28 November 2007
Exige los derechos de la judicatura

Los profesionales del derecho se manifiestan contra el presidente MusharrafUno de los principales blancos de ataques durante el estado de emergencia de Pakistán, impuesto por el general Musharraf el 3 de noviembre, ha sido el poder judicial del país, cada vez más activo.

Como parte de los argumentos esgrimidos para justificar el estado de emergencia, Musharraf culpó al poder judicial de “trabajar en contra del ejecutivo y el legislativo en la lucha contra el terrorismo y el extremismo” y de haber “debilitado el mandato del gobierno”.

Tras la declaración del estado de emergencia, Musharraf destituyó de forma sumaria al presidente del Tribunal Supremo, Iftikar Choudhry, y a otros 11 jueces de ese tribunal, en una actuación que viola flagrantemente la Constitución del país y las disposiciones fundamentales de los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura.

Sólo los jueces a quienes se invitó a retomar su cargo y que accedieron a prestar juramento de respetar y defender el Orden Constitucional Provisional pudieron continuar en su puesto. El Orden Constitucional Provisional ha suspendido derechos fundamentales –incluidas las salvaguardias frente a la detención y reclusión y la libertad de asociación y reunión– y otorga inmunidad total por todas las acciones emprendidas por el gobierno durante el estado de emergencia.

Hasta el momento, sólo 5 de los 17 jueces originales del Tribunal Supremo han prestado juramento. Además han jurado su cargo otros seis nuevos jueces designados por el gobierno. Es probable que el Tribunal Supremo, compuesto normalmente por 17 jueces, se reduzca a 12 miembros.

La mayoría de los jueces destituidos del Tribunal Supremo, incluido su presidente, Iftikar Choudhry, se encuentran bajo arresto domiciliario de facto. Otros altos jueces han sido detenidos y encarcelados, y algunos se encuentran bajo la custodia de los servicios de inteligencia de Pakistán.

Amnistía Internacional ha recibido de algunas fuentes información que indica que varios profesionales del derecho han sufrido malos tratos bajo custodia. Entre ellos se encuentran Syed Hassan Tariq, destacado abogado de derechos humanos y miembro del comité ejecutivo del Colegio de Abogados de distrito en Nawabshah, provincia de Sindh, y Munir Mallik, ex presidente del Colegio de Abogados del Tribunal Supremo. El viernes 23 de noviembre, Munir Mallik fue puesto en libertad e ingresó en un hospital tras haber sufrido un fuerte deterioro de su estado de salud.

En los meses previos a la declaración del estado de emergencia, el Tribunal Supremo y otros tribunales superiores habían impugnado, de forma cada vez más frecuente, la legalidad de una serie de acciones gubernamentales y el aparente uso indebido de los poderes del ejecutivo. En particular, el presidente del Tribunal Supremo, Iftikar Choudhry, había adoptado una postura muy firme respecto a los casos de desaparición forzada, y había fallado en contra del gobierno en varias resoluciones. La reciente insistencia del Tribunal Supremo en que el gobierno tomara medidas concretas para poner fin a las desapariciones forzadas y facilitara información sobre la suerte y el paradero de los muchos centenares de paquistaníes que han “desaparecido” en los últimos seis años sólo sirvió para intensificar la ira de Musharraf.

En un intento de someter al poder judicial, Musharraf suspendió a Choudhry de su cargo en marzo. Esta decisión hizo brotar en Pakistán un activo movimiento de profesionales del derecho, respaldado por grupos de la sociedad civil y partidos políticos, que criticaba abiertamente al gobierno de Musharraf.

Tras una fructífera campaña de cuatro meses de duración, en julio, Iftikar Choudhry fue restituido en su cargo por la sala completa del Tribunal Supremo. Una vez restaurada la confianza pública en el Tribunal, se produjo una avalancha de recursos judiciales. Uno de los más comprometidos ponía en duda la legalidad de que Musharraf participara como candidato en las elecciones del 6 de octubre mientras ocupaba el cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Existe la creencia generalizada de que Musharraf declaró el estado de emergencia como medida para evitar una resolución del Tribunal Supremo que determinaría si podía presentarse a las elecciones de octubre. El mandato de Musharraf como presidente debía concluir el 15 de noviembre. Muchos de los profesionales del derecho que más abiertamente habían protestado contra la candidatura de Musharraf, como Aitzaz Ahsan, presidente del Colegio de Abogados del Tribunal Supremo, Ali Ahmed Kurd, Munir Mallik y el juez retirado Tariq Mahmood, fueron detenidos inmediatamente después de la declaración del estado de emergencia.

Tal como se preveía, el nuevo, y aparentemente sumiso, tribunal ha desestimado todos los recursos legales contra la reelección de Musharraf en octubre y ha aprobado el estado de emergencia y el Orden Constitucional Provisional. Esto ha permitido al general Musharraf renunciar al cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas y ser designado presidente, lo que en la práctica equivale a transferirse a sí mismo el poder que ejercía de un cargo al otro.

El ataque contra el poder judicial se ha producido en un momento crítico de su historia. El Tribunal Supremo, tradicionalmente plegado al gobierno, había empezado a afirmar su independencia, desafiando entre otras cosas las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.

Actúa!Estas acciones suscitaron un apoyo creciente de la comunidad judicial y de los elementos de la sociedad civil paquistaní que tenían la esperanza de que mejorara el acceso a la justicia y aumentara el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho en Pakistán. Esa esperanza ha sufrido un serio revés.

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Apoyo a la judicatura

Un poder judicial independiente, libre de injerencias gubernamentales, es fundamental para la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho. El presidente del Tribunal Supremo y todos los demás jueces destituidos deben ser restituidos en sus cargos de inmediato.
Pide al presidente Musharraf que derogue todas las órdenes de emergencia, incluidas las que reforman la Constitución, y que restaure la Constitución.
Pide a las autoridades de Pakistán que restituyan en sus cargos a todos los jueces destituidos para que el poder judicial pueda ejercer plenamente su función independiente.
Pide a las autoridades de Pakistán que pongan en libertad a todos los jueces, profesionales del derecho y otras personas detenidas arbitrariamente en virtud del estado de excepción.
Pide a las autoridades de Pakistán que cumplan los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura.
Pide a las autoridades de Pakistán que deroguen la enmienda a la Ley del Ejército de 1952 que permite juzgar a civiles en tribunales militares.
Pide a las autoridades de Pakistán que, con medidas legislativas y de otro tipo, garanticen que en el futuro ni el presidente ni el comandante en jefe de las fuerzas armadas tienen autoridad para suspender o reformar la Constitución, destituir y nombrar unilateralmente jueces o tomar cualquier medida de emergencia que no sea acorde con el derecho y las normas internacionales.

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