Ruanda

Human Rights in República de Ruanda

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Rwanda is now live »

Jefe del Estado
Paul Kagame
Jefe del gobierno
Bernard Makuza
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,3 millones
Esperanza de vida
51,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
167/143 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
70,3 por ciento

Información general

La campaña de represión de la libertad de expresión y asociación que se llevó a cabo antes de las elecciones presidenciales de agosto impidió a nuevos partidos de oposición presentar candidatos. El presidente Paul Kagame resultó reelegido con un 93 por ciento de los votos.

Surgieron desavenencias cada vez mayores en el seno del Frente Patriótico Ruandés, el partido en el poder. Faustin Kayumba Nyamwasa, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, huyó a Sudáfrica. Se detuvo y recluyó en régimen de incomunicación a algunos militares de alto rango. Otros huyeron a países vecinos.

Creció la tensión entre el gobierno y los partidarios de Laurent Nkunda, ex dirigente del grupo armado congoleño Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, quien, detenido en enero de 2009, permanecía bajo arresto domiciliario, sin cargos ni juicio, en Ruanda.

Aumentó el temor por la seguridad debido a atentados con granadas perpetrados en la capital, Kigali.

La respuesta beligerante de Ruanda al informe de la ONU que documentaba violaciones de derechos humanos cometidas en la República Democrática del Congo entre 1993 y 2003 atrajo la atención sobre la impunidad de los abusos cometidos en el pasado por el Ejército Patriótico Ruandés.

Creció la preocupación entre los donantes internacionales por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. España, Estados Unidos, Francia, la ONU y la Unión Europea manifestaron públicamente su preocupación antes de las elecciones.

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Libertad de expresión

Se restringió aún más la libertad de expresión. Antes de las elecciones presidenciales, aumentó cada vez más la susceptibilidad del Frente Patriótico Ruandés a las críticas.

Legislación sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo”

Las autoridades continuaron aplicando indebidamente leyes, redactadas de manera general e imprecisa, sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo”. Esta legislación prohibía la apología del odio, pero también criminalizaba la crítica legítima al gobierno.

En abril, el gobierno anunció que se sometería a revisión la ley sobre “ideología del genocidio” y que posiblemente también se revisase la ley sobre “sectarismo”; no obstante, continuó aplicando ambas y no especificó los plazos de la revisión.

  • En junio se detuvo a Bernard Ntaganda, dirigente del opositor Partido Social Imberakuri (PS-Imberakuri), que seguía recluido en diciembre. Se presentaron contra él cargos como incitar a la división étnica, con relación a declaraciones críticas con las políticas del gobierno.
  • En abril y, nuevamente, en octubre se detuvo a Victoire Ingabire, dirigente de las Fuerzas Democráticas Unificadas Inkingi (FDU-Inkingi), grupo de oposición que intentaba inscribirse en el registro de partidos. Entre los cargos presentados contra ella, que se basaban, en parte, en un llamamiento público que había hecho para que se enjuiciasen los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico Ruandés, figuraba el de “ideología del genocidio”.

Periodistas

El gobierno recurría a sanciones de órganos reguladores, leyes restrictivas y causas penales por difamación para clausurar medios de comunicación críticos con él. En julio comenzó a aplicar ciertos aspectos de una ley de medios de comunicación de 2009 en la que se mantenía la difamación como delito. Algunos destacados periodistas y directores de periódico huyeron del país tras sufrir amenazas y hostigamiento.

  • El Consejo Superior de Medios de Comunicación de Ruanda, órgano regulador afín al partido gobernante, suspendió de abril a octubre dos periódicos privados publicados en lengua kinyarwanda, Umuseso y Umuvugizi, por considerar que habían insultado al presidente y causado problemas en el ejército.
  • El 24 de junio, Jean-Léonard Rugambage, periodista del diario Umuvugizi, murió a tiros a la puerta de su casa, en Kigali. Había estado investigando unos disparos efectuados contra Kayumba Nyamwasa en Sudáfrica, y su periódico había publicado un artículo en el que se implicaba en ellos a los servicios de inteligencia ruandeses. En octubre, dos hombres fueron declarados culpables del asesinato de Rugambage y condenados a cadena perpetua. Ambos afirmaban que, aunque había sido absuelto por el sistema gacaca, Jean-Léonard Rugambage había matado a un familiar de uno de ellos durante el genocidio de 1994.
  • Tras recibir amenazas, Jean-Bosco Gasasira, director del Umuvugizi, y Didas Gasana, director del Umuseso, huyeron de Ruanda en abril y mayo, respectivamente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de nuevas amenazas, incluso por parte de representantes del gobierno. Aplicaban la autocensura en su trabajo para evitar enfrentamientos con las autoridades.

