Colombia

Human Rights in República de Colombia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Colombia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Juan Manuel Santos Calderón (sustituyó a Álvaro Uribe Vélez en agosto)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
46,3 millones
Esperanza de vida
73,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
30/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,4 por ciento

Información general

En febrero, la Corte Constitucional bloqueó una propuesta de referéndum que pudiera haber permitido al presidente Álvaro Uribe presentarse a un tercer mandato consecutivo.

El gobierno de Álvaro Uribe libró una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, en parte debido a las investigaciones de la Corte sobre los lazos que unían a algunos miembros del Congreso –como el primo del presidente, Mario Uribe– con grupos paramilitares. Sin embargo, las relaciones con la Corte parecieron mejorar con el gobierno del presidente Santos.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero del país, sufrieron otro fuerte revés en septiembre, cuando las fuerzas de seguridad mataron a uno de sus dirigentes históricos, Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”, durante una operación militar.

El 19 de octubre, el Congreso aprobó la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

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Conflicto armado interno

Las partes en conflicto no distinguieron entre civiles y combatientes, lo que provocó desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos, secuestros y desapariciones forzadas. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como sus dirigentes, continuaron siendo blanco directo de las partes en conflicto. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en 2010 murieron de forma violenta al menos 122 indígenas.

  • El 28 de septiembre fueron hallados en el municipio de Guachucal, departamento de Nariño, los cadáveres de los dirigentes indígenas María Elena Galíndez y Ramiro Inampués, muertos por disparos. Ambos estaban a punto de iniciar, junto con otros activistas indígenas, conversaciones con el gobierno sobre asuntos relacionados con los derechos sobre la tierra.
  • El 17 de julio, Jair Murillo murió por disparos en la ciudad de Buenaventura. Había estado coordinando la participación de afrodescendientes desplazados en una marcha que iba a celebrarse en Bogotá al día siguiente. Los nombres de la organización de Jair Murillo –la Fundación Integral Pacífico Nariñense– y de otras organizaciones de afrodescendientes figuraban en una amenaza de muerte paramilitar emitida el 14 de mayo.

En 2010 había más de 280.000 personas desplazadas forzosamente, frente a las 286.000 de 2009. En los últimos 25 años se han visto obligadas a desplazarse entre 3 y 5 millones de personas.

En noviembre, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación por el aumento del número de masacres en 2010. Se pensaba que los principales responsables habían sido paramilitares y narcotraficantes.

Varios atentados con bomba cometidos en áreas urbanas, algunos de los cuales el gobierno atribuyó a las FARC, mataron e hirieron a civiles.

  • El 24 de marzo, un vehículo bomba explosionó cerca de la oficina de la Fiscalía General en Buenaventura, causando la muerte de al menos nueve personas y heridas a decenas más.
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Impunidad

Hubo varias sentencias judiciales importantes en causas penales relacionadas con los derechos humanos.

  • El 10 de septiembre, seis soldados fueron condenados a penas de 40 años de prisión por el homicidio, cometido en diciembre de 2008, de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aída Quilcué.
  • El 8 de junio, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985, después de que las fuerzas militares asaltaran el Palacio de Justicia, donde miembros del grupo guerrillero M-19 retenían a varias personas como rehenes. Luis Alfonso Plazas Vega interpuso un recurso de apelación en contra de la condena. La jueza presidenta se marchó del país tras la sentencia, a causa de las amenazas recibidas.

Sin embargo, la mayoría de los autores de abusos contra los derechos humanos siguieron eludiendo la acción de la justicia. La lucha contra la impunidad se vio menoscabada por las amenazas y los homicidios contra quienes intervenían en juicios de derechos humanos.

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Derechos sobre la tierra

El presidente Santos declaró que la devolución a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de una parte de los más de 6 millones de hectáreas de tierras apropiadas indebidamente durante el conflicto sería una prioridad de su presidencia. En octubre, el gobierno anunció que, antes de abril de 2012, devolvería 312.000 hectáreas de tierra a unas 130.000 familias desplazadas, y un total de 2 millones de hectáreas antes de que finalizaran sus cuatro años de mandato. Sin embargo, las crecientes amenazas contra dirigentes de comunidades desplazadas y los homicidios de algunos de ellos y de quienes pedían la devolución de las tierras robadas pusieron en peligro estos esfuerzos.

