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The state of the world's human rights

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5 November 2007

Pakistán: El Estado de excepción prepara el terreno para una escalada de abusos contra los derechos humanos

El actual Estado de excepción impuesto en Pakistán supone una violación flagrante del derecho internacional y las normas de derechos humanos consagradas en la propia Constitución del país, según manifestó el 5 de noviembre la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.

En respuesta a las medidas represivas del ejército a lo largo de todo el fin de semana, la organización ha solicitado el retorno inmediato al régimen constitucional y la liberación de los centenares de personas que han sido detenidas en aplicación de las medidas actuales.

"Los actos del general Musharraf constituyen una agresión directa al poder judicial de Pakistán, su pujante comunidad de derechos humanos, los medios de comunicación independientes y la disidencia política de carácter pacífico" afirmó Irene Khan.

"Las medidas calificadas de necesarias para proteger Pakistán en realidad constituyen una derogación en bloque de las protecciones fundamentales en materia de derechos humanos, y vienen a desmontar las propias instituciones así como los controles y equilibrios que apuntalan la estabilidad del país."

Al sortear las disposiciones de la Constitución para declarar el Estado de excepción, el general Musharraf suspendió el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente así como elementos clave del derecho a un juicio justo. En aplicación del derecho internacional y las normas internacionales de derechos humanos, reflejados en la Constitución de Pakistán, estos derechos se deben respetar íntegra e incondicionalmente en toda circunstancia, exista o no una emergencia pública.

"Los actos de Musharraf constituyen además una burla a los compromisos que establece la propia declaración del Estado de excepción con la preservación de la independencia del poder judicial y con la primacía de la ley."

La suspensión de jueces y su detención domiciliaria efectiva vulnera de manera flagrante las disposiciones básicas de los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura. El poder ejecutivo no puede apartar a los jueces de sus cargos salvo en caso de incapacidad o falta de aptitud para desempeñar sus funciones.

"Amnistía Internacional teme que este ataque a las instituciones clave para la rendición de cuentas, combinado con unos poderes de excepción sin límites, agrave los patrones de abusos contra los derechos humanos ya existentes, que incluyen tortura y otros malos tratos, detención arbitraria, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza para reprimir la disidencia pacífica" ha manifestado Irene Khan.

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Ejerciendo sus facultades como jefe del Estado Mayor del ejército, el general Musharraf suspendió la Constitución al completo, asumió poderes para modificarla sin mediar un procedimiento parlamentario y proclamó la Orden Constitucional Provisional. Esta orden prohíbe que cualquier tribunal dicte una orden contra el presidente, el primer ministro o cualquier persona facultada para ejercer el poder en virtud de su autoridad.

En aplicación de la Orden, los máximos representantes de la judicatura han visto suspendidas sus funciones en la práctica hasta que pronuncien un nuevo juramento para acatar la Orden. Sólo 5 de los 17 magistrados del Tribunal Supremo han realizado el juramento. Muchos jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Provincial se encuentran actualmente sometidos en la práctica a arresto domiciliario.

Tales medidas llegaron la víspera de una vista del Tribunal Supremo para decidir sobre las peticiones de impugnación de la aptitud del general Musharraf para concurrir a las elecciones presidenciales del 6 de octubre. Los abogados que actuaban de defensores de las peticiones –Aitzaz Ahsan, presidente del Colegio de Abogados Acreditados ante el Tribunal Supremo; Ali Ahmed Kurd; Munir A. Malik y el juez jubilado Tariq Mahmood– fueron detenidos de inmediato. Estos abogados lideraban un movimiento en favor de que se respete la independencia del poder judicial desde que el presidente Musharraf suspendió de sus funciones al ex presidente del Tribunal Supremo de Pakistán el 9 de marzo.

Para el lunes, centenares de abogados, activistas de derechos humanos y personas que desempeñaban funciones políticas han sido detenidos o recluidos arbitrariamente en todo Pakistán. Un gran contingente de la policía efectuó un registro el domingo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y unos 70 activistas de derechos humanos fueron detenidos. Se los acusa de reunión ilegal en aplicación de las disposiciones sobre orden público, y en un primer momento estuvieron recluidos en la cárcel de Kot Lakhpat, en Lahore. Entre ellos hay ciudadanos de avanzada edad, muchos de los cuales están aquejados de mala salud. Entre las personas sometidas a arresto domiciliario se encuentra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Asma Jahangir, relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión. Su domicilio ha sido declarado prisión subsidiaria, donde permanecerá 90 días privada de libertad en aplicación de las leyes sobre detención preventiva.

Desde el sábado se ha impedido a los canales independientes de radio y televisión que continúen sus emisiones dentro del país. Se dictaron nuevas leyes que coartan la libertad de prensa y de medios de comunicación electrónicos, cuyo quebrantamiento comporta una pena de entre tres y cuatro años de prisión y la imposición de elevadas multas.

 

AI Index: PRE01/014/2007
Region Asia And The Pacific
Country Pakistan
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