El gobierno expulsó de Ruanda a una persona que trabajaba para Human Rights Watch. Otras ONG internacionales denunciaron crecientes cortapisas a su labor. Altos cargos del gobierno atacaron en sus discursos a grupos internacionales de derechos humanos, entre los que se contaba Amnistía Internacional.

En mayo, en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, un representante del gobierno ruandés criticó a las organizaciones ruandesas de derechos humanos.

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Libertad de asociación

Las restricciones a la libertad de asociación impidieron que nuevos partidos de oposición se presentasen a las elecciones. Los grupos FDU-Inkingi y Partido Democrático Verde no pudieron conseguir la autorización de los organismos de seguridad para organizar reuniones, necesaria para registrarse. El único partido nuevo que logró registrarse, el PS-Imberakuri, decidió no concurrir, porque se habían infiltrado en él miembros disidentes.

Se hostigó y amenazó a políticos de la oposición. Las investigaciones que se llevaron a cabo sobre las amenazas fueron mínimas y no dieron lugar a enjuiciamientos.

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Presos de conciencia

Charles Ntakirutinka, ex ministro del gobierno, permanecía encarcelado en la prisión central de Kigali cumpliendo una condena de 10 años, cuyo fin estaba previsto para 2012. Había sido declarado culpable, en un juicio sin las debidas garantías, de incitar a la desobediencia civil y de asociación con elementos delictivos.

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Sistema de justicia

El personal encargado de la protección de testigos recibió formación y mejoró el proceso de registro. Seguían existiendo motivos de preocupación sobre la disposición de los testigos a testificar, dadas las restricciones que las leyes sobre “ideología del genocidio” y “sectarismo” imponían a la libertad de expresión.

En octubre, Ruanda promulgó una ley de “cadena perpetua con disposiciones especiales”, condena que sustituía la pena de muerte. Se establecía en ella que se debía mantener a los presos en celdas individuales por un periodo de hasta 20 años, lo que podía suponer reclusión prolongada en régimen de aislamiento en el caso de las personas cuyos familiares no pudieran visitarlas o no estuvieran dispuestos a hacerlo. Estos presos sólo tendrían derecho a comunicarse con un abogado en presencia de un guardia de la prisión, lo que suponía vulnerar su derecho de defensa en las vistas de los recursos de apelación e impedir posiblemente que denunciasen abusos. No se impuso la nueva condena por falta de celdas individuales.

El hacinamiento en los centros penitenciarios seguía constituyendo un problema.

En septiembre se pospuso por tiempo indefinido la fecha límite para concluir los juicios por genocidio ante tribunales gacaca.

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Desapariciones forzadas

Al menos cuatro hombres desaparecieron entre marzo y mayo. Algunos de ellos eran afines a la facción del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, liderada por Laurent Nkunda, o habían estado vinculados en el pasado con grupos armados de la República Democrática del Congo. Al final del año seguía sin conocerse su paradero. Se creía que al menos uno de ellos, Robert Ndengeye Urayeneza, había sido sometido a desaparición forzada y recluido bajo custodia militar ruandesa.

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Malos tratos policiales

Algunos miembros del PS-Imberakuri y de las FDU-Inkingi detenidos en junio y julio fueron sometidos a malos tratos por la policía. Los golpearon y los tuvieron esposados a otros detenidos, incluso al ir al retrete.

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Justicia militar

Se detuvo y recluyó sin cargos a varios militares de alto rango. Se les negó el acceso a asistencia letrada y se los mantuvo durante varios meses bajo arresto domiciliario o bajo custodia militar en régimen de incomunicación.

