Serbia

Human Rights in República de Serbia (incluida Kosovo)

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Serbia is now live »

Jefe del Estado
Boris Tadić
Jefe del gobierno
Mirko Cvetković
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
9,9 millones
Esperanza de vida
74,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
15/13 por cada 1.000

Información general

La Corte Internacional de Justicia emitió en julio una opinión consultiva según la cual la declaración de independencia de Kosovo en 2008 no vulneraba el derecho internacional aplicable. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre Kosovo que preveía la reanudación de las conversaciones entre Serbia y Kosovo, facilitada por la Unión Europea (UE).

Serbia estaba más cerca de pertenecer a la UE, pues en noviembre, la Comisión Europea envió un cuestionario al gobierno serbio para que evaluara en qué medida el país se hallaba listo para ser candidato a miembro de la UE. El avance seguía estando supeditado a que prosiguiera su cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. También en noviembre, el fiscal jefe del Tribunal pidió a Serbia que adoptara medidas más proactivas para detener al ex general serbobosnio Ratko Mladić y al ex dirigente serbocroata Goran Hadžić.

Arriba

Justicia internacional

En marzo, el Parlamento de Serbia aprobó por escaso margen la “Resolución sobre Srebrenica”, en la que condenaba los crímenes cometidos contra la población bosniaca –musulmanes bosnios– de Srebrenica en julio de 1995 y ofrecía disculpas a las familias de las víctimas, aunque no mencionaba el genocidio, tal como había dispuesto la Corte Internacional de Justicia en 2007 en una decisión sobre una causa entablada por Bosnia y Herzegovina contra Serbia.

Tras la denuncia presentada por Croacia contra Serbia en 2008, Serbia formuló en enero una contradenuncia ante la Corte Internacional de Justicia en la que alegaba que Croacia había cometido genocidio contra la población serbocroata.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia oyó en julio los alegatos finales contra el ex viceministro del Interior Vlastimir Đorđević, procesado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Kosovo. Đorđević estaba acusado de delitos que habían dado lugar a la expulsión de 800.000 civiles albaneses y de causar la desaparición forzada de más de 800 personas de etnia albanesa y encabezar una conspiración para ocultar sus cadáveres transportándolos a Serbia para volver a enterrarlos allí.

Ese mismo mes, la sala de apelaciones del Tribunal ordenó repetir parcialmente el juicio contra Ramush Haradinaj –ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo y posteriormente primer ministro de Kosovo– y otros dos jefes del Ejército de Liberación. En su sentencia, la sala de apelaciones incidió en “la grave amenaza para la integridad del juicio que representaba la intimidación de testigos”. En 2008, los acusados habían sido absueltos del cargo de actividad delictiva conjunta en la persecución y el secuestro de civiles sospechosos de colaborar con las fuerzas serbias en 1998. En noviembre se emitió un acta de acusación formal revisada, que se centraba en los presuntos asesinatos de serbios, romaníes y ashkalíes.

También en julio, un tribunal británico rechazó la solicitud serbia de extradición del ex miembro de la presidencia Bosnia Ejup Ganić aduciendo falta de pruebas. Ejup Ganić había sido detenido en Londres a raíz de un acta de acusación formal dictada contra él por su presunta participación en el ataque contra una columna del Ejército Nacional Yugoslavo en Sarajevo en mayo de 1992.

Arriba

Serbia

Sistema de justicia

Continuaron las actuaciones judiciales ante la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distrito de Belgrado sobre causas relacionadas con los conflictos bélicos de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo.

Prosiguió el juicio contra los miembros del Grupo de Gjilan/Gnjilane, de etnia albanesa. Estaban acusados de privar de libertad y someter a torturas y otros abusos –incluida violación– a 153 civiles, y de asesinar al menos a 80 de ellos en 1999. A ocho de los acusados se los juzgaba in absentia.

En septiembre se acusó de crímenes de guerra a nueve miembros de la unidad paramilitar “Chacales” por haber matado al menos a 43 civiles de etnia albanesa en el pueblo de Cuška/Çyshk, en Peć/Peja (Kosovo), el 14 de mayo de 1999.

  • Las comisiones gubernamentales de Serbia y de Bosnia y Herzegovina sobre personas desaparecidas informaron en octubre de que se habían recuperado los restos de unas 97 personas, en su mayoría bosniacas, a orillas del lago Perućac. Se sospechaba que entre ellos estaban los de seis personas de etnia albanesa que las fuerzas serbias habían secuestrado en Đakovica/Gjakovë en 1999.

Tortura y otros malos tratos

La Comisión Europea expresó en noviembre su preocupación por la persistencia de la impunidad de los actos de tortura y otros malos tratos. Serbia no había establecido el mecanismo nacional de prevención exigido por el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, ni había adoptado el reglamento de vigilancia interna de prisiones anunciado en 2009.

  • La fiscalía de Požarevac desestimó una denuncia presentada por “J.D.” según la cual cinco guardias lo habían torturado el 18 de mayo en la Prisión de Zabela; las cámaras de vigilancia habían grabado lo ocurrido.
  • En 2010 volvieron a sus puestos de trabajo cinco miembros del personal de la cárcel de Leskovac que habían sido detenidos en noviembre de 2009 por presuntas torturas y otros malos tratos a reclusos.
  • Ante la ausencia de respuesta de la fiscalía, el Comité por los Derechos Humanos de Leskovac presentó una denuncia en noviembre ante el Tribunal Constitucional en nombre de “D.B.”, quien afirmaba que los guardias de la prisión le habían roto un brazo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En octubre se celebró la marcha del Orgullo en Belgrado por primera vez desde 2001. Se desplegaron más de 5.000 agentes de policía para proteger a las 1.000 personas participantes frente a unos 6.500 contramanifestantes que se enfrentaron a la policía, atacaron sedes de partidos políticos y causaron daños por valor de más de un millón de euros. Unos 124 policías resultaron heridos por los contramanifestantes, y se detuvo a 249 de éstos, 131 de los cuales quedaron bajo custodia para ser interrogados en aplicación de un artículo del Código Penal que había sufrido una precipitada reforma y que ampliaba el periodo de detención de 8 a 30 días. En diciembre se acusó a 83 personas de provocar la violencia. No hubo detenciones por ataques a activistas que habían tenido lugar antes y después de la marcha.

Discriminación

El Parlamento eligió a una mujer para ocupar el cargo de comisaria para la Igualdad, previsto por la Ley contra la Discriminación de 2009. Tras un reñido proceso de selección, en mayo resultó elegida una abogada apoyada por el partido gobernante; al final del año había recibido unas 119 denuncias sobre discriminación.

Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos de asentamientos informales de romaníes en todo Belgrado. Varias comunidades romaníes seguían en peligro de desalojo forzoso, incluida la del asentamiento de Belvil, en Belgrado, donde estaban previstos proyectos de desarrollo de infraestructuras financiados por instituciones financieras europeas.

  • En abril, 38 familias romaníes fueron desalojadas a la fuerza de un asentamiento informal en el municipio de Čukarica. A la mayoría las enviaron de regreso al sur de Serbia, de donde procedían.
  • En octubre se procedió al desalojo de 36 romaníes –de los que 17 eran menores de edad– del número 25 de la calle Vojvodjanksa, en Belgrado. A cinco de esas familias las realojaron posteriormente en contenedores, incumpliendo las normas internacionales sobre una vivienda adecuada.

Personas refugiadas y migrantes

Tras la liberalización de los acuerdos de visado de la UE, romaníes y personas de etnia albanesa procedentes del sur de Serbia (y también de Kosovo que habían conseguido ilegalmente documentos serbios) viajaron a Estados miembros de la UE, según informes con la intención de solicitar protección internacional; a muchos los devolvieron sumariamente. El gobierno reforzó los controles fronterizos en octubre tras la intervención de la UE. Entre quienes abandonaron el país había familias romaníes amenazadas de desalojo forzoso de un asentamiento en Vidikovac, barrio periférico de Belgrado.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron las amenazas, los ataques y la apología del odio contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Las autoridades no respondieron a las amenazas de muerte formuladas en abril contra Marko Karadžić, entonces secretario de Estado para los Derechos Humanos y las Minorías.

En julio, dos hombres –que posteriormente fueron detenidos– agredieron con barras de metal a Teofil Pančić, periodista del semanario Vreme.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y los menores de edad estaban expuestos a sufrir violencia en el ámbito familiar al no aplicarse íntegramente la Ley de 2009 sobre Violencia en el Ámbito Familiar y Estrategia para la Igualdad de Género.

Arriba

Kosovo

El presidente Sejdiu dimitió en septiembre, cuando el Tribunal Constitucional falló que su condición de líder de la Liga Democrática de Kosovo era incompatible con el ejercicio de un cargo público. En octubre cayó el gobierno, tras presentarse una moción de censura en la Asamblea. En diciembre, el Partido Democrático de Kosovo ganó las elecciones parlamentarias –empañadas por denuncias de fraude–, pero sin mayoría suficiente para formar gobierno.

En noviembre, la Comisión Europea expresó su preocupación por la corrupción y la delincuencia organizada, la debilidad del poder judicial en Kosovo y la ausencia de libertad de información.

Según un informe elaborado para el Consejo de Europa en diciembre, el primer ministro, Hashim Thaçi, y otros miembros del Ejército de Liberación de Kosovo habían sido cómplices en el secuestro, la tortura y otros malos tratos y el asesinato de civiles serbios y albaneses trasladados a campos penitenciarios de Albania en 1999. Al parecer, en uno de esos campos se asesinó a detenidos y se les extirparon los órganos para traficar con ellos.

Sistema de justicia

La Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) informó de que el sistema de justicia nacional seguía siendo débil y estaba sujeto a injerencias políticas. Se amenazó a jueces y testigos, y fueron excepcionales los casos en que se invocaron mecanismos de protección.

La EULEX reanudó las actuaciones judiciales contra Albin Kurti, dirigente de la ONG Vetëvendosje! (Autodeterminación), abandonadas en 2008 por la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK). En junio, Albin Kurti fue declarado culpable de obstruir la actuación de los funcionarios públicos durante una manifestación celebrada el 10 de febrero de 2007, y fue condenado a nueve meses de cárcel, aunque quedó en libertad de inmediato. Se retiraron los demás cargos contra él.

Delitos de derecho internacional

En mayo, la EULEX anunció que sólo se estaban investigando 60 de los 900 casos de crímenes de guerra heredados de la UNMIK. Las investigaciones sobre los secuestros de personas no albanesas después de junio de 1999 se remitieron al fiscal especial local debido a que la EULEX no los consideraba crímenes de guerra.

En enero y julio se practicaron nuevas detenciones basadas en el testimonio de Nazim Bllaca, quien, detenido en 2009, afirmaba que entre 1999 y 2003 había participado en 17 casos de asesinato e intento de asesinato ordenados por el Servicio de Información de Kosovo.

  • En mayo se detuvo a Sabit Geçi, ex comandante del Ejército de Liberación de Kosovo, por su presunta participación en crímenes de guerra cometidos en 1999 en Drenica. Según información publicada en medios de comunicación, también era sospechoso de participar en la tortura de personas de etnia albanesa y serbios de Kosovo en un centro de detención situado en la localidad albanesa de Kukës.

Tras su extradición de Noruega en julio, Vukmir Cvetković, serbio de Kosovo, fue declarado en noviembre culpable de crímenes de guerra por el Tribunal de Peć/Peja y condenado a siete años de cárcel por secuestrar a personas de etnia albanesa en sus casas, en Klina/ë, y llevárselas en vehículos.

Desapariciones forzadas

Se presentó un anteproyecto de Ley sobre Personas Desaparecidas que no incluía disposiciones para ofrecer una reparación, que incluyera indemnización, a los familiares de los desaparecidos. Al final del año se consideraba que el número de personas en paradero desconocido era de 1.822.

La EULEX transfirió en agosto la responsabilidad sobre la Oficina de Personas Desaparecidas y Medicina Legal al Ministerio de Justicia de Kosovo. En septiembre, esta oficina y la Comisión Serbia sobre Personas Desaparecidas visitaron posibles fosas comunes localizadas en el pueblo serbio de Rudnica y en la mina kosovar de Belaćevac. A lo largo del año, la Oficina de Personas Desaparecidas exhumó los cadáveres de 34 personas, identificó los restos de 57 y entregó los cadáveres de 103 a sus familiares para su inhumación. La Comisión Internacional sobre Desaparecidos volvió a identificar alrededor de 3 cadáveres que habían sido incorrectamente identificados.

Tortura y otros malos tratos

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó lugares de detención de Kosovo en junio. Ese mismo mes, varios activistas de Vetëvendosje! sufrieron malos tratos –y algunos de ellos tuvieron que ser hospitalizados– en una operación llevada a cabo por la policía para detener a Albin Kurti (véase supra el apartado “Sistema de justicia”). El Centro de Rehabilitación de Víctimas de Tortura en Kosovo informó de algunas mejoras en las condiciones penitenciarias pero señaló que los presos aseguraban que la corrupción del personal de prisiones solía dar lugar a la imposición de medidas disciplinarias injustas.

Violencia interétnica

Continuaron los episodios de violencia entre serbios de Kosovo y personas de etnia albanesa en los municipios norteños de población predominantemente serbia, a menudo avivados por los acontecimientos políticos.

En mayo, la policía de Kosovo empleó gas lacrimógeno para separar a serbios y albaneses durante una protesta de la comunidad de etnia albanesa contra la participación de serbios de Kosovo en las elecciones locales de Serbia. El 2 de julio, 1.500 serbios protestaron por la apertura de una oficina de registro civil en Bosnjačka Mahala, zona del norte de Mitrovica/ë de población étnicamente mixta. Un dispositivo explosivo acabó con la vida de un pediatra bosniaco e hirió a 11 manifestantes serbios. El 5 de julio, un miembro serbokosovar de la Asamblea de Kosovo resultó herido en ambas piernas por disparos a la entrada de su casa, en el norte de Mitrovica/ë.

Crecieron las tensiones tras la resolución de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo en 2008. En septiembre, la población de etnia albanesa del norte de Mitrovica/ë solicitó mayor protección policial tras varios ataques con granadas y el homicidio de Hakif Mehmeti el 7 de septiembre. Tres días después se detuvo a un agente de policía serbokosovar. El 12 de septiembre se desplegaron soldados de la Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) y agentes de policía de la EULEX tras la victoria de Turquía sobre Serbia en baloncesto, y la población albanesa del sur de Mitrovica/ë se enfrentó con la población serbia en el puente del río Ibar, que separa las zonas de la ciudad habitadas por una y otra. Dos miembros de la KFOR, un agente de policía y cinco civiles resultaron heridos. El mismo mes, un panadero de etnia albanesa sufrió tres agresiones diferentes en el pueblo de Zvečan, y su establecimiento resultó dañado por un artefacto explosivo.

Rendición de cuentas

En marzo, el Grupo Consultivo de Derechos Humanos declaró inadmisible una denuncia presentada por los familiares de Mon Balaj y Arben Xheladini, muertos a manos de policía rumana en el curso de una manifestación celebrada el 10 de febrero de 2007, y por Zenel Zeneli y Mustafë Nerjovaj, que resultaron heridos de gravedad en la misma manifestación. La decisión del Grupo Consultivo se basaba en una directiva administrativa dictada por la UNMIK en 2009 que impedía en la práctica admitir a trámite las solicitudes de demandantes a los que se hubiera ofrecido una indemnización en un proceso de demandas de terceros contra la ONU.

Por los mismos motivos, el Grupo Consultivo declaró inadmisible la denuncia presentada por 143 desplazados internos de las comunidades romaní y ashkalí que residían en campos administrados por la UNMIK en el norte de Mitrovica/ë, según la cual habían sufrido envenenamiento con plomo y otros problemas de salud debido a la contaminación de los campos donde habitaban desde 1999. Su demanda de terceros contra la ONU llevaba pendiente desde febrero de 2006.

  • El Grupo Consultivo siguió examinando denuncias presentadas contra la UNMIK por no investigar el secuestro de serbios tras la guerra.

Discriminación

Persistía la discriminación contra las mujeres, las minorías no albanesas y los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en todos los ámbitos. Los miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana sufrían discriminación acumulativa, especialmente en el acceso a la educación, la asistencia médica y el empleo, y muy pocos disfrutaban del derecho a una vivienda adecuada. Muchos seguían sin tener documentos de identidad que les permitieran acreditar su condición de ciudadanos y acceder a servicios básicos.

  • En octubre se cerró el campo de Česmin Lug –contaminado por plomo– y se reasentó a algunos de sus residentes romaníes, ashkalíes y egipcianos en el barrio romaní del sur de Mitrovica/ë. En noviembre, las ONG empezaron a administrar tratamiento médico contra el envenenamiento por plomo, tal como había dispuesto la Organización Mundial de la Salud.

Personas refugiadas y migrantes

Se devolvió a Kosovo a miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana desde la UE y Suiza a pesar de que aún no se aplicaba íntegramente una estrategia revisada de retorno y reintegración publicada en abril por el Ministerio del Interior. Muchos de ellos se vieron privados de derechos fundamentales y quedaron expuestos a sufrir una discriminación acumulativa que constituía persecución. Quienes carecían de documentación eran apátridas en la práctica. En octubre, según informes, unos romaníes que intentaban regresar a la localidad de Suvi do/Suhadol fueron amenazados por albaneses y se negaron a volver por motivos de seguridad.

Según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, 2.253 miembros de minorías regresaron voluntariamente a Kosovo en 2010, y desde Europa occidental se devolvió a 48 albanokosovares, 77 serbokosovares y 386 miembros de las comunidades romaní, ashkalí y egipciana que se consideraba que seguían necesitando protección internacional.

Violencia contra las mujeres

No se dictaron órdenes de protección en casos de violencia en el ámbito familiar, o las órdenes dictadas no ofrecieron suficiente protección. Los procesamientos por violación de tales órdenes fueron excepcionales.

La ONG Medica Kosovo intentó que se reformara la Ley sobre Víctimas Civiles de la Guerra para que se reconociera a las mujeres violadas durante la guerra su condición de víctimas civiles y el derecho a recibir una indemnización.

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