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La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) comienza hoy una reunión en Suiza. Amnistía Internacional insta al COI a que garantice que, ante la inminencia de los Juegos Olímpicos de Pekín, se traten los motivos de preocupación relacionados con los derechos humanos.

China acogerá los Juegos el próximo año, lo que ofrece la oportunidad de dejar al país un legado positivo en materia de derechos humanos. Los progresos que se hagan con respecto a la pena de muerte, la detención sin juicio, la libertad de expresión y la protección de los activistas de derechos humanos contribuirán de manera especial a ese legado.

La responsabilidad de llevar a cabo reformas para mejorar la situación de los derechos humanos corresponde ante todo a las autoridades chinas, pero Amnistía Internacional cree que el COI puede hacer todavía una contribución significativa a ello utilizando su influencia para generar cambios positivos. Según la Carta Olímpica, el COI debe participar en la promoción de medidas que permitan dejar un legado olímpico positivo en las ciudades y países que acogen los Juegos.

La filosofía del Movimiento Olímpico se expone con especial claridad en los principios fundamentales del Olimpismo enunciados en la Carta, los cuales hacen hincapié en la importancia que tienen para el espíritu olímpico el “respeto por los principios éticos fundamentales universales” y el “mantenimiento de la dignidad humana”. El Dr. Jacques Rogge, presidente del COI, ha manifestado públicamente que éste está convencido de que los Juegos Olímpicos mejorarán los derechos humanos en China.

Varios casos recientes ponen de relieve la necesidad urgente de tomar medidas con respecto a la situación de los derechos humanos ante la inminencia de los Juegos.

El 10 de octubre, Wang Ling fue condenada a 15 meses de “reeducación por el trabajo” por firmar peticiones y preparar pancartas de protesta contra la demolición de su propiedad a causa de los proyectos de construcción olímpicos. Golpeada, detenida y encarcelada en numerosas ocasiones, Wang Ling se encuentra recluida actualmente en el Centro de Reeducación por el Trabajo de Daxing, en Pekín.

La "reeducación por el trabajo” se utiliza contra las personas que, a juicio de la policía china, cometen delitos que no son lo suficientemente graves como para aplicarles el Código Penal. Dentro de esta categoría se incluye a los delincuentes de poca monta, a quienes critican al gobierno y a los seguidores de creencias prohibidas.

Yang Chunlin fue detenido y, según informes, torturado por haber participado en una petición firmada por agricultores que, con el lema “Queremos Derechos Humanos, no Olimpiadas”, protestaban por la confiscación de sus tierras. Desde su detención, en julio, lo han tenido en numerosas ocasiones con los brazos y piernas estirados, encadenado a las cuatro esquinas de una cama de hierro, y ha tenido que comer, beber y defecar en esa postura. Continúa detenido.

Ye Guozhu, activista del derecho a la vivienda, cumple una condena de cuatro años que le fue impuesta por solicitar permiso para celebrar una manifestación en contra de los desalojos forzosos en Pekín. A causa de un proyecto de construcción relacionado con las Olimpiadas, le demolieron su casa y su negocio, sin ofrecer ninguna indemnización a su familia. Según informes, ha sido torturado en prisión.

La policía de Pekín detuvo a su hijo y a su hermano, Ye Mingjun y Ye Guoqiang, como sospechosos de “incitar a la subversión” en septiembre de 2007. Habían protestado contra unos desalojos forzosos que, supuestamente, se estaban llevando para dejar sitio a unas edificaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos de Pekín. A finales de octubre, Ye Mingjun quedó en libertad bajo fianza y se encuentra ahora en espera de juicio. Ye Guoqiang continúa detenido.

Estas personas deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Deben investigarse las denuncias de tortura y tomarse medidas contra los responsables. Las víctimas de los malos tratos deben recibir una reparación.