  • El 19 de septiembre, Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, fue asesinado en el municipio de Necoclí, departamento de Antioquia. Unas horas antes había participado en una ceremonia oficial en Nueva Colonia, departamento de Antioquia, celebrada para devolver las tierras a decenas de familias campesinas desplazadas por los paramilitares.
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El proceso de Justicia y Paz

El proceso de Justicia y Paz siguió incumpliendo las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, aunque sí salieron a la luz algunos datos sobre violaciones de derechos humanos. El proceso, iniciado en 2005, permitió que alrededor del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares presuntamente desmovilizados se beneficiase de una reducción de las penas a cambio de deponer las armas, confesar abusos contra los derechos humanos y devolver las tierras robadas. El resto recibió amnistías de facto. Sin embargo, en noviembre, la Corte Constitucional rechazó una ley promulgada en 2009 que habría confirmado las amnistías de 19.000 de estos paramilitares, alegando que era contraria al derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En diciembre, el Congreso volvió a aprobar una ley que otorgaba amnistías de facto a los paramilitares a cambio de que firmaran un Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación.

En junio, un juez del Tribunal de Justicia y Paz condenó a dos paramilitares a penas de ocho años de prisión por violaciones de derechos humanos. A un tercer paramilitar se le impuso la misma pena en diciembre. Éstas eran las únicas condenas impuestas en aplicación del proceso al concluir 2010.

En febrero, la Corte Suprema de Justicia se negó a autorizar más extradiciones de paramilitares a Estados Unidos; el motivo de la negativa fue la preocupación que suscitaba el hecho de que la mayoría de los dirigentes paramilitares extraditados a Estados Unidos en 2008 por cargos relacionados con las drogas no estaban cooperando con el sistema de justicia colombiano en su investigación sobre violaciones de derechos humanos.

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Ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad

Se tuvo noticia de ejecuciones extrajudiciales, aunque su número fue menor que en años anteriores. Sin embargo, los progresos de las investigaciones penales de la Fiscalía General de la Nación sobre más de 2.300 de estos homicidios cometidos desde 1985 siguieron siendo lentos.

Suscitó preocupación la posibilidad de que la libertad provisional concedida durante 2010 a decenas de soldados en prisión provisional por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales menoscabara las investigaciones penales sobre estos casos.

El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción de algunos casos de violaciones de derechos humanos en los que había implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de estos casos se cerraron sin que se intentara seriamente hacer rendir cuentas a los responsables. El nuevo Código Penal Militar aprobado en agosto era ambiguo sobre si las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones sexuales estaban o no excluidas de la jurisdicción militar.

En septiembre, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe que confirmaba la presencia de al menos 446 cadáveres no identificados en un cementerio situado cerca de una base del ejército en La Macarena, departamento del Meta. La ONU pidió una investigación exhaustiva para determinar cuántas de estas personas habían sido víctimas de ejecución extrajudicial. El 22 de julio, varias ONG habían informado en una reunión pública de que había cuerpos no identificados en el cementerio de La Macarena. Tres días después, el presidente Uribe dijo de estas ONG: “El terrorismo […] mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.

Algunas personas que trataban de sacar a la luz ejecuciones extrajudiciales fueron amenazadas o asesinadas.

  • El 13 de agosto se encontró en La Macarena el cadáver con heridas de bala de Norma Irene Pérez, una de las organizadoras de la reunión pública.
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El escándalo de la “parapolítica”

La Corte Suprema de Justicia siguió avanzando en sus investigaciones sobre los vínculos ilegales entre políticos y grupos paramilitares. Se investigó a decenas de ex miembros del Congreso, muchos de los cuales fueron condenados y encarcelados.

El 4 de marzo, la Corte Suprema emitió una declaración en la que advertía de que el asesinato de miembros del poder judicial ponía en peligro el Estado de derecho. La declaración se produjo después de que varios magistrados que investigaban el escándalo hubieran recibido amenazas de muerte.

