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Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los informes según los cuales un grupo guerrillero colombiano ha ejecutado a cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del país que permanecían cautivos desde hacía al menos 12 años.

Según informes, los homicidios se cometieron el 26 de noviembre en el curso de una operación militar para rescatar a los soldados y policías retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sur de Colombia.

Según los informes oficiales, el intendente jefe de la policía Álvaro Moreno, el coronel de policía Édgar Yesid Duarte, el mayor de policía Elkin Hernández Rivas y el sargento del ejército Libio José Martínez estaban encadenados cuando los mataron disparándoles a quemarropa.

Al parecer, a tres de ellos les dispararon en la cabeza y al cuarto en la espalda. Un quinto hombre, el sargento de policía Luis Alberto Erazo, logró escapar.

“Si se confirma que a estos cuatro cautivos los mataron en las circunstancias descritas, se trataría de un crimen de guerra” ha manifestado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

“Las FARC están obligadas a dar trato humano a todos los miembros de las fuerzas de seguridad capturados, en cumplimiento del derecho internacional humanitario.”

Amnistía Internacional también ha pedido reiteradamente a las FARC que pongan fin a la práctica de secuestrar civiles y tomar rehenes. Algunas personas han permanecido secuestradas por el grupo durante un decenio o más.

La organización de derechos humanos pide a las autoridades colombianas que garanticen que se lleve ante la justicia a los responsables de estos últimos homicidios.

El Congreso de Colombia debate en la actualidad una serie de reformas en virtud de las cuales miembros de los grupos guerrilleros y de las fuerzas de seguridad podrían eludir su enjuiciamiento por graves abusos contra los derechos humanos. Si se aprueban estas reformas, unos y otros podrían no tener que responder de esos abusos ante un tribunal.