09 May 2011
Las autoridades de Cluj-Napoca deben actuar en favor de las familias romaníes desalojadas

El 17 de diciembre de 2010, las autoridades de Cluj-Napoca, en el noroeste de Rumania, desalojaron por la fuerza a unas 350 personas romaníes, entre las que había familias con niños, de la calle Coastei, en el centro de la ciudad. No se consultó a la comunidad afectada sobre el plan de desalojo tal como prescriben las normas internacionales, es decir, de manera adecuada y participativa. No se habían explorado alternativas viables al desalojo. No se ofreció a la comunidad la oportunidad de impugnar la decisión de desalojo; no se le brindó la menor oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones. No se entregó con suficiente antelación a todas las personas afectadas por el desalojo una notificación detallada por escrito. Sólo se les informó verbalmente, dos días antes de que el desalojo tuviera lugar, de que debían abandonar sus hogares antes del 17 de diciembre, ya que en esa fecha todos los barracones y chozas improvisados serían demolidos.

Cuarenta familias fueron realojadas en nuevas unidades habitacionales a las afueras de la ciudad, en la zona de Pata Rat, que está situada cerca del vertedero de basura de la ciudad y de un antiguo vertedero de residuos químicos. Las viviendas proporcionadas son inadecuadas; cada unidad habitacional consta de cuatro habitaciones ocupadas por diferentes familias. “Somos más de 20 personas en el módulo, hay dos baños descubiertos y si tenemos que ir, vamos con nuestros vecinos”, dijo George, uno de los romaníes realojados en las nuevas casas. Su esposa, Alina, pensaba que compartir un módulo de cuatro habitaciones  –y un cuarto de baño– con otras tres familias generaba un gran nivel de incomodidad e inseguridad: “No hay intimidad. Cuando vamos al baño, vamos de dos en dos, uno de nosotros vigila la puerta mientras el otro usa el baño”. No disponen de agua caliente ni de conexión de gas, aunque hay suministro de agua, instalaciones sanitarias y electricidad.

A las familias restantes no se les proporcionó vivienda alternativa. Presuntamente se les permitió construir barracones autoimprovisados en la zona cercana a los nuevos edificios, mientras a quienes se negaron a trasladarse no se les ofreció ninguna alternativa.La parada de autobús más cercana se encuentra a unos 3 kilómetros de distancia. El acceso a transporte público, escuelas, empleo y servicios de salud parece ser más difícil.

Las unidades habitacionales están situadas en la colina que se alza sobre el antiguo asentamiento romaní de Pata Rat, en el que viven unos 1.000 romaníes en condiciones inadecuadas. Muchos de ellos se ganan la vida recogiendo cobre y plástico del vertedero de basura y vendiéndolo para reciclar. En las proximidades, otro asentamiento informal, en la calle Cantonului, alberga a unos 430 romaníes. Éstos se enfrentan también a la amenaza de desalojo forzoso de sus hogares.

ACTÚA
Firma la petición de Amnistía Internacional al alcalde de Cluj-Napoca
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Señor Alcalde:

Estoy profundamente preocupado/a por el desalojo forzoso de 56 familias romaníes de la calle Coastei, en el centro de Cluj-Napoca, en diciembre de 2010. El traslado de las familias de sus hogares sin consulta adecuada ni aviso precio adecuado constituye un desalojo forzoso prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es legalmente vinculante para las autoridades rumanas.

Me preocupa también el hecho de que las familias desalojadas fueron reasentadas en condiciones de vivienda inadecuadas a las afueras de la ciudad, cerca de un vertedero de basura y cerca de otros asentamientos romaníes habitados por más de un millar de romaníes, reforzando de este modo la segregación étnica. Por último, deseo expresar mi más profunda consternación por el hecho de que algunas de las familias romaníes se quedaran sin hogar como consecuencia del desalojo forzoso en pleno invierno, lo cual está prohibido no sólo por las normas internacionales de derechos humanos sino también por la legislación rumana.

La ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2020 no puede fomentar la segregación y la discriminación ni violar de manera tan patente el derecho internacional de los derechos humanos.

Le insto a:
– Garantizar que se proporciona, con carácter de urgencia, una vivienda adecuada a todas las familias que se quedaron sin hogar como consecuencia del desalojo forzoso de diciembre;
– Poner fin a todos los desalojos forzosos y garantizar que no se llevan a cabo nuevos desalojos forzosos a menos que se apliquen las salvaguardias que exigen las normas internacionales de derechos humanos;
– Proporcionar un recurso efectivo y reparaciones, que incluyan restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición a todas las víctimas de desalojos forzosos;
– Pagar una indemnización por daños y perjuicios, o por pérdida de bienes y posesiones;
– En estrecha consulta con las comunidades romaníes pertinentes y las organizaciones locales de la sociedad civil, elaborar un plan de vivienda y de integración más amplia que garantice que las comunidades romaníes de Cluj-Napoca pueden vivir una vida con dignidad y disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación.

Fotografía: Las familias romaníes desalojadas por la fuerza de la calle Coastei fueron trasladadas a nuevos módulos habitacionales construidos a las afueras de la ciudad que ofrecen unas condiciones de vida inadecuadas en una zona potencialmente peligrosa © Grupul de Lucru al Organiza?iilor Civice (GLOC)


Image: Romani families forcibly evicted from Coastei Street were moved to new housing modules constructed in the outskirts of the city providing inadequate living conditions in a potentially hazardous area © Grupul de Lucru al Organizaţiilor Civice (GLOC)

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