En septiembre, el procurador general inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba por un periodo de 18 años, alegando que, al dar consejos políticos a las FARC, se había extralimitado en su función de mediadora en las conversaciones con el grupo guerrillero destinadas a obtener la liberación de rehenes. Piedad Córdoba negó todas las acusaciones.

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Servicio civil de inteligencia

En enero, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a siete altos cargos del servicio civil de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de escuchas ilegales y pertenencia a grupos paramilitares, y siguió investigando a varios ex directores del DAS y funcionarios del gobierno. En 2009, los medios de comunicación revelaron que el DAS, organismo bajo la autoridad directa del presidente, había estado llevando a cabo durante mucho tiempo una enorme campaña ilegal de “juego sucio” contra defensores de los derechos humanos, políticos, jueces y periodistas.

En octubre, el Congreso abrió una investigación sobre el papel desempeñado en el escándalo por el ex presidente Uribe. Ese mismo mes, la Procuraduría General de la Nación había anunciado sanciones disciplinarias contra varios funcionarios públicos por su papel en el escándalo, entre ellos tres ex directores del DAS y el secretario general del presidente Uribe, Bernardo Moreno.

En octubre y diciembre, dos altos funcionarios del DAS, Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, fueron condenados a penas de ocho años de prisión por su responsabilidad en el escándalo.

En noviembre, una ex directora del DAS sometida a investigación, María del Pilar Hurtado, pidió y obtuvo asilo en Panamá, lo que acrecentó la preocupación por la posibilidad de que se estancaran las investigaciones penales contra altos cargos del DAS y del gobierno.

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Grupos paramilitares

Los paramilitares siguieron matando a civiles, amenazando y matando a defensores de los derechos humanos y dirigentes sociales, reclutando a menores de edad, y realizando actos de “limpieza social”. Estos grupos siguieron expandiéndose y mejoraron su organización. Continuó la connivencia con las fuerzas de seguridad en muchas partes del país.

  • El 4 de septiembre, unos miembros del grupo paramilitar Águilas Negras pararon a los campesinos Luis Alberto Cortés Mesa, José Wilmer Mesa Mesa e Ilfo Boanerge Klinger Rivera cuando se dirigían a sus casas caminando junto al río Telembí, en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño. El 5 de septiembre se encontraron sus cadáveres con numerosos machetazos y señales de tortura.
  • El 15 de agosto, unos hombres armados mataron a tiros a dos jóvenes, Diego Ferney Jaramillo Corredor y Silver Robinson Muñoz, en las afueras de la ciudad de Puerto Asís, departamento de Putumayo. El 20 de agosto murió en la ciudad un tercer hombre, Norbey Álvarez Vargas, a manos de hombres armados. Los nombres de las tres víctimas eran los primeros de una lista negra de 65 varones jóvenes de Puerto Asís difundida por Internet, según informes por grupos paramilitares. El 20 de agosto se publicó otra lista con los nombres de 31 mujeres jóvenes de la localidad.
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Grupos guerrilleros

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de menor tamaño, siguieron perpetrando abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, toma de rehenes y reclutamiento de menores de edad.

Las FARC en concreto continuaron cometiendo ataques indiscriminados con artefactos explosivos de baja precisión que pusieron en peligro a la población civil.

Según cifras del gobierno, en 2010 murieron de forma violenta 35 miembros de las fuerzas de seguridad y un civil, y 363 personas resultaron heridas por minas antipersonal utilizadas sobre todo por las FARC.

Según cifras del gobierno, en 2010 hubo 282 secuestros, frente a 213 en 2009. La mayoría fueron atribuidos a bandas de delincuentes, pero los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayor parte de los secuestros relacionados con el conflicto. No obstante, la principal ONG que apoyaba a víctimas de secuestros, País Libre, criticó a Fondelibertad, la agencia del gobierno encargada de recopilar estadísticas sobre secuestros, por afirmar que en febrero sólo quedaban 79 personas en cautividad.

