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La comunidad internacional no puede pasar por alto las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Azerbaiyán, declaró Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe en el que se detallan las medidas represivas que se han adoptado contra la disidencia desde que estallaron las protestas en marzo.

El informe The spring that never blossomed: Freedoms suppressed in Azerbaijan detalla una ola de actos de intimidación y detenciones en el contexto de las protestas contra la corrupción y el aumento de la supresión de medios de comunicación independientes, organizaciones no gubernamentales (ONG) y partidos de la oposición.

Desde entonces, se ha encarcelado de forma arbitraria o con cargos falsos a jóvenes activistas y destacados opositores, además de amenazar y acosar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que 17 personas condenadas durante las protestas son presos de conciencia y pide su liberación inmediata.

“La represión transmite un mensaje claro y calculado: no se tolerará la expresión pública de la disidencia ni ningún intento de alentar a la opinión pública en contra del régimen actual”, dijo Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Azerbaiyán.

“La Unión Europea y otros socios internacionales de Azerbaiyán deben aprovechar cualquier oportunidad para ejercer presión a favor de la liberación de los presos de conciencia y poner fin a la supresión de las protestas pacíficas, la opinión crítica y la oposición política.”

Cientos de personas se reunieron en las calles de Bakú, la capital, en marzo y abril de este año para reclamar reformas democráticas y un mayor respeto de los derechos humanos. Inspirados en las protestas masivas que tuvieron lugar en Oriente Medio y el Norte de África, activistas de la oposición utilizaron los medios sociales para organizarse y divulgar información.

Las autoridades de Azerbaiyán respondieron prohibiendo las protestas e intimidando y deteniendo a blogueros y activistas.

Tras las protestas, 14 activistas y miembros de partidos políticos opositores fueron declarados culpables de “organizar desórdenes públicos y participar en ellos” y condenados a penas de hasta 3 años de prisión. Amnistía Internacional considera que no existen pruebas de que ninguno de los opositores encarcelados participara en una actividad distinta del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y asociación mediante la organización de protestas pacíficas en el centro de Bakú.

La represión intensificó la mano ya de por sí dura de las autoridades.

Se siguen presentando cargos por lo penal y de difamación por lo civil para silenciar a los medios críticos, y en 2009 se prohibió que las empresas extranjeras de medios de comunicación emitieran a nivel nacional.

Ganimat Zahid, redactor jefe de Azadlig, periódico partidario de la oposición, relató a Amnistía Internacional: “El gobierno está recortando toda forma de comunicación mediante la restricción del acceso a la información, la impresión de periódicos y los puntos de distribución de medios independientes, lo que deja al público sumido en un apagón informativo. Confiamos cada vez más en los medios sociales para llenar el vacío de un debate con conocimiento.”

En la actualidad, el gobierno también está evaluando leyes que podrían restringir potencialmente el acceso a la información de los usuarios de la web y criminalizar la “desinformación”, lo que limitaría aún más la libertad de expresión online.

“El efecto acumulativo de estas prácticas, junto con la impunidad de las autoridades desde hace mucho tiempo por estas acciones, ha infundido un clima de miedo y autocensura en la sociedad de Azerbaiyán que está estancando o, más bien, invirtiendo la transición del país hacia una democracia estable”, manifestó Natalia Nozadze.

“Veinte años de independencia, prosperidad económica y relativa estabilidad en Azerbaiyán, país rico en petróleo, no se han traducido en unas mayores libertades fundamentales de su ciudadanía, mientras que el resto del mundo ha pasado por alto en gran medida durante el último decenio la consolidación de un régimen autoritario.”

“Las autoridades de Azerbaiyán deben invertir esta tendencia y sus socios internacionales deben dejar claro que no negociarán con quienes violan los derechos humanos.”