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21 March 2011

Jammu y Cachemira: Cientos de personas detenidas cada año sin cargos ni juicio

Según el nuevo informe de Amnistía Internacional, publicado hoy, el estado indio de Jammu y Cachemira detiene cada año a cientos de personas sin cargos ni juicio con el fin de “mantenerlas fuera de circulación”.

El informe, titulado ‘A Lawless Law’: Detentions under the Jammu and Kashmir Public Safety Act, documenta cómo se hace uso de la Ley de Seguridad Pública para garantizar la detención a largo plazo de aquellas personas contra las que no existen pruebas suficientes para la celebración de un juicio.

La cifra estimada de personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Pública en las dos últimas décadas oscila entre las 8.000 y las 20.000, de las cuales, según informes, 322 fueron detenidas tan sólo entre enero y septiembre de 2010.

“Las autoridades de Jammu y Cachemira están haciendo uso de la Ley de Seguridad Pública con el fin de crear un bucle sin salida donde apartar y encerrar bajo llave a todas aquellas personas a las que no pueden o no van a condenar por vía legal”, ha declarado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
 
“Cientos de personas están siendo detenidas año tras año por acusaciones falsas, y muchas de ellas están muy expuestas a sufrir tortura y otro tipo de malos tratos.”

Entre las personas detenidas hay dirigentes políticos y activistas, presuntos miembros o simpatizantes de grupos armados de la oposición, abogados, periodistas y manifestantes, entre ellos menores. En muchos casos, estas personas son detenidas inicialmente para someterlas a un interrogatorio “no oficial”, durante el que no se les permite tener acceso a sus abogados ni a sus familiares.

En los últimos diez años, se ha percibido una notable disminución en la cifra total de miembros de grupos armados que actúan en Jammu y Cachemira. No obstante, en los últimos cinco ha aumentado el número de manifestaciones.

“A pesar de este aparente cambio en la naturaleza del descontento social, las autoridades de Jammu y Cachemira siguen aplicando la Ley de Seguridad Pública en lugar de intentar presentar cargos contra los presuntos responsables de actos criminales y llevarlos ante los tribunales”, ha expresado Sam Zarifi. “La Ley de Seguridad Pública debilita el Estado de derecho y favorece, en gran medida, la idea de que el cuerpo de policía y las fuerzas de seguridad están por encima de la ley”.

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional pone de manifiesto cómo la aplicación de la Ley de Seguridad Pública suele ser abusiva y arbitraria, ya que muchas personas son detenidas por delitos no reconocibles. El Tribunal Supremo de la India ha descrito la detención administrativa, incluida la Ley de Seguridad Pública, como una “ley sin ley”.

Las personas detenidas bajo la Ley de Seguridad Pública pueden permanecer recluidas hasta dos años. Las autoridades de Jammu y Cachemira burlan continuamente las órdenes de libertad dictadas por el Tribunal Superior para aquellas personas detenidas de forma irregular, mediante la emisión constante de órdenes de arresto. De este modo, muchas de las personas detenidas se encuentran atrapadas en una espiral de detenciones y permanecen, en palabras de un alto cargo de Jammu y Cachemira, “fuera de circulación”.

La Ley de Seguridad Pública garantiza la inmunidad de los funcionarios que la ponen en práctica.

“Las personas recluidas no tienen acceso a representación legal y no pueden recurrir sus detenciones de modo significativo”, ha afirmado Sam Zarifi. “Cuando recuperan la libertad, no pueden pedir ninguna reparación ni indemnización por la detención injustificada a la que se los ha sometido, y rara vez se hace justicia por los actos de tortura y malos tratos de los que han sido víctimas.”

Amnistía Internacional reconoce el derecho –mejor dicho, el deber– de las autoridades indias de defender y proteger a su población frente a la violencia, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de las personas afectadas y el derecho internacional.

“El uso de detenciones administrativas incumple las obligaciones del gobierno indio en materia de derechos humanos en virtud de los tratados internacionales en los que India es Estado Parte”, ha declarado Sam Zarifi. “El gobierno de la India debe garantizar que las autoridades de Jammu y Cachermira rechazan la Ley de Seguridad Pública y ponen fin, de una vez por todas, al intolerable sistema de detenciones administrativas.”

Amnistía Internacional insta al gobierno de Jammu y Cachemira a:

  • Revocar la Ley de Seguridad Pública y poner fin al sistema de detenciones administrativas, mediante la puesta en libertad de todas las personas detenidas o mediante la presentación de cargos reconocibles contra los presuntos responsables de delitos penales, llevándolos ante los tribunales en juicios justos.
  • Poner fin a las detenciones ilegales e introducir salvaguardias que garanticen que se presentarán cargos de inmediato contra las personas detenidas, y que éstas tendrán acceso a sus familiares, a orientación legal y a asistencia médica. Asimismo, deben garantizar que las personas detenidas estarán recluidas en dependencias reconocidas hasta el momento del juicio.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Jammu y Cachemira, así como al gobierno de la India que:

  • Lleven a cabo una investigación plena, independiente e imparcial sobre las denuncias de abusos cometidos contra los detenidos y sus familias, incluidas las denuncias de tortura y otros malos tratos y la negación de visitas y de asistencia sanitaria; den a conocer sus resultados, y hagan rendir cuentas a las personas responsables.

Amnistía Internacional insta al gobierno de la India a:

  • fomentar y apoyar las visitas de miembros de la ONU, incluido el relator especial sobre la cuestión de la tortura, y el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias.

 

 

AI Index: PRE01/149/2011
Region Asia And The Pacific
Country India
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