en virtud de 11 leyes) a 20.

  • El 6 de agosto de 2009, el Tribunal Supremo anuló parte de las sentencias dictadas originalmente contra Chiou Ho-shun, condenado a muerte en 1989 por atraco, secuestro, chantaje y asesinato. Llevaba recluido 21 años, mientras las causas pasaban una y otra vez del Tribunal Superior al Tribunal Supremo y viceversa.

Libertad de expresión y reunión

A pesar de la demanda de la opinión pública, no se registraron avances en la propuesta del gobierno de modificar la Ley de Reuniones y Manifestaciones.

  • En mayo y junio, dos dirigentes de organizaciones de derechos humanos, Lee Min Tsong y Lin Chia Fan, fueron procesados por encabezar concentraciones no autorizadas durante la visita de una delegación china semioficial en noviembre de 2008. Las dos causas seguían en espera de resolución al final del año.

Violencia contra mujeres y niñas

En enero, la Asamblea Legislativa aprobó una ley contra la trata de personas. En noviembre, el Consejo de Altos Magistrados declaró inconstitucional el artículo 80 de la Ley de Mantenimiento del Orden Público, que imponía sanciones a las prostitutas pero no a sus clientes. El Ministerio del Interior anunció que tenía previsto despenalizar la industria del sexo.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En noviembre se remitieron al Consejo de Ministros dos versiones de un nuevo anteproyecto de ley de Refugiados. En diciembre se presentó ante la Asamblea Legislativa la versión del anteproyecto que excluía de su ámbito de aplicación a los refugiados procedentes de China, a quienes se les aplicaba la Ley de Relaciones entre los Pueblos de ambos Lados del Estrecho.