  • El teniente coronel Rugigana Ngabo, hermano menor de Kayumba Nyamwasa, fue detenido en agosto, acusado de desestabilizar la seguridad nacional. Se lo mantuvo recluido, sin cargos, en régimen de incomunicación.
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Justicia internacional

Tribunal Penal Internacional para Ruanda

El mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se prorrogó hasta el final de 2011 para los juicios en primera instancia y hasta el final de 2012 para los recursos de apelación. Continuaban en libertad 10 sospechosos contra los que el Tribunal había dictado órdenes de detención. El fiscal del Tribunal cursó en noviembre nuevas solicitudes para transferir casos a Ruanda. Las solicitudes cursadas con anterioridad fueron rechazadas después de que las salas de primera instancia determinaran que los acusados no serían juzgados con las debidas garantías.

Jurisdicción universal: sospechosos de genocidio residentes en otros países

Se llevaron a cabo procesos judiciales contra sospechosos de genocidio en Bélgica, España, Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos y Suiza. Aunque Suecia había accedido a una extradición en 2009, aún se esperaba que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunciara sobre la cuestión. Ningún país extraditó a sospechosos de genocidio a Ruanda, porque se temía que no se los juzgase con las debidas garantías.

Corte Penal Internacional

En octubre se detuvo en Francia al ruandés Callixte Mbarushimana, secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, después de que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de detención por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en 2009 en el este de la República Democrática del Congo. Francia le había concedido la condición de refugiado en 2003, y la justicia francesa había rehusado abrir investigaciones criminales sobre denuncias anteriores de su participación en el genocidio de Ruanda. En noviembre, el Tribunal de Apelación de París ordenó que fuera entregado a la Corte Penal Internacional.

Impunidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

  • Un juez español solicitó la extradición de Faustin Kayumba Nyamwasa de Sudáfrica, país al que había huido desde Ruanda en febrero. En 2008, España había dictado auto de procesamiento en su contra por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en 1994, así como por el asesinato de tres personas de nacionalidad española que trabajaban para una organización humanitaria, cometido en Ruanda en 1997. Ruanda también solicitaba su extradición por el cargo de amenazar la seguridad del Estado. Al finalizar el año, Sudáfrica no había tomado aún ninguna decisión con relación a estas dos solicitudes.
  • En septiembre, magistrados franceses llevaron a cabo en Ruanda investigaciones sobre el caso del avión derribado por un proyectil en abril de 1994, en el que había muerto el presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, y que había desencadenado el genocidio. Era la primera vez que magistrados franceses visitaban Ruanda en el contexto de sus investigaciones. Varios jueces franceses retiraron las órdenes internacionales de detención dictadas en noviembre de 2006 contra nueve altos cargos del Frente Patriótico Ruandés por el ataque al avión, en el que también habían muerto ciudadanos franceses, y en su lugar sometieron a investigación a algunos de los altos cargos.

Falta de medidas para investigar y enjuiciar homicidios

Las autoridades ruandesas no tomaron medidas para investigar y enjuiciar adecuadamente homicidios cometidos antes de las elecciones.

  • El 14 de julio, André Kagwa Rwisereka, vicepresidente del grupo de oposición Partido Democrático Verde, fue hallado muerto en Butare. En las semanas previas a su asesinato, André Rwisereka, que había abandonado el Frente Patriótico Ruandés para constituir el Partido Democrático Verde, había temido por su seguridad. La policía abrió investigaciones, pero la fiscalía afirmó que no disponía de suficientes pruebas para presentar cargos.
  • Denis Ntare Semadwinga murió apuñalado el 20 de junio en su domicilio, en la localidad de Gisenyi. Antes de su muerte, los servicios de seguridad ruandeses lo habían interrogado sobre su relación con Laurent Nkunda.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno presionó a países vecinos para que repatriaran a refugiados. El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, anunció que al finalizar diciembre de 2011 se podría aplicar una cláusula de cesación a refugiados ruandeses de la región de los Grandes Lagos, lo que significaba que perderían su condición de tales, aunque sólo si se alcanzaban determinados indicadores de progreso.

Los días 14 y 15 de julio, en una operación conjunta de las autoridades ugandesas y ruandesas, se devolvió a unos 1.700 solicitantes de asilo rechazados y a algunos refugiados de los campos de Nakivale y Kyaka II, situados en el sudoeste de Uganda. La operación contravino el derecho internacional de los derechos humanos y el relativo a los refugiados. A punta de pistola, se obligó a los ruandeses, entre los que se incluían varias personas a las que se les había reconocido la condición de refugiado, a subir a camiones. Varios resultaron heridos, entre ellos, mujeres embarazadas. Al menos un hombre perdió la vida al saltar de un camión en marcha.

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