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El canal Al Yazira en inglés se ha visto obligado a cerrar su oficina en Pekín tras la expulsión de China de la periodista Melissa Chan, hecho que ha dado lugar a que Amnistía Internacional pida a las autoridades chinas que renueven inmediatamente el visado y los credenciales de prensa de la afectada.

El canal ha expresado su decepción ante esta situación y ha declarado que seguirá solicitando una presencia en China.

Según informes, Chan es la primera periodista extranjera acreditada a quien se le han revocado sus credenciales de prensa y su visado desde 1998, fecha en que fueron expulsados Yukihisa Nakatsu, del Yomiuiri Shimbun, y Juergen Kremb, de Der Spiegel. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no ha dado ninguna explicación de la decisión de no prorrogar su documentación.

“La expulsión de Melissa Chan forma parte de un constante general de intentos de intimidación de los periodistas extranjeros que les impide informar sobre temas que las autoridades consideran ‘delicados’”, ha afirmado Corinna-Barbara Francis, investigadora sobre China de Amnistía Internacional.

“Los periodistas internacionales que informan desde China llevan años autocensurándose para quedarse en el país. Pero obligar a Al Yazira a cerrar su oficina en Pekín representa una escalada peligrosa que no augura nada bueno para el futuro de la información de prensa procedente de China.”

Durante el reciente caso del activista Chen Guangcheng, que permaneció seis días en la embajada estadounidense en Pekín, varios periodistas extranjeros fueron amenazados con la revocación de su visado por entrar presuntamente en el estacionamiento de vehículos del hospital donde Chen recibe atención médica.

Chan ha informado de varias noticias polémicas desde China, como el encarcelamiento de peticionarios de las zonas rurales en “cárceles negras” no oficiales y las confiscaciones ilegales de tierras de cultivo.

Los peticionarios son personas que tratan de hacer valer los derechos tradicionales a informar de casos personales de injusticia directamente a las autoridades, fuera de los cauces legales normales.

Algunas de estas personas exponen sus casos a las autoridades centrales y viajan hasta Pekín, donde por lo general se las devuelve a sus provincias de origen y a veces se las encarcela en lo que se conoce como “cárceles negras”, centros de reclusión no oficiales donde se encierra a personas sin que medie ningún trámite judicial. Es habitual que se recluya a estas personas sin que se notifique del hecho a sus familias, y los afectados corren grave riesgo de sufrir malos tratos.

“Si las autoridades chinas tienen un compromiso con la libertad de expresión, deben poner fin a los intentos de amordazar a los periodistas con estas medidas de castigo y renovar inmediatamente el visado de Melissa Chan, y permitir que Al Yazira en inglés siga operando en el país”, concluyó Corinna-Barbara Francis.