  • El 9 de julio, el ELN secuestró a Lizbeth Jaime, Mónica Duarte y Nohora Guerrero, de la ONG Fundación Progresar, y a María Angélica González, de la Vicepresidencia de la República. Las cuatro fueron liberadas el 22 de julio.

Fueron liberados varios soldados y policías que estaban en poder de las FARC.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas

Continuaron las amenazas y los homicidios contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y dirigentes sociales, principalmente a manos de grupos paramilitares. En 2010 murieron de forma violenta al menos 14 defensores de los derechos humanos. La Escuela Nacional Sindical informó de que, en el mismo periodo, 51 miembros de sindicatos habían sido objeto de homicidio.

  • El 10 de octubre, el grupo paramilitar Bloque Central de las Águilas Negras envió una amenaza de muerte por correo electrónico a 20 personas y 69 organizaciones sociales y de derechos humanos, la mayoría de las cuales estaban haciendo campaña para que se otorgara reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y para que se devolvieran las tierras robadas.
  • El 17 de junio, en Barrancabermeja, departamento de Santander, unos hombres armados que viajaban en una motocicleta mataron a tiros a Nelson Camacho González, miembro de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). Este homicidio se produjo después de que el grupo paramilitar Comando Conjunto de Limpieza enviase el 26 de mayo una amenaza de muerte a 17 ONG, sindicatos, organizaciones campesinas y grupos que representaban a personas desplazadas forzosamente, todos los cuales trabajaban en Barrancabermeja y sus alrededores.

Se siguió enjuiciando en actuaciones penales a defensores de los derechos humanos y activistas sociales acusados de vínculos con grupos guerrilleros, a menudo basándose únicamente en declaraciones de informantes.

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Violencia contra mujeres y niñas

Todas las partes del conflicto sometieron a mujeres a abusos sexuales y a otras formas de violencia de género.

  • En noviembre, un teniente del ejército fue detenido en relación con el homicidio de dos hermanos de nueve y seis años, y la violación y homicidio de su hermana, de 14 años, en Tame, departamento de Arauca. Los tres hermanos habían desaparecido el 14 de octubre.

Se amenazó y asesinó a mujeres activistas que trabajaban con mujeres desplazadas.

  • El 5 de noviembre, unos hombres armados entraron en el domicilio de Elizabeth Silva Aguilar, presidenta de la Asociación de Destechados y Desplazados de Bucaramanga, y la mataron.
  • El 27 de enero, la ONG Corporación Sisma Mujer recibió por correo electrónico una amenaza de muerte del grupo paramilitar Bloque Central de las Águilas Negras Verdad y Muerte.
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Ayuda estadounidense

En 2010, Estados Unidos adjudicó a Colombia 667 millones de dólares en concepto de ayuda militar y no militar. De esta suma, 508,2 millones procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores y de Estado. Del total, las fuerzas de seguridad recibieron 256 millones de dólares, de los que aproximadamente 100 millones se asignaron a las fuerzas armadas. La entrega del 30 por ciento de estos 100 millones dependía del cumplimiento por las autoridades colombianas de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. En septiembre, las autoridades estadounidenses determinaron que el gobierno colombiano había hecho avances significativos en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país y autorizó el pago de unos 30 millones de dólares en concepto de ayuda a la seguridad.

En agosto, la Corte Constitucional resolvió que el acuerdo que permitía al ejército estadounidense el uso de siete bases militares colombianas, firmado en 2009, no podía aplicarse hasta que fuera sometido al Congreso y aprobado por él, y fuera aprobado después por la propia Corte.

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Escrutinio internacional

En el informe sobre Colombia publicado en marzo por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se señalaba que el desafío en 2010 era avanzar en la implementación efectiva de las recomendaciones de la ONU, incluidas “las formuladas por la Alta Comisionada que están pendientes”.

En octubre, el gobierno renovó para otros tres años el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Varios relatores especiales de la ONU –incluidos los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre los pueblos indígenas y sobre la independencia de los magistrados y abogados– presentaron informes sobre Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, Colombia fue sometida a examen por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos, todos ellos de la ONU. El experto independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías visitó Colombia en febrero.

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