Timor Oriental

Human Rights in República Democrática de Timor Oriental

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Timor Leste is now live »

Jefe del Estado
José Manuel Ramos-Horta
Jefe del gobierno
Kay Rala Xanana Gusmão
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
1,2 millones
Esperanza de vida
62,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
92/91 por cada 1.000

Información general

En febrero se prorrogó un año más el mandato de la Misión Integrada de la ONU en Timor-Leste (UNMIT).

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Policía y fuerzas de seguridad

La Policía Nacional de Timor Oriental siguió asumiendo a buen ritmo sus principales responsabilidades en cuanto a actuación policial, a la vez que se reforzaron sus mecanismos disciplinarios internos. Sin embargo, continuaron recibiéndose informes de violaciones de derechos humanos cometidas por policías y militares, incluidos malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Hubo al menos 59 denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía nacional y 13 de violaciones perpetradas por las fuerzas armadas.

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Sistema de justicia

Los mecanismos judiciales y de rendición de cuentas seguían siendo débiles. Las iniciativas tomadas para que rindiesen cuentas los responsables de la violencia desencadenada en 2006, tras la destitución de un tercio de los miembros de las fuerzas armadas, continuaban siendo lentas.

En marzo, 24 personas fueron declaradas culpables de participar en los atentados de febrero de 2008 contra el presidente y el primer ministro. Sin embargo, el presidente indultó a 23 de ellas en agosto, incluido el ex dirigente de la insurgencia Gastão Salsinha. Organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación, porque los indultos ponían en entredicho la credibilidad del sistema judicial.

  • EL 26 de marzo, Domingos Noronha (también conocido como Mau Buti), ex miembro de la milicia Mahidi, fue condenado a 16 años de cárcel por graves delitos cometidos en 1999. Había sido declarado culpable de tres cargos de asesinato.
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Violencia contra mujeres y niñas

En mayo se aprobó la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, que ofrecía un marco para la respuesta gubernamental, policial y comunitaria a la violencia en el ámbito familiar. La Ley contenía una amplia definición de la violencia intrafamiliar, que incluía la violencia física, sexual, psicológica y económica, y establecía diversos servicios para las víctimas. Sin embargo, muchos casos de violencia intrafamiliar continuaban resolviéndose mediante mecanismos de justicia tradicionales que no ofrecían un resarcimiento pleno a las víctimas. El índice de violencia en el ámbito familiar seguía siendo elevado.

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Impunidad

En enero, la Oficina del Defensor de los Derechos humanos y la Justicia de Timor Oriental y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia firmaron un memorando de entendimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad y la Amistad, creada conjuntamente por ambos países, y por la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación. El contenido del memorando no se hizo público.

A comienzos de julio se presentaron, para someterlos a consulta pública, dos anteproyectos de ley por los que se creaban el Programa Nacional de Reparaciones y el Instituto de la Memoria, que se encargarían de aplicar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Amistad y la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación. Estaba previsto que el Parlamento debatiese las leyes a finales de septiembre; sin embargo, el debate se aplazó hasta febrero de 2011.

Apenas se registraron avances en cuanto a abordar las graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidas en Timor Oriental durante la ocupación indonesia (1975-1999). El presidente Ramos-Horta rechazó las peticiones de ONG nacionales e internacionales para la creación de un tribunal internacional que juzgase los crímenes cometidos en el pasado, aunque afirmó que no se opondría a su creación si fuese una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. La Dependencia de Investigación de Delitos Graves siguió investigando las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 